Hipólito Ángel García García y Otros.

Expediente 1061/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1061/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
04/07/2016

Partes del expediente

  • Hipólito Ángel García García y Otros.
  • Hipólito Ángel García García

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, cuatro de julio de dos mil dieciséis. Vistos los autos, y advirtiéndose de la certificación que antecede, que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de diez de junio de dos mil dieciséis (fojas 16 a 20), por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Hipólito Ángel García García; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    MESA I B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diez de junio de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo promovida por Hipólito Ángel García García, contra actos del Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, por violación a sus derechos fundamentales, fórmese expediente impreso y electrónico, y regístrese en el libro de gobierno con el número 1061/2016. Antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda, resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Con esa base, contra el acto, consistentes en la resolución de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, por la que se confirma el auto de seis de abril del año en curso, en el que se tiene por no compareciendo a Rita Carballo Ruiz, en el juicio ejecutivo mercantil 747/2009. Asimismo, la quejosa en sus antecedentes del acto reclamado, en lo que interesa, indicó: El suscrito, interpuse formal demanda en la vía Ejecutiva Mercantil con el carácter de endosatario en procuración del C. HILARIO JOAQUIN MOCTEZUMA ENRÍQUEZ, formándose el expediente número 747/2009, primera secretaria, radicándose en el Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro [.] seguido el procedimiento se dicta sentencia condenándolos al pago de lo reclamado en la vía ejecutiva mercantil y mediante escrito presentado el primero de diciembre de dos mil once, en la oficialía de partes común del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, presentaron el Amparo Director que le tocó conocer al Tribunal Colegiado en materia civil y administrativa del décimo tercer circuito bajo el Amparo Director 027/2012, dictando resolución el día 16 de febrero del año 2012, por el que resuelven los Magistrados en sesión celebrada el 16 de febrero del 2012 por unanimidad de votos se aprobó el proyecto formulado por el C, Magistrado ponente en el sentido de sobreseer y por otra parte NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a GERMAN RAMIREZ CONTRERAS Y ANA MARÍA MOTA DIAZ, contra la sentencia de fecha 27 DE OCTUBRE DEL 2011, dictada por el Juez Cuarto de lo civil del Distrito Judicial del Centro, en el expediente relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil número 747/2009, previo los trámites de ley se solicita el cumplimiento de la sentencia abriéndose el incidente de ejecución de sentencia, el 18 de octubre de 2013 y empiezan las violaciones a los Derechos Fundamentales [.] en el auto de fecha 27 de marzo del 2014, me requiere como endosatario en procuración lo siguiente: "que toda vez que el contrato a nombre de GERMÁN RAMÍREZ CONTRERAS presenta una venta ingresada el 14 de Junio del 2010, es decir, con fecha posterior a la celebración del contrato referido se requiere al promovente para que precise ante esta autoridad, que porcentaje del inmueble embargado es propiedad del demandado GERMÁN RAMÍREZ CONTRERAS para así tener la certeza de que dicho inmueble es propiedad del multimencionado demandado", proporcionado con documentos públicos los datos de registro o partida número 125 del tomo o libro 530 de fecha 27 de junio de 1982 y que presentaba un embargo ingresado el 13 de enero del 2010, a las 10:55:35 horas y registrado el 12 de abril del 2010 a las 14:21:43 horas, en el tomo único del sistema informático integral (SIR) registro 1583, que es lo que certificó la registradora LIC. INTINTAMIA SÁNCHEZ CHAVEZ, que le fue exhibido por escrito el 21 de marzo del 2014 y posteriormente requiere que se anexe el certificado de gravamen que lo contiene dicho documento y emite la resolución respecto al recurso de revocación interpuesto legalmente en contra del auto de fecha 12 de junio del 2014 y cambia totalmente lo requerido