Hilda Elizabeth Ortiz Rubio

Expediente 925/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
925/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • Hilda Elizabeth Ortiz Rubio

Actuaciones

  1. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DICTADO POR ESTE JUZGADO DE DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE A LA LETRA DICE: Los Mochis, Sinaloa, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de cuenta, promovida por ********************, contra actos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa y otra autoridad, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 925/2023-5. A) Análisis de la demanda de amparo. En principio debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto resulta preciso citar la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar la demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. 06/03/24 18:06:53 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e6.3c RICARDO ENRIQUE DIAZ VARGAS Juicio de Amparo 925/2023-5A ??????A???????? "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo 06/03/24 18:06:53 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e6.3c RICARDO ENRIQUE DIAZ VARGAS que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible a páginas 648, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, correspondiente al mes de enero de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del 06/03/24 18:06:53 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e6.3c RICARDO ENRIQUE DIAZ VARGAS Juicio de Amparo 925/2023-5A ??????A???????? juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". B) Acto reclamado y sus antecedentes. En ese contexto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como autoridad responsable al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, a quien le reclama lo siguiente: ". La sentencia interlocutoria de fecha 09 de noviembre del 2023, en la cual condena a la quejosa a la desocupación del inmueble ubicado en la esquina que conforman las calles ******************** en donde se encuentra el ****************** en esta ciudad. ." Ahora, de los capítulos de antecedentes y conceptos de violación, se advierte que la promovente de amparo se apersonó al juicio natural 117/2020, del índice de la citada autoridad judicial, le fue reconocido el carácter de causahabiente de los ahí demandados, y se le ordenó la desocupación del inmueble que habita (y que defiende en esta vía de amparo); como se advierte de la siguiente transcripción: ". VIII. ANTECEDENTES: . 1. Que con fecha 08 de febrero del 2023, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, ordenó el lanzamiento del inmueble que actualmente la suscrito poseo y en ese acto la quejosa demostré ser quien detentaba los derechos de posesión del inmueble por haber sido otorgado en subarrendamiento. 2. En virtud de que la quejosa demostré con documento certificado por notario público mi legal posesión en calidad de arrendataria del inmueble de referencia, se demandó por parte del tercero interesado ****************, a la quejosa y al diverso tercero interesado en vía incidental la rescisión del documento con el cual acredité mi legal posesión en calidad de arrendatario sobre el inmueble que ahora defiendo. Dicha demanda interpuesta en mi contra, se contestó oportunamente. 3. Pues bien, en fecha 09 de noviembre del presente año, la autoridad responsable Juez Primero, emitió sentencia interlocutoria en la cual condenó a la desocupación de la quejosa del inmueble de referencia que ahora por esta vía defiendo. VII. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ÚNICO. . . El Juez primerio, consideró que la suscrita tenía el carácter de causahabiente de los demandados en el juicio principal, ya que si bien es cierto la suscrita adquirí en subarrendamiento el inmueble, no menos cierto es que la suscrita soy ajena al procedimiento principal de donde derivó la orden de desalojo del mismo." En otro orden de ideas, es un hecho notorio para este órgano judicial (de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo), la existencia del juicio constitucional 30/2023, de este juzgado de Distrito, en donde es parte quejosa, también, ****************; ahora, en ese juicio se dictó sentencia definitiva el veintidós de mayo de dos mil veintitrés, en el sentido de decretar el sobreseimiento, por falta de interés jurídico. La citada sentencia causó estado el ocho de junio de dos mil veintitrés. Ahora, en ese fallo constitucional se expuso que el acto reclamado, entre otro, es el siguiente: ". CONSIDERANDO Segundo, Fijación de los actos reclamados: . a). La falta de emplazamiento al juicio sumario civil de desahucio 117/2020, del índice del juez responsable, así como todo lo actuado incluyendo la sentencia de fondo, así como las actuaciones subsecuentes de ejecución, específicamente la orden de desocupación del inmueble que defiende la quejosa en esta vía constitucional. ." De igual forma, en esa sentencia se indicó que el juicio sumario civil de desahucio 117/2020, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa (juicio de donde deriva el acto que también se reclama en la demanda de amparo que se analiza), fue promovido por **************** contra el *****************************, representada por **********************, que por auto de cinco de agosto de dos mil veinte, se admitió a trámite y sustanciado en sus etapas procesales, el seis de septiembre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia definitiva, condenando a la demandada. También se adujo en esa sentencia dictada en el procedimiento constitucional 30/2023, que la citada sentencia primigenia dictada en el juicio natural 117/2020, fue recurrida en apelación por la demandada, y que