Heidi del Carmen Canudas González

Expediente 2383/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 64 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2383/2022
Año
2022
Actuaciones
64
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Heidi del Carmen Canudas González
  • Juan Bautista Herrera Zapata
  • Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
  • Juan Bautista Herrera Zapata y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 64.

  1. Principal

    VISTOS, para resolver el juicio de amparo número 2383/2022-VIII, que Heidi del Carmen Canudas González promovió contra actos que reclama del Juez Séptimo de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial en el Estado de Nuevo León y otra autoridad, por violación a los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito que se presentó el cinco de octubre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán y ante este juzgado al día siguiente, Heidi del Carmen Canudas González promovió juicio de amparo contra los actos que reclamó del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, Secretario de Gobernación, todos con residencia en la Ciudad de México; Juez Séptimo de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey; Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, Actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado y al Director de la Policía Municipal, ambos con residencia en Mérida, Yucatán. Segundo. Admisión de demanda. Por auto de seis de octubre de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y seguida la secuela del procedimiento, en su oportunidad se citó a las partes para la audiencia constitucional que tuvo verificativo conforme al acta que antecede; y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo aplicable, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; lo anterior, al reclamarse actos que tuvieron ejecución dentro del ámbito territorial donde este Juzgado ejerce su jurisdicción. Segundo. Precisión de actos. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es determinar cuáles son los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio de amparo. Así, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a reclamar: Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, Secretario de Gobernación, todos con residencia en la Ciudad de México: La expedición, promulgación y refrendo de los artículos 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1410, 1411, 1412, 1412 bis, 1412 bis 1, y 1414 del Código de Comercio, así como de los artículos 472, 473, 474, 475, 476, 477, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 488, 490, 491, 492, 493 y 494 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Del Juez Séptimo de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey y del Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, El emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 312/2017 del índice del Juzgado Séptimo de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León, y todo lo actuado en el mismo, como lo es el auto de exequendo, embargo sentencia y procedimiento de remate del predio ubicado en la Avenida Rejoyada, lote ciento nueve (109), Colonia Residencial La Rejoyada, Comisaría de Komchen, Mérida, Yucatán y el posible lanzamiento del inmueble. Del Actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado y al Director de la Policía Municipal, ambos con residencia en Mérida, Yucatán: La diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento; todas las notificaciones que se hubiesen realizado a su persona y la diligencia de un posible lanzamiento. Tercero. Sobresee por inexistencia del acto. El Director de la Policía Municipal de Mérida, Yucatán manifestó que no son ciertos los actos de ejecución que se le atribuyó; lo anterior sin prueba en contrario de la peticionaria del amparo. Bajo estas consideraciones, procede sobreseer en el juicio respecto de la autoridad citada en el presente apartado, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo Cuarto. Actos existentes. La Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Subdirector de Amparos y representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara Senadores del Congreso de la Unión, Director General de Procedimientos Constitucionales de la Secretaría de Gobernación, todos con residencia en la Ciudad de México; Juez Séptimo de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey; Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, y la Actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, autoridades señaladas como responsables en los presentes autos, manifestaron ser ciertos los actos que se les reclama dentro del ámbito de su competencia. Por lo tanto, se tienen por ciertos los actos reclamados. Quinto. Improcedencia respecto del acto reclamado al Secretario de Gobernación. Con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII y 108, fracción IIII, en relación con el 63, fracción V de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio respecto del Secretario de Gobernación de quien se reclama el refrendo de las normas generales impugnadas. Del contenido de los aludidos numerales se desprende con claridad que cuando se impugne una norma general la parte quejosa únicamente debe señalar a los titulares de los órganos de estado a quienes la Ley encomiende su promulgación, no así a los que hayan intervenido en el refrendo o en su publicación, salvo que se impugne por vicios propios. Supuestos que no se actualizan al caso concreto, toda vez que la parte quejosa reclama del Secretario de Gobernación, el refrendo de las normas generales también reclamadas, pero no por vicios propios. Motivo por el cual el juicio de amparo que promovió en contra del Secretario de Gobernación, resulta improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, lo que procede es sobreseer en el juicio respecto del Secretario de Gobernación. Sexto. Antecedentes del acto reclamado. De las constancias del expediente relativo al juicio extraordinario hipotecario número 312/2017 del índice del Juzgado Séptimo