Héctor Paul Martínez Ku

Expediente 1145/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 20 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1145/2018
Año
2018
Actuaciones
20
Última actuación
11/06/2019

Partes del expediente

  • Héctor Paul Martínez Ku
  • Héctor Paul Martínez Ku y Otros.
  • Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Incidental

    Mérida, Yucatán, once de junio de dos mil diecinueve. Vista la copia autorizada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, de conformidad con la fracción III del artículo Vigésimo, y la fracción III, del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la observación de que el cuaderno original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que por acuerdo de ocho de octubre de dos mil dieciocho y resolución de dieciséis del mismo mes y año, se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, respectivamente, por lo que deberán conservarse únicamente el acuerdo y resolución relativos al otorgamiento, así como que el duplicado del mismo deberá ser destruido una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de que fue dictada la resolución que resolvió la suspensión definitiva antes citada. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordena el archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, once de junio de dos mil diecinueve. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia firmada el veinte de mayo de dos mil diecinueve, en la que en su primer punto resolutivo negó el amparo y protección de la Justicia Federal; con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, toda vez que por sentencia firmada el veinte de mayo de dos mil diecinueve, en la que en su primer punto resolutivo negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, este asunto encuadra en lo dispuesto en el artículo Vigésimo Primero, fracción IV del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de fecha quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es susceptible de depuración, debiendo conservarse únicamente la demanda y la sentencia; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Agréguese copia autorizada del presente proveído al original y duplicado del incidente de suspensión que derivan de estos autos, para que se provea lo conducente en relación a su archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de mayo de dos mil diecinueve. Se agrega a estos autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio 4180/2019 suscrito por el Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, autoridad señalada como responsable en los presentes autos, mediante el cual informa que en la carpeta administrativa 193/2018, se suspendió el proceso, y por ende, la audiencia intermedia fijada para el veinte de mayo del año en curso, hasta que se resuelva el presente juicio de amparo 1145/2018. En virtud de lo anterior, se le informa a la referida autoridad que en sentencia de veinte de mayo del año que transcurre, se negó a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, y que a través del oficio 10509/2019 se le hizo de su conocimiento. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Vistos, para resolver los autos del presente juicio de amparo 1145/2018-V, promovido por Héctor Paúl Martínez Ku, por conducto de su defensor particular Jorge Valencia Palomo, contra los actos que reclama de la Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por estimarlo violatorio de los artículos 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el cinco de octubre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, Héctor Paúl Martínez Ku, por conducto de su defensor particular Jorge Valencia Palomo, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama de la Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de ocho de octubre de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados F.G.P.C. y Fiscal del Ministerio Público del Fuero Común adscrito al Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, señalándose fecha y hora para la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo de acuerdo al acta que antecede; asimismo, mediante autos de doce de noviembre de dos mil dieciocho y treinta de enero de dos mil diecinueve, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado menor con iniciales Y.J.M.P., así como de Addy Patricia Sabido Baquedano, representante especial de dicho menor, respectivamente; por todo lo anterior es procedente pronunciar la sentencia correspondiente. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse un acto cuya ejecución se realizó dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de actos. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es oportuno precisar que la parte quejosa reclama de la autoridad señalada como responsable: La resolución dictada en la audiencia de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por la Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, en la carpeta administrativa 193/2018 y; El auto de vinculación a proceso emitido por la Juez responsable el veinticuatro del propio mes y año. Tercero. Actos existentes. La Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, en su informe justificado (foja 30), aceptó la certeza de los actos reclamados, de ahí que los mismos deban considerarse como existentes. Lo que se corrobora con la copia certificada de las constancias remitidas, en la que se destacan las actas de las respectivas audiencias de control de la detención y la diversa de vinculación a proceso celebradas en autos de la carpeta administrativa 193/2018, así como del contenido del disco versátil digital (DVD), remitido por el Juez responsable como justificación de su informe, las cuales, tienen valor probatorio pleno de documentos públicos, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, pues de su contenido se advierte que la Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, en la primera audiencia decretó la legal detención del imputado, le impuso la medida cautelar consistente en la prisión preventiva oficiosa y en la segunda dictó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso, como probable autor del delito de violación, previsto y sancionado en el artículo 313, párrafos primero y segundo del Código Penal del Estado de Yucatán, denunciado por la persona de identidad reservada con iniciales F.G.P.C., (cometido en agravio de su hermanito menor con identidad reservada de iniciales Y.J.M.P.), e imputado por la Representación Social. Es aplicable la jurisprudencia 1ª./J.43/2013 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 703 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, con rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Cuarto. Análisis del fondo del asunto y conceptos de violación. No existiendo causa de improcedencia que hagan valer las partes, ni advirtiéndose de oficio alguna, se procede al análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo, por conducto de su defensor particular, que por economía procesal se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no encontrarse este órgano judicial obligado a la transcripción de los mismos, sin embargo por cuestión de metodología se procede a un resumen de ellos; así la parte quejosa argumenta esencialmente: Que se viola en su perjuicio el artículo 19 constitucional, pues la autoridad responsable decretó en su contra la prisión preventiva oficiosa a pesar de que no representa peligro para la víctima ni existe peligro de sustracción de la justicia, en razón de que su domicilio ya no se encuentra cercano al diverso del agraviado, de tal forma que se incumple con el principio de mínima intervención del Estado. Que se transgrede en su perjuicio el artículo 19 constitucional, ya que no existe certeza de la existencia de un delito y tampoco de la probabilidad de su comisión, ello porque por una parte al momento de su declaración el menor agraviado no contó con la presencia de su tutor, dado que fue su propia hermana que lo representó y no su madre ni su padre así como el asesor jurídico jamás aceptó la representación que la hermana, víctima indirecta, otorgó puesto que protesta y acepta el cargo que le confiere una diversa persona ajena a los hechos; por otro lado, el dato de prueba consistente en el examen seminológico presenta irregularidades, pues carece de la hora en que fue tomada la muestra en la zona ano rectal de la víctima, además, de que no se asienta el procedimiento utilizado para llegar a los resultados allí obtenidos aunado al hecho de que fue tomada diez días antes de que ocurrieran los hechos (el peritó asentó que fue tomada dicha muestra el siete de septiembre de dos mil dieciocho). Que su detención fue hecha en contravención al artículo 16 constitucional, dado que no fue realizada en flagrancia inmediata como lo dispone la fracción II, inciso B, del numeral 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo anterior considerando que entre el momento de que aconteció el delito y la hora de su detención transcurrió aproximadamente una hora con quince minutos. Que fueron transgredidos sus derechos en virtud de que en el informe policial homologado se advierte que los elementos aprehensores dieron lectura a los derechos que le asistían como detenido con fundamento en la fracción LLL y no como lo dispone la fracción III del artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Son infundados los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, sin que se advierta queja deficiente que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. En primer lugar, debe precisarse que la finalidad del auto de vinculación a proceso ubicado procesalmente en la etapa de investigación, tiene como su efecto más evidente convertir a la investigación inicial o desformalizada, en una investigación judicializada o formalizada. Dicho en otras palabras, la continuación de esta investigación requiere que no sólo sea presentada una solicitud por el órgano de investigación, sino que sea acompañado de datos de prueba que la sustenten, es decir, el acto (vinculación a proceso) se convierte en la garantía para el imputado de que solo se le puede investigar si existen datos de pruebas que lo justifiquen; bajo esa naturaleza se le evita un acto de molestia con una investigación inmotivada. También es importante dejar sentado que se requiere un nivel de certeza distinto para cada una de las etapas, por tanto la exigencia para dictar la resolución en estudio será menor que la requerida en la etapa de juicio. Por ello dado que el fallo reclamado no implica la privación de la libertad por sí misma, se