Hilda Gisela Cota Islas
Expediente 840/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 840/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Hilda Gisela Cota Islas
Actuaciones
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para este órgano de control constitucional la tramitación del juicio de amparo 415/2023, del índice de este juzgado de Distrito (ello de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo), en donde el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, informó que se opuso a la separación de juicios decretada en el citado juicio constitucional, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 48 de la Ley de Amparo, formuló conflicto competencia por acumulación en modalidad de separación de juicios, y remitió los autos de los expedientes 834/2023 y 835/2023, de su índice, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, en turno, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, para que se resuelva lo correspondiente. Ahora, el presente juicio de amparo indirecto se tramitó a partir de la separación de juicios hecha en el expediente 415/2023, esto es, el presente expediente y los diversos 834/2023 y 835/2023, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa, están íntimamente relacionados; en consecuencia, con el fin de que la superioridad pueda resolver el citado conflicto por acumulación, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere y se señalan las once horas con treinta minutos del catorce de diciembre de dos mil veintitrés.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los presentes autos y con los oficios enviados por la autoridad responsable Director General y Jefe del Departamento de Prestaciones Sociales, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa, al que se adjuntaron diversos documentos, con el fin de demostrar el cumplimiento a la sentencia de amparo. Estos documentos se acordaron el dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, y se le dio vista a la parte quejosa para que informara lo correspondiente (notificación hecha el diecisiete siguiente). Por tanto, como la impetrante de amparo no alegó nada al respecto, este órgano de control constitucional, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento del fallo protector, con los elementos que obran en autos. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo del 2000, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de quince de julio de dos mil veintidós, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, resolvió conceder el amparo solicitado, para los siguientes efectos: ". *********. ." La citada sentencia de amparo causó estado por auto de veinte de septiembre de dos mil veintidós, y se requirió el cumplimiento del fallo constitucional. Después de diversos requerimientos hecho a la responsable, ésta allegó al sumario de amparo el oficio IDJ/0083/2023, sin fecha, en donde adujo que el quince de enero de dos mil veintidós, se dejó de hacer el descuento reclamado en el juicio de amparo que nos ocupa; que los descuentos realizados a la quejosa fueron del quince de septiembre de dos mil veintiuno, a la fecha anteriormente señalada, dando un total de $8,100.00 (OCHO MIL CIEN PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); finalmente, se indicó en dicho oficio, y como propuesta de pago de la citada cantidad, hacerla en parcialidades mensuales, por la cantidad de $287.54 (DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). Este oficio se acordó el veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Ahora, la responsable realizó el primer pago de $287.54 (DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés; posteriormente, los días veintiuno de marzo, veintiuno de abril, veintidós de mayo y siete de junio, de dos mil veintitrés, se hicieron los pagos correspondiente a la segunda, tercera, cuarta y quinta parcialidad (oficios acordados el veintisiete de febrero, veintiocho de marzo, veintiséis de abril, veintiséis de mayo, y trece de junio de dos mil veintitrés, respectivamente). A su vez, y después de otros requerimientos para que se cumpliera con el fallo constitucional, la responsable hizo llegar al presente cuaderno de amparo, el oficio IDJ/3188/2023, sin fecha, al que adjuntó copia fotostática certificada del documento denominado "OPERACIÓN AUTORIZADA", del que se advierte que se le depositó a la quejosa, la cantidad de $6,662.30 (SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 30/100 MONEDA NACIONAL). Del examen de las citadas documentales, las que de conformidad con el artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, tienen pleno valor probatorio, se desprende que la autoridad responsable cumple con la sentencia constitucional, porque fueron suspendidos los descuentos reclamados que le dan origen a la presente demanda de amparo, y se devolvió a la quejosa, la cantidad que indebidamente se le retuvo, la que asciende a $8,100.00 (OCHO MIL CIEN PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). Por tanto, es evidente que con ello se cumple con la sentencia de amparo, motivo por el cual se debe declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Hágase del conocimiento de la quejosa este proveído, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo. En atención a lo anterior, se deja sin efectos las multas impuestas a las autoridades responsables, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa y Jefe del Departamento de Prestaciones Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, en auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés; pon tanto, hágase del conocimiento del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, de esta situación para los efectos correspondientes. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos se observa que el presente juicio de amparo 655/2021-5A, se encuentra pendiente de enviar al tribunal de alzada para la tramitación del recurso de queja interpuesto por el Director General y representante legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa y del Jefe del Departamento de Prestaciones Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, contra el auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés; por tanto, mediante oficio vía interconexión remítase el informe respectivo de que es cierto el acto materia de la queja, el escrito original de agravios, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito en turno, con sede en Mazatlán. De igual manera, se instruye a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), de este Juzgado, a fin de que realice las gestiones correspondientes en dicho sistema, con el propósito de que el expediente electrónico del juicio de amparo 655/2021-5A, sea vinculado al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito en Turno, para su debida integración a las actuaciones del expediente.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta en la que se hace constar que fueron declarados inhábiles los días del diecinueve al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés. Ahora, del estado de autos se advierte que en auto de dos de octubre de dos mil veintitrés, fueron señaladas las diez horas con cuarenta minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional, la que no pudo realizarse con motivo los días inhábiles decretados conforme lo dicho en la certificación precedente. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el presente procedimiento, y para dar oportunidad a que las partes tengan conocimiento de la reanudación de este juicio de amparo, se fijan las diez horas con treinta minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional.
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