de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, que el titular remitió en apoyo a su informe, las cuales obran en los cuadernos auxiliares y que tienen el valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se destaca lo siguiente: Antonio Sandoval Quistiano promovió demanda en juicio ejecutivo mercantil en contra de Heidi del Carmen Canudas González; demanda que presentó con una copia de su identificación, el documento base de la acción y un traslado (fojas 1-4 cuaderno auxiliar). Mediante acuerdo de seis de abril de dos mil diecisiete se radicó la demanda en juicio ejecutivo mercantil; se ordenó el emplazamiento a juicio a la parte demandada mediante exhorto (fojas 5-9). El emplazamiento a juicio se verificó en términos de las constancias actuariales relativas (hojas 47 a 55, cuaderno auxiliar). El uno de marzo de dos mil dieciocho se declararon perdidos los derechos que la demandada Heidi del Carmen Canudas González pudo haber ejercitado y por el diverso de dos de mayo de dos mil dieciocho, se citó para sentencia (hojas 89-94). El cuatro de mayo de dos mil dieciocho se dictó la sentencia relativa en la que se declaró procedente el juicio ejecutivo mercantil por lo que se condenó a la parte demandada al pago de las prestaciones reclamadas (hojas 95-103). El veinticinco de junio de dos mil dieciocho causó ejecutoria la sentencia (hojas 105-106). Séptimo. Análisis de los conceptos de violación. No existiendo causa de improcedencia que hagan valer las partes respecto del emplazamiento reclamado, ni advirtiéndose de oficio alguna, se procede al análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en la demanda de amparo, mismos que por economía procesal se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no encontrarse este resolutor obligado a la transcripción de los mismos. En primer término es necesario realizar algunas precisiones respecto al emplazamiento a juicio el cual, por su naturaleza, así como trascendencia, debe ser cuidadosa y correctamente hecho, siendo los vicios de forma, de estudio ineludible por parte de la autoridad federal, debido a las consecuencias jurídicas que puede causar a quien defectuosamente fue llamado a juicio, o no lo fue, y que la falta o defecto en el emplazamiento, constituye una violación procesal grave, que anula las defensas de la demandada por la ignorancia del procedimiento instaurado en su contra. Es por ello que el estudio de la legalidad del emplazamiento debe hacerse conforme a lo dispuesto en las normas que rigen el acto que se estima en agravio del gobernado, pues entraña una formalidad esencial de los derechos humanos que salvaguarda el artículo 14 constitucional. A lo anterior cabe añadir que tratándose de la falta de emplazamiento a juicio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el derecho fundamental de audiencia, consagrado en el precepto 14 constitucional, obliga a todas las autoridades, sin excepción, antes de la emisión de un acto privativo, a seguir un juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, dentro de las que se encuentra la notificación de su inicio y que de no cumplirse se infringiría esa prerrogativa, cuya finalidad es precisamente evitar que el particular quede en indefensión. El criterio en mención se contiene en la jurisprudencia 47/95 del Pleno del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 133, Tomo II, Diciembre de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro electrónico 200234, con el rubro y texto siguientes: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga 'se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento'. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Con base en lo anterior, el estudio de la citación a juicio, puede realizarse a través de la suplencia de la queja deficiente; facultad que se otorga a los tribunales federales de amparo, que tienen como función procurar que no se violen derechos humanos con los actos que se reclamen en el juicio de amparo, lo que hace indudable la aplicación del artículo 79 de la Ley de Amparo. Sirve de orientación la jurisprudencia 2ª./J. 120/2015, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, página 663, registro 2009936, de rubro y texto siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SU PROCEDENCIA EN OTRAS MATERIAS, AUN A FALTA DE CONCEPTO DE VIOLACIÓN O AGRAVIO, CUANDO SE ADVIERTA VIOLACIÓN GRAVE Y MANIFIESTA DE LA LEY. La regulación establecida en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo faculta al juzgador de amparo para suplir la deficiencia de la queja en materias diversas a las que el propio numeral prevé, ante una irregularidad procesal grave y manifiesta en la controversia del amparo, no resuelta en el procedimiento de origen, que afecte al quejoso o recurrente, aun ante la ausencia de concepto de violación o agravio al respecto, ya que revela la intención del legislador de no permitir que una de las partes se beneficie a costa de la indefensión de su contraria, como consecuencia de una actuación ilegal de la autoridad, permitiendo al Juez ejercer un discernimiento en cada caso concreto, en atención a la materia y sujeto de que se trate, lo cual es congruente con el artículo 107, fracción II, antepenúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." También tiene aplicación al caso la tesis 1a. LXXIII/2015 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, página 1417, registro 2008557, del rubro y texto siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO). Del precepto citado deriva que la suplencia de la queja deficiente operará en las materias civil y administrativa cuando el tribunal de amparo advierta que ha habido contra el quejoso o recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa, por afectar sus derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al pronunciarse sobre el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, de redacción similar al 79 de la vigente, estimó que la frase "lo haya dejado sin defensa" no debe interpretarse literalmente, sino que debe entenderse en el sentido de que la autoridad