considera que la vinculación a proceso se trata de un control a la investigación en curso, por ello no sería razonable exigir un parámetro probatorio elevado; así, las exigencias probatorias son más flexibles, cercanas al del concepto de causa probable norteamericano, o la sospecha vehemente del proceso penal alemán; tal situación es relevante por lo que se hará ver más adelante. Al respecto es aplicable la Jurisprudencia por contradicción de tesis 87/2016, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se refiere que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo, en relación a estos últimos se requiere que: 1) existan datos de que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; por lo que no se necesitan de pruebas ni se exige comprobar que ocurrió un hecho ilícito, pues basta encuadrar la conducta a la norma penal aplicable, para la continuación de la investigación complementaria, en su fase judicializada, cuyo rubro y texto son los que siguen: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Ahondando al respecto, los requisitos de forma y de fondo para el dictado del auto de vinculación a proceso están previstos en los artículos 19 de la Constitución Federal y 316 del Código Nacional de Procedimiento Penales, que establecen: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa." Los primeros son: REQUISITO DATO SE CUMPLE Debe dictarse a más tardar dentro de las 72 horas (o 144 horas ante la solicitud de ampliación del plazo) a partir de la puesta a disposición del indiciado ante la autoridad judicial o de la celebración de la audiencia de formulación de la imputación. El plazo inició en la audiencia de formulación de la imputación a las tres horas con veintitrés minutos del diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. En dicha audiencia, el imputado solicitó la duplicidad para que se le resolviera su situación jurídica en 144 horas. Se dictó la vinculación a proceso a las dieciséis horas con treinta y un minutos del veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Deben expresarse el delito que se imputa al inculpado, así como las circunstancias de su ejecución. Delito Violación. Circunstancias. De tiempo: 16 de septiembre de dos mil dieciocho (aproximadamente a las 23:15). De lugar: interior del predio ubicado en el Fraccionamiento Santa Mónica de Conkal, Yucatán. De modo: El aquí quejoso, al encontrarse en el interior del predio ubicado en el Fraccionamiento Santa Mónica de Conkal, Yucatán, donde también, se encontraba el menor de edad de quince años de iniciales Y.J.M.P., es allí donde el imputado le impone la cópula ya que le introdujo el miembro viril por la vía oral al agarrarlo de la nuca y empujarlo con fuerza hacia la boca su miembro viril, a pesar de que dicho menor le decía que lo dejara en paz, luego nuevamente le introduce de golpe el miembro viril por la boca, esto mientras aquél se encontraba acostado en una hamaca, hasta que el menor logra empujarlo y, posteriormente, le deja de realizar dicho acto, pero nuevamente se le acerca al menor en donde se encontraba acostado en una hamaca, ubicada en el interior de dicho predio y le empieza a besar el cuello, pero a pesar de que el menor lo intenta empujar lo agarra de la muñeca, lo levanta de la hamaca, lo pone contra la pared, bajándole su short de tela de color azul rey, de elástico y su ropa interior color café que portaba en ese momento, por lo que una vez realizado dicho acto, el imputado le impone la cópula nuevamente, pero ahora le introduce su miembro viril por la vía anal. Que se haya formulado imputación. La fiscalía formuló imputación al inicio de la audiencia celebrada el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, y posteriormente se le preguntó al imputado sobre el plazo en que deseaba se resolviera su situación jurídica. Jurisprudencia 1ª./J.120/2017(10ª.) Haberle dado la oportunidad de declarar. La persona imputada hizo uso de su derecho de no declarar (en la propia audiencia de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho). Que no se actualice causal de extinción. Se estableció en la resolución que no se actualiza ni la extinción de la acción penal, ni excluyente de delito conforme al artículo 21 del Código Penal de Yucatán. Analizadas las posibles violaciones no se encontró motivo por el cual sea necesaria suplencia respecto de situaciones de forma, y por el contrario se advirtió que se cumplieron todas, como se desprende del cuadro arriba inserto, por ello se tienen válidamente por acreditados por el juez responsable. Ahora bien, los requisitos de fondo son: La existencia de datos que establezcan que se ha realizado una conducta que la ley señala como delito; y, que una persona pudo haberla cometido o participado en su comisión. Relativo a los requisitos de fondo, igualmente se observa que se tienen por acreditados, con el estándar requerido para ese momento procesal, dado que existen los datos de prueba indispensables, con los que se establece un hecho que reviste carácter de delito, esto a través de la abstracción del enunciado previsto en el artículo 313, párrafos primero y segundo del Código Penal del Estado de Yucatán, de la conducta que se le recrimina al imputado por el fiscal; artículo que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 313. A quien