Heriberto Hedy Matadamas Vargas
Expediente 612/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 13 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 612/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 15/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Heriberto Hedy Matadamas Vargas
- Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
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PRAL. 612/2022. MESA-5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de noviembre de dos mil veintidós. Se autoriza la baja de usuario del expediente electrónico. Agréguese el escrito firmado electrónicamente por ***********, por el cual solicita que, para evitar saturaciones de su usuario electrónico, se deshabilite la autorización del mismo en la consulta del expediente electrónico de este juicio de amparo. Al respecto, se advierte del estado de autos que en proveído de veintiséis de mayo de este año se autorizó la consulta del expediente electrónico 612/2022, y las notificaciones vía electrónica, a través del usuario "*********"; por lo cual, dada la solicitud de la parte quejosa y el estado de autos de este expediente (en el que ya se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido), se instruye a la oficial judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que proceda a realizar en dicho sistema los ajustes necesarios para la baja del usuario "**********" en el expediente electrónico del juicio de amparo 612/2022. En el entendido que, para efectos de posteriores notificaciones personales que tuvieran que efectuarse a la parte quejosa, se empleará el domicilio físico que indicó en la demanda de amparo, tal como se precisó en el auto inicial de veintiséis de mayo de este año o, de ser el caso, las notificaciones se efectuarán por lista. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL.612/2022.MESA-5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. 1. Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en la audiencia constitucional de diez de agosto de este año, engrosada el treinta y uno siguiente, en la que se le negó el amparo y protección de la Justicia Federal; sin que lo hubiese hecho, no obstante su notificación el siete del mes en curso. 2. Firmeza de la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 3. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo para inconformarse de las diversas partes procesales, pues ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo, al haberse negado el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Se invoca como apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el siguiente rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 4. Publicación de datos personales. Como el quejoso se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los proveídos emitidos en este asunto se publicarán con supresión de todos los datos personales del quejoso, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, pero protegiendo dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal. 5. Archivo del expediente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu), 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 6. Destino y archivo reciente. Al haberse negado a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del multicitado acuerdo general, este expediente es depurable; por tanto, será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, dentro de los noventa días siguientes este órgano jurisdiccional depurará el expediente y, una vez terminado el proceso de depuración se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 7. Anotaciones. Háganse las anotaciones que correspondan en la carátula del expediente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno. 8. Instrucción a Secretaría. Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique a) que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes (depurable) y b) que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL.612/2022.MESA-5 S E N T E N C I A Vistos para resolver, los autos del juicio de amparo 612/2022; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante demanda enviada el veinte de mayo de este año, a través del módulo de demandas electrónicas del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), recibida el veintitrés siguiente en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, y turnada en la misma fecha al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, Heriberto Hedy Matadamas Vargas, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra un acto del director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca, que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. En acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós el titular de ese órgano jurisdiccional radicó la demanda de amparo bajo el registro 565/2022, declaró que no le correspondía el conocimiento del asunto y remitió la demanda a este juzgado, debido a que el acto reclamado se emitió en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo 1010/2021 de este juzgado, lo que actualiza el supuesto de relación previsto en el artículo 46, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establecen las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las Oficinas de Correspondencia Común. SEGUNDO. Radicación. En proveído de veintiséis de mayo del año en curso este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca aceptó conocer de la demanda, por lo que se registró con el expediente 612/2022 y, entre otras cuestiones, se admitió a trámite, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Emplazamiento de parte tercera interesada. Mediante proveído de catorce de julio de dos mil veintidós -fojas 85 y 86- se ordenó el emplazamiento