Homero Antonio De Anda Andrade
Expediente 280/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 280/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Homero Antonio De Anda Andrade
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha fenecido el término de cinco días que la ley prevé para la interposición del recurso de queja en contra del acuerdo de veinticuatro de marzo de la presente anualidad, en el cual se desechó la demanda que dio origen a los presentes autos; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte...resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse desechado la demanda que dio origen a los presentes autos. Asimismo, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá destruirse con posterioridad al DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICINCO. Notifíquese por lista de acuerdos a las partes.
- Principal
Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por *** en su carácter de quejoso en el presente juicio de amparo, mediante el cual, da cumplimiento al requerimiento realizado en autos; al respecto, vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por *** contra actos reclamados al Juez de Distrito en Materia Mercantil del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad. DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. En ejercicio de la facultad que a esta Juzgadora confiere el artículo 113, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda que dio origen a los presentes autos, conforme a lo que enseguida se expone. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que el solicitante de amparo expuso hechos bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenido siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". Así las cosas, la suscrita advierte que en la demanda de amparo el acto reclamado es el siguiente: ".El acuerdo dictado mediante auto de fecha 22 de febrero de 2022, publicado con fecha 23 de febrero de la misma anualidad, por cuanto hace única y exclusivamente a la parte que acuerda EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA, que opuse dentro de EXCEPCIONES en mi escrito de contestación a la demanda de fecha 15 de febrero de 2022 y recibido en la oficialía de parte común de juzgados de Distrito, con fecha 18 de febrero de esta anualidad." Ahora del escrito de cuenta, se advierte que bajo protesta de decir verdad el quejoso manifestó que el monto al que asciende la cantidad demandada en el Juicio Ejecutivo Mercantil 890/2021 es de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional) como suerte principal, más intereses moratorios legales al seis por ciento anual a partir del vencimiento. FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSAL MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, a letra disponen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo transcrito establece que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, emita la determinación correspondiente, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable, resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la Jurisprudencia I.1o.A. J/4, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA RESPECTO AL ACTO RECLAMADO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Este órgano de control constitucional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por no haberse agotado previamente el recurso ordinario de defensa en contra de la resolución reclamada, ya que establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Inicialmente es necesario señalar que el juicio constitucional es un juicio extraordinario, su procedencia y tramitación están regidas por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, se encuentra el principio de definitividad, que establece que dicho juicio es únicamente procedente en contra de actos definitivos, es decir, aquellos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados; en consecuencia, la definitividad del acto, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a dicho juicio, deberán agotarse los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. Del contenido de la anterior disposición legal se desprende que para la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos de autoridades provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que impliquen una ejecución que genere efectos irreparables, por regla general, previo a instar la acción constitucional, la parte quejosa tiene el imperativo de agotar el medio de defensa que, en su caso, prevea la ley que rige el acto para impugnarlo, a fin de generar su modificación, revocación o nulidad. Asimismo, se colige que el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, implica que para acudir al juicio constitucional, el gobernado debe agotar previamente las instancias que pudieran modificar, revocar o anular el acto de autoridad que estime violentada su esfera de derechos, el que opera siempre y cuando no se actualice alguna de las excepciones al mencionado principio, lo que no ocurre en el presente asunto. En ese tenor, es importante precisar que en el caso que nos ocupa, la parte quejosa reclama el auto de veintidós de febrero del año en curso, en el cual le desecharon de plano la incompetencia por declinatoria planteada como excepción procesal al contestar la demanda instaurada en su contra, en los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil 890/2021 del índice de la autoridad responsable, donde el monto al que asciende la cantidad demandada es de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional) como suerte principal, más intereses moratorios legales al seis por ciento anual a partir del vencimiento. Sentado lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia en análisis, ya que la parte quejosa está en aptitud de interponer el recurso de revocación en contra del auto en comento, tal como lo señala el artículo 1334 de la legislación invocada, que establecen lo siguiente: "Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." En efecto, el acuerdo de referencia es combatible a través del recurso de revocación, previsto por el artículo 1334 del Código de Comercio, habida cuenta que dicho numeral establece que el recurso aludido procederá respecto de los autos contra los cuales no se conceda el recurso de apelación, tal y como sucede en la especie, ya que contra el acuerdo reclamado no procede el citado medio ordinario de defensa; medio impugnatorio que la parte quejosa omitió interponer contra el acto que por esta vía pretende combatir. Por lo que, al no haberlo hecho, el juicio de amparo que ahora se intenta, deviene improcedente, ya que a través de dicho medio impugnatorio, la parte solicitante de amparo pudo obtener la modificación o revocación del acto que por esta vía combate y, al no haberlo agotado, inobservó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, concretándose en la especie la invocada causal de improcedencia, que con toda claridad determina que el juicio de amparo es desacertado contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. ... Así pues, como se vio y en virtud de que no se actualizó alguna excepción al principio de definitividad, se concluye que debió interponerse el recurso de revocación previsto en el código de comercio, antes de acudir a esta instancia constitucional. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO ORIGEN DE ESTE JUICIO, con fundamento en el artículo 113, en relación con el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. No es óbice para la suscrita juzgadora que el quejoso en el escrito aclaratorio que se provee manifestó que contra el auto de veintidós de febrero de dos mil veintidós promovió recurso de apelación, el cual fue desechado de plano por la autoridad responsable, debido a lo antes expuesto se advierte que el recurso procedente en contra de la citada determinación es el de revocación. Aunado a lo anterior, toda vez de conformidad con el artículo 1339 del Código de Comercio el cual sirve de parámetro para determinar que determinaciones, autos y decretos son recurribles mediante el recurso de revocación, puesto que el citado artículo estable que como cuantía mínima para que sea procedente el recurso de apelación la cantidad *** por concepto de suerte principal. Ahora tomando en consideración que el quejoso manifestó que la cuantía a la que asciende la cantidad demanda es de *** como suerte principal en el Juicio Ejecutivo Mercantil 890/2021 del índice de la responsable, lo sitúa en el supuesto precitado. Notifíquese personalmente al quejoso.