responsable infringió determinadas normas, de forma que afectó sustancialmente al quejoso en su defensa. Asimismo, sostuvo que una "violación manifiesta de la ley" es la que se advierte obvia, que es innegable e indiscutible, y cuya existencia no puede derivarse de una serie de razonamientos y planteamientos cuestionables. Por otra parte, esta Primera Sala sostuvo que por "violación manifiesta de la ley que deje sin defensa", se entiende aquella actuación que haga notoria e indiscutible la vulneración a los derechos del quejoso, ya sea en forma directa, o bien, indirecta, mediante la transgresión a las normas procedimentales y sustantivas, y que rigen el acto reclamado; de ahí que dicha interpretación es aplicable al artículo 79 de la Ley de Amparo, ya que no se le opone, sino que es concordante. Conforme a lo anterior, los tribunales de amparo sólo están obligados a suplir la queja deficiente en las materias civil y administrativa cuando adviertan una violación evidente, esto es, clara, innegable, que afecte sustancialmente al quejoso en su defensa." De igual modo resulta aplicable la jurisprudencia número P./J. 149/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 22, Tomo XII, Diciembre de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 190656, que establece: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón." Realizada tal acotación, en el caso es fundado uno de los conceptos de violación y suficiente para conceder el amparo, atendiendo la causa de pedir y supliendo parcialmente su deficiencia. En la ampliación de la demanda se aduce que en la diligencia de emplazamiento el actuario no certificó los documentos con los cuales se corrió traslado, y que tampoco se le entregó copia del registro federal de contribuyentes, y de la clave única de registro de población De las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil 312/2017, del índice del Juzgado Séptimo de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, se advierte que el emplazamiento que se verificó resultó defectuoso por no realizarse en estricto apego a lo dispuesto en el Código de Comercio. En efecto, conforme lo ha determinado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1ª./ J. 22/2018 y 1ª./ J. 39/2020, con registros digitales 2017535 y 2022118, es formalidad esencial del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos adjuntos, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido solo cuando al realizar la certificación en el acta relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado y su omisión dará lugar a que el emplazamiento sea considerado ilegal. En el caso, basta la lectura de la diligencia de emplazamiento, para constatar que el actuario o notificador solo señaló: "(.)le hago entrega a mi informante de un juego de copias simples de la demanda y del documento base de la acción, junto con las cédula de notificación del auto de exequendo (.) Con lo que concluye la diligencia levantando al efecto la presente acta, que previa su lectura íntegra y en alta voz, no firma mi informante, ni tampoco la demandada presente por negarse hacerlo y no firma la parte actora y de la cual entrego copia para la parte demandada y para la actora (.)" Ahora, los artículos 1061, 1393 y 1394 del Código de Comercio, disponen: Artículo 1061. Al primer escrito se acompañarán precisamente: I. El poder que acredite la personalidad del que comparece en nombre de otro; II. El documento o documentos que acrediten el carácter con que el litigante se presente en juicio en el caso de tener representación legal de alguna persona o corporación o cuando el derecho que reclame provenga de habérsele transmitido por otra persona; III. Los documentos en que el actor funde su acción y aquellos en que el demandado funde sus excepciones. Si se tratare del actor, y carezca de algún documento, deberá acreditar en su demanda haber solicitado su expedición con la copia simple sellada por el archivo, protocolo, dependencia o lugar en que se encuentren los originales, para que, a su costa, se les expida certificación de ellos, en la forma que prevenga la ley. Si se tratare del demandado deberá acreditar la solicitud de expedición del documento de que carezca, para lo cual la copia simple sellada por el archivo, protocolo o dependencia, deberá exhibirla con la contestación o dentro de los tres días siguientes al del vencimiento del término para contestar la demanda. Se entiende que las partes tienen a su disposición los documentos, siempre que legalmente puedan pedir copia autorizada de los originales y exista obligación de expedírselos. Si las partes no tuvieren a su disposición o por cualquier otra causa no pudiesen presentar los documentos en que funden sus acciones o excepciones, lo declararán al juez, bajo protesta de decir verdad, el motivo por el que no pueden presentarlos. En vista a dicha manifestación, el juez, ordenará al responsable de la expedición que el documento se expida a costa del interesado, apercibiéndolo con la imposición de alguna de las medidas de apremio que autoriza la ley. Salvo disposición legal en contrario o que se trate de pruebas supervenientes, de no cumplirse por las partes con alguno de los requisitos anteriores, no se le recibirán las pruebas documentales que no obren en su poder al presentar la demanda o contestación como tampoco si en esos escritos no se dejan de identificar las documentales, para el efecto de que oportunamente se exijan por el tribunal y sean recibidas; IV. Además de lo señalado en la fracción III, con la demanda y contestación se acompañarán todos los documentos que las partes tengan en su poder y que deban de servir como pruebas de su parte; y, los que presentaren después, con violación de este precepto, no le serán admitidos, salvo que se trate de pruebas supervenientes, y V. Copia simple o fotostática siempre que sean legibles a simple vista, tanto del escrito de demanda como de los demás documentos referidos, incluyendo la de los que se exhiban como prueba según los párrafos procedentes para correr traslado a la contraria; así