por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de seis a veinte años y de doscientos a quinientos días-multa.Para los efectos de este Capítulo se entiende por cópula la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo.Se aplicará la misma sanción al que introduzca por la vía vaginal o anal cualquier objeto o instrumento distinto del miembro viril, por medio de la violencia física o moral, sea cual fuere el sexo del ofendido." Tal descripción por la que se le acusa es contrastada con lo que se le imputa a Héctor Paúl Martínez Ku, aquí quejoso, consistente en que éste, al encontrarse en el interior del inmueble ubicado en el Fraccionamiento Santa Mónica de Conkal, Yucatán, lugar donde se encontraba el menor de edad de quince años de iniciales Y.J.M.P., víctima del ilícito, el citado imputado le impone la cópula pues le introdujo el miembro viril por la vía oral, esto al tomarlo de la nuca y empujar su boca hacia su miembro viril, pese a que dicho menor ponía resistencia, para luego nuevamente introducirle su miembro viril por la boca, esto mientras el menor agraviado se encontraba acostado en una hamaca, la cual se encontraba en el interior de dicho predio, hasta que la víctima logra empujarlo y, en un momento dado le deja de realizar dicho acto, sin embargo, nuevamente el imputado se le acerca al menor y le empieza a besar el cuello, pero a pesar de que el menor lo intenta empujar lo toma de la muñeca, lo levanta de la hamaca, lo pone contra la pared, bajándole su short de tela de color azul rey, de elástico y su ropa interior color café que portaba en ese momento, por lo que una vez realizado dicho acto, el imputado le impone la cópula nuevamente, pero ahora le introduce su miembro viril por la vía anal. A juicio de este juzgador, los datos de prueba con los que se integró la carpeta de investigación (investigación inicial) que ahora integran la carpeta administrativa 192/2018, son suficientes para dictar vinculación a proceso, a efecto de continuar una investigación exhaustiva (investigación complementaria). Ello, en virtud que de los datos de prueba que fueron objeto de la imputación del órgano de investigación y sobre los cuales se sustenta la vinculación a proceso, se advierte que el imputado que nos ocupa, en efecto era vecino de la víctima, asimismo, diversas personas coincidieron en indicar que ese día se encontraba en el lugar de los hechos e ingería bebidas embriagantes con familiares del agraviado; además de lo anterior se evidencia que un menor de edad fue víctima de una agresión sexual. Datos de prueba que derivaron esencialmente de los medios de convicción que reseñó el fiscal en su imputación y que posteriormente el juez responsable mencionó al decretar el auto de vinculación reclamado, entre los cuales se encuentran: 1) Informe policial homologado suscrito por la oficial Yanet o Yaneli Margarita Argaez Sosa, y ratificado ante el Fiscal Investigador. 2) Actas de entrevistas realizadas a la víctima indirecta con identidad reservada de iniciales F.G.P.C. y a la víctima directa menor de edad con identidad reservada de iniciales Y.J.M.P.. 3) La comparecencia del menor con identidad reservada de iniciales Y.J.M.P., en donde rindió su declaración en relación a los hechos que motivaron el ilícito. 4) La denuncia interpuesta por la persona de identidad reservada con iniciales F.G.P.C., (cometido en agravio de su hermanito menor de edad con identidad reservada de iniciales Y.J.M.P.). 5) Exámenes de integridad física, psicofisiológico y proctológico practicado en la persona del menor agraviado, por parte de un perito médico de la Fiscalía General del Estado de Yucatán (Javit Interián Sosa). 6) Examen seminológico en la persona del menor de edad, víctima directa, por parte de un perito químico de la Fiscalía General del Estado de Yucatán (José Alfredo de la Fuente Ortegón). 7) Acta de entrevista de la persona de identidad reservada con iniciales W.V.F., ante el Fiscal Investigador. 8) Entrevistas a los progenitores del menor de edad agraviado. 9) Acta de inspección realizada en el lugar de los hechos practicada por la Policía Estatal de Investigación. Datos de prueba que también sirvieron a la juez responsable para precisar que se encontraba justificado el hecho imputado por parte de la Fiscalía Investigadora con relación al delito de violación, previsto y sancionado en el artículo 313, párrafos primero y segundo del Código Penal del Estado de Yucatán, denunciado por la persona de identidad reservada con iniciales F.G.P.C., (cometido en agravio de su hermanito menor con identidad reservada de iniciales Y.J.M.P.). Indicios respecto de los cuales la juez también determinó que eran pertinentes e idóneos para establecer la probable participación del indiciado Héctor Paúl Martínez Ku, en los hechos que dieron origen al ilícito en cuestión. Asimismo, se estima adecuado que la juez responsable haya referido que la declaración de menor de edad agraviado es fundamental en esa etapa procesal dado que se encuentra concatenado con el dicho de la denunciante, víctima indirecta, ya que a pesar de que no le constaron los hechos de manera directa fue la persona quien cuestionó primeramente al menor con relación a los hechos y una vez que tuvo conocimiento de la agresión cometida en su perjuicio lo