- Principal
(.) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS: " (.)Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por *** en su carácter de quejoso en el presente juicio de amparo, mediante el cual, da cumplimiento al requerimiento realizado en autos; al respecto, vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por *** contra actos reclamados al Juez de Distrito en Materia Mercantil del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad. DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. En ejercicio de la facultad que a esta Juzgadora confiere el artículo 113, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda que dio origen a los presentes autos, conforme a lo que enseguida se expone. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que el solicitante de amparo expuso hechos bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenido siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". Así las cosas, la suscrita advierte que en la demanda de amparo el acto reclamado es el siguiente: ".El acuerdo dictado mediante auto de fecha 22 de febrero de 2022, publicado con fecha 23 de febrero de la misma anualidad, por cuanto hace única y exclusivamente a la parte que acuerda EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA, que opuse dentro de EXCEPCIONES en mi escrito de contestación a la demanda de fecha 15 de febrero de 2022 y recibido en la oficialía de parte común de juzgados de Distrito, con fecha 18 de febrero de esta anualidad." Ahora del escrito de cuenta, se advierte que bajo protesta de decir verdad el quejoso manifestó que el monto al que asciende la cantidad demandada en el Juicio Ejecutivo Mercantil 890/2021 es de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional) como suerte principal, más intereses moratorios legales al seis por ciento anual a partir del vencimiento. FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSAL MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, a letra disponen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo transcrito establece que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, emita la determinación correspondiente, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable, resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la Jurisprudencia I.1o.A. J/4, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA RESPECTO AL ACTO RECLAMADO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Este órgano de control constitucional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por no haberse agotado previamente el recurso ordinario de defensa en contra de la resolución reclamada, ya que establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Inicialmente es necesario señalar que el juicio constitucional es un juicio extraordinario, su procedencia y tramitación están regidas por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, se encuentra el principio de definitividad, que establece que dicho juicio es únicamente procedente en contra de actos definitivos, es decir, aquellos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados; en consecuencia, la definitividad del acto, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a dicho juicio, deberán agotarse los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. Del contenido de la anterior disposición legal se desprende que para la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos de autoridades provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que impliquen una ejecución que genere efectos irreparables, por regla general, previo a instar la acción constitucional, la parte quejosa tiene el imperativo de agotar el medio de defensa que, en su caso, prevea la ley que rige el acto para impugnarlo, a fin de generar su modificación, revocación o nulidad. Asimismo, se colige que el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, implica que para acudir al juicio constitucional, el gobernado debe agotar previamente las instancias que pudieran modificar, revocar o anular el acto de autoridad que estime violentada su esfera de derechos, el que opera siempre y cuando no se actualice alguna de las excepciones al mencionado principio, lo que no ocurre en el presente asunto. En ese tenor, es importante precisar que en el caso que nos ocupa, la parte quejosa reclama el auto de veintidós de febrero del año en curso, en el cual le desecharon de plano la incompetencia por declinatoria planteada como excepción procesal al contestar la demanda instaurada en su contra, en los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil 890/2021 del índice de la autoridad responsable, donde el monto al que asciende la cantidad demandada es de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional) como suerte principal, más intereses moratorios legales al seis por ciento anual a partir del vencimiento. Sentado lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia en análisis, ya que la parte quejosa está en aptitud de interponer el recurso de revocación en contra del auto en comento, tal como lo señala el artículo 1334 de la legislación invocada, que establecen lo siguiente: "Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." En efecto, el acuerdo de referencia es combatible a través del recurso de revocación, previsto por el artículo 1334 del Código de Comercio, habida cuenta que dicho numeral establece que el recurso aludido procederá respecto de los autos contra los cuales no se conceda el recurso de apelación, tal y como sucede en la especie, ya que contra el acuerdo reclamado no procede el citado medio ordinario de defensa; medio impugnatorio que la parte quejosa omitió interponer contra el acto que por esta vía pretende combatir. Por lo que, al no haberlo hecho, el juicio de amparo que ahora se intenta, deviene improcedente, ya que a través de dicho medio impugnatorio, la parte solicitante de amparo pudo obtener la modificación o revocación del acto que por esta vía combate y, al no haberlo agotado, inobservó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, concretándose en la especie la invocada causal de improcedencia, que con toda claridad determina que el juicio de amparo es desacertado contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. ... Así pues, como se vio y en virtud de que no se actualizó alguna excepción al principio de definitividad, se concluye que debió interponerse el recurso de revocación previsto en el código de comercio, antes de acudir a esta instancia constitucional. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO ORIGEN DE ESTE JUICIO, con fundamento en el artículo 113, en relación con el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. No es óbice para la suscrita juzgadora que el quejoso en el escrito aclaratorio que se provee manifestó que contra el auto de veintidós de febrero de dos mil veintidós promovió recurso de apelación, el cual fue desechado de plano por la autoridad responsable, debido a lo antes expuesto se advierte que el recurso procedente en contra de la citada determinación es el de revocación. Aunado a lo anterior, toda vez de conformidad con el artículo 1339 del Código de Comercio el cual sirve de parámetro para determinar que determinaciones, autos y decretos son recurribles mediante el recurso de revocación, puesto que el citado artículo estable que como cuantía mínima para que sea procedente el recurso de apelación la cantidad *** por concepto de suerte principal. Ahora tomando en consideración que el quejoso manifestó que la cuantía a la que asciende la cantidad demanda es de *** como suerte principal en el Juicio Ejecutivo Mercantil 890/2021 del índice de la responsable, lo sitúa en el supuesto precitado.
- Principal
... DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por Homero Antonio De Anda Andrade contra actos reclamados al Juez de Distrito en Materia Mercantil del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 280/2022-II-B. Al respecto, se acuerda: OBLIGACIÓN LEGAL DE PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE ACLARE LA DEMANDA. Ahora, este Órgano Federal analizó la demanda a la luz de las disposiciones de la Ley de Amparo, y específicamente conforme a lo previsto por los artículos 112 y 114, fracción II, y 108, fracción V, que en lo referente establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. Artículo 114.- El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;" Como se advierte de los dispositivos transcritos, es obligación del gobernado indicar bajo protesta de decir verdad los antecedentes que constituyen a éste; lo anterior, con la finalidad de reunir los requisitos que establece el artículo 108 de la Ley de la Materia, y cuando el juzgador advierta que los mismos resultan confusos o que faltan datos relevantes para proveer conforme a derecho la demanda intentada, deberá prevenir al quejoso para subsane dichas deficiencias. Irregularidad que se aprecia en el escrito inicial de demanda. ... En el caso particular, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se aprecia que el quejoso señala como acto reclamado lo el siguiente: ".El acuerdo dictado mediante auto de fecha 22 de febrero de 2022, publicado con fecha 23 de febrero de la misma anualidad, por cuanto hace única y exclusivamente a la parte que acuerda EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA, que opuse dentro de EXCEPCIONES en mi escrito de contestación a la demanda de fecha 15 de febrero de 2022 y recibido en la oficialía de parte común de juzgados de Distrito, con fecha 18 de febrero de esta anualidad." Luego, en los antecedentes del acto reclamado el quejoso indicó que ante el Juzgado de Distrito en Materia Mercantil en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, se radicó el Juicio Ejecutivo Mercantil 890/2021, promovido por el Lic. Karlo Gerardo Flores Lozada, en su contra por el cobro de pesos y otras prestaciones; ello, sin realizar mayor pronunciamiento respecto a las fechas de presentación y admisión de la demanda instaurada en su contra, el monto de las prestaciones demandadas ni la vía en que se tramitó el juicio. Por otro lado, con el objeto de proveer de manera adecuada en relación con la procedencia del juicio de amparo, resulta preciso que el quejoso indique si en contra del auto por medio del cual le desechan la excepción procesal consistente en la incompetencia por declinatoria planteada en el escrito de contestación, dentro de los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil en comento, promovió algún medio ordinario de defensa. En ese contexto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 114, fracción II, y 108, fracción V, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir de que se encuentre legalmente notificado del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, por tratarse de un requisito personalísimo exhiba un escrito aclaratorio en el que realice lo siguiente: Señale a cuánto asciende el monto de las prestaciones demandadas en el juicio ejecutivo mercantil 890/2021, índice del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad y del que refiere derivó el acto que por esta vía reclama; Indique las fechas de presentación y admisión de la demanda instaurada en su contra. Refiera la vía en que se tramita el juicio ejecutivo mercantil, es decir, si se tramita bajo un juicio ejecutivo mercantil de cuantía menor, de un juicio ejecutivo mercantil de cuantía mayor o un juicio ejecutivo mercantil oral; y Precise si en contra del auto que reclama promovió algún recurso ordinario de defensa, y de ser así, deberá indicar cuál es el estado procesal que guarda. APERCIBIMIENTO. Todo lo anterior, con el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado, en el acto de la notificación o en el plazo de cinco días, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Raúl Reyes Aquino, quien acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con el registro número 96269. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza el uso de escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar para copiar o reproducir los acuerdos, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. ... Notifíquese personalmente.
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