Heriberto Zárate Antonio

Expediente 864/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
864/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Heriberto Zárate Antonio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    PRAL 864/2023 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Glose de oficio. Agréguese a los autos el oficio número 8182/2023, firmado por la actuaria judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, del Decimotercer Circuito, en el que se encuentra trascrito el proveído de diez de noviembre de este año, dictado en el juicio de amparo directo *******, de su índice, del que se advierte, en lo sustancial, que aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional y admitió a trámite la demanda de amparo promovida por **********. 2. Publicación de los datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal, 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose del auto en el que se declinó la competencia para conocer de la demanda de amparo origen de este asunto, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3. Archivo del expediente Ahora, toda vez que en la caja de valores, en la Secretaría y en este cuaderno de antecedentes no existen documentos originales relacionados con este asunto, como tampoco asunto pendiente por diligenciar, se provee: Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu), 19 y 23, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 19 fracción I, inciso b) del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente es DESTRUIBLE, por lo cual será conservado durante seis meses, y una vez cumplido ese plazo, el órgano jurisdiccional destruirá el expediente, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es destruible, en atención a lo previsto en el artículo 34 del citado acuerdo general. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 864/2023 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que mediante determinación de veinte de septiembre de este año este Juzgado declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por el quejoso ********************, y declinó competencia al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, en turno, del Decimotercer Circuito; siendo que, por razón de turno, el asunto le fue remitido al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, del Decimotercer Circuito, el cual fue radicado con el número de amparo directo ********************; sin que, a la fecha, el referido órgano jurisdiccional haya informado sí aceptó o no la competencia declinada por este órgano jurisdiccional. 2. Se solicita información. Atento a lo anterior, respetuosamente solicítese al (a la) magistrado (a) presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, del Decimotercer Circuito que, de no tener inconveniente alguno, informe el estado procesal que actualmente guarda el juicio de amparo directo ********************, de su índice; ello, a fin de estar en condiciones de acordar lo procedente en el juicio amparo en que se actúa. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL. 864/2023 MESA 7* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Escrito aclaratorio. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, firmado por el quejoso *****, mediante el que cumple con las prevenciones que se le hicieron en auto de once de septiembre de este año, pues precisa que: El acto reclamado lo hace consistir en el acuerdo publicado el veintiocho de agosto de este año, por el cual el Tribunal Unitario Agrario Número 22, con residencia en Tuxtepec, Oaxaca, decretó la caducidad del expediente *****. Narró, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de dicho acto reclamado. Manifestó a quién le reviste el carácter de tercero interesado. Al respecto, se provee: 2. Declaración de incompetencia. Es preciso señalar que los numerales 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma". "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley". "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo". Ahora, de la interpretación de dichos preceptos legales se concluye que la procedencia del juicio de amparo directo se limita a algunos actos provenientes de tribunales agrarios (comprendiendo entre ellos, al Tribunal Unitario Agrario Número 22, con residencia en Tuxtepec, Oaxaca), administrativos y del trabajo, y que son: Sentencias definitivas o laudos. Resoluciones que pongan fin al juicio sin resolver el fondo. Entendiéndose por sentencia definitiva a aquella resolución en sentido amplio, que resuelve el fondo de la cuestión debatida, es decir, que se pronuncia acerca de la relación material que constituye la litis; dicho de otra forma, en ella debe existir pronunciamiento referente a las acciones y a las defensas y excepciones opuestas (de ser el caso) dentro del procedimiento; y contra la que no proceda recurso ordinario alguno -principio de definitividad-. En tanto que las resoluciones que ponen fin al juicio son aquéllas que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario en razón del cual pueden ser modificadas o revocadas. En ese sentido, el acuerdo publicado el veintiocho de agosto de este año, relativo al juicio agrario ****, mediante el que, dice el quejoso, se decretó la caducidad de dicha instancia, es de aquellos contemplados en el numeral 170 de la Ley de Amparo, en atención a que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido. Lo que así se corrobora de la consulta realizada a la página oficial de los Tribunales Agrarios de México: Tribunales Agrarios Mexico - Consulta de Acuerdos (tribunalesunitarios.gob.mx), siendo que, en relación al juicio agrario 242/2023 del que deriva el acto reclamado, mediante acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés se decretó su caducidad, mismo que fue publicado el veintiocho de agosto siguiente (como lo refirió el quejoso en su demanda), lo que así se desprende de la siguiente imagen: (Imagen escaneada de la página oficial en esta data) Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO AGRARIO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO QUE LA DECRETA, ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De la interpretación sistemática de los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se concluye que el amparo directo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito es procedente contra la resolución que declara la caducidad por inactividad procesal en términos del artículo 190 de la Ley Agraria, en virtud de que ese acto importa la emisión de una resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, dictada por un tribunal administrativo, como lo es un Tribunal Unitario Agrario, respecto de la cual, las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno por el