ya que afirma que no ha lugar a tenerle por cumplido el requerimiento al endosatario en procuración HIPÓLITO ÁNGEL GARCÍA GARCÍA, aduciendo la Juez Cuarto de lo Civil que esa Autoridad Judicial no llega al conocimiento, de que persona es la compradora en relación a la venta ingresada el 14 de junio del 2010 y registrada el 23 de junio del 2010, y acuerda que NO PUEDE SEÑALAR HORA Y FECHA PARA QUE TENGA EL REMATE EN PRIMERA ALMONEDA y cita en su resolución el "articulo 472 del Código Federal de Procedimientos Civiles del Estado", acordando: "puesto que no aparece el nombre del comprador de la venta ingresada para darle la intervención correspondiente en esta etapa de ejecución", volviéndose parte en el procedimiento de ejecución, ya que su proceder es extraño a una ética y leal administración de justicia, sino simplemente que su acuerdo es infundado e inmotivado porque me está obligando a llamar a terceros extraños a juicio sin tener ese carácter porque la supuesta compradora RITA CARBALLO RUIZ, ya sabía del embargo según lo acreditado con la constancia de la registradora LIC. INTINTAMIA SÁNCHEZ CHAVEZ y los datos de hipoteca o gravamen que obran en autos a nombre del solicitante DARÍO ORTIZ ROJAS, acto o contrato: embargo, Folio: SIR- 0014499, fecha de prelación: 13/01/2010 10:51:35 recibo de folio: 19001190874, monto: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS, Nombre HIPÓLITO ÁNGEL GARCÍA GARCÍA endosatario de HILARIO JOAQUÍN MOCTEZUMA deudor: ANA MARÍA MOTA DÍAZ Y GERMÁN RAMÍREZ CONTRERAS, antecedentes: Sección 1, Registro de la Propiedad Tomo A 530 registro 125, recibida por Oficialía de Partes Dirección del Registro Público de la Propiedad Distrito del Centro, recibida por GLORIA PÉREZ RUIZ, agregándole el acuse de recibo formato FEPM-04 detalle REG de embargo por CIENTO VEINTE MIL PESOS, fecha y hora de emisión 13/01/2010, 10:32:46 horas, clave: DO6 inscripción de gravámenes cantidad 1, monto DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS, clave A19, programas de fomento a la alfabetización 1 TREINTA Y DOS PESOS, total a pagar DOSIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS, línea de captura 1900119087482145297, con sello de la Secretaria de Finanzas, departamento de Administración Tributaria, Y QUE EL INSTRUMENTO TOMO A530 REGISTRO 125 DE LA SECCIÓN PRIMERA, TÍTULOS TRASLATIVOS DE DOMINIO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO OAXACA, SEGÚN EL INFORME DEL (SIR) ARROJABA EL GRAVAMEN QUE ES CARGADO. TOMO ÚNICO. REGISTRO 1583. DE FECHA 12 DE ABRIL DEL 2010 Y PRESENTABA UN EMBARGO INGRESADO EL 13 DE ENERO DEL 2010 Y REGISTRADO EL 12 DE ABRIL DEL 2010. en el tomo único del sistema informático registral, haciéndole saber a la Jueza que se le había hecho el reclamo legal, tanto al jefe de unidad de Visitadurias y Registradurias, al jefe del departamento administrativo, a la jefa del departamento jurídico y al encargado del departamento de informática de que TODOS ELLOS SABÍAN QUE EL ANTECEDENTE REGISTRAL DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2010 POSTERIOR AL INGRESO DEL EMBARGO DEL INMUEBLE, TOMO A530 NO TENÍA LA FIRMA DEL REGISTRADOR, haciéndole saber también que, por el personal a cargo del Jefe Administrativo que está en la planta baja, le enteraron al Lic. IVAN REYES BAUTISTA, que por esos registros ilícitos estaban cobrando una cantidad económica extra bastante considerable cobrada fuera del sistema y que seguramente no había sido pagada por eso no firmó el registrador, pero que la supuesta compradora, está completamente enterada desde el inicio del juicio ejecutivo, que el inmueble que supuestamente compro cuyo registro carece de la firma del registrador contenía el embargo legalmente registrado, el nombre de las partes y todos los datos del juicio ejecutivo mercantil y no hiso reclamo alguno, compareciendo por escrito el 10 de marzo 2016 y en el domicilio que señala para recibir toda clase de notificaciones se le notifica legalmente y la jueza civil, acuerda que la notificación es ilegal, ante esta tremenda violación se interpone el recurso de revocación al acordar que la "acreedora" Rita Carballo Ruiz no ha sido enterada del estado que gurda el incidente de ejecución de sentencia y confirma su tremenda decisión de no tener por presentada a juicio a la "acreedora" Rita Carballo Ruiz, [.]