del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca, en su carácter de tercero interesado, lo cual se realizó el veintidós siguiente -foja 89-; sin que se haya apersonado al juicio. CUARTO. Cita para audiencia. Finalmente, previos diversos diferimientos, en auto de veintisiete de julio de dos mil veintidós -fojas 90 y 91- se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual se desahogó el diez de este mes, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un acto reclamado de naturaleza administrativa, atribuido a una autoridad con residencia en Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, en relación con las constancias de autos, se advierte que la parte quejosa reclama el oficio SA/SUBDCGPRH/DRH/DLAC/0572/2022 de dieciocho de abril de dos mil veintidós, emitido por el director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca, mediante el cual dio respuesta al escrito de petición de treinta de julio de dos mil veintiuno, presentado el dos de agosto siguiente. TERCERO. Oportunidad. En la demanda de amparo la parte quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento exacto y completo del acto reclamado el veintisiete de abril de dos mil veintidós, fecha en que se le notificó el informe a través del cual la autoridad responsable exhibió el oficio SA/SUBDCGPRH/DRH/DLAC/0572/2022 para acreditar el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de amparo 1010/2021 de este órgano jurisdiccional. Lo anterior se corrobora con la constancia de notificación que obra en el expediente electrónico 1010/2021 de este juzgado, que se invoca como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; sin necesidad de adjuntar las constancias conducentes, al ser un expediente que se encuentra radicado en este mismo órgano jurisdiccional. Por tanto, de conformidad con los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Amparo, el término de quince días para presentar la demanda de amparo transcurrió del veintiocho de abril al veinte de mayo de dos mil veintidós, sin contar sábados y domingos intermedios, así como el cinco y seis de mayo, por ser inhábiles de acuerdo al numeral 19 de la ley de la materia, en relación con la circular 5/2022 de treinta de marzo de dos mil veintidós, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Luego, si la demanda de amparo se envió, a través del módulo de demandas electrónicas del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el veinte de mayo de dos mil veintidós, es innegable que resulta oportuna. Sin que pase desapercibido que la autoridad responsable haya manifestado que el oficio reclamado se notificó a la parte quejosa, por correo electrónico, el veintinueve de abril de dos mil veintidós, hecho que fue reconocido en el escrito de demanda (punto nueve de los antecedentes del acto); sin embargo, como se indicó, el quejoso manifestó, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del oficio desde el veintisiete de abril del año actual. Aunado a que, en todo caso, si se toma en consideración la fecha de notificación que refiere la responsable, con mayor razón la presentación de la demanda es oportuna, pues el plazo de quince días abarcaría hasta el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Al rendir informe justificado, la autoridad responsable aceptó el acto reclamado -fojas 51 y 52-; lo que constituye una confesión expresa con plena eficacia para demostrar su existencia, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 95 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Máxime que mediante comunicación agregada en auto de uno de julio de este año remitió, entre otras constancias, copia certificada del oficio SA/SUBDCGPRH/DRH/DLAC/0572/2022 de dieciocho de abril de dos mil veintidós -que constituye el acto reclamado en este asunto-. Documental a la que se otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, al tener el carácter de documento público, de conformidad con el numeral 129 del código procesal invocado. QUINTO. Causas de improcedencia. Previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede el estudio de las causas de improcedencia invocadas por las partes o que este órgano jurisdiccional advierta oficiosamente, en razón de que se trata de presupuestos de orden público y de estudio preferente, conforme a la técnica del juicio de amparo, y su eventual actualización impide el estudio del fondo de este asunto constitucional. En el caso, al rendir informe justificado la autoridad responsable manifestó que el juicio debe sobreseerse debido a que el acto reclamado se emitió en cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en el juicio 1010/2021, del índice de este juzgado; es decir, invoca la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo. Lo anterior se precisa en esos términos con independencia de que en el informe la responsable cite la fracción XI del citado numeral; sin embargo, dicha hipótesis se refiere a la figura de la cosa juzgada como causal de improcedencia, la cual se actualiza cuando el acto reclamado haya sido materia de otro juicio, y exista entre éste y la nueva demanda a) identidad de partes y b) acto reclamado. Esto es, el referido precepto establece la improcedencia del juicio de amparo cuando el acto que se reclame haya sido materia de diverso juicio constitucional, cuya resolución ya ha quedado firme, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Sin embargo, en la especie, la responsable sustenta la improcedencia en el hecho de que, a su consideración, el acto reclamado se emitió en cumplimiento a una sentencia de amparo, lo que evidencia que la causa que invoca es la prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Precisado lo anterior, se destaca