Herlinda Caraveo Villalba
Expediente 615/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 615/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Herlinda Caraveo Villalba
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de octubre de dos mil veintiuno. Declaratoria de ejecutoria Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto del acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Asimismo, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese por lista y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
SentenciaCiudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Visto para resolver, el juicio de amparo 615/2021-IV, promovido por *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en este Juzgado el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, *******, promovió juicio de amparo contra los actos y autoridades señalados en el considerando segundo de esta sentencia. Segundo. Derechos que la quejosa estimó vulnerados. La quejosa estimó vulnerados en su contra los derechos previstos en los artículos 8, 14 y 16 Constitucionales, así como 7.4, 7.5, 7.6 y 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Tercero. Tramitación y admisión de la demanda. En auto de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, se admitió la demanda a trámite, se requirió su informe justificado a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, , 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues se reclaman omisiones dentro de una carpeta de investigación que se tramita en el territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, tomando en cuenta la totalidad de las constancias que integran el presente juicio, se precisa que la quejosa reclamó lo siguiente, de las autoridades que señaló como responsables: El retardo en que se ha incurrido, en la carpeta de investigación *******, cuya integración, al momento en que se promovió la demanda de amparo, llevaba aproximadamente dos años, sin que se haya desahogado la prueba pericial en grafoscopía, que es necesaria, pues los hechos denunciados son probablemente constitutivos del delito de falsificación de documentos. Tercero. Inexistencia. En su informe justificado el Perito Coordinador en la Zona Norte, de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, en esta ciudad, manifestó que es cierto el acto reclamado. Por su parte, la agente del Ministerio Público adscrita a la Coordinación Regional de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en ausencia del Fiscal de Distrito Zona Norte, Coordinador y agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de los Delitos de Peligro, Contra la Paz y la Seguridad de las Personas y la Fe Pública, todas con residencia en esta ciudad, en su informe justificado, manifestaron que no es cierto el acto reclamado, esencialmente, debido a que a partir del diecisiete de septiembre de dos mil veinte, se realizaron actuaciones para designar un perito en grafoscopía, lo cual se logró, como se expondrá en el considerando correspondiente. Sin embargo, la negativa de dichas autoridades se desvirtúa, pues la demanda de amparo fue promovida el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, fecha en la cual se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, cuando la omisión subsistía. Por lo tanto, se tiene como existente la omisión reclamada. Cuarto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En este caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; Dicho precepto, prevé el principio de definitividad que opera en el juicio de amparo, conforme al cual, éste es improcedente cuando en contra del acto reclamado, proceda algún recurso o medio de defensa, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, esto, con los requisitos y salvedades precisadas en dicho numeral. Al respecto, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone lo siguiente: Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno. Conforme a dicha norma, las determinaciones del Ministerio Público, sobre la abstención de investigar, pueden ser impugnadas por la víctima, ante el Juez de control, en los términos y condiciones ahí indicados; al respecto, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir la controversia, en definitiva, sin admitir recurso ordinario alguno. Sobre lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, emitió la jurisprudencia 28/2018, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 943, materias Común y Penal, Décima Época, con registro digital 2017640, que dispone lo siguiente: SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad. El subrayado es nuestro. Asimismo, la propia Primera Sala, al resolver la contradicción de tesis indicada, emitió la jurisprudencia 27/2018, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 945, materia Penal, Décima Época, registro digital 2017641, que dispone lo siguiente: SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. El subrayado es nuestro. Por lo tanto, si en el caso, la quejosa tiene el carácter de víctima en la carpeta de investigación *******, quien bajo protesta de decir verdad, relató los siguientes antecedentes: Que el siete de febrero de dos mil dieciocho, presentó denuncia en contra de ******* y *******, por el delito de falsificación o alteración y uso indebido de documentos; esto, ente la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua, Zona Norte, Unidad Especializada en Delitos contra la Paz y la Seguridad de las personas, Que el siete de febrero de dos mil dieciocho, se inició la carpeta de investigación *******, que a la postre se asignó a la agente del Ministerio Público licenciada *******, adscrita a la mencionada Unidad, a quien el veinte de septiembre del mismo año, se le solicitó el desahogo de una prueba pericial en grafoscopía, por ser la prueba idónea para demostrar que la firma que aparece como estampada por ella, en la escritura pública *******, volumen *******, de tres de noviembre de dos mil cinco, en la Notaría Pública número *******, en *******, *******, es falsa. Sin que, aduce, hasta la fecha en que se promovió la demanda de amparo, se haya proveído lo necesario para el desahogo de dicha prueba, ni mucho menos, se haya desahogado. Omisión reclamada que resultó cierta, entonces, conforme al artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo y las de jurisprudencia por contradicción de tesis 27/2018 y 28/2018, citadas, de aplicación observancia obligatoria para este Juzgado conforme al artículo 217 de la Ley de la materia, la quejosa debe agotar el recurso ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo tanto, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve:Único. Se sobresee en este juicio de amparo, promovido por *******, en contra de la autoridad y acto reclamado precisados en el considerando segundo.Notifíquese en lista y por oficio a la autoridad responsable.Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Informe justificado Agréguense a los autos, para que obren como legalmente correspondan el informe justificado y anexos que rinden de forma conjunta el Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Zona Norte, Coordinador de la Unidad Especializada de Delitos de Peligro contra la Paz y la Seguridad de las Personas y la Fe Pública y la Licenciada ***, adscrita a la Unidad Especializada en Delitos de Peligro contra la Paz y la Seguridad de las Personas y la Fe Pública, todos con residencia en esta ciudad; con el contenido del informe en mención y de la documental que se recibe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Domicilio y delegados De conformidad con los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, se tiene a las autoridades oficiantes, designando como delegado a las personas que indican y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, el lugar que precisan. Notifíquese por lista. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.YMR/MJHC
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de septiembre de dos mil veintiuno. Informe justificado Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad Perito Coordinador en la Zona Norte de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, en esta ciudad, tal como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención y de la documental que se recibe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Domicilio y delegados De conformidad con los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad oficiante, designando como delegado a la persona que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones. Notifíquese por lista. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
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