condujo a la comandancia correspondiente para comunicar la noticia del delito en cuestión. De igual manera, se estableció correctamente que conforme a los datos de prueba recabados por la Fiscalía se encontraba justificada la probabilidad de autoría en términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 15 del Código Penal del Estado de Yucatán, en vigor. Por último, se estima que de la misma forma es correcta la determinación de la juez responsable al considerar que con base en los datos recabados hasta ese momento en el procedimiento de origen, debe establecerse que existe concurso de delitos debido a la naturaleza del ilícito, el cual fue cometido por una misma persona, en contravención de un mismo bien jurídico y en perjuicio de una misma víctima. Así las cosas, no asiste razón a la parte quejosa puesto que como se aprecia hasta este momento procesal, existe un hecho que configura un tipo penal al que se le atribuye su comisión, pues existen imputaciones directas sobre su persona, y hay datos de prueba que permiten actualizar ambos extremos. Es así que en virtud de los elementos probatorios presentados por la fiscalía, a criterio de este juzgador fueron bastantes para el dictado de la vinculación a proceso reclamado emitido en contra del indiciado Héctor Paúl Martínez Ku, aquí quejoso, en audiencia de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, instruida en la carpeta administrativa 193/2018, por la Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por el hecho que la ley señala como el delito de violación, previsto y sancionado en el artículo 313, párrafos primero y segundo del Código Penal del Estado de Yucatán, con lo que se justifica la continuación del proceso en la etapa de investigación complementaria. No pasa inadvertido para este juzgador el hecho de que la juez responsable en la audiencia de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, al momento de dirigirse al indiciado para hacerle de su conocimiento los hechos imputados hacia su persona por parte de la Representación Social, haya hecho referencia al día diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho cuando la fecha correcta es el día dieciséis de ese mes y año, puesto que los datos de prueba aportados así lo indican; de tal manera que ese error formal no es bastante para determinar que hubo una violación a los derechos humanos del aquí quejoso, ya que a nada práctico conduciría la concesión del amparo para subsanar el error formal detectado. En otro orden de ideas, en lo relativo al concepto de violación vertido por el quejoso en el sentido de que en la audiencia de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho se transgrede el artículo 19 constitucional, pues la responsable impuso en su contra la prisión preventiva oficiosa a pesar de que no representa un peligro para la víctima ni tampoco existe peligro de sustracción de la acción de la justicia, incumpliendo con el principio de mínima intervención del Estado. Es infundado el citado concepto de violación. El párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 19. (.) El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. (.)" De la porción normativa acabada de transcribir se advierte que la autoridad judicial ordenará la prisión preventiva de forma oficiosa en determinados delitos entre ellos el de violación así como en delitos graves previstos por la ley cometidos en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Ahora bien, en la audiencia de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, se advierte que la juez de origen impuso a Héctor Paúl Martínez Ku, aquí quejoso, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, con fundamento en el artículo 19 constitucional y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto por la probabilidad de su autoría en los hechos que la ley señala como el delito de violación, previsto y sancionado en el artículo 313, párrafos primero y segundo del Código Penal del Estado de Yucatán. Determinación que resulta apegada a derecho puesto como anteriormente se detalló es la propia Carta Magna (Poder Constituyente) que establece que tratándose del delito de violación el juez impondrá como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, circunstancia que no permite a la autoridad judicial de conocimiento discutir lo concerniente a la necesidad o procedibilidad de su imposición; de tal forma que la manifestación hecha por el quejoso en el sentido de que a su consideración no representa peligro para la víctima ni existe peligro de que pueda sustraerse de la acción de la justicia y que esta medida cautelar incumpla con el principio de mínima intervención del Estado, carece de sustento legal porque la procedencia de la prisión preventiva oficiosa en relación con el ilícito de violación se encuentre elevada a rango constitucional. Además de lo anterior, en la audiencia de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, la juez de origen resolvió conforme a derecho al precisar que respecto al delito de violación únicamente era procedente la imposición de la prisión preventiva oficiosa, ya que no operaba otro tipo de medida cautelar por disposición expresa del artículo 19 constitucional, ello debido a que el legislador consideró que por determinados delitos, por su gravedad