como del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), de la Clave Única de Registro de Población (CURP) tratándose de personas físicas, en ambos casos cuando exista obligación legal para encontrarse inscrito en dichos registros, y de la identificación oficial del actor o demandado. Lo dispuesto en la fracción anterior, se observará también respecto de los escritos en que se oponga la excepción de compensación o se promueva reconvención o algún incidente. Artículo 1393. No encontrándose el demandado a la primera busca en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos. Una vez que el actuario o ejecutor se cerciore de que en el domicilio sí habita la persona buscada y después de la habilitación de días y horas inhábiles, de persistir la negativa de abrir o de atender la diligencia, el actuario dará fe para que el Juez ordene dicha diligencia por medio de edictos sin girar oficios para la localización del domicilio. Artículo 1394. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al demandado, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación, se emplazará al demandado. En todos los casos se le entregará a dicho demandado cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061. (.)" A su vez, el diverso numeral 276 del Código Federal de Procedimientos Civiles dispone: "ARTICULO 276.- Todo litigante, con su primera promoción, presentará: I.- El documento o documento (sic) que acrediten el carácter en que se presente en el negocio, en caso de tener representación legal de alguna persona o corporación, o cuando el derecho que reclame provenga de habérsele transmitido por otra persona; hecha excepción de los casos de gestión oficiosa y de aquellos en que la representación le corresponda por disposición de la ley; II.- El número de copias simples necesario para correr traslado a las demás partes, tanto de la demanda principal o incidental como de los documentos que con ellas se acompañen. No se dará entrada a la promoción si no se acompañan las copias. Esta disposición es aplicable a todos los casos en que haya que correrse traslado de la promoción. La presentación extemporánea de las copias acarrea las mismas consecuencias que la presentación extemporánea de la promoción." Así, de los preceptos legales transcritos se desprende que el emplazamiento por ser la primera notificación en el juicio debe realizarlo el Actuario de manera personal con el interesado, y en la casa que para tal efecto proporcione el actor en su demanda, donde una vez cerciorado del domicilio y que en él vive o habita el demandado, deberá leerle íntegramente la resolución a notificar y asentar en autos el día y hora en que la efectúe y describir que entrega copias de la demanda, así como los documentos anexos (entre ellos el INE del actor). También se advierte que conforme al artículo 1394, el Actuario le entregará al demandado cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el diverso 1061, entre los cuales se impone al actor exhibir: el poder que acredite la personalidad del que comparece en nombre de otro; el o los que acrediten el carácter con que el litigante se presente en juicio en el caso de tener representación legal de alguna persona; las pruebas; el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la Clave Única de Registro de Población (CURP) tratándose de personas físicas -cuando exista obligación legal para encontrarse inscrito en dichos registros-, y de la identificación oficial (en el caso INE) del actor. En ese contexto jurídico, con independencia de los conceptos de violación hechos valer, lo cierto es que el emplazamiento reclamado no cumplió con su finalidad de garantizar a la demandada el pleno ejercicio a la defensa, pues la información que a través de él se proporcione al enjuiciado debe otorgar la suficiente certeza jurídica respecto a la fidelidad de los términos en los que el accionante formuló su demanda y de los documentos que adjuntó a esta. Dicho de otro modo, la finalidad legal y constitucional del emplazamiento no es la de proporcionar al demandado cualquier información o información incompleta respecto al juicio instaurado en su contra por la actora, sino tal finalidad consiste en que el emplazado tenga conocimiento cierto y completo, no únicamente de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales la accionante sustenta su acción, a fin de estar en posibilidad de ejercer plenamente su derecho a la defensa mediante actos jurídicos como contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que considere necesarias para su defensa. Y como en la analizada diligencia solo se describió el pagaré en el que se sustentó la acción, no así las copias de los diversos documentos anexos a la demanda, a saber: la identificación oficial del actor, documentos que como ya se vio, son exigidos por el propio Código de Comercio, por tal motivo, es evidente que la diligencia en cuestión, de veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, no se ajustó a las formalidades previstas por la ley de la materia. Máxime que en el caso se advierte que se devolvió la cédula de notificación y de su revisión no se advierte como anexo la identificación del actor, con la cual conforme a la normativo se le debió correr traslado. Ahora, la jurisprudencia 1ª./J. 39/2020, ya transcrita, es aplicable al caso aun cuando la diligencia de emplazamiento sea anterior a su emisión, porque no conlleva un efecto retroactivo. En efecto, se considera que en el caso no se actualizan efectos retroactivos respecto de la tesis de jurisprudencia 1ª./J.39/2020, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en perjuicio de alguna de las partes de la contienda de amparo, porque no existe una jurisprudencia previa donde se hubiera realizado una labor de interpretación del tema analizado, en una forma distinta, es decir, donde hubiera quedado establecido, que el notificador no está vinculado a describir en el acta correspondiente a la diligencia de emplazamiento, como una formalidad esencial para su validez, los documentos adjuntos a la demanda con los que corrió traslado al demandado, como el INE del actor. En efecto, conforme al artículo 217, último párrafo de la Ley de Amparo, la jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, lo que presupone la existencia de un criterio jurisprudencial previo que interprete la misma hipótesis jurídica que la nueva jurisprudencia, pues solo en este supuesto, los órganos jurisdiccionales están obligados a resolver un caso conforme al criterio anterior; de ahí que ante la falta de jurisprudencia previa, el juzgador puede hacer uso de su autonomía interpretativa. Así lo consideró el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 2/2018 (10ª), donde dirimió la contradicción entre las sustentadas por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, con registro digital 2015995, de rubro: "JURISPRUDENCIA. NO SE ACTUALIZAN EFECTOS RETROACTIVOS RESPECTO DE LA TESIS 1a./J. 97/2013 (10a.) EMITIDA POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AL NO EXISTIR UNA JURISPRUDENCIA PREVIA." Por lo tanto, como respecto del tema abordado en la tesis de jurisprudencia 1ª./J. 39/2020, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe un criterio jurisprudencial previo que haya actualizado sus supuestos y que, por tanto obligue a resolver en determinado sentido, aun cuando la tesis invocada en esta ejecutoria se emitió con posterioridad al emplazamiento reclamado, no significa que se le imprimen efectos retroactivos. Respecto del particular en similares términos se pronunció el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativo del Décimo Cuarto Circuito al resolver el amparo en revisión 324/2021, en sesión de veintisiete de abril de dos mil veintidós. Ahora, si bien el motivo por el cual se concedió el amparo fue ante la falta de certificación del actuario de haber corrido traslado con la identificación del actor; de cualquier modo resulta pertinente señalar la existencia de la tesis 1a./J. 105/2022 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2025493, Undécima Época, Materias(s): Civil, Constitucional, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 19, Noviembre de 2022, Tomo II, página 1446, de texto: "EMPLAZAMIENTO. EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL EL ACTUARIO O NOTIFICADOR DEBE CORRER TRASLADO AL DEMANDADO CON LA COPIA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y DE LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN, COMO PARTE DEL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE AUDIENCIA. Hechos: Los Tribunales Colegiados sostuvieron criterios distintos al analizar si, conforme al artículo 1061, fracción V, del Código de Comercio, el actuario o notificador en un juicio ejecutivo mercantil debía o no hacer entrega a la parte demandada de las copias del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y de la Clave Única de Registro de Población (CURP) exhibidas con la demanda. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que, al tratarse del emplazamiento en un juicio ejecutivo mercantil, el actuario o notificador deben correr traslado de la demanda agregando, entre otros, las copias del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la Clave Única de Registro de Población (CURP) que se hayan exhibido, salvo que se cumpla la excepción prevista en ley -esto es, que no estén obligados a estar inscritos en dichos registros-. Justificación: El emplazamiento es un acto procesal de significativa importancia en toda controversia de carácter judicial, dado que constituye el medio por el cual se hace del conocimiento del enjuiciado la existencia de una demanda instaurada en su contra, proporcionándole la posibilidad legal para que oportunamente pueda apersonarse y producir su contestación a fin de ejercer plenamente su derecho a la defensa. En este sentido, si el legislador, al reformar el artículo 1061, fracción V, del Código de Comercio, señaló que la presentación de copias de tales datos, anexas a la demanda, tiene por objeto dar certeza de los mismos, y dotar de agilidad y certeza jurídica a los procedimientos mercantiles, tal precepto debe interpretarse conjuntamente con el diverso 1394 para garantizar que el demandado tenga pleno ejercicio de su garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional. Ahora bien, el criterio que aquí se sostiene no implica una facultad para nulificar, indiscriminadamente, emplazamientos ya realizados; pues existen múltiples razones (como la no aplicación retroactiva de la jurisprudencia en perjuicio, convalidación del emplazamiento, reconocimiento de la relación jurídica entre las partes en litigio, la posible reposición ociosa del procedimiento, existencia de cosa juzgada o de preclusión, entre otras) que obligan a las y los titulares de los órganos jurisdiccionales a ponderar y a justificar argumentativamente, en cada caso, por qué el emplazamiento debe declararse nulo -o válido- ante la falta de entrega de la CURP o del RFC al interesado. Sin que en el caso se advierta un caso de excepción pues se han explicado los motivos por lo que no se considera de aplicación retroactiva; además, no se advierte un reconocimiento de la relación jurídica entre las partes en litigio pues en la demanda de amparo se dijo desconocer totalmente del procedimiento y si bien en la ampliación señaló ". el actor ilegalmente se aprovechó de una firma estampada en una hoja en blanco, que le extendí, pues actuó como mi abogado en un asunto del orden familiar .", ello no puede traducirse en un reconocimiento del actor en el asunto ejecutivo mercantil, pues lo cierto es que no compareció la parte quejosa ahí demandada al juicio natural; por otra parte no se advierte dato que permita considerar como ociosa la reposición del procedimiento y tampoco se advierte la, existencia de cosa juzgada o de preclusión. También es oportuno precisar que no se soslaya que en acta de emplazamiento se hizo constar que al final de la diligencia se presentó al domicilio en el cual se verificó el mismo una persona que se identificó con su credencial para votar como la demandada; sin embargo, ello no convalidad la irregularidad señalada - la falta de certificación del actuario de haber corrido traslado con la identificación del actor-. Sirve de orientación al caso la tesis con registro digital: 2027242, Instancia: Plenos Regionales, Undécima Época, Materias(s): Civil, Tesis: PR.C.CN. J/14 C (11a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 29, Septiembre de 2023, Tomo III, página 3371, Tipo: Jurisprudencia, de rubro: "EMPLAZAMIENTO NULO, EN MATERIA MERCANTIL. NO SE CONVALIDA POR EL HECHO DE QUE LA DILIGENCIA SE ENTIENDA CON EL DIRECTAMENTE DEMANDADO." En las relatadas condiciones, al ser el emplazamiento la actuación de primordial importancia y siendo que el reclamado en autos resultó violatorio del derecho humano de debido proceso, lo procedente es conceder el amparo solicitado por Heidi del Carmen Canudas González, respecto de los actos que reclama del Juez Séptimo de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey; Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, y la Actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Octavo. Precisión de los efectos para los que se concede el amparo. El artículo 77 de la ley de la materia establece que cuando el acto reclamado es de carácter positivo, como en el caso, la sentencia tendrá por objeto restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En el caso el Juez Séptimo de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial en el Estado de Nuevo León deberá realizar lo siguiente: Dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil 312/2017 de su índice, a partir del irregular emplazamiento realizado. Reponer el procedimiento y ordenar el emplazamiento a juicio del demandado Heidi del Carmen Canudas González.. Cabe señalar que aun cuando la concesión del amparo se hizo extensiva al Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y la Actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, no es el caso vincularlos al cumplimiento del amparo por cuanto que ello corresponde al juez del expediente natural. Noveno. Causa de improcedencia respecto de los actos reclamados consistentes en las normas generales reclamadas. En el caso se tiene que respecto de los actos reclamados consistentes en la expedición, promulgación y refrendo de los artículos 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1410, 1411, 1412, 1412 bis, 1412 bis 1, y 1414 del Código de Comercio, así como de los artículos 472, 473, 474, 475, 476, 477, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 488, 490, 491, 492, 493 y 494 del Código Federal de Procedimientos Civiles se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, por dejar de existir interés jurídico en su reclamo. Recuérdese que en el caso se concedió el amparo a fin de que se repusiera el procedimiento del juicio, lo cual tiene como consecuencia que los actos de embargo y el procedimiento de remate queden insubsistentes. Lo anterior impide el examen de las normas generales que se reclamaron como heteroaplicativas, ya que su análisis no puede desvincularse del que se haga de los actos de aplicación. La ley, por sí misma considerada, ningún perjuicio causa a la quejosa, sino que el agravio deriva de su aplicación al caso específico. De manera que cuando éste no existe, por cualquier causa, como sucede en el caso, no es procedente entrar al examen de su constitucionalidad. Cierto es que, en condiciones normales, es aconsejable examinar de manera prioritaria la constitucionalidad de la ley, cuenta habida de que en esa hipótesis, el acto en el que la misma se aplica ninguna eficacia puede tener. La inconstitucionalidad de aquélla se traduce en la de éste; ya que la eficacia del acto de aplicación está subordinada a la de la constitucionalidad de la ley en que se funda. Además, tratándose de inconstitucionalidad de leyes, cuando el planteamiento se hace en la demanda de ampro indirecto, el efecto de la sentencia de otorgar el amparo contra la ley no sólo es el de dejar insubsistentes los actos de aplicación, sino de impedir que el dispositivo combatido se puede volver a aplicar válidamente en perjuicio del quejoso. Además, en caso de que se examinara el acto de aplicación impugnado por vicios propios, y no la ley, existiría la posibilidad de que ésta le fuese aplicada al quejoso en el futuro sin posibilidad de impugnarla al no tratarse ya del primer acto de aplicación. Sin embargo, tal proceder supone la existencia de un acto eficaz. Así es, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio jurisprudencial de que cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o del reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto de aplicación, que impide examinar el uno prescindiendo del otro se hace manifiesta, entre otros aspectos, si se considera que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende la ley o el reglamento. En el caso, si bien no se está en la hipótesis de improcedencia del acto de aplicación, sí se está en el de que se ordena la reposición del procedimiento que dio lugar a dichos actos, lo que motiva que esos actos queden insubsistentes, como si no existiera, e impide que se examine una ley o reglamento que por sí solos, considerados en abstracto, ningún perjuicio causan al quejoso. Tal omisión, a diferencia de lo que sucede cuando el acto de aplicación existe y el amparo en su contra es procedente, no causa perjuicio al quejoso ni le deja indefenso en razón de que, una vez que se reponga el procedimiento puede suceder que la ley ya no se le aplique en su perjuicio, y si se le aplica, estarán expeditos sus derechos para promover el juicio de garantías tanto en contra del ordenamiento general como del acto, sin que pueda sostenerse que la ley ya se le había aplicado, toda vez que con motivo de la reposición del procedimiento, el primer acto de aplicación quedó extinguido y no surtió ningún efecto. Al efecto resulta aplicable la tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 73, Tomo II, octubre de mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro digital: 200288, de texto: "AMPARO CONTRA LEYES. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DEL NUEVO ACTO DE APLICACION QUE SE EMITIO EN CUMPLIMIENTO DE UNA RESOLUCION ORDINARIA, CUANDO SE IMPUGNA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL PRECEPTO QUE LO FUNDO INICIALMENTE. Cuando el primer acto de aplicación de la ley reclamada fue declarado insubsistente legalmente o nulificado por vicios propios, a través de la vía ordinaria, procede el juicio de amparo en contra de la emisión del nuevo acto de aplicación de la misma naturaleza del que fue nulificado, cuando se reclama la inconstitucionalidad del precepto que lo fundó inicialmente, no obstante que su expedición se deba al cumplimiento de una resolución jurisdiccional, porque este nuevo acto constituye el primer acto de aplicación del precepto tildado de inconstitucional, pues éste carece de vinculación alguna con el que inicialmente fue emitido y nulificado legalmente. Establecido lo anterior, se considera que en el caso al haberse ordenado la reposición del procedimiento lo cual ocasiona que se deje insubsistente todo lo actuado, con inclusión de los actos de aplicación de las normas generales reclamadas, ello origina que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo. Sirve de orientación al caso la tesis 1a. XXX/98 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 195973, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Junio de 1998, página 55, de texto: "AMPARO CONTRA LEYES. IMPROCEDENCIA DEL EXAMEN DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY O REGLAMENTO RECLAMADOS COMO HETEROAPLICATIVOS, CUANDO EL ACTO DE APLICACIÓN QUEDA NULIFICADO POR VIRTUD DE HABERSE ORDENADO LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO DEL QUE DICHO ACTO EMANÓ. No procede el examen de la constitucionalidad de una ley reclamada como heteroaplicativa cuando se concede el amparo a efecto de que se reponga el procedimiento administrativo que dio lugar a la emisión del acto de aplicación. Lo anterior obedece a que, cuando se promueve un amparo contra una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto este que es precisamente el que causa perjuicio al promovente de amparo y no la ley o el reglamento; de tal manera que si el acto de aplicación queda insubsistente por virtud de que el procedimiento del que emanó debe reponerse por estar viciado, no es posible el examen de la ley o reglamento que se reclamaron, no como autoaplicativos, sino por virtud de su primer acto de aplicación. Lo anterior no deja indefenso al promovente, habida cuenta de que una vez que se reponga el procedimiento puede suceder que la ley ya no se le aplique en su perjuicio, y si se le aplica, estarán expeditos sus derechos para promover el juicio de garantías tanto en contra de ordenamientos generales, como en contra del acto, sin que pueda sostenerse en contrario que la ley ya se le había aplicado con anterioridad, toda vez que con motivo de la reposición del procedimiento, el primer acto de aplicación quedó extinguido, como si nunca hubiera existido. Por lo tanto, en el caso con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo procede sobreseer en el juicio respecto de los actos reclamados al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión. Décimo. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no serán objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto, considerado y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 80, 192 y 193 de la Ley de Amparo aplicable, es de resolverse y se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio respecto de los actos reclamados al Director de la Policía Municipal, Secretario de Gobernación, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión. Segundo. En los términos y para los efectos precisados en esta sentencia, la Justicia de la Unión ampara y protege a Heidi del Carmen Canudas González, contra los actos que reclamó del Juez Séptimo de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey; Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, y la Actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Tercero. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria Karen Azalia Mendoza Sánchez, que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Vistos los autos de los que se observa que no obra constancia de que al tercero interesado se le haya entregado copia de la ampliación de la demanda de amparo; ahora, por cuanto que en este juicio se autorizó la consulta y notificación electrónica al tercero interesado, notifíquese el presente acuerdo haciéndole saber que queda a su disposición una copia del escrito de ampliación de la demanda, al margen de que puede obtener una reproducción de dicho escrito a través del expediente electrónico, para el uso de sus derechos de estimarlo conducente. Para dar tiempo lo anterior; se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fija como nueva hora y fecha para su celebración las diez horas con veinte minutos del veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Sin que el presente acuerdo deba notificarse por oficio a las autoridades responsables, dado que no se considera de trascendencia, acorde a lo sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese y personalmente al tercero interesado. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de la secretaria licenciada Karen Azalia Mendoza Sánchez, que autoriza y da fe.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mérida, Yucatán, cinco de enero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda, el memorial suscrito por la quejosa Heidi del Carmen Canudas González, mediante el cual cumple con el requerimiento que se le realizó en proveído de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, esto es, exhibe diez copias más de su escrito de ampliación de demanda para correr traslado a las partes. Ahora bien, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, se tiene por ampliada la demanda de amparo por cuanto a nuevos conceptos de violación, por lo que distribúyanse las copias que acompaña la ocursante con su escrito de cuenta entre las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Tiene aplicación a lo anterior la tesis de Jurisprudencia VI.2o.C. J/240, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Civil del Sexto Circuito, Tomo XIX, Enero de 2004, Novena Época, Materia Común visible a página 1339 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO ES POSIBLE TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES RESPONSABLES, ACTOS RECLAMADOS O CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DISTINTOS A LOS ORIGINALMENTE PLANTEADOS, PERO QUE GUARDEN VINCULACIÓN CON ELLOS. La ampliación de la demanda de amparo es una figura jurídica creada por la jurisprudencia, que confiere al peticionario de garantías un derecho para incorporar a la litis constitucional ya iniciada, autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación distintos a los originalmente planteados; sin embargo, el ejercicio de esta prerrogativa debe sujetarse a determinados requisitos de procedencia tales como el que no se haya cerrado o integrado la litis, que los nuevos actos tengan relación con los originalmente planteados, o bien, que al rendirse el o los informes justificados, de ellos se desprenda que fueron otras las autoridades que los llevaron a cabo, pero debe existir siempre una relación o vinculación con los actos primigenios, ya que de no existir ese elemento sine qua non, todos aquellos actos que pudieran causar perjuicio a la amparista podrán tener remedio, sí a través del juicio de garantías, pero a consecuencia de tantas demandas de amparo, como juicios o procedimientos de los que deriven los actos que le irroguen perjuicio existan, ya que en este supuesto no pueden incorporarse a una litis constitucional elementos que le son ajenos." De igual forma es aplicable la tesis de Jurisprudencia I.2o.A. J/17, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, Materia Administrativa, visible a página 972 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO, AMPLIACIÓN DE LA. OPORTUNIDADES PARA FORMULARLA. La demanda de garantías puede ampliarse dentro del término que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo y otra posibilidad de hacerlo surge cuando al rendir el informe justificado las autoridades responsables manifiestan la existencia de actos distintos de los reclamados, de los cuales no tenía conocimiento el quejoso, o cuando hacen saber la participación de otras autoridades en la realización de los actos que se reclaman, porque, en ese caso, el conocimiento de los nuevos actos o de la participación de otras autoridades, por parte del afectado, tiene lugar en el momento en que se da vista con el informe justificado que contenga esos datos y, por ende, a partir de esa fecha le empieza a correr el término para ejercer la acción constitucional de amparo, ya promoviendo un nuevo juicio de garantías, ya a través de la ampliación de la demanda en trámite." Hágase del conocimiento de las partes que la audiencia constitucional está señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del treinta de enero de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se agrega a estos autos para que obre como legalmente corresponda el memorial suscrito por el tercero interesado Antonio Sandoval Quistiano, mediante el cual señala designa autorizados, solicita acceso al expediente electrónico, notificaciones por esa vía y formula alegatos; y en atención a su contenido, téngase como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Maximiliano González Yáñez; y como sus autorizados en los términos restringidos a los que alude el citado artículo 12 de la Ley de Amparo a demás personas que relaciona en el referido memorial, lo anterior, en razón que no acreditan ante este Juzgado Federal, ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con los artículos del 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado como lo exige el citado artículo 12 de la ley de la materia; sin embargo, en el momento de que pretenda ejercer alguna de las facultades amplias a las que refiere dicho precepto, verifíquese si están inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Consejo de la Judicatura Federal, y de ser así, podrán realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante en términos de la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, tal y como expresamente lo solicita el promovente. De conformidad con el artículo 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta y notificación del presente expediente a la parte tercero interesado vía electrónica a las cuentas de usuarios que proporciona en el escrito de cuenta siempre y cuando las claves de usuario proporcionadas sean correctas y se encuentren debidamente registradas; en consecuencia, se ordena al Analista Jurídico SISE de este juzgado, para que habilite la consulta y notificación de dicho expediente, conforme a los términos que expresamente solicita la parte tercero interesada en su memorial de cuenta. Finalmente, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hechas las manifestaciones del tercero interesado, para ser consideradas en la audiencia constitucional correspondiente. Notifíquese. (...)

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que inmediatamente antecede y toda vez que aún está transcurriendo el término señalado en el artículo 117 de la Ley de Amparo, respecto a la vista que se le otorgó a partir de su emplazamiento al tercero interesado Antonio Sandoval Quistiano, en proveído de quince de junio de dos mil veintitrés, de los informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables; por lo tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fija para su celebración las diez horas con cuarenta minutos del veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Sin que el presente acuerdo deba notificarse por oficio a las autoridades responsables, dado que no se considera de trascendencia, acorde a lo sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Karen Azalia Mendoza Sánchez, que autoriza y da fe.

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