Heriberto Ontiveros Olivo
Expediente 745/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 745/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 28/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Heriberto Ontiveros Olivo
- Heriberto Ontiveros Olivo y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, en el cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Ya que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ********. Doy fe.
- Principal
Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte tercero interesada de la resolución de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete que dice: SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete. Visto para resolver el juicio de amparo 745/2017-V, promovido por *******. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en ciudad Juárez, el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, turnado el veinticuatro siguiente a este juzgado, ******* demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, en su denominación correcta, a quien reclamó la resolución emitida el dos de agosto de dos mil diecisiete, relativa a la audiencia de revisión de medidas cautelares, en la que se decretó la suspensión del cómputo de la prisión preventiva, en términos del ordinal 184, fracción III, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, dentro de la causa penal *******. SEGUNDO. Derechos humanos que se estimaron vulnerados. La parte quejosa señaló como derechos humanos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda de amparo. En proveído de veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, se admitió a trámite el juicio de amparo 745/2017-V; se solicitó informe con justificación a la autoridad responsable; asimismo, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente. Igualmente, atendiendo a las documentales que obran en el informe justificado rendido por la responsable, el ocho y doce de septiembre del presente año, se ordenó el emplazamiento a la parte tercero interesada *******, en su carácter de representante legal del menor *******, y las agentes del Ministerio Público adscritas a la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía General del Estado, Zona Norte, por último, se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la que se efectuó al tenor del acta que antecede. Considerando PRIMERO. Competencia legal. El Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que las autoridades a quienes se señala como responsables del acto reclamado, tienen su residencia en la jurisdicción territorial de este Tribunal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del análisis de la demanda, así como de las constancias que integran este juicio, se deduce que el impetrante reclama: La resolución emitida el dos de agosto de dos mil diecisiete, relativa a la audiencia de revisión de medidas cautelares, en la que se decretó la suspensión del cómputo de la prisión preventiva, en términos del ordinal 184, fracción III, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, dentro de la causa penal *******. Para la fijación de los actos, se atiende al contenido de la jurisprudencia VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIX, de abril de 2004, página 255, registro 181810, del texto: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir informe justificado el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos aceptó la existencia del acto que le fe atribuido, consistente en el fallo dictado el dos de agosto de dos mil diecisiete, en la audiencia de revisión de medidas cautelares, relativo a que se decretó la suspensión del cómputo de la prisión preventiva, en términos del ordinal 184, fracción III, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, dentro de la causa penal *******; lo que se corrobora con la copia certificada que remitió para justificarlo; documental y el disco óptico a los que se les reconoce pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de ahí que debe tenerse por cierta la existencia del acto reclamado. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Análisis causas de improcedencia del juicio de amparo. Previamente al estudio del fondo del asunto, este Tribunal Federal debe analizar, lo aleguen o no las partes, si en el caso se actualiza alguna de las causas de improcedencia del juicio de garantías, toda vez que constituyen una cuestión de orden público y estudio preferente, y además, porque así lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, el suscrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Para ello, es necesario señalar que el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, señala: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; Del artículo anterior, se advierte que los requisitos para que se actualice la causa de improcedencia en comento son: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que se pronuncie una resolución procesal que venga a cambiar la situación jurídica en que se encontraba el asunto en virtud del acto reclamado; c) Que en virtud de esa nueva determinación sobrevenida se genere una situación en la cual no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio constitucional; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. De lo antes transcrito se advierte que el cambio de situación jurídica sólo es dable en procedimientos judiciales o administrativos seguidos en forma de juicio, con la salvedad establecida en el párrafo segundo, de la fracción y numeral citados, (cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 Constitucionales, en los cuales, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones), en cuya hipótesis no se encuentra el presente asunto; y no se trata de cualquier cambio de situación jurídica, sino únicamente el derivado de los diferentes estadios en los que se divide el procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio; es decir, esta causal de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica, por el dictado de un acto posterior al reclamado, que por su existencia o validez, goza de autonomía frente al anterior, de modo que puede subsistir con independencia de que el combatido en el juicio de garantías pudiera ser ilegal, de modo tal, que impide examinar las violaciones alegadas respecto al acto que se reclama, pues de hacerlo se afectaría la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido. Ahora bien, de las copias certificadas relativas a la causa penal ******* y un disco versátil digital (DVD), que remitió el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, las cuales fueron valoradas en párrafos anteriores, se advierte: 1. El siete de abril de dos mil diecisiete, se llevó a cabo audiencia intermedia en el proceso penal *******, dictándose auto de apertura a juicio oral y declarando que el tribunal competente es el Tribunal de Enjuiciamiento de lo Penal del Distrito Judicial Bravos (fojas 19 a 21). 