la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, bajo el número de toca 222/2021, la confirmó. Finalmente, se apuntó en ese juicio de amparo que la quejosa es subarrendataria del bien inmueble materia del juicio civil antes señalado (117/2020), y como subarrendadores ******************** y ****************, también se expuso que ese contrato de subarrendamiento se gestó sin el consentimiento de la arrendadora primaria (******************), lo que originaba la falta de interés jurídico de la quejosa *****************. Para sustentar lo anterior, se citó, entre otra, la tesis I.6º.C.14 C, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con el rubro: "SUBARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, CONTRATO DE. SI NO SE ACREDITA EL CONSENTIMIENTO DEL ARRENDADOR PARA LA CELEBRACION DE AQUEL, EN CASO DE CONTROVERSIA ENTRE LAS PARTES DEL PACTO ORIGINAL, EL SUBARRENDATARIO NO PUEDE SER CONSIDERADO COMO TERCERO EXTRAÑO EN LA CONTIENDA." Finalmente, y como se apuntó anteriormente, en el juicio de amparo 30/2023, se decretó el sobreseimiento. C) Causa de improcedencia actualizada. Establecido lo anterior, este juzgador advierte que se configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, porque contra la sentencia interlocutoria de nueve de noviembre de dos mil veintitrés, procede el recurso de apelación en efecto devolutivo. La citada hipótesis normativa señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; ." El principio de definitividad exige que previa a la instauración del juicio de amparo, el agraviado debe agotar todos los recursos ordinarios o medios legales de defensa que contra ese acto procedan, como anteriormente quedó expuesto. Dicho de otra forma, dicho precepto legal dispone la improcedencia del amparo respecto de resoluciones provenientes de autoridades judiciales, tribunales administrativos o del trabajo, cuando la ley que los rija prevea algún medio de defensa legal susceptible de modificarlas, revocarlas o nulificarlas, siempre que no se trate de resoluciones que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro y, en general, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal; incluyendo aquellos que afecten la libertad (en las distintas modalidades señaladas en la fracción en comento); de igual forma, no se tendrán que agotar esos medios ordinarios de defensa, cuando se trata de personas extrañas al procedimiento, autos de vinculación a proceso o, cuando para la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional, o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, en este último caso, el quejoso estará en 06/03/24 18:06:53 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e6.3c RICARDO ENRIQUE DIAZ VARGAS libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Por tanto, para poder atender sobre la actualización de la causa de improcedencia que se invoca, se deben de atender a los elementos de ésta, y de la forma en cómo se satisfacen para que la misma prospere. Ahora, del contenido integral de la demanda de amparo, se desprende que el acto que en esta vía constitucional se combate, se hace consistir en la sentencia interlocutoria de nueve de noviembre de dos mil veintitrés, a través de la cual se le condena a la quejosa a desocupar el bien inmueble que ahora defiende, por ser ésta causahabiente de la demandada en el juicio natural (y que también fue condenada para el mismo efecto). Sin embargo, debe decirse que, dicho acto de autoridad es susceptible de ser combatido por los medios legales que establecen las leyes ordinarias, previo a la interposición del juicio de amparo, como lo es el recurso de apelación en efecto devolutivo, previsto en el artículo 510, segundo parte, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, por lo que, se actualiza la hipótesis prevista en la parte inicial de la fracción XVIII de artículo 61 de la Ley de Amparo. El citado numeral de la legislación procesal prevé lo siguiente: 06/03/24 18:06:53 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e6.3c RICARDO ENRIQUE DIAZ VARGAS Juicio de Amparo 925/2023-5A ??????A???????? "Artículo 510. Contra las resoluciones dictadas para la ejecución de una sentencia no se admite recurso. Si la resolución fuere de otra naturaleza, será procedente la apelación en efecto devolutivo." Como se observa, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa prevé que en tratándose de resoluciones dictadas para la ejecución de una sentencia, no se admitirá recurso, pero si la resolución es de naturaleza distinta, será procedente el recurso de apelación en efecto devolutivo. Conviene aclarar, dentro de las resoluciones pronunciadas para la ejecución de una sentencia se distinguen las que se dictan durante la fase de ejecución de la propia sentencia, y las que no participan de la naturaleza de aquéllas. En efecto, se toma en cuenta que el vocablo "para", se define en su acepción principal como la preposición con que se denota el fin o término al que se encamina una acción, y no deja lugar a duda acerca de la naturaleza de las resoluciones a que alude la norma invocada, que no pueden ser otras más que las que se dirijan a la ejecución de la sentencia y no aquéllas que, pronunciadas con posterioridad a la definitiva, pero dotadas de autonomía propia, están desvinculadas de la ejecución (aunque hayan tenido lugar en tal periodo de ejecución). Esto lo explica la intención de legislador, puesto que utilizó la aludida preposición "para" y no la preposición "en", con la cual habría 06/03/24 18:06:53 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e6.3c RICARDO ENRIQUE DIAZ VARGAS comprendido todo tipo de resoluciones dictadas en el procedimiento de ejecución de sentencia. Sirve de apoyo a lo antes dicho, la