. Por tanto, se aprecia que de manera manifiesta e indudable se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, debido a que de la interpretación sistemática de dichos numerales se pone de manifiesto que el juicio de amparo biinstancial sólo será procedente, respecto de actos de ejecución de sentencia, contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en la cual serán reclamables las violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso. Esos aspectos, no se colman en la especie, toda vez que el impetrante de amparo reclama en esta vía constitucional la resolución de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, por la que se confirma el auto de seis de abril del año en curso, en la que se tiene por no compareciendo a Rita Carballo Ruiz en el incidente de ejecución de sentencia relativo al juicio ejecutivo mercantil 747/2009; acto que se reclama dentro de la etapa de ejecución de la sentencia dictada en el citado juicio ejecutivo mercantil, por lo que es evidente que tal acto reclamado no fue dictado dentro de juicio, si no en su etapa de ejecución. En ese tenor, la parte quejosa es parte en el juicio de referencia, ya que es la parte actora por lo que fue oída en el juicio, en el que se dictó sentencia a su favor, motivo por el cual la autoridad responsable se encuentra actuando en la etapa de ejecución de la sentencia respectiva. Lo anterior pone de manifiesto que indefectiblemente el juicio ejecutivo mercantil de referencia, se encuentra en etapa de ejecución, el aspecto que reclama está vinculado con el cumplimiento de la condena y la resolución que reclama no constituye la última resolución en el periodo de ejecución de sentencia, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, en términos del precepto 107, fracción IV, párrafo segundo, de la propia ley, ya que por tal, debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; por tanto, el acto reclamado, indefectiblemente no puede ser combatido a través del juicio constitucional. Resulta aplicable a lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo SEXTO Transitorio de la nueva Ley de Amparo, la jurisprudencia 32/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 31, tomo XIII, abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. Asimismo, es aplicable la tesis VIII/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página 230, tomo VII, febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución. Por otra parte, respecto del acto consistente en la omisión de hacer cumplir la ejecución de la sentencia dictada en el juicio ejecutivo mercantil 747/2009 del índice del Juzgado Cuarto Civil del Distrito Judicial del Centro, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 63 del propio ordenamiento, debido a que no se reclama un acto concreto de la falta de ejecución de la sentencia dictada en el citado juicio ejecutivo mercantil, sino que ese reclamo es en vía de consecuencia de la resolución de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, por la que se confirmó el auto de seis de abril de este año, en el que se tiene por no compareciendo a Rita Carballo Ruiz, al citado juicio (no por vicios propios), máxime que el juicio ejecutivo mercantil en el que se reclama la omisión se rige por el principio dispositivo, por lo que corresponde a las partes promover lo procedente. Es así, como la parte quejosa reclama la falta de ejecución genérica de la sentencia a la autoridad responsable, sin reclamar un acto en concreto, sino que la ejecución se reclama en vía de consecuencia de la resolución que confirma el auto en el que no se tuvo compareciendo a Rita Carballo Ruiz, el juicio de amparo deviene improcedente, en términos de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 63 del propio ordenamiento, porque se está en presencia de un acto jurídicamente inexistente y de realización incierta. Tiene aplicación, por identidad jurídica y en lo conducente, la jurisprudencia 15/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor: EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. [Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, diciembre de 2011, Tomo 4, Materia(s): Común, Décima Época, página 2771. registro 2000011]. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causas de improcedencia analizadas, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en su ocurso de demanda, y por autorizadas únicamente para recibirlas, sin las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica, por así manifestarlo expresamente el quejoso. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Asimismo, se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó, el Juez Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Piedad Guadalupe Jiménez Santiago, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    NOTIFICACION POR LISTA MESA I B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diez de junio de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo promovida por Hipólito Ángel García García, contra actos del Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, por violación a sus derechos fundamentales, fórmese expediente impreso y electrónico, y regístrese en el libro de gobierno con el número 1061/2016. Antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda, resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Con esa base, contra el acto, consistentes en la resolución de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, por la que se confirma el auto de seis de abril del año en curso, en el que se tiene por no compareciendo a Rita Carballo Ruiz, en el juicio ejecutivo mercantil 747/2009. Asimismo, la quejosa en sus antecedentes del acto reclamado, en lo que interesa, indicó: El suscrito, interpuse formal demanda en la vía Ejecutiva Mercantil con el carácter de endosatario en procuración del C. HILARIO JOAQUIN MOCTEZUMA ENRÍQUEZ, formándose el expediente número 747/2009, primera secretaria, radicándose en el Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro [.] seguido el procedimiento se dicta sentencia condenándolos al pago de lo reclamado en la vía ejecutiva mercantil y mediante escrito presentado el primero de diciembre de dos mil once, en la oficialía de partes común del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, presentaron el Amparo Director que le tocó conocer al Tribunal Colegiado en materia civil y administrativa del décimo tercer circuito bajo el Amparo Director 027/2012, dictando resolución el día 16 de febrero del año 2012, por el que resuelven los Magistrados en sesión celebrada el 16 de febrero del 2012 por unanimidad de votos se aprobó el proyecto formulado por el C, Magistrado ponente en el sentido de sobreseer y por otra parte NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a GERMAN RAMIREZ CONTRERAS Y ANA MARÍA MOTA DIAZ, contra la sentencia de fecha 27 DE OCTUBRE DEL 2011, dictada por el Juez Cuarto de lo civil del Distrito Judicial del Centro, en el expediente relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil número 747/2009, previo los trámites de ley se solicita el cumplimiento de la sentencia abriéndose el incidente de ejecución de sentencia, el 18 de octubre de 2013 y empiezan las violaciones a los Derechos Fundamentales [.] en el auto de fecha 27 de marzo del 2014, me requiere como endosatario en procuración lo siguiente: "que toda vez que el contrato a nombre de GERMÁN RAMÍREZ CONTRERAS presenta una venta ingresada el 14 de Junio del 2010, es decir, con fecha posterior a la celebración del contrato referido se requiere al promovente para que precise ante esta autoridad, que porcentaje del inmueble embargado es propiedad del demandado GERMÁN RAMÍREZ CONTRERAS para así tener la certeza de que dicho inmueble es propiedad del multimencionado demandado", proporcionado con documentos públicos los datos de registro o partida número 125 del tomo o libro 530 de fecha 27 de junio de 1982 y que presentaba un embargo ingresado el 13 de enero del 2010, a las 10:55:35 horas y registrado el 12 de abril del 2010 a las 14:21:43 horas, en el tomo único del sistema informático integral (SIR) registro 1583, que es lo que certificó la registradora LIC. INTINTAMIA SÁNCHEZ CHAVEZ, que le fue exhibido por escrito el 21 de marzo del 2014 y posteriormente requiere que se anexe el certificado de gravamen que lo contiene dicho documento y emite la resolución respecto al recurso de revocación interpuesto legalmente en contra del auto de fecha 12 de junio del 2014 y cambia totalmente lo requerido ya que afirma que no ha lugar a tenerle por cumplido el requerimiento al endosatario en procuración HIPÓLITO ÁNGEL GARCÍA GARCÍA, aduciendo la Juez Cuarto de lo Civil que esa Autoridad Judicial no llega al conocimiento, de que persona es la compradora en relación a la venta ingresada