Hersson Emmanuel Castrejon Gomez

Expediente 574/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
574/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
07/07/2021

Partes del expediente

  • Hersson Emmanuel Castrejon Gomez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III Toluca, Estado de México; siete de julio de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de veinticuatro de junio último, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó el presente asunto (artículo 21, inciso b, del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a la parte quejosa de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Mesa III RADICACIÓN. Por recibida la demanda de amparo promovida por Hersson *******, por propio derecho, contra actos del Juez Quinto Familiar de Toluca, Estado de México. REGISTRO. Fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 574/2021-III. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. El artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario destacar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo del año de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, cuyo rubro y texto se citan: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, del contenido íntegro de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste esencialmente en el auto de dos de junio de dos mil veintiuno dictado en el expediente 781/2018, del índice estadístico del Juzgado responsable, donde la responsable determinó regularizar el procedimiento al considerar que el auto controvertido no era recurrible en revocación, estableciendo que era procedente requerir el cumplimiento de la resolución dictada. En ese orden, este órgano de control constitucional advierte que respecto del citado acto reclamado, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. . Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. ..." En ese contexto, por última resolución del procedimiento de ejecución, debe entenderse aquélla en la que se aprueba o reconoce expresa o tácitamente el cumplimiento total de la resolución o bien que declare la imposibilidad material o jurídica para su cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 32/2001, que aprobó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 31, tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de abril de dos mil uno, Novena Época, con número de registro 190035, cuyo rubro y texto se citan "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la 'última resolución' que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Hecha tal precisión, del capítulo de antecedentes, se advierte que el quejoso es la parte demandada en el juicio 781/2018, del índice estadístico del Juzgado Quinto Familiar de Toluca, Estado de México, procedimiento al que compareció el ahora quejoso. Asimismo, en esencia el impetrante del amparo reclama el auto de dos de junio de dos mil veintiuno dictado en el expediente 781/2018, del índice estadístico del Juzgado responsable, donde la responsable determinó regularizar el procedimiento al considerar que el auto controvertido no era recurrible en revocación, dejándose sin efectos el acuerdo de veinte de abril del año en curso, y se procedió a emitir una nueva determinación donde se ordenó turnar los autos al Notificador adscrito para que en funciones de ejecutor se constituyera con la parte actora y de su abogado, en el domicilio del ahora quejoso, para que hiciera el requerimiento el pago de la cantidad de $184,374.18 (ciento ochenta y cuatro mil trescientos setenta y cuatro pesos 18/100 Moneda Nacional) a que fue condenado en la interlocutoria de fecha tres de diciembre del año dos mil veinte y para el caso de no hacerlo en el mismo acto de diligencia, le embarguen bienes de su propiedad suficientes a garantizar la cantidad adeudada. En abundamiento, debe decirse que tales manifestaciones constituyen una confesión expresa, lo cual se traduce en una prueba plena de esos hechos, según lo disponen los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: Que sea hecha por persona capacitada para obligarse. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente y concerniente al negocio. Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Luego, de lo anterior se advierte que el acto reclamado se dictó en etapa de ejecución del procedimiento natural. En este orden de ideas, es inconcuso que la determinación que en esta instancia se reclama, no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia en el juicio de origen, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni tampoco la que ordena el archivo definitivo del expediente. Por ende, se concluye que la determinación reclamada que se analiza, sólo constituye un acto dictado en ese procedimiento de ejecución, de ahí que tal determinación sólo se traduce en una violación en el procedimiento de ejecución que solo puede ser reclamada en el amparo que se promueva contra la resolución que declare cumplida la citada sentencia, o bien, declare la imposibilidad material para darle cumplimiento. Por tanto, en la especie se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, al no constituir el acto reclamado el último acto dictado en el procedimiento de ejecución de sentencia, pues en la resolución reclamada no se aprueba o reconoce expresa o tácitamente el cumplimiento total de dicho pacto, ni tampoco declara la imposibilidad material o jurídica para su cumplimiento; máxime que no se trata de un acto que afecte de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Sirve de apoyo en lo conducente, la tesis 2a. VIII/98, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 230, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Febrero de 1998, Novena Época, Materia Común, con número de registro 196894, que establece: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución." También tiene aplicación en lo conducente la Jurisprudencia 1a./J. 28/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 60, tomo XXXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de abril de dos mil uno, Novena Época, con número de registro 164639, cuyo contenido es: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en el diverso artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, todos de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la misma legislación, se desecha de plano la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente. DOMICILIO. Por otra parte, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se publica en los estrados de este Juzgado, por así haberlo indicado el promovente. AUTORIZADOS. En otro punto, en atención a la certificación de cuenta, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, téngase por autorizado en términos amplios a Enrique Medina Avilés; asimismo, únicamente para oír y recibir notificaciones a los restantes hasta en tanto registren su cédula profesional en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales". HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. De conformidad con el Artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-COV-2, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese, y por lista al quejoso.

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