Hilaria Ledezma Avendaño

Expediente 1411/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1411/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
06/11/2023

Partes del expediente

  • Hilaria Ledezma Avendaño

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo; agréguese al expediente electrónico y físico, el oficio firmado por el Actuario Judicial adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por el cual acusa recibo de las constancias que le fueron remitidas para la tramitación del recurso de queja hecho valer en autos, mismo que registró y admitió bajo el arábigo 368/2023; de lo que se toma conocimiento, y se está a la espera de lo que tenga a bien determinar. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA III. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de seis de septiembre de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos de la Oficina de Representación en el Estado de México, Subdelegación de Prestaciones, Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene, perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado y otra autoridad******************** con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho proveído ha causado estado. ****************************************Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).****************************************Por otra parte, visto lo de cuenta y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físicamente a los autos, el escrito signado por la quejosa ********************, por medio del cual interpone recurso de queja contra el proveído de seis de septiembre de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo.****************************************En ese sentido, con fundamento en lo previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, se tiene por presentado el medio de impugnación referido******************** ríndase el informe respectivo en términos del párrafo primero del artículo 101 de la legislación invocada.****************************************Por otro lado, con el fin de resolver dicho medio de defensa, remítase el original y copia del escrito de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en esta Naucalpan de Juárez, en turno.****************************************Sin que haya necesidad de remitir copias certificadas del presente asunto para la sustanciación del medio de impugnación interpuesto, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo de trece de octubre del año dos mil veintidós.****************************************Por lo que, se comisiona al oficial judicial A, para que habilite los campos necesarios que permitan al Tribunal de Alzada correspondiente, la consulta del expediente electrónico.****************************************Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio.****************************************Notifíquese.*

  3. Principal

    MESA III RADICACIÓN. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por **********, por propio derecho, contra actos de la Oficina de Representación en el Estado de México, Subdelegación de Prestaciones, Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene, perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado y otra autoridad, fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 1411/2023-III. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, del escrito de demanda se obtiene que la parte quejosa reclama: El oficio DPSH/AMGG/PMCBR/500/2023 emitido por la Oficina de Representación en el Estado de México, Subdelegación de Prestaciones, Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene, perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, por el que se le hizo del conocimiento la negativa a su solicitud de calificación de riesgo de trabajo. El memorándum de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés emitido por la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, perteneciente a la Secretaría de Educación Pública, por el que se le comunicó a la quejosa el descuento de salario quincenal. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000 con registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." DESECHAMIENTO. Previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Ahora bien, este juzgador, estima que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." La causal de improcedencia invocada se surte plenamente en el presente asunto, debido a que los actos que se reclaman, no resulta ser de autoridad, sino se trata de una actuación que deriva de la relación laboral entre la trabajadora (quejosa) y su empleador (Escuela Secundaria Técnica número 48), actuando el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, como ente asegurador de las prestaciones de seguridad social que tiene a su cargo, y la Autoridad educativa Federal de la Ciudad de México, perteneciente a la Secretaría de Educación Pública, como aquella que aplica las disposiciones en materia laboral a la inconforme. En efecto, los actos que reclama la quejosa no deriva de una relación de supra a subordinación, como la que se suscita entre un ente público dotado de imperio e investidura pública y un particular, sino que surgen en un plano de carácter laboral. Ese tipo de relación difiere sustancialmente, de la que se entabla entre autoridad y gobernado y, al efecto, resulta conveniente acudir al concepto de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo. Para entender mejor la actual acepción de autoridad responsable, resulta ilustrativo el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, en la tesis P. XXVII/97, publicada en la página 118, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." De dicho criterio se sostiene que autoridad, para los efectos del juicio de amparo, es todo ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por tanto, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión, de los actos de particulares y, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro y, para ello, es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Es corolario de lo anterior que, para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo, se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto, se advierten como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. De ahí que deba establecerse que, cuando los trabajadores al servicio de cualquiera de las dependencias de gobierno, promueven un juicio de amparo contra las acciones tendentes a gestiones de su relación laboral y/o la modificación de sus condiciones de trabajo, o bien de aquellos entes aseguradores de las prestaciones de seguridad social que tienen a su cargo, el referido juicio constitucional resultará improcedente, precisamente porque esas acciones o conductas no constituyen actos de autoridad, en términos del artículo 5 de la Ley de Amparo, susceptibles de impugnarse mediante el juicio de amparo. En ese contexto, de la demanda se advierte que los actos reclamados devienen de una relación laboral, esto es, la quejosa como trabajadora de la educación afiliada al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, como ente asegurador de las prestaciones de seguridad social que tiene a su cargo y de la Secretaría de Educación Pública, como aquella que aplica las disposiciones en materia laboral a la inconforme. Entonces, los actos reclamados en esta instancia, no puede ser materia del juicio de amparo, por ser ajeno a una relación de supra a subordinación, ya que el vínculo entre la demandante del amparo y las citadas como responsables son de carácter laboral. Así, los actos reclamados carecen de las características de actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, por tratarse de acontecimientos suscitados en la relación laboral que guarda la quejosa con el referido organismo, y la diversa que cita, por lo que no existe una relación jurídica entre gobernante y gobernado, sino una relación laboral, en la que los entes públicos actúan como patrón y no con el carácter de autoridad. Por tanto, se colige que atento a la relación que guarda la parte la quejosa y las responsables, en la que éstos tienen la calidad de patrón equiparado, y aquél la de trabajador, en el caso, para efectos del juicio de amparo, los actos reclamados no pueden ser considerados como de autoridad. En tales condiciones, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 2a./J. 70/2019 (10a.), consultable en la página 1458, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 66, Mayo de 2019, Tomo II, Décima Época, con número de registro 2019882, de rubro: "PROCEDIMIENTO ORDINARIO EN EL JUICIO LABORAL. DEBE SEGUIRSE PARA SUSTANCIAR LAS DEMANDAS CON RECLAMOS MIXTOS QUE CONTIENEN PRESTACIONES, INDEPENDIENTES ENTRE SÍ, EXIGIBLES EN LA VÍA ORDINARIA Y EN LA ESPECIAL DE SEGURIDAD SOCIAL.". Asimismo a lo expuesto resulta aplicable, la tesis aislada emitida por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, número I.16o.T.16 L (11a.), consultable en la página 2436, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 27, Julio de 2023, Tomo III, Décima Época, con número de registro 2026839, de rubro: "DECLARATORIA DE BENEFICIARIOS Y DEVOLUCIÓN DE RECURSOS ACUMULADOS EN LA CUENTA INDIVIDUAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR) DEL TRABAJADOR FALLECIDO. CONSTITUYEN UN RECLAMO INDISOLUBLE, SIENDO COMPETENTE PARA CONOCERLO UN TRIBUNAL LABORAL FEDERAL.". DOMICILIO. Por otra parte, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, téngase por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio precisado por la parte quejosa en su escrito de demanda, consistente en el usuario que proporcionó, el cual fue corroborado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Respecto al correo electrónico, el mismo no puede tenerse como tal ya que no está previsto en la Ley de Amparo. AUTORIZADOS. En atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizada a David García Villegas, en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia; asimismo, únicamente para oír y recibir notificaciones, a las personas restantes, hasta en tanto registren su cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones del presente asunto, aún las de carácter personal. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. EXHORTACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. Se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

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