que dicha resolución pueda ser modificada o revocada, de manera que en ese supuesto resultará improcedente el recurso de revisión en materia agraria contenido en el numeral 198 de la Ley Agraria, e inaplicable la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional relativa prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo". En consecuencia, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo este Juzgado de Distrito declara carecer de competencia legal para el conocimiento de la demanda de amparo de que se trata, y se estima que la autoridad competente, para su conocimiento, es el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, en turno, del Decimotercer Circuito. Por tanto, remítase a la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados en Materias Civil y Administrativa de este Circuito, el 1) original del juicio de amparo 864/2023, del índice de este Juzgado, así como 2) seis copias del escrito de cuenta, para que se sirva turnarla al Tribunal Colegiado que corresponda; solicitando de ese órgano colegiado el acuse de recibo correspondiente. 3. Cuaderno de antecedentes. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas. 4. Domicilio, autorizados y número telefónico. Sin que sea necesario hacer mayo pronunciamiento respecto del domicilio, autorizados y número telefónico que proporciona la parte quejosa, toda vez que dichos aspectos fueron acordados en auto de once de septiembre de este año. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO AVISO. PRAL. 864/2023 MESA 7* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Escrito aclaratorio. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, firmado por el quejoso *****, mediante el que cumple con las prevenciones que se le hicieron en auto de once de septiembre de este año, pues precisa que: El acto reclamado lo hace consistir en el acuerdo publicado el veintiocho de agosto de este año, por el cual el Tribunal Unitario Agrario Número 22, con residencia en Tuxtepec, Oaxaca, decretó la caducidad del expediente *****. Narró, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de dicho acto reclamado. Manifestó a quién le reviste el carácter de tercero interesado. Al respecto, se provee: 2. Declaración de incompetencia. Es preciso señalar que los numerales 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma". "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley". "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo". Ahora, de la interpretación de dichos preceptos legales se concluye que la procedencia del juicio de amparo directo se limita a algunos actos provenientes de tribunales agrarios (comprendiendo entre ellos, al Tribunal Unitario Agrario Número 22, con residencia en Tuxtepec, Oaxaca), administrativos y del trabajo, y que son: Sentencias definitivas o laudos. Resoluciones que pongan fin al juicio sin resolver el fondo. Entendiéndose por sentencia definitiva a aquella resolución en sentido amplio, que resuelve el fondo de la cuestión debatida, es decir, que se pronuncia acerca de la relación material que constituye la litis; dicho de otra forma, en ella debe existir pronunciamiento referente a las acciones y a las defensas y excepciones opuestas (de ser el caso) dentro del procedimiento; y contra la que no proceda recurso ordinario alguno -principio de definitividad-. En tanto que las resoluciones que ponen fin al juicio son aquéllas que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario en razón del cual pueden ser modificadas o revocadas. En ese sentido, el acuerdo publicado el veintiocho de agosto de este año, relativo al juicio agrario ****, mediante el que, dice el quejoso, se decretó la caducidad de dicha instancia, es de aquellos contemplados en el numeral 170 de la Ley de Amparo, en atención a que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido. Lo que así se corrobora de la consulta realizada a la página oficial de los Tribunales Agrarios de México: Tribunales Agrarios Mexico - Consulta de Acuerdos (tribunalesunitarios.gob.mx), siendo que, en relación al juicio agrario 242/2023 del que deriva el acto reclamado, mediante acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés se decretó su caducidad, mismo que fue publicado el veintiocho de agosto siguiente (como lo refirió el quejoso en su demanda), lo que así se desprende de la siguiente imagen: (Imagen escaneada de la página oficial en esta data) Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO AGRARIO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO QUE LA DECRETA, ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De la interpretación sistemática de los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se concluye que el amparo directo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito es procedente contra la resolución que declara la caducidad por inactividad procesal en términos del artículo 190 de la Ley Agraria, en virtud de que ese acto importa la emisión de una resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, dictada por un tribunal administrativo, como lo es un Tribunal Unitario Agrario, respecto de la cual, las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno por el que dicha resolución pueda ser modificada o revocada, de manera que en ese supuesto resultará improcedente el recurso de revisión en materia agraria contenido en el numeral 198 de la Ley Agraria, e inaplicable la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional relativa prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo". En consecuencia, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo este Juzgado de Distrito declara carecer de competencia legal para el conocimiento de la demanda de amparo de que se trata, y se estima que la autoridad competente, para su conocimiento, es el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, en turno, del Decimotercer Circuito. Por tanto, remítase a la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados en Materias Civil y Administrativa de este Circuito, el 1) original del juicio de amparo 864/2023, del índice de este Juzgado, así como 2) seis copias del escrito de cuenta, para que se sirva turnarla al Tribunal Colegiado que corresponda; solicitando de ese órgano colegiado el acuse de recibo correspondiente. 3. Cuaderno de antecedentes. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas. 4. Domicilio, autorizados y número telefónico. Sin que sea necesario hacer mayo pronunciamiento respecto del domicilio, autorizados y número telefónico que proporciona la parte quejosa, toda vez que dichos aspectos fueron acordados en auto de once de septiembre de este año. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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