y por su afectación a valores fundamentales, sólo procedería oficiosamente dicha prisión. En el mismo sentido, la juez de origen correctamente determinó que por cuanto el aquí quejoso es una persona menor de treinta años de edad y con un buen estado de salud, no era susceptible de ubicarse en los casos de excepción previstos en el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de ahí que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa sea procedente. Por otra parte, en lo concerniente al concepto de violación hecho valer por el quejoso en el sentido de que en la audiencia de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, se transgrede en su perjuicio el artículo 19 constitucional, ya que no existe certeza de la existencia de un delito y tampoco de la probabilidad de su comisión, ello porque por una parte al momento de su declaración el menor agraviado no contó con la presencia de su tutor, dado que fue su propia hermana que lo representó y no su madre ni su padre así como el asesor jurídico jamás aceptó la representación que la hermana, víctima indirecta, otorgó puesto que protesta y acepta el cargo que le confiere una diversa persona ajena a los hechos, que aparece con el nombre de Martha Ku Méndez; por otro lado, el dato de prueba consistente en el examen seminológico presenta irregularidades, pues carece de la hora en que fue tomada la muestra en la zona ano rectal de la víctima, además, de que no se asienta el procedimiento utilizado para llegar a los resultados allí obtenidos aunado al hecho de que fue tomada diez días antes de que ocurrieran los hechos (el peritó asentó que fue tomada dicha muestra el siete de septiembre de dos mil dieciocho). Es infundado el citado concepto de violación. Se arriba a lo anterior porque como se verificó con antelación los datos de prueba que sirvieron de base para el dictado de la vinculación a proceso fueron útiles y suficientes para justificar la imputación del delito de violación en contra del aquí quejoso. Ahora bien, se tiene que la juez natural al momento de referirse a los argumentos defensivos hechos valer en contra de la declaración del menor agraviado, procedió con apego a derecho, pues consideró que la Representación Social acató el protocolo correspondiente al permitir que un psicólogo examinara al menor de edad previo a su declaración con el objeto determinar si se encontraba en condiciones de rendir su declaración; además estimó que aun en el caso de que dicho menor hubiera carecido de representación ello no invalidaría su declaración ya que sí se encontraba apto para tal fin; por todo lo anterior se concluye que la manifestación realizada por el quejoso consistente en que al momento de su declaración el menor agraviado no contó con la presencia de su tutor, dado que fue su propia hermana que lo representó y no su madre ni su padre resulte insuficiente para anular este dato de prueba. Asimismo, la juez responsable en el propio momento de contestar los alegatos defensivos indicó que no obstante de que constituía un error formal el hecho de que figurara el nombre de Martha Ku Méndez como representante legal del menor de edad agraviado, esa circunstancia no era suficiente para invalidar la declaración hecha por éste; de tal suerte que la alegación hecha por el aquí quejoso en el sentido de que el asesor jurídico jamás aceptó la representación que la hermana, víctima indirecta, otorgó puesto que protesta y acepta el cargo que le confiere una diversa persona ajena a los hechos es también insuficiente para anular este dato de prueba, ya que a nada práctico conduciría el ortorgamiento del amparo para resarcir cuestiones formales que fueron planteadas y resueltas por la propia autoridad judicial de origen. Consideración que igualmente se hace extensiva al argumento relativo a que el dato de prueba consistente en el examen seminológico presenta irregularidades, en el sentido de que carece de la hora en que fue tomada la muestra en la zona ano rectal de la víctima, además, de que no se asienta el procedimiento utilizado para llegar a los resultados allí obtenidos aunado al hecho de que fue tomada diez días antes de que ocurrieran los hechos (el peritó asentó que fue tomada dicha muestra el siete de septiembre de dos mil dieciocho); lo anterior porque la juez natural estimó que el dato de prueba consistente en el examen médico aludido contiene la información suficiente y necesaria para el efecto de servir de sustento al dicho del menor agraviado, toda vez que en esa etapa procesal únicamente se hace referencia a ese dictamen como dato de prueba pero no como medio probatorio; y respecto a la fecha que se asentó como siete de septiembre de dos mil dieciocho es también un error formal pues del contenido de dicho dato se puede advertir que se cita como fecha el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, por lo que se trató de un error al asentarse "siete de septiembre de dos mil dieciocho". Lo anterior, permite concluir que no le asiste la razón al aquí quejoso en sus argumentos antes analizados, por lo que deben declararse infundados los mismos. En otro orden de ideas, es pertinente destacar que si en el juicio de amparo indirecto se reclaman conjuntamente la determinación que califica y ratifica de legal la detención, así como el auