Hilda Maria Rodriguez Valdez

Expediente 401/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 20 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
401/2021
Año
2021
Actuaciones
20
Última actuación
13/07/2022

Partes del expediente

  • Hilda Maria Rodriguez Valdez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, trece de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que el dieciséis de junio de dos mil veintidós, este Juzgado Federal declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la parte quejosa, a la fecha, hubiere interpuesto el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo; consecuentemente, con fundamento en el precepto 214 de la ley de la materia, archívese el presente como asunto concluido. Ahora bien, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, dictada por este Juzgado, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 18, 27, 28 y 29, del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional acompañando copia digitalizada debidamente certificada de la demanda y de la sentencia respectivas; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le hizo del oficio suscrito por la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estados, con sede en Culiacán, Sinaloa, inherente al cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por las citadas autoridades. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Es necesario precisar que la sentencia constitucional fue emitida el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, en el sentido se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a Hilda María Rodríguez Valdez, misma que el siete de abril de dos mil veintidós, causa ejecutoria y se requiero a la autoridad responsable, por el cumplimiento de ejecutoria de amparo. En ese sentido, debe decirse que la resolución emitida el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estados, con sede en Culiacán, Sinaloa, deberán. La concesión del amparo y justicia de la unión solicitado es para el efecto de que los integrantes de la Junta Especial número 35 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Culiacán, Sinaloa, emita el proyecto de laudo, y como consecuencia el laudo definitivo, en los autos del expediente laboral número 141/2015. Es aplicable la Jurisprudencia 2ª./J. 44/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 373 del tomo XXV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2007, Materia Laboral, Novena Época, registro número 172833, que dice: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS. El juicio ordinario laboral se conforma por etapas y actos concatenados entre sí, desarrollados en forma lógica y sistematizada, para obtener generalmente un laudo, los cuales deben realizarse dentro de los plazos y términos previstos en la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, debido a la conexión de esas etapas y actos, el retraso u omisión en la realización de los actos previos, indefectiblemente ocasiona que los subsecuentes ya no se efectúen con puntualidad, afectando el desarrollo normal y oportuno del juicio. De esta manera, si en el amparo se reclama la dilación u omisión en el trámite de un juicio laboral y durante la sustanciación de aquél, la autoridad responsable no agota cabalmente el procedimiento ni dicta laudo, sino que esa condición de retraso u omisión persiste también respecto de los actos subsecuentes a los reclamados y se proyecta a etapas ulteriores del proceso, no se actualizan las causales de improcedencia del juicio previstas en las fracciones V, X, XVI y XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque el quejoso conserva su interés jurídico para solicitar la tramitación expedita del juicio, cuya demora afecta directamente su esfera de derechos; no opera un cambio de situación jurídica que tenga por consumadas irreparablemente las violaciones, porque sigue existiendo el estado de las cosas prevaleciente al momento de pedir el amparo, consistente en la falta de prontitud en la tramitación y resolución del juicio; no cesan los efectos de las dilaciones y omisiones reclamadas ni éstos quedan destruidos como si se hubiera otorgado la protección constitucional, sino que perduran hasta en tanto el juicio laboral continúe y concluya. Las dilaciones u omisiones subsecuentes a las reclamadas no son actos futuros de realización incierta, sino inminentes, porque al producirse momento a momento, una vez sobrevenida la tardanza u omisión en la tramitación del juicio, es ineludible que ya no se desarrollará con prontitud. Además, la autoridad responsable no queda indefensa, porque las infracciones subsecuentes, además de que compartirían la misma naturaleza que las reclamadas, al tratarse de dilaciones u omisiones en la tramitación y resolución oportuna de la controversia, se generarían en el mismo expediente laboral, respecto del cual se promovió el juicio de garantías, del que ya tuvo noticia y manifestó lo conducente al rendir su informe con justificación y este conocimiento de los hechos, inclusive, le permitirá actuar con celeridad para no incurrir en mayores dilaciones.". Igualmente se cita como apoyo la Tesis 2a. CV/2013 (10a.) de la Décima Época, registro 2005150, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732 del Tomo I, del Libro 1, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Diciembre de 2013, Materia Común, cuyo contenido es: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Seguidamente, mediante oficios recibidos en las oficialía de partes de este juzgado el veinticinco y veintiséis de abril y tres de mayo del presente año, la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estados, con sede en Culiacán, Sinaloa, remitió copia certificada del laudo dictado el veintidós de abril de dos mil veintidós, con lo que se demuestra fehacientemente el cumplimiento otorgado por las autoridades responsables. Ahora bien, si la concesión del amparo lo fue para el efecto de que ".De que los integrantes de la Junta Especial número 35 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Culiacán, Sinaloa, emita el proyecto de laudo, y como consecuencia el laudo definitivo, en los autos del expediente laboral número 141/2015.". Lo cual ya aconteció. Por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en términos de lo que establece el numeral antes citado; en consecuencia, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.

  3. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, nueve de mayo de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta suscrito por la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Culiacán, Sinaloa, mediante el cual comunica el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y exhibe documentales que lo acredita; agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, toda vez que en proveído de veinticinco de abril del presente año, se acordó lo conducente.

  4. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veintiocho de abril de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta suscrito por la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Culiacán, Sinaloa, mediante el cual comunica el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y exhibe documentales que lo acredita; agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, toda vez que en proveído de veinticinco de abril del presente año, se acordó lo conducente.

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