el 14 de junio del 2010 y registrada el 23 de junio del 2010, y acuerda que NO PUEDE SEÑALAR HORA Y FECHA PARA QUE TENGA EL REMATE EN PRIMERA ALMONEDA y cita en su resolución el "articulo 472 del Código Federal de Procedimientos Civiles del Estado", acordando: "puesto que no aparece el nombre del comprador de la venta ingresada para darle la intervención correspondiente en esta etapa de ejecución", volviéndose parte en el procedimiento de ejecución, ya que su proceder es extraño a una ética y leal administración de justicia, sino simplemente que su acuerdo es infundado e inmotivado porque me está obligando a llamar a terceros extraños a juicio sin tener ese carácter porque la supuesta compradora RITA CARBALLO RUIZ, ya sabía del embargo según lo acreditado con la constancia de la registradora LIC. INTINTAMIA SÁNCHEZ CHAVEZ y los datos de hipoteca o gravamen que obran en autos a nombre del solicitante DARÍO ORTIZ ROJAS, acto o contrato: embargo, Folio: SIR- 0014499, fecha de prelación: 13/01/2010 10:51:35 recibo de folio: 19001190874, monto: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS, Nombre HIPÓLITO ÁNGEL GARCÍA GARCÍA endosatario de HILARIO JOAQUÍN MOCTEZUMA deudor: ANA MARÍA MOTA DÍAZ Y GERMÁN RAMÍREZ CONTRERAS, antecedentes: Sección 1, Registro de la Propiedad Tomo A 530 registro 125, recibida por Oficialía de Partes Dirección del Registro Público de la Propiedad Distrito del Centro, recibida por GLORIA PÉREZ RUIZ, agregándole el acuse de recibo formato FEPM-04 detalle REG de embargo por CIENTO VEINTE MIL PESOS, fecha y hora de emisión 13/01/2010, 10:32:46 horas, clave: DO6 inscripción de gravámenes cantidad 1, monto DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS, clave A19, programas de fomento a la alfabetización 1 TREINTA Y DOS PESOS, total a pagar DOSIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS, línea de captura 1900119087482145297, con sello de la Secretaria de Finanzas, departamento de Administración Tributaria, Y QUE EL INSTRUMENTO TOMO A530 REGISTRO 125 DE LA SECCIÓN PRIMERA, TÍTULOS TRASLATIVOS DE DOMINIO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO OAXACA, SEGÚN EL INFORME DEL (SIR) ARROJABA EL GRAVAMEN QUE ES CARGADO. TOMO ÚNICO. REGISTRO 1583. DE FECHA 12 DE ABRIL DEL 2010 Y PRESENTABA UN EMBARGO INGRESADO EL 13 DE ENERO DEL 2010 Y REGISTRADO EL 12 DE ABRIL DEL 2010. en el tomo único del sistema informático registral, haciéndole saber a la Jueza que se le había hecho el reclamo legal, tanto al jefe de unidad de Visitadurias y Registradurias, al jefe del departamento administrativo, a la jefa del departamento jurídico y al encargado del departamento de informática de que TODOS ELLOS SABÍAN QUE EL ANTECEDENTE REGISTRAL DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2010 POSTERIOR AL INGRESO DEL EMBARGO DEL INMUEBLE, TOMO A530 NO TENÍA LA FIRMA DEL REGISTRADOR, haciéndole saber también que, por el personal a cargo del Jefe Administrativo que está en la planta baja, le enteraron al Lic. IVAN REYES BAUTISTA, que por esos registros ilícitos estaban cobrando una cantidad económica extra bastante considerable cobrada fuera del sistema y que seguramente no había sido pagada por eso no firmó el registrador, pero que la supuesta compradora, está completamente enterada desde el inicio del juicio ejecutivo, que el inmueble que supuestamente compro cuyo registro carece de la firma del registrador contenía el embargo legalmente registrado, el nombre de las partes y todos los datos del juicio ejecutivo mercantil y no hiso reclamo alguno, compareciendo por escrito el 10 de marzo 2016 y en el domicilio que señala para recibir toda clase de notificaciones se le notifica legalmente y la jueza civil, acuerda que la notificación es ilegal, ante esta tremenda violación se interpone el recurso de revocación al acordar que la "acreedora" Rita Carballo Ruiz no ha sido enterada del estado que gurda el incidente de ejecución de sentencia y confirma su tremenda decisión de no tener por presentada a juicio a la "acreedora" Rita Carballo Ruiz, [.]. Por tanto, se aprecia que de manera manifiesta e indudable se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, debido a que de la interpretación sistemática de dichos numerales se pone de manifiesto que el juicio de amparo biinstancial sólo será procedente, respecto de actos de ejecución de sentencia, contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en la cual serán reclamables las violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso. Esos aspectos, no se colman en la especie, toda vez que el impetrante de amparo reclama en esta vía constitucional la resolución de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, por la que se confirma el auto de seis de abril del año en curso, en la que se tiene por no compareciendo a Rita Carballo Ruiz en el incidente de ejecución de sentencia relativo al juicio ejecutivo mercantil 747/2009; acto que se reclama dentro de la etapa de ejecución de la sentencia dictada en el citado juicio ejecutivo mercantil, por lo que es evidente que tal acto reclamado no fue dictado dentro de juicio, si no en su etapa de ejecución. En ese tenor, la parte quejosa es parte en el juicio de referencia, ya que es la parte actora por lo que fue oída en el juicio, en el que se dictó sentencia a su favor, motivo por el cual la autoridad responsable se encuentra actuando en la etapa de ejecución de la sentencia respectiva. Lo anterior pone de manifiesto que indefectiblemente el juicio ejecutivo mercantil de referencia, se encuentra en etapa de ejecución, el aspecto que reclama está vinculado con el cumplimiento de la condena y la resolución que reclama no constituye la última resolución en el periodo de ejecución de sentencia, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, en términos del precepto 107, fracción IV, párrafo segundo, de la propia ley, ya que por tal, debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; por tanto, el acto reclamado, indefectiblemente no puede ser combatido a través del juicio constitucional. Resulta aplicable a lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo SEXTO Transitorio de la nueva Ley de Amparo, la jurisprudencia 32/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 31, tomo XIII, abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. Asimismo, es aplicable la tesis VIII/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página 230, tomo VII, febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución. Por otra parte, respecto del acto consistente en la omisión de hacer cumplir la ejecución de la sentencia dictada en el juicio ejecutivo mercantil 747/2009 del índice del Juzgado Cuarto Civil del Distrito Judicial del Centro, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 63 del propio ordenamiento, debido a que no se reclama un acto concreto de la falta de ejecución de la sentencia dictada en el citado juicio ejecutivo mercantil, sino que ese reclamo es en vía de consecuencia de la resolución de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, por la que se confirmó el auto de seis de abril de este año, en el que se tiene por no compareciendo a Rita Carballo Ruiz, al citado juicio (no por vicios propios), máxime que el juicio ejecutivo mercantil en el que se reclama la omisión se rige por el principio dispositivo, por lo que corresponde a las partes promover lo procedente. Es así, como la parte quejosa reclama la falta de ejecución genérica de la sentencia a la autoridad responsable, sin reclamar un acto en concreto, sino que la ejecución se reclama en vía de consecuencia de la resolución que confirma el auto en el que no se tuvo compareciendo a Rita Carballo Ruiz, el juicio de amparo deviene improcedente, en términos de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 63 del propio ordenamiento, porque se está en presencia de un acto jurídicamente inexistente y de realización incierta. Tiene aplicación, por identidad jurídica y en lo conducente, la jurisprudencia 15/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor: EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. [Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, diciembre de 2011, Tomo 4, Materia(s): Común, Décima Época, página 2771. registro 2000011]. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causas de improcedencia analizadas, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en su ocurso de demanda, y por autorizadas únicamente para recibirlas, sin las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica, por así manifestarlo expresamente el quejoso. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Asimismo, se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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