que el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; - -- - (.) La interpretación del numeral anterior permite concluir que la improcedencia del juicio de amparo se puede actualizar en dos hipótesis: Cuando se promueve contra sentencias de amparo y, Cuando se impugnan resoluciones dictadas en cumplimiento a un amparo. De esta manera, cuando en un juicio de amparo se concede la protección constitucional para determinados efectos, pueden darse dos supuestos de actuación por parte de las autoridades responsables. El primero de ellos se actualiza cuando se deja libertad de jurisdicción a la autoridad responsable para pronunciarse, bajo su libre arbitrio judicial, respecto a los tópicos especificados en la sentencia de amparo; en estos casos, lo que se resuelve en cumplimiento al amparo constituye un acto totalmente diferente al primero que fue señalado como reclamado, y esa nueva resolución es susceptible de combatirse a través de un nuevo juicio constitucional. El segundo se configura cuando el juzgador de amparo deja precisados los efectos de la sentencia de amparo y señala los fundamentos que debe observar la autoridad responsable para emitir su determinación, de manera que no pueda brindar una fundamentación y motivación distinta a la ya establecida por el órgano de control constitucional. De este modo, cuando la responsable no cumple puntualmente los efectos, resultan procedentes los medios de defensa establecidos en la ley para combatir el desacato a la sentencia, pero no procede un nuevo juicio de amparo. Se invoca al respecto, por los razonamientos jurídicos que sustenta, la tesis con registro 2016804 del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, de rubro y texto: "AMPARO DIRECTO. PARA DETERMINAR SU PROCEDENCIA EN EL SUPUESTO DE QUE SE ADUZCAN VIOLACIONES PROCESALES SURGIDAS CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO, DEBE ATENDERSE A QUE SU ANÁLISIS SÓLO PROCEDE CUANDO EN AQUEL JUICIO CONSTITUCIONAL SE DEJÓ LIBERTAD DE ACTUAR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, NO CUANDO SE LE CONSTRIÑÓ A EMITIR UN NUEVO FALLO EN TÉRMINOS PRECISOS [INTERPRETACIÓN DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 1a./J. 128/2011 (9a.)]. La jurisprudencia citada, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. ES PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN VÍA AMPARO DIRECTO, AUN CUANDO LA RESOLUCIÓN QUE CONSTITUYE EL ACTO RECLAMADO SE HUBIERE DICTADO EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE GARANTÍAS, SI ES HASTA ESE MOMENTO QUE LA VIOLACIÓN TRASCIENDE AL RESULTADO DEL FALLO.", es aplicable cuando en el primer juicio de amparo se dejó libertad de jurisdicción a la autoridad responsable que permitiera incurrir en una diversa y/o nueva violación procesal con motivo de la reposición del procedimiento. Empero, si no se le dejó libertad de jurisdicción, sino que se le constriñó a emitir la nueva sentencia en términos precisos, sin cuestiones procedimentales previas, no basta que en el ulterior juicio de amparo se aduzcan violaciones al procedimiento derivadas de la protección constitucional otorgada con anterioridad para que resulte procedente y el Tribunal Colegiado de Circuito pueda emprender su estudio, sino que deben atenderse los términos de la ejecutoria de amparo que le dio origen para determinar si es posible su examen o no; por lo que, si no se otorgó libertad de jurisdicción a la autoridad responsable no podrían existir violaciones procesales posteriores que trasciendan al resultado del fallo, como lo prevé dicho criterio jurisprudencial y se actualizaría la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo." En el caso, constituye un hecho notorio que en este juzgado se tramitó el juicio de amparo 1010/2021 promovido por el mismo quejoso, Heriberto Hedy Matadamas Vargas, por propio derecho, contra la omisión de proveer su escrito de treinta de julio de dos mil veintiuno, presentado ante director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca; y en ampliación de demanda, contra el oficio SA/SUBDCGPRH/DRH/DLAC/0778/2021, de seis de octubre de dos mil veintiuno, signado por la citada autoridad, mediante el cual dio respuesta a su ocurso de petición de treinta de julio de dos mil veintiuno. En dicho asunto se dictó sentencia el veintitrés de febrero de dos mil veintidós en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio respecto a la omisión de proveer el escrito de treinta de julio de dos mil veintiuno -por cesación de efectos- y, por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia para que el director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca determinara lo siguiente: "1.- Dentro de las facultades que la ley le concede, con independencia del sentido en que lo haga, pero en forma congruente a lo solicitado, dé respuesta por escrito, de manera congruente y completa, a cada uno de los puntos solicitados por el quejoso Heriberto Hedy Matadamas Vargas, mediante escrito de treinta de julio de dos mil veintiuno, presentado ante esa autoridad el dos de agosto de esa anualidad. 2.