2. El dos de agosto de dos mil diecisiete, a solicitud de la agente del Ministerio Público, el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 184, fracción III, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, resolvió suspender el cómputo del plazo de la prisión preventiva (dos de agosto de dos mil quince al dos de agosto de dos mil diecisiete (sic)) impuesta al quejoso *******, esto a partir del siete de abril del mismo año, fecha en la que se dictó el auto de apertura a juicio oral; pues en contra de ésta última determinación, el veinticinco del mismo mes y año, el defensor particular del quejoso interpuso recurso de apelación sin que a la fecha en que se celebró la audiencia para resolver sobre la suspensión del cómputo de la prisión preventiva hubiera tenido conocimiento de lo resuelto por el Tribunal de Alzada (fojas 22 a 34). 3. El siete de agosto de dos mil diecisiete, el Magistrado de la Tercera Sala Penal Regional, al resolver el toca penal *******, confirmó el auto apelado de siete de abril de dos mil diecisiete, dictado en la causa penal *******; y el ocho siguiente, el Juez de Control ordenó continuar con el trámite del auto de apertura y ordenó remitir el expediente al Tribunal de Enjuiciamiento para su radicación (fojas 37 a 75 y 113). 4. El nueve de agosto de dos mil diecisiete, el defensor particular del quejoso, presentó escrito en el que solicitó se fijara fecha para audiencia a fin de debatir el levantamiento de la suspensión del cómputo de la prisión preventiva (fojas 76). 5. El veintidós de agosto de dos diecisiete, el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, determinó su incompetencia para resolver la petición de la defensa, pues con motivo del auto de apertura a juicio, el expediente fue remitido al Tribunal de Enjuiciamiento Oral (fojas 78 y 80). De manera primigenia, cabe acotar que por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 se reformaron, entre otros, los artículos 16 a 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se introdujo en el orden jurídico nacional el sistema procesal penal acusatorio y oral, regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación; dicho modelo de enjuiciamiento se basa en una metodología de audiencias, cuyos ejes rectores se establecen en el artículo 20 de la Constitución Federal y se caracteriza por la independencia de las etapas que lo integran, en las que un diverso juzgador las conduce y en cada una de ellas ya no puede considerarse lo desahogado en una previa. Precisado lo anterior, debe concluirse que ha operado un cambio en la situación jurídica del quejoso respecto de la declaración emitida por el Juez de Control el dos de agosto de dos mil diecisiete, en la que ordenó la suspensión del cómputo de la prisión preventiva; ello es así porque, el ocho de agosto del mismo año, se ordenó remitir el expediente al Tribunal de Enjuiciamiento, con motivo del auto de apertura a juicio oral decretado el siete de abril del año que transcurre. En efecto, el numeral 318 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, estatuye: 318. Fecha, lugar, integración y citaciones. El Juez de Garantía hará llegar la resolución de apertura del juicio al Tribunal Unitario competente, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a que cause ejecutoria. También pondrá a su disposición a las personas sometidas a prisión preventiva u otras medidas cautelares personales. Transcurrido el plazo de cinco días hábiles contados a partir de la recepción del auto de apertura, si el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia no ejerce la atribución prevista en el artículo 50, fracción VII, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el Tribunal Unitario procederá, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a radicar el proceso. En Caso de que por disposición del Pleno, sea un Tribunal Colegiado el que deba resolver, el Tribunal Unitario pondrá a su disposición a las personas sometidas a prisión preventiva u otras medidas cautelares personales. Una vez radicado el proceso ante el Tribunal de Juicio Oral, el Juez o quien lo presida decretará la fecha para la celebración de la audiencia de debate, la que deberá tener lugar no antes de quince ni después de sesenta días naturales desde dicha radicación y ordenará la citación de todos los obligados a asistir. El acusado deberá ser citado, por lo menos, con siete días de anticipación al comienzo de la audiencia. En caso de ser un Tribunal Colegiado, Indicará también el nombre de los jueces que integran el Tribunal. De este modo, el propósito fundamental del numeral en estudio, es que el Juez de Control (antes Juez de Garantía), haga llegar la resolución de apertura del juicio al Tribunal competente, y ponga a su disposición a las personas sometidas a prisión preventiva u otras medidas cautelares personales, quien a su vez radicara el proceso y fijara fecha para la audiencia de debate. Por lo que el auto de apertura a juicio oral implica que se han emitido los actos que preparan la celebración del juicio, con lo que concluye la etapa intermedia, así como la competencia del Juez de Control; mientras que el Tribunal de Enjuiciamiento se ve obligado a sustanciar el proceso y a pronunciarse sobre la imposición de la pena en relación con los hechos deducidos por las acusaciones, además de resolver las cuestiones que se presenten inherentes al enjuiciado. Lo anterior es así, pues el artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, establece: 98. Corresponde a los tribunales de enjuiciamiento en materia penal: I. Conocer y juzgar los procesos sometidos a su conocimiento. II. Resolver todas las cuestiones que se presenten durante el juicio. III. Dictar sentencia con base en las pruebas presentadas durante la audiencia de juicio. IV. Las demás facultades que les otorgue la ley. Así, el contenido del ordinal 98 del Código Adjetivo Penal Estatal, otorga facultades a los Tribunales de Enjuiciamiento en Materia Penal, a fin de que, entre otros, resuelvan todas las cuestiones que se presenten durante el juicio, incluso, resolver sobre las peticiones relativas a la prisión preventiva que guarda el aquí quejoso. En base a lo expuesto, lo resuelto por el Juez de Control el dos de agosto de dos mil diecisiete, quedó irreparablemente consumado desde el momento en que ordenó remitir el expediente al Tribunal de Enjuiciamiento con motivo del auto de apertura a juicio oral, pues aquel no podría decidir sobre dichas violaciones, ya que es incuestionable que la situación jurídica del quejoso ha cambiado, al encontrarse sometido a la potestad del órgano jurisdiccional que tiene a su cargo la etapa de juicio. Por lo cual, en el juicio biinstancial no puede analizarse la constitucionalidad de tales actos sin afectar la situación jurídica generada por la determinación de aperturar el juicio oral; máxime si se toma en consideración que el nueve de agosto de dos mil diecisiete, fecha posterior a la cual el Juez de Control resolvió sobre la suspensión de la prisión preventiva (dos de agosto de dos mil diecisiete), el defensor particular del justiciable solicitó se fijara audiencia para debatir el levantamiento de dicha suspensión, por lo que el veintidós del mismo mes y año, se resolvió sobre la incompetencia del Juez de Control para fallar sobre dicha petición, al estar el aquí quejoso a disposición del Tribunal de Enjuiciamiento. Por las razones que informa se cita la tesis II.2o.P.44 P (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de la Décima Época, registro 2013315, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II, Materia Común, página 1702, del rubro y texto: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADA DE LA SECUENCIACIÓN DE ETAPAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO, CON INDEPENDENCIA DE LA CONDICIÓN QUE GUARDE EL QUEJOSO EN CUANTO A SU LIBERTAD PERSONAL. Dada la naturaleza del procedimiento de tipo acusatorio seguido en México, para los efectos del amparo, la expresión "cambio de situación jurídica" no puede entenderse sólo desde la perspectiva de la condición del sujeto a quien se inicia un procedimiento penal (sujeto pasivo de la relación jurídico procesal en materia penal), esto es, dependiendo únicamente del carácter de indiciado, imputado, procesado o acusado, como otrora se aducía conforme al procedimiento tradicional, sino que también resulta del ineludible reconocimiento de la sustitución y secuenciación de los actos o etapas procesales del nuevo sistema, en sí mismas y con independencia de la condición que guarde el quejoso en cuanto a su libertad personal, pues la continuidad de las etapas del proceso actual no depende sólo de ello. Por tanto, si se transita de una fase de investigación no judicializada a una judicializada, como efecto del ejercicio de la acción procesal penal, es claro que los actos atribuidos a la autoridad ministerial quedan consumados formal e irreparablemente para los efectos del amparo, en virtud del cambio de la condición jurídica de las fases procesales subsecuentes. Dado el sentido que rige la presente ejecutoria de amparo, este juzgador se encuentra imposibilitado para analizar los conceptos de violación, en atención a que el sobreseimiento, impide el estudio del fondo de la litis constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número VI, 1º.J/23, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 252 del Tomo XXII- XXIV, Octubre- Diciembre de 1989, correspondiente a la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por *******, contra la autoridad responsable y acto reclamado precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta determinación. Notifíquese personalmente.- Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hasta el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, fecha en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; once de octubre de dos mil diecisiete. Súmense a los autos el oficio y anexo de cuenta, con lo cual, la Juez Coordinadora del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos remite a este juzgado la constancia la constancia de notificación realizada a las agentes del Ministerio Público adscritas a la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía General del Estado, Zona Norte, XXXX, en su carácter de tercero interesadas. Lo anterior, de conformidad con el artículo 27 fracción III inciso b de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado XXXX, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada XXXX Doy fe.GMA
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, se advierte que no obra en autos el audio y video de la audiencia celebrada el dos de agosto de dos mil diecisiete, así como el auto de ocho de agosto del presente año, en el que refiere el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, ordenó la reanudación del cómputo de la medida cautelar de prisión preventiva. Consecuentemente, de conformidad con el artículo 75 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se requiere a la citada autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días computados legalmente, remita a este juzgado dichas constancias, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, de conformidad con el artículo 237 fracción I, relacionado con el artículo 259 de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa de cien unidades de medida de actualización, previstas en el ordinal 26 de la Carta Magna. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado XXXX, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada XXXX. Doy fe.
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