jurisprudencia IV.2º.J/36, del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible a páginas 47, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 76, correspondiente al mes de abril de 1994, Octava Época, con el rubro y texto siguientes: "EJECUCION DE UNA SENTENCIA, RESOLUCIONES DICTADAS PARA LA. CONCEPTO. Según el artículo 477 del Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León, contra las resoluciones dictadas para la ejecución de una sentencia no se admitirá recurso alguno. Ahora bien, de las resoluciones pronunciadas para la ejecución de una sentencia deben distinguirse las que se dictan durante la fase de ejecución de la propia sentencia, pues no todas éstas participan de la naturaleza de aquéllas. El uso del vocablo "para", que se define en su acepción principal como la preposición con que se denota el fin o término al que se encamina una acción, no deja lugar a duda acerca de la naturaleza de las resoluciones a que alude la norma invocada, que no pueden ser otras mas que las que se dirijan a la ejecución de la sentencia y no aquéllas que, pronunciadas con posterioridad a la definitiva, pero dotadas de autonomía propia, están desvinculadas de la ejecución; aunque hayan tenido lugar en tal período." 06/03/24 18:06:53 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e6.3c RICARDO ENRIQUE DIAZ VARGAS Juicio de Amparo 925/2023-5A ??????A???????? Lo antes dicho es perfectamente aplicable en la especie, porque atendiendo a los antecedentes previamente narrados, se llega a la conclusión de que el acto reclamado no se dictó para el cumplimiento de la ejecución de la sentencia dictada en el juicio de origen, por el contrario, éste no tiene nada que ver con esa ejecución, esto es, se trata de uno de naturaleza distinta. Dicho de otra forma, interpretando a contrario sensu el aludido numeral 510 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, se concluye que cuando la determinación dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, no tenga como efecto procurar tal ejecución (como sucede en la especie), se debe interponer en su contra el recurso de apelación allí previsto; porque además, la parte final del mencionado dispositivo no permite otra interpretación al prever el recurso de apelación contra aquellas resoluciones que tengan otra naturaleza o finalidad al de las dictadas para la ejecución de una sentencia. En efecto, conforme se advierte de los antecedentes narrados al principio del presente proveído, la solicitante de amparo no es parte actora o demandada en el juicio natural, pero sí está vinculado a éste, en la medida que se le demandó incidentalmente la rescisión del contrato de subarrendamiento, y con ello se incorporó a la secuela procesal; por lo cual, es claro que la sentencia interlocutoria que ahora se reclama, no se dictó con el fin de hacer cumplir el fallo natural a la parte 06/03/24 18:06:53 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e6.3c RICARDO ENRIQUE DIAZ VARGAS demandada en el juicio principal, sino contra el quejoso en su carácter de tercero ajeno a esa relación procesal, contra quien se dictó interlocutoriamente la rescisión de tal contrato (subarrendamiento) y desocupación del inmueble; por tanto, tal determinación incidental es de naturaleza distinta a las resoluciones dictadas para la ejecución del fallo primigenio, que solamente constriñen para su cumplimiento a los demandados o condenados en la sentencia principal. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia III.2º.C.J/15, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible a páginas 55, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 83, correspondiente al mes de noviembre de 1994, Octava Época, con el rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN PERIODO DE. CASO EN EL QUE PROCEDE RECURSO ORDINARIO CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN EL. (ARTÍCULO 501 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE JALISCO). No obstante que el numeral 501 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco prevé que las resoluciones dictadas para la ejecución de una sentencia no admiten más recurso que el de responsabilidad, una correcta interpretación de este dispositivo legal, hecha a contrario sensu, conduce a la conclusión de que cuando la resolución respectiva, no se provoca para procurar la ejecución del fallo definitivo, sino que ocurre precisamente lo contrario, esto 06/03/24 18:06:53 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e6.3c RICARDO ENRIQUE DIAZ VARGAS Juicio de Amparo 925/2023-5A ??????A???????? es, para que no se cumpla, es claro, entonces, que en tal supuesto, sí procede la interposición del recurso ordinario que corresponda para impugnar dicha determinación. Lo anterior es fácilmente explicable si se toma en consideración que el precepto citado utiliza la preposición "para" y no la palabra "en", con la cual habría comprendido todo tipo de resoluciones dictadas en el procedimiento de ejecución de sentencia." En suma, el acto reclamado que se hace consistir en la resolución interlocutoria que le ordena a la quejosa desocupar el bien inmueble que ahora defiende en la vía de amparo indirecto, dictada en el juicio sumario civil de desahucio 117/2020, del índice de la responsable, no es de aquéllas que se dictan para la ejecución de la sentencia allí emitida; por el contrario, son actos procesales autónomos encaminados a "limpiar" los obstáculos tendentes a entorpecer esa ejecución; por esa razón, contra este tipo de determinaciones judiciales, procede el recurso de apelación en efecto devolutivo conforme lo señala la segunda parte del artículo 510 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa. Sirve de apoyo a todo lo antes