- Hecho lo anterior, le notifique la contestación recaída." En cumplimiento a esa sentencia, la autoridad responsable emitió el oficio SA/SUBDCGPRH/DRH/DLAC/0572/2022 de dieciocho de abril de dos mil veintidós, que constituye el acto reclamado en este asunto; determinación que se analizó en acuerdo de veintiséis de mayo de este año, en el juicio 1010/2021, únicamente en lo relativo al acatamiento de los efectos de la sentencia, concluyéndose que la responsable sí cumplió la ejecutoria de amparo. De lo narrado se advierte que la concesión de amparo se ubica en el primer supuesto que se invocó en párrafos anteriores, esto es, en la sentencia dictada en el juicio 1010/2021 se dejó libertad de jurisdicción a la autoridad responsable para la nueva determinación. Por lo anterior, contrario a lo alegado por la responsable, la respuesta que emitió en cumplimiento a la ejecutoria del amparo 1010/2021 sí es susceptible de combatirse a través de un nuevo juicio constitucional, en la medida en que, para su emisión, no se le fijaron lineamientos específicos en cuanto al sentido en que debía atender la petición del quejoso; por ello, en la determinación de veintiséis de mayo de este año, dictada en aquel asunto, únicamente se analizaron los aspectos formales por los que se concedió el amparo, sin que se hayan estudiado cuestiones de fondo de la respuesta emitida; de ahí que no puede considerarse que el acto reclamado en este asunto haya sido materia de análisis en la ejecutoria del juicio 1010/2021; como así lo ilustra la jurisprudencia 1a./J. 57/2018, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ, NO TRANSGREDE EL DERECHO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. El precepto citado, al establecer que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, se refiere a aquellas que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo las constriñe a realizar determinadas acciones, esto es, en las que les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva sentencia conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. Ahora bien, la improcedencia referida deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico realizado en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que, admitir uno nuevo, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese sentido, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo no transgrede el derecho a contar con un recurso eficaz, al no contradecir los artículos 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la norma referida no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Además, el precepto citado también cumple con el postulado previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en procurar una justicia pronta y expedita, que asegure su correcta y funcional administración." Por lo expuesto, deviene infundada la causa de improcedencia invocada por la autoridad responsable. Ahora, tomando en consideración que las partes en este juicio no hicieron valer otras causas de improcedencia, ni este órgano jurisdiccional aprecia que se actualice alguna, procede abordar el análisis de fondo de la cuestión planteada. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y por encontrar sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, registro 164618, página 830, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SÉPTIMO. Estudio de fondo. El quejoso señala como acto reclamado el oficio SA/SUBDCGPRH/DRH/DLAC/0572/2022, de dieciocho de abril de dos mil veintidós, mediante el cual el director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca dio respuesta al escrito de petición de treinta de julio de dos mil veintiuno, presentado el dos de agosto siguiente. Dicha petición la formuló en los términos siguientes -fojas 65 a 67-: En respuesta, la autoridad responsable emitió el oficio SA/SUBDCGPRH/DRH/DLAC/0572/2022, de dieciocho de abril de dos mil veintidós, cuya copia certificada obra a fojas 73 a 79. De dicha constancia se advierte que respecto a los nueve puntos del escrito de petición, relacionados con información sobre el importe de las cuotas sindicales de los trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (STPEIDCEO), el director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca, contestó, en términos idénticos a cada punto, lo siguiente: "Esta Dirección se encuentra imposibilitada para conceder lo solicitado, toda vez que las cuotas sindicales forman parte del patrimonio del sindicato y su divulgación implicaría una afectación injustificada de la vida privada de dicha persona del derecho social y a su vez una intromisión arbitraria a la libertad sindical, por implicar una invasión a la facultad que tiene el sindicato de decidir o no, dar a conocer parte de su patrimonio a terceros, de conformidad con lo establecido en los artículos 3° y 8° del Convenio número 87, relativo a la Libertad Sindical y a la Protección al Derecho Sindical, que a la letra señalan: Artículo 3 1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción. 2. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. Artículo 8 1. Al ejercer los derechos que se les reconocen en el presente Convenio, los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones respectivas están obligados, lo mismo que las demás personas o las colectividades organizadas, a respetar la legalidad. 2. La legislación nacional no menoscabará ni será aplicada de suerte que menoscabe las garantías previstas por el presente Convenio." Al respecto, el quejoso alega en los dos conceptos de violación que formula en la demanda, esencialmente, que la autoridad responsable viola sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 6, 8, 16 y 123 constitucionales, debido a que inobserva lo dispuesto por el artículo 373 de la Ley Federal del Trabajo, en el sentido de que los afiliados a la organización sindical tienen derecho a saber la situación de los ingresos por cuotas sindicales. Por ello, refiere, el hecho de que se le proporcione la información solicitada, en cuanto al importe de las cuotas sindicales, no implica una afectación injustificada a la vida privada de la organización sindical; menos una intromisión arbitraria a la libertad sindical, en su decisión de dar o no a conocer la información referida. Agrega, que la rendición de cuentas a que se refiere el numeral 373 de la Ley Federal del Trabajo, constituye una medida dirigida al fortalecimiento de la condición democrática que debe regir la vida interna de las organizaciones sindicales, al garantizar que los trabajadores conozcan el destino de sus aportaciones; por ello, la responsable está obligada a brindarle la información solicitada, relativa al importe de las cuotas sindicales de la organización sindical a la que pertenece, al estar afiliado a la misma, de lo que tiene conocimiento la autoridad responsable, por realizarle de manera quincenal los descuentos por conceptos de cuotas sindicales y enterarlas al STPEIDCEO. Y en esa medida, no tiene carácter de tercero, por lo que le asiste el derecho a saber el importe de las cuotas en los términos en que lo solicitó en su escrito de petición. Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, por una parte, son inoperantes y, por otra, infundados, sin que se advierta suplencia de la deficiencia de la queja que hacer valer en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, como se explicará a continuación: Del estudio integral del escrito de petición de treinta de julio de dos mil veintiuno, presentado el dos de agosto siguiente, cuyo acuse en copia certificada fue remitida por la responsable mediante oficio agregado en auto de uno de julio de dos mil veintidós, con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tener el carácter de documento público, de conformidad con el numeral 129 del código procesal invocado; se aprecia que la solicitud que formuló el quejoso al director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca no la efectuó en su calidad de trabajador afiliado al Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca, sino como un gobernado en ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se afirma lo anterior, en razón de que en su escrito no hizo ninguna referencia a su condición de trabajador afiliado al sindicato de referencia, ni al hecho de que la información la solicitaba al director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca, por ser la autoridad retenedora del importe de las cuotas sindicales. Aunado a que tampoco se advierte que haya anexado alguna constancia al escrito de petición que pueda generar la presunción de que formuló la solicitud de información en su calidad de afiliado al STPEIDCEO. En virtud de ello, son inoperantes los conceptos de violación, en la parte en que el quejoso aduce que la autoridad responsable desconoció su calidad de trabajador afiliado al sindicato del que solicitó información, pues tal argumento no se encuentra corroborado, ni de manera indiciaria, con alguna prueba que haya exhibido ante la responsable; incluso, en su escrito ni siquiera hizo alguna referencia a su condición de trabajador. Sin que pueda tomarse en consideración la copia de la credencial expedida a su favor por el Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca, que exhibió en este juicio para acreditar su calidad de afiliado -foja 94-, dado que dicha constancia no fue ofrecida ante la autoridad responsable al momento de presentar su escrito de petición y, en esa medida, el acto reclamado no podría analizarse con base en esa constancia, pues al emitir la respuesta impugnada la responsable no tuvo acceso a la prueba documental del quejoso. Considerar lo contrario implicaría perfeccionar la petición del promovente, lo cual no es acorde a la naturaleza y finalidad del juicio de amparo. Se invoca al respecto la tesis I.8o.C.19 K (10a.) sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "PRUEBAS EN EL AMPARO, NO RENDIDAS ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. ALCANCE DE LA EXCEPCIÓN QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE AMPARO. Sin que pase desapercibido que el quejoso alegue que la responsable tiene conocimiento de su calidad de trabajador afiliado al sindicato del que solicitó información, por el hecho de que le realiza de manera quincenal los descuentos por conceptos de cuotas sindicales y las entera al STPEIDCEO, por lo que no debió desconocer ese carácter. No obstante, como se señaló, el promovente formuló su petición en su calidad de gobernado, en ejercicio del derecho consagrado en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no en su carácter de trabajador afiliado al Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca; y en ese sentido, la responsable cumplió con su obligación de contestar de manera congruente y completa con lo solicitado por el quejoso. Aspecto que quedó establecido en el juicio de amparo 1010/2021 de este juzgado, en donde se concluyó que la respuesta del director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca fue emitida de manera fundada y motivada, acorde con la solicitud del quejoso. Sirve de apoyo la tesis XXI.2o.18 K del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO SE SUSTENTAN EN PRUEBAS NO RENDIDAS EN LA CONTROVERSIA NATURAL. Deben considerarse inoperantes los conceptos de violación que se hacen valer, cuando los argumentos expresados en ellos no se encuentran corroborados con las constancias existentes en el juicio de origen; pues en términos del artículo 78, primer párrafo, de la Ley de Amparo únicamente se tomarán en cuenta las pruebas que se hubiesen rendido ante la autoridad responsable y que fueron objeto de la resolución reclamada, porque ésta se apreciará tal como aparezca probada en el proceso respectivo." Por lo expuesto, de conformidad con el artículo 75, párrafo primero, de la Ley de Amparo, el análisis del acto reclamado se efectuará bajo la óptica del derecho de petición de la parte quejosa, en relación con el derecho de acceso a la información, pues fue en esos términos en que formuló la solicitud de treinta de