Heron Alberto Cabral Palacios

Expediente 891/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
891/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
08/02/2023

Partes del expediente

  • Heron Alberto Cabral Palacios
  • Heron Alberto Cabral Palacios y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; ocho de febrero de dos mil veintitrés. AUTORIDAD ACUSA DE RECIBO. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese el oficio de cuenta remitido por la Magistrada Presidenta de la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante el cual comunica el proveído de veinticuatro de enero de este año, emitido en el expediente ********************de su índice, de cuyo contenido se advierte que acusa recibo del juicio de amparo que dio origen al presente cuaderno de antecedentes; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se declaró la incompetencia en el presente asunto (artículo 21, inciso j) del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la depuración del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante y se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 36 del referido acuerdo. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; cuatro de enero de dos mil veintitrés. REQUERIMIENTO. Visto el estado de autos, y de una revisión a la página electrónica www.estafeta.com.mx, se advierte que la pieza postal que contiene la misiva 26133/2022, dirigida a la Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por la que se remitió el juicio de amparo original del que deriva el presente cuadernillo, motivo del auto de uno de julio de dos mil veintidós, donde el suscrito se declaró incompetente para conocer del referido asunto declinando competencia legal a la citada autoridad; fue entregada el tres de agosto anterior, sin que a la fecha el homólogo competente haya acusado de recibo. Por tanto, requiérase a la Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que dentro del término de tres días, acuse recibo del juicio de amparo 891/2022-VI del índice estadístico de este órgano jurisdiccional, mismo que fue remitido mediante oficio 26133/2022 y recibido el tres de agosto de dos mil veintidós. Bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Comisiónese a los actuarios adscritos a este Juzgado, para que investiguen si es posible notificar este auto a la Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En el entendido que, para el caso de la autoridad, deberán recabarse los datos del servidor público que confirme la recepción del oficio o auto respectivo, para valorar si se logró la notificación; de igual forma se comisiona al actuario judicial que corresponda, para que en caso de no lograr lo encomendado envía la misiva correspondiente, vía Estafeta. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; tres de junio de dos mil veintidós. RADICACIÓN Y REGISTRO. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Herón Alberto Cabral Palacios, por propio derecho, contra actos de la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal del Distrito Federal "1", con sede en la Ciudad de México, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, del Servicio de Administración Tributaria; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 891/2021-VI. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio se debe precisar cuál es el acto reclamado en el presente juicio, antes de verificar lo relativo a su existencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgado de amparo ha de observar para establecer cuál es el acto reclamado, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención de los promoventes, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos vinculados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en la demanda. Sobre el particular se invoca, la Jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, página 32, registro 192097, del epígrafe siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así como la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, página 255, registro 181810, cuyo contenido es: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, en concordancia con las constancias allegadas al presente juicio, se concluye que la parte quejosa reclama: El oficio de dieciocho de abril de dos mil veintidós, emitido por la autoridad responsable con número *, por el que se comunica el aseguramiento de la cuenta supercuenta pago fijo número *con código de cliente *aperturada en Banco Santander, México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander, México. INCOMPETENCIA. Ahora bien, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en el derecho fundamental genérico de legalidad, tutelado por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese contexto, este Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En el artículo transcrito, se aprecian tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito, en los asuntos cuyo conocimiento corresponda, los cuales son: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar donde deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y la ejecución continúa en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Luego, del precepto antes transcrito, se desprende que la competencia por territorio en materia de amparo obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material o bien, si se trata de un acto meramente declarativo y, posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. Este análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula a éste. Así, cuando la ejecución de un acto se lleve a cabo en lugares respecto de los cuales, ejerzan jurisdicción jueces distintos, la competencia se fincará en favor del que previno; y en el caso de que no requiera ejecución, es competente aquél en cuya jurisdicción se presentó la demanda. En ese orden de ideas, se considera que este juzgado no resulta competente para conocer de la demanda de amparo pues el acto reclamado consiste en el oficio de dieciocho de abril de dos mil veintidós, emitido por la autoridad responsable con número *, por el que se comunica el aseguramiento de la cuenta supercuenta pago fijo número *, con código de cliente *aperturada en Banco Santander, México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander, México, el cual requiere de ejecución material y, como se dijo en párrafos anteriores es factible atender a los elementos objetivos contundentes que obren en los autos, como lo es el señalamiento del domicilio del quejoso, así como el hecho de que la autoridad que emite el acto reclamado tiene su residencia en la Ciudad de México para fijar la competencia, porque dichos factores apuntan a que la afectación directa que puede sufrir el quejoso por la materialización del acto reclamado, será en la entidad federativa donde tenga su domicilio y/o se haya emitido, por ser ahí el lugar donde desarrolla sus actividades. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.9o.A.36 A (10a.), con registro digital 2003245, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, Décima Época, página 2053, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS. PARA DETERMINARLA CUANDO DE AUTOS NO SE ADVIERTA EL DOMICILIO DE LAS SUCURSALES EN DONDE EL QUEJOSO REALIZÓ EL CONTRATO DE APERTURA CORRESPONDIENTE, ES FACTIBLE ATENDER AL SEÑALADO COMO FISCAL Y/O AL LUGAR DE EMISIÓN DE LA ORDEN RESPECTIVA. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo, para determinar la competencia por territorio entre Jueces de Distrito, cuando el acto reclamado consista en la orden de aseguramiento de cuentas bancarias, el cual requiere de ejecución material, y del juicio de amparo no se advierta el domicilio de las sucursales en donde el quejoso realizó el contrato de apertura respectivo, es factible atender a los elementos objetivos contundentes que obren en los autos, como el domicilio señalado como fiscal y/o al lugar de emisión de la orden de aseguramiento. Ello es así, porque dichos factores apuntan a que la afectación directa que puede sufrir el quejoso por la materialización del aseguramiento de sus cuentas bancarias, será en la entidad federativa donde tenga su domicilio y/o se haya emitido la orden referida, por ser ahí el lugar donde desarrolla sus actividades." En las relatadas condiciones, este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, se inhibe para conocer del presente asunto y en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, remítase la demanda y sus anexos, al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, pues es la autoridad que se estima competente para resolver el mismo, dado que es la que ejerce jurisdicción en el territorio donde producirá sus efectos el acto reclamado. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente. SE FORMA CUADERNO DE ANTECEDENTES. Con motivo de lo anterior, con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. DOMICILIO. Por otra parte, en términos de los artículos 26 y 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado por la parte quejosa en el proemio de la demanda. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. En diverso aspecto, en atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 de Ley de Amparo a Rubén Magaña Ambriz, Eli Sheba Pérez Villegas y Erick Elias Guadarrama; asimismo, únicamente para oír y recibir notificaciones, a la persona restante, hasta en tanto registre sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. De conformidad con el Artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese personalmente.

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