dicho, la jurisprudencia 1ª./J.90/2011(9ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 810, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro I, correspondiente al mes de octubre de 2011, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: 06/03/24 18:06:53 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e6.3c RICARDO ENRIQUE DIAZ VARGAS "EMBARGO. EL AUTO QUE NIEGA ORDENARLO ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, PREVIA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS A QUE HAYA LUGAR. Si bien es cierto que el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, establece que sólo puede impugnarse en amparo indirecto la última resolución que se dicte en los procedimientos de ejecución de sentencia y que debe entenderse por tal, la resolución que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que decreta la imposibilidad de cumplirla, también es cierto que la ratio legis consiste en evitar que se obstaculice la ejecución de las sentencias a través de la promoción de los juicios de amparo. Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio excepcional de que en contra de los actos dictados después de concluido el juicio sí es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando se trate de aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Así, el auto por virtud del cual el juez niega decretar el embargo sobre los bienes del deudor, puede considerarse dentro de los supuestos de excepción antes precisados ya que, por un lado, reviste de autonomía destacada y, por otro, si bien se trata de una actuación dictada dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia, no está encaminada a obtener dicha ejecución, sino por el contrario, tiene como propósito impedir el cumplimiento de la cosa 06/03/24 18:06:53 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e6.3c RICARDO ENRIQUE DIAZ VARGAS Juicio de Amparo 925/2023-5A ??????A???????? juzgada. No obstante lo anterior, el supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto antes precisado, está condicionado a que la resolución por virtud de la cual el juez natural niega la ejecución de la sentencia, haya sido impugnada a través de los recursos ordinarios a que haya lugar, en atención al principio de definitividad." Luego, al quedar de manifiesto que contra la resolución reclamada procede el recurso de apelación, en tales condiciones, la quejosa estaba en aptitud de hacer valer ese medio de defensa que la legislación ordinaria establece a su favor, previamente a acudir al juicio constitucional, medio de defensa a través del cual dicho acto podría ser nulificado, modificado o revocado; por tanto, es incuestionable que se surte la causal de improcedencia prevista por la fracción XIII del ordinal 73 de la Ley de Amparo, al no haber colmado el principio de definitividad que rige al juicio de garantías, como lo debió advertir el Juez de Distrito. Aunado a lo anterior, de las constancias de autos no se advierte que la promovente de amparo se encuentre en alguna de las excepciones al principio de definitividad, porque el acto por ella reclamado no tiene relación con aquellas que señala la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, además que el recurso de apelación señalado en el artículo 510 del ordenamiento local, no está sujeto a interpretación adicional, y su texto es suficientemente claro en su regulación. 06/03/24 18:06:53 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e6.3c RICARDO ENRIQUE DIAZ VARGAS De igual forma, la quejosa no tiene el carácter de tercera extraña a juicio, pues ella misma expone en su demanda de amparo que la responsable la llamó en ese procedimiento incidental promovido dentro del juicio principal y que por ello compareció al juico natural para defender sus derechos de subarrendataria del bien inmueble materia de ese procedimiento primigenio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible a páginas 684, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Segunda Parte-2, correspondiente a los meses de julio - diciembre de 1989, Octava Época, con el rubro y texto siguientes: "ARRENDAMIENTO. EL ARRENDATARIO NO ES TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO INSTAURADO EN CONTRA DE SU ARRENDADOR, POR SER CAUSAHABIENTE DE ESTE EN EL CONTRATO DE. Cuando el contrato de arrendamiento, por virtud del cual entró en posesión del inmueble el quejoso, es celebrado con fecha posterior a la en que se pronunció sentencia definitiva por el juez de primera instancia, a través de la cual se condenó al arrendador, a la restitución y desocupación de la vivienda, el que fue oído y vencido en juicio, es inconcuso que lo resuelto en éste, repercute en el arrendatario, dada la causahabiencia que lo une con aquél." En esas condiciones, al quedar actualizada la causal de improcedencia advertida de oficio por este órgano jurisdiccional, prevista en los artículos 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo formulada por ***************, en términos de lo que dispone el artículo 113 de la citada legislación. Ahora, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal. Por otra parte, con apoyo en el precepto 305 el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en *********, **************. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 66, 67, fracción II, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 3, fracción XXI, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 8 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, se hace del conocimiento del promovente de medios preparatorios que tiene derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna, se entenderá que se niega a la publicación de éstos.

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