julio de dos mil veintiuno. Ahora, en el oficio reclamado la autoridad responsable determinó, respecto a los nueve puntos del escrito de petición, relacionados con información sobre el importe de las cuotas sindicales de los trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (STPEIDCEO), que se encuentra imposibilitada para proporcionar esa información, toda vez que las cuotas sindicales forman parte del patrimonio del sindicato y su divulgación implicaría una afectación injustificada de la vida privada de dicha persona del derecho social y, a su vez, una intromisión arbitraria a la libertad sindical, por implicar una invasión a la facultad que tiene el sindicato de decidir o no, dar a conocer parte de su patrimonio a terceros, de conformidad con lo establecido en los artículos 3° y 8° del Convenio número 87, relativo a la Libertad Sindical y a la Protección al Derecho Sindical. Al respecto, es preciso establecer que de acuerdo al criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el derecho a la información implica la obligación del Estado de difundir y garantizar que las entidades de cualquier índole brinden a todo individuo la posibilidad de conocer aquella información que, incorporada a un mensaje, tenga un carácter público y sea de interés general, es decir, todos los datos, hechos, noticias, opiniones e ideas que puedan ser difundidos, recibidos, investigados, acopiados, almacenados, procesados o sistematizados por cualquier medio, instrumento o sistema. Respecto a la información pública, el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución. (.)" Por su parte, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca prevé, en lo sustancial, lo siguiente: "Ley de Transparencia y Acceso a La Información Pública para el Estado de Oaxaca. Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en todo el Estado. Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal. Todos los plazos establecidos en días en la presente Ley, se entenderá que se refieren a días hábiles, exceptuándose de este precepto los que específicamente se establezcan en días naturales. Artículo 2. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información; así como la obligación de los sujetos obligados de divulgar de manera proactiva, la información pública, las obligaciones de transparencia y en general toda aquella información que se considere de interés público. Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de cualquier sujeto obligado o autoridad, es pública, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Oaxaca, la Ley General, Ley Federal y la presente ley, excepto aquella que sea considerada como reservada y confidencial. Artículo 3. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y la presente Ley. En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan el Instituto, los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia." Como se aprecia de los numerales transcritos, el concepto de información pública comprende todos los datos que se encuentren en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo federal, estatal y municipal, por lo cual dicha información es susceptible, en principio, de divulgarse a terceros en los términos previstos por el legislador en dicho ordenamiento legal. Sin embargo, para que sea posible catalogar como "información pública" al conjunto de datos provenientes de particulares, no basta que aquélla se encuentre en posesión de los poderes públicos, sino que es necesario que tal información de particulares haya sido recabada por las autoridades del Estado en ejercicio de funciones de derecho público, considerando que en este ámbito de actuación rige la obligación de aquéllos de rendir cuentas y transparentar sus acciones frente a la sociedad. En relación con las cuotas sindicales, es importante destacar que los artículos 110, fracción VI, 132, fracción XXII, 359, 371, fracción XII, y 377 de la Ley Federal del Trabajo prevén lo siguiente: "Artículo 110.- Los descuentos en los salarios de los trabajadores, están prohibidos salvo en los casos y con los requisitos siguientes: VI. Pago de las cuotas sindicales ordinarias previstas en los estatutos de los sindicatos." "Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones: XXII.- Hacer las deducciones que soliciten los sindicatos de las cuotas sindicales ordinarias, siempre que se compruebe que son las previstas en el artículo 110, fracción VI;" "Artículo 359.- Los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades y formular su programa de acción." "Artículo 371. Los estatutos de los sindicatos contendrán: XI. Normas para la administración, adquisición y disposición de los bienes, patrimonio del sindicato; XII. Forma de pago y monto de las cuotas sindicales;" De lo anterior se aprecia que el sindicato, como persona jurídica de derecho social, tiene derecho a poseer un patrimonio, el cual se conforma, entre otros recursos, por las aportaciones de sus socios denominadas cuotas sindicales, cuyas características se determinan en el estatuto sindical. Además, que es una obligación a cargo del patrón, hacer las deducciones que soliciten los sindicatos de las cuotas sindicales ordinarias. Por tanto, el monto al que ascienden las cuotas sindicales que aportan los trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (STPEIDCEO), no constituye información pública, tomando en cuenta que dicha cantidad forma parte del haber patrimonial perteneciente a una persona jurídica de derecho social y un dato que si bien está en posesión de una autoridad del orden estatal, se ha obtenido por causa del ejercicio de funciones ajenas al derecho público, ya que tal información está en poder de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca, por