Hilda Belinda Emiliano Acosta

Expediente 2275/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2275/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
12/01/2022

Partes del expediente

  • Hilda Belinda Emiliano Acosta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción toda vez que en el mismo se sobreseyó el presente juicio. Asimismo, se hace constar que no obra en autos documento original susceptible de devolución a las partes. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se concedió la suspensión provisional, pero se dejó sin efectos las medidas suspensionales decretadas en los presentes cuadernos incidentales, provéase respecto de la destrucción de ambos incidentes, de conformidad con lo previsto en la fracción II del artículo 20 del capítulo Octavo del acuerdo antes citado, se determina que el original y duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, son SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito suscrito por Eugenia Maribel Canto Ancona, autorizada en términos amplios de la parte quejosa, por medio del cual informa que el menor quejoso L.R.M.E., ya fue inoculado con la dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech. Sentado lo anterior, es menester traer a colación que de la lectura de la demanda de amparo se advierte que el acto que la parte impetrante reclamó, medularmente lo constituye la omisión de las autoridades responsables, de inocular al menor quejoso, con la dosis de la vacuna antes referida. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y dos, del tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena época que a la letra señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Con base en lo anterior y en virtud de que del ocurso de mérito el padre de la menor quejosa señala que ha sido inoculada con las dosis de la vacuna Pfizer, en consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta a la parte peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, el promovente reclama la omisión de las autoridades responsables, de inocular al menor quejoso, con las dos dosis de la vacuna Pfizer - BioNTech. Ahora bien, de las propias manifestaciones expuestas bajo protesta de decir verdad de la autorizada en términos amplios de la parte quejosa, se desprende que el menor quejoso ya fue inoculado con la dosis de la invocada vacuna, lo anterior, evidentemente, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo. Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que, como se indicó en el párrafo que antecede, en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la omisión impugnada, ya que es evidente que al haberle sido aplicada al menor quejoso, las dos dosis de la vacuna en cuestión, han cesado los efectos de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejo huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer, fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a las autoridades responsables, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Asimismo, déjense sin efecto las medidas suspensionales decretadas en los cuadernos incidentales, derivados del presente juicio de amparo, así como la celebración de la audiencia incidental respectiva la cual está señalada para llevarse a cabo a las NUEVE HORAS CON VEINTINUEVE MINUTOS DEL CUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDOS. Por tanto, obténgase copia certificada del presente proveído y agréguese a los autos incidentales derivados de este juicio, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, y de los mismos se advierte, que no obran en autos los acuses de recibido de los oficios 16929/2021, 16930/2021, 16931/2021 y 16932/2021, mediante los cuales se les hizo del conocimiento el contenido del auto de treinta de junio del año en curso, a las autoridades responsables, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en representación del Presidente de la República, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, todas con residencia en la Ciudad de México, en el que se les comunicó la interposición del recurso de queja de la parte quejosa, en contra del acuerdo de diecisiete de junio. Por lo anterior, y como no se tiene la certeza de que dichas autoridades hayan recibido los oficios antes referidos; requiérase a las mismas vía estafeta, con excepción de la Cámara de Diputados, al que se le deberá realizar al siguiente correo electrónico: amparos@diputados.gob.mx, para que de inmediato, informen a este Juzgado la fecha en que recibieron los citados oficios respectivamente; apercibidas, que de no cumplir con lo anterior, sin causa justificada, o en caso de no señalar la imposibilidad que tienen para ello, se lesimpondrá una multa de cincuenta veces el valor de Unidad de Medida y Actualización de conformidad con lo establecido en el numeral 259, en relación con el 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Así mismo, y para agilizar la integración del recurso de queja interpuesto por el aquí ocursante, acompáñese al oficio que al efecto se gire de este acuerdo a las responsables, copia del acuerdo de treinta de junio del año en curso, mediante el cual se ordenó tramitar el recurso de marras, así como del escrito de expresión de agravios para su conocimiento y efectos legales correspondientes. Hágase del conocimiento de las autoridades arriba señaladas, que, dada la situación de contingencia presentada con motivo del fenómeno de salud pública derivado del coronavirus (COVID-19), que obligó a restringir el acceso al público a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, la información requerida podrán rendirla vía correo electrónico a la dirección oficial 3jdo14cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, vía interconexión. Finalmente, agréguese a estos autos el escrito de Rafael Acosta Solís, en su carácter de representante común de la parte quejosa en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo y en atención a lo que solicita en su escrito de mérito, dígasele al ocursante que una vez que se cuente con los acuses requeridos párrafos arriba, de inmediato se remitirá su recurso de queja al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente para su resolución. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe

  4. Incidental

    Mérida, Yucatán, trece de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por la Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Yucatán, mediante el cual, pretende dar cumplimiento a la suspensión definitiva otorgado en autos a la parte quejosa, expresando que se encuentra imposibilitada materialmente para tal fin; en tal virtud, se tienen por hechas las manifestaciones de dicha responsable y dese vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga. Ahora bien, en cuanto a la causal de improcedencia que plantea, dígase a la ocursante que dicha petición debe realizarse en el juicio principal del cual deriva el presente incidente de suspensión. Y sin perjuicio de que lo realice, la suscrita analizará de oficio las causales de improcedencia que en su caso se actualicen en términos del numeral 62 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano