Hipólito Alain González Diego y Otros.

Expediente 1228/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1228/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
23/09/2016

Partes del expediente

  • Hipólito Alain González Diego y Otros.
  • Junta Especial Número 4 bis de la Local de Conciliación y Arbitraje
  • Hipólito Alain González Diego

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA V A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis. Toda vez que del cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto dictado el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis (fojas 28 y 29), por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    MESA V A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diecisiete de agosto de dos mil dieciséis. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde la Auxiliar de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, para que surta sus efectos legales correspondientes, con el cual se da vista a las partes para su conocimiento. En otro aspecto, de las constancias que obran en autos, las que gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo a su numeral 2°, se advierte que..., reclamó de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, la omisión de desahogar la prueba de informe ofrecida por el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, en el juicio laboral 217/2011(4)BIS. La juez responsable al rendir su informe justificado, negó el acto reclamado por el quejoso, agregando que el uno de octubre de dos mil quince, se giró el oficio a la Coordinación General de Personal y Relaciones Laborales del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, rindiera el informe relativo a la prueba; que el seis de julio del año en curso, se recibió dicho informe; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa en virtud de que la determinación por la que se tuvo por rendido aquél informe, se notificó a la parte aquí quejosa hasta el doce de agosto del actual; esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda, por lo que se tiene por cierto el acto reclamado en este asunto. En la especie, contra el acto reclamado, se surte el motivo de improcedencia establecido en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo tenor literal es el siguiente: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía individual violada, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido. En este tenor, se determina que, en el caso, han cesado los efectos del acto reclamado, toda vez que la responsable remitió copia certificada deducidas del expediente laboral 217/2011(4), consistente en el oficio 6134/2015, de uno de octubre de dos mil quince, que se giró a la Coordinación General de Personal y Relaciones Laborales del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, para que rindiera el informe que se le solicitó con relación a la prueba ofrecida por la parte demandada; del acuerdo de seis de julio del año en curso, por el que se recibió dicho informe y de su notificación al aquí quejoso de doce de agosto del actual; por lo que, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Tiene aplicación, la jurisprudencia 2ª./J.59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSAR DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, al actualizarse en forma notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que la aludida causa de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio al quejoso ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    MESA V A. Notificación personal por lista (Quejoso) Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diecisiete de agosto de dos mil dieciséis. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde la Auxiliar de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, para que surta sus efectos legales correspondientes, con el cual se da vista a las partes para su conocimiento. En otro aspecto, de las constancias que obran en autos, las que gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo a su numeral 2°, se advierte que..., reclamó de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, la omisión de desahogar la prueba de informe ofrecida por el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, en el juicio laboral 217/2011(4)BIS. La juez responsable al rendir su informe justificado, negó el acto reclamado por el quejoso, agregando que el uno de octubre de dos mil quince, se giró el oficio a la Coordinación General de Personal y Relaciones Laborales del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, rindiera el informe relativo a la prueba; que el seis de julio del año en curso, se recibió dicho informe; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa en virtud de que la determinación por la que se tuvo por rendido aquél informe, se notificó a la parte aquí quejosa hasta el doce de agosto del actual; esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda, por lo que se tiene por cierto el acto reclamado en este asunto. En la especie, contra el acto reclamado, se surte el motivo de improcedencia establecido en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo tenor literal es el siguiente: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía individual violada, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido. En este tenor, se determina que, en el caso, han cesado los efectos del acto reclamado, toda vez que la responsable remitió copia certificada deducidas del expediente laboral 217/2011(4), consistente en el oficio 6134/2015, de uno de octubre de dos mil quince, que se giró a la Coordinación General de Personal y Relaciones Laborales del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, para que rindiera el informe que se le solicitó con relación a la prueba ofrecida por la parte demandada; del acuerdo de seis de julio del año en curso, por el que se recibió dicho informe y de su notificación al aquí quejoso de doce de agosto del actual; por lo que, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Tiene aplicación, la jurisprudencia 2ª./J.59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSAR DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, al actualizarse en forma notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que la aludida causa de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio al quejoso ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    MESA V A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, nueve de agosto de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se encuentra señalada para hoy la celebración de la audiencia constitucional y, que no obran constancias relacionadas con el acto reclamado en este juicio; en consecuencia, a fin de dictar una resolución conforme a derecho corresponda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, y 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, requiérase a la responsable Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje, para que en el plazo de tres días siguiente a su legal notificación, remita a este órgano de control constitucional, copia certificada de dichas constancias. Apercibida que de no cumplir lo anterior, o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá multa de cien días de salario mínimo general vigente al momento de realizarse la conducta sancionada, de conformidad con el precepto 260, fracción II, en relación con el 238, de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere a efecto de que tenga verificativo a las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.

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