virtud del carácter de patrón que tiene frente a los trabajadores de los poderes del Estado, a través de la obligación de retener mensualmente las cuotas sindicales que aportan los trabajadores para posteriormente enterarlas al sindicato, impuesta por el artículo 132, fracción XXII, de la Ley Federal del Trabajo; por ello, no existe obligación a cargo de la autoridad responsable de dar a conocer esos datos a los gobernados, siendo que en el ámbito laboral no rige esa obligación a cargo del patrón de rendir cuentas y transparentar acciones frente a la sociedad. De ahí que, si en el caso, el quejoso, en su calidad de gobernado y en ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicitó información respecto al monto al que ascienden las cuotas sindicales que aportan los trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (STPEIDCEO), fue apegado a derecho que la autoridad responsable negara el acceso a dichos datos, en la medida en que no constituyen información pública. Máxime que, como lo determinó correctamente la responsable en el oficio impugnado, la divulgación de la información relativa al monto de las cuotas sindicales implicaría una afectación injustificada de la vida privada de dicha persona del derecho social y, a su vez, una intromisión arbitraria a la libertad sindical, por implicar una invasión a la facultad que tiene el sindicato de decidir si da o no a conocer parte de su patrimonio a terceros, lo que está protegido por los artículos 3 y 8 del Convenio Número 87, relativo a la Libertad Sindical y a la Protección al Derecho Sindical, que establecen lo siguiente: "Artículo 3 1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción. 2. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. Artículo 8 1. Al ejercer los derechos que se les reconocen en el presente Convenio, los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones respectivas están obligados, lo mismo que las demás personas o las colectividades organizadas, a respetar la legalidad. 2. La legislación nacional no menoscabará ni será aplicada de suerte que menoscabe las garantías previstas por el presente Convenio." Acorde a lo anterior, si el director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca divulga la información sobre el monto de las cuotas sindicales, se atentaría contra la libertad y la privacidad de dicha persona jurídica de derecho social, que implica, entre otros aspectos, el derecho de los trabajadores a organizar su administración y actividades sin injerencia alguna de las autoridades públicas. Además, lo anterior es acorde con el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales debe ser protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. En el entendido que, en el caso, no se advierte la existencia de alguna excepción a esa disposición. En consecuencia, como se adelantó, son infundados los conceptos de violación formulados por el quejoso, en la parte relativa a la obligación de la autoridad responsable de proporcionarle información respecto al monto al que ascienden las cuotas sindicales que aportan los trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (STPEIDCEO). Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 118/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INFORMACIÓN PÚBLICA. EL MONTO ANUAL DE LAS CUOTAS SINDICALES DE LOS TRABAJADORES DE PETRÓLEOS MEXICANOS NO CONSTITUYE UN DATO QUE DEBA DARSE A CONOCER A LOS TERCEROS QUE LO SOLICITEN. Teniendo en cuenta que la información pública es el conjunto de datos de autoridades o particulares en posesión de los poderes constituidos del Estado, obtenidos en ejercicio de funciones de derecho público y considerando que en este ámbito de actuación rige la obligación de aquéllos de rendir cuentas y transparentar sus acciones frente a la sociedad, en términos del artículo 6o., fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 1, 2, 4 y 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es indudable que el monto total al que ascienden las cuotas sindicales aportadas anualmente por los trabajadores de Petróleos Mexicanos no constituye información pública que, sin la autorización del sindicato, deba darse a conocer a los terceros que lo soliciten, ya que constituye un haber patrimonial perteneciente a una persona jurídica de derecho social (sindicato) y un dato que, si bien está en posesión de una entidad gubernamental (Petróleos Mexicanos), se obtiene por causa del ejercicio de funciones ajenas al derecho público, ya que tal información está en poder de dicho organismo descentralizado por virtud del carácter de patrón que tiene frente a sus empleados, a través de la obligación de retener mensualmente las cuotas sindicales aportadas para enterarlas al sindicato, impuesta por el artículo 132, fracción XXII, de la Ley Federal del Trabajo, siendo que en el ámbito laboral no rige esa obligación a cargo del patrón de rendir cuentas y transparentar acciones frente a la sociedad. Máxime que el monto de las cuotas sindicales forma parte del patrimonio del sindicato y su divulgación importaría, por un lado, una afectación injustificada a la vida privada de dicha persona de derecho social, lo que está protegido por los artículos 6o., fracción II, y 16 constitucionales, por otro lado, una intromisión arbitraria a la libertad sindical, por implicar una invasión a la facultad que tiene el sindicato de decidir si da o no a conocer parte de su patrimonio a terceros, lo que está protegido por los artículos 3o. y 8o. del Convenio número 87, relativo a la Libertad Sindical y a la Protección al Derecho Sindical". Criterio que fue invocado por la parte quejosa en la demanda de amparo; sin embargo, de acuerdo a las consideraciones de esta sentencia, la tesis no beneficia su pretensión, ni interpretada en sentido contrario, como lo refiere. Por lo expuesto y fundado, al resultar, por una parte, inoperantes e infundados, por otra, los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, y no habiendo suplencia de la queja que hacer valer, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por Heriberto Hedy Matadamas Vargas, por propio derecho, contra el acto reclamado al director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca, consistente en el oficio SA/SUBDCGPRH/DRH/DLAC/0572/2022, de dieciocho de abril de dos mil veintidós, mediante el cual dio respuesta al escrito de petición de treinta de julio de dos mil veintiuno, presentado el dos de agosto siguiente. OCTAVO. Oposición a la publicación de datos personales. Como la parte quejosa se opuso a la publicación de sus datos personales, será considerada tal circunstancia para el caso de que algún interesado requiera información de este expediente, mediante el procedimiento respectivo; además, se ordena realizar la versión pública de la presente sentencia, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73 y 74, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Heriberto Hedy Matadamas Vargas, contra el acto reclamado al director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca, consistente en el oficio SA/SUBDCGPRH/DRH/DLAC/0572/2022 de dieciocho de abril de dos mil veintidós; por las consideraciones y fundamentos expuestos en el considerando séptimo de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe; hoy, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado.
- Principal
PRAL.612/2022.MESA-5 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos del diez de agosto de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas en acuerdo de veintisiete de julio de este año -foja 90-, para celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 612/2022, la licenciada Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de once de julio de dos mil veintidós, comunicado por la secretaria Técnica de la Comisión Permanente mediante oficio número CCJ/ST/2918/2022, de la misma fecha, asistida de la secretaria Julissa Nohemí Pérez Salinas, quien da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo la declara abierta, sin asistencia de las partes. Enseguida, la secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que destacan a) la demanda de amparo promovida por Heriberto Hedy Matadamas Vargas, por propio derecho, b) el auto de radicación de veintiséis de mayo de este año, c) el informe justificado de la autoridad responsable y d) la constancia de emplazamiento de la parte tercera interesada. A continuación, se da cuenta con el escrito firmado electrónicamente por el quejoso Heriberto Hedy Matadamas Vargas; promoción registrada con folio de recepción 10714, mediante la cual exhibe copia de la credencial expedida a su favor por el Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca, manifestando, bajo protesta de decir verdad, que la constancia digitalizada es copia íntegra e inalterada del documento impreso; ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, fracción VI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, se hace constar que no existe promoción pendiente por acordar y que tanto la autoridad responsable como la parte quejosa se opusieron a la publicación de sus datos personales. A lo anterior, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede. II. Por lo que hace a la documental ofrecida con el escrito de cuenta, recíbase en la fase correspondiente de esta sentencia. III. Por cuanto a que la autoridad responsable y la parte quejosa se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. Posteriormente, se declara abierto el periodo probatorio, en el cual la secretaria hace constar que las partes exhibieron las siguientes documentales: Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca (autoridad responsable). Copia simple del acuse del oficio 14393/2022 de veintiséis de mayo de este año, derivado del juicio de amparo 1010/2021 de la mesa siete de este Juzgado -foja 55-. Copia certificada del: Escrito de petición de treinta de julio de dos mil veintiuno, firmado por el quejoso Heriberto Hedy Matadamas Vargas, con sello de recepción de dos de agosto del mismo año -fojas 65 a 67-. Oficio 4461/2022 con transcripción de la sentencia emitida en el juicio de amparo 1010/2021 de este juzgado -fojas 68 a 72-. Oficio con terminación 0572/2022 de dieciocho de abril de dos mil veintidós, suscrito por la autoridad señalada como responsable y dirigido al quejoso -fojas 73 a 78-. Parte quejosa. Copia de la credencial expedida a su favor por el Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca. Al respecto, se acuerda: se admiten las documentales descritas y se tienen por desahogadas, en razón de su especial naturaleza, para ser valoradas al momento de dictar sentencia. No habiendo prueba pendiente por admitir o desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. A continuación, se ordena pasar a la etapa de alegatos, en la cual la secretaria hace constar que ninguna parte procesal hizo uso de ese derecho; por lo cual, se cierra esta etapa. Con lo anterior se da por concluida la audiencia y se procede a dictar la resolución correspondiente. Lic. Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes. Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de once de julio de dos mil veintidós, comunicado por la secretaria Técnica de la Comisión Permanente mediante oficio número CCJ/ST/2918/2022, de la misma fecha. Lic. Julissa Nohemí Pérez Salinas. Secretaria de Juzgado
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