HIPOLITO ALAIN GONZÁALEZ DIEGO y Otros.
Expediente 225/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 36 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 225/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 36
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- HIPOLITO ALAIN GONZÁALEZ DIEGO y Otros.
- Hipolito Alain Gonzáalez Diego
- Junta Especial Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje
Actuaciones
Las 4 más recientes de 36.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. De conformidad con el ordinal 192 de la Ley de Amparo, glósese a los autos el oficio signado por la Subconsejera Jurídica de lo Contencioso de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal del Estado de Oaxaca, por el que en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informa las gestiones que se encuentra realizado a fin de dar cumplimiento al fallo protector; para lo cual remite la constancia relativa. Lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales Correspondientes Notifíquese.
- Principal
SECCIÓN II. MESA III B. PRAL. 225/2020 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, se advierte que a la fecha la autoridad responsable Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca y la diversa autoridad vinculada al cumplimiento del fallo protector, Gobernador del Estado de Oaxaca, no han informado lo conducente al cumplimiento que hubieren dado al mismo. Por tanto, a fin de dar celeridad al presente asunto, de conformidad en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, Lic. ******, Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, e Ingeniero ********, Gobernador del Estado de Oaxaca, como autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, -nombres obtenidos de los oficios que obran en autos-, para que en el plazo de tres días, siguiente al en que reciban el comunicado respectivo, cumplan con la ejecutoria de amparo, para el primero de los citados para los efectos siguientes: "En las relatadas consideraciones, al resultar esencialmente fundados los conceptos de violación examinados, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que en observancia al citado numeral, en relación con el diverso 945 de la Ley Federal del Trabajo, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia: El Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, de no tener algún impedimento jurídico, deberá emitir una determinación en la que se pronuncie sobre el escrito de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, en el expediente laboral ********************, además requiera a la parte demandada el pago de las prestaciones a que fue condenada, y se le imponga medida de apremio, para el caso de incumplimiento, esto es; debiendo vigilar, además, que los funcionarios que sean comisionados para ejecutar las determinaciones que emita las cumplan puntualmente en términos de ley, todo ello con la finalidad de darle un impulso procesal adecuado al expediente de origen a efecto de que el laudo sea cumplido a cabalidad." Para la segunda las responsables antes citadas, para efecto de que realice las gestiones necesarias para el cumplimiento del laudo dictado el tres de septiembre de dos mil diecinueve, en el juicio laboral ******************** del índice de la Junta Especial Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. La anterior precisión, se realiza en estricto acatamiento a la jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.), aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el seis de noviembre de dos mil catorce, publicada en la página 5, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, que es del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." Y remita dentro del mismo plazo, copia certificada legible y completa de las determinaciones que al efecto adopte. Solicitud de informe sobre cambio de denominación Además, se requiere a las autoridades responsables que para el caso de que con posterioridad a este auto, cambie el titular del cargo que ostentan en la actualidad, lo informen mediante oficio a este órgano jurisdiccional, a efecto de proveer lo que en derecho proceda. Apercibidos que de no cumplir sin causa justificada (informe el impedimento legal o material que tengan para ello), se impondrá a su titular multa de cien unidades de medida y actualización, que es la cantidad equivalente a diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, cero centavos ($10,374.00), a razón de 103.74 como valor diario, de conformidad con lo previsto en el artículo 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo. Asimismo se podrá remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, toda vez que, el incumplimiento a una ejecutoria de amparo, puede tipificar el ilícito que establece el artículo 267 de la Ley de la materia, mismo que se castiga con cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Lo anterior, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo, no puede quedar condicionado a las autoridades responsables, dado que la majestad de la Constitución Federal impone categóricamente que aquéllas sean cumplidas inexcusablemente, ya que, es un principio rector de los actos de la autoridad cumplir y hacer cumplir la Constitución y, por ende, los mandatos de amparo que derivan de ésta, cuya finalidad es el restablecimiento del orden constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 54/2014 (10ª) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. [Décima Época, registro: 2007918, Pleno, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, página: 19]. No existe superior jerárquico. No se soslaya que el artículo 192 de la Ley de Amparo, párrafo tercero, establece que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquella para que le ordene cumplir con la ejecutoria y el numeral 194 de la propia ley dispone que se entiende por superior jerárquico de la autoridad responsable el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. Empero, en el caso, la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, al ser un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculada de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional, ya que aquél no podría ejercer poder o mando sobre dicho órgano que despliega una función jurisdiccional para que emita una determinación a fin de cumplir con una sentencia de amparo ni cumplir por sí mismo dicha sentencia, pues ello implicaría una invasión de esfera competencial; por tanto, dicha Junta carece de superior jerárquico, de ahí que el requerimiento al cumplimiento de la sentencia solo se realiza a ella. Se invoca en apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 36/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3515, Tomo 4, Libro IV, Enero de 2012, Materia Común, Laboral, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 2000099, de rubro y texto: JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo. Así también, en el caso, el Gobernador del Estado de Oaxaca, al contar con autonomía e independencia para resolver los asuntos sometidos a su conocimiento, carece de superior jerárquico. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, por el que, en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia con firmas autógrafas del proveído de cuatro de septiembre del año en curso, emitido en el expediente ****/2011 (4) Bis, de su estadística, del que se advierte lo siguiente: 1.- Que da cuenta con la diligencia que se llevó a cabo el veintidós de febrero de dos mil veintitrés, esto es, el Actuario de su adscripción, en la dicho fedatario hizo constar que en cumplimiento al acuerdo de nueve de enero de este año, emitido por la citada Junta; acompañado del aquí quejoso, y de su apoderado legal el licenciado Marco Antonio Bohórquez Escobar, y quien se identificó con su credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral, y que por lo que respecta al quejoso manifestó que no era su deseo identificarse y que en ese acto se retiraría de la diligencia, personas que se constituyeron en el domicilio de la demandada y perdidosa, esto es, en la oficina de asesores del ********************, y que de dicha diligencia se desprende que al inicio de la misma, el Actuario quien tiene fe pública hizo constar que estaba acompañado del actor y de su apoderado legal, solicitándole las personas con quienes entendió la diligencia, mismas que resultan ser apoderadas legales de la demandada y asesor adscrito a la asesoría General del Instituto demandado, que certificara la presencia del actor en dicho lugar, así también, que al inicio de la misma, el abogado del actor preguntó si iban a cumplir con la reinstalación, a lo que se le contestó que sí, y él mismo de propia voz manifestó que el actor no comparecería, esto por estrategia, pidiéndole el mismo abogado se retirara de las instalaciones, manifestando enseguida las apoderadas legales de la demandada que reinstalaban jurídica y materialmente a ********************, con la categoría de auxiliar administrativo adscrito en las oficinas de asesores del ********************, con domicilio en calle ******************** número ********************, San Felipe, Agencia Municipal de ********************, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, con un horario de ocho a quince horas de lunes a viernes con descanso los sábados y domingos, con la clave presupuestal ******************** cuyo salario se le viene depositando de manera electrónica de conformidad a lo previsto en el artículo 27, fracción VI del Reglamento Interno del ******************** y conforme a lo informado en el oficio número ********************/OM/DF/DPN/***/2022, de diez de octubre de dos mil veintidós, exhibiendo en dicho acto, original y copia simple del acuse, solicitando en términos del artículo 519 de la Ley Federal del Trabajo, se fijara un término no mayor a treinta días, al trabajador para que ingrese al trabajo, certificando y dando fe el Actuario, a petición de la parte demandada que efectivamente ante él se presentó una persona que refirió ser ********************; sin embargo, dicha persona se negó a identificarse, asentando el Actuario que no tuvo documento oficial con el que pudiera identificarlo plenamente; así también, certificó y dio fe respecto a las manifestaciones realizadas por el apoderado del actor, en el sentido de preguntar a las apoderadas legales de la demandada si iban a cumplir con la reinstalación del actor y que el apoderado manifestó que el actor no comparecería por estrategia, pidiéndole el mismo abogado que se retirara de las instalaciones. 2.- En razón de lo anterior, la citada Junta, tuvo por reinstalado al actor en los términos ordenados en el laudo, señalándose las ONCE HORAS DEL VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, únicamente para que el Actuario de fe de la posesión material del área en la que el actor desempeñará sus funciones, apercibiendo al actor que en caso de no comparecer a la citada diligencia, se le tendrá jurídica y materialmente reinstalado, de igual manera se le apercibió a la demandada que de no cumplir con lo requerido en ese auto, la persona que ostente el cargo de Director General del Instituto demandado, se hará acreedor al medio de apremio establecido en el artículo 731 fracción I, de la Ley en cita, en relación con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se le impondrá una multa equivalente a $******************** (******************** 18/100 M.N.). 3.- Finalmente, tomando en cuenta que la demandada no cumplió con el requerimiento que le fue efectuado el nueve de enero del presente año, relativo al cumplimiento del pago de la cantidad a que fue condenada, le hizo efectivo el medio de apremio con el que se le apercibió en dicho auto, ordenando girar oficio al Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado Oaxaca, para que ordene a quien corresponda haga efectivo el medio de apremio. 4.- Asimismo, requirió a la demandada ********************, para que dentro del término de tres días hábiles, exhiba ante esa autoridad la cantidad de $******************** (******************** 66/00 m.n.), a favor del actor ********************, aquí quejoso, o bien, previas las adecuaciones presupuestarias, presente ante esa autoridad laboral, un programa de cumplimiento de pago sin perjuicio de que el resto de la obligación deberá pagarse en los ejercicios fiscales subsecuentes conforme a dicho programa; apercibiendo a la parte demandada que de no cumplir con lo requerido, la persona que ostente el cargo de Director General del Instituto demandado, se hará acreedor al medio de apremio establecido en el artículo 731 fracción I, de la Ley en comento, en relación con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.
- Principal
SECCIÓN II. MESA III-B. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. De conformidad con el ordinal 192 de la Ley de Amparo, glósese a los autos el oficio signado por la Subconsejera Jurídica de lo Contencioso de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal del Estado de Oaxaca, por el que en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informa las gestiones que se encuentra realizado a fin de dar cumplimiento al fallo protector; para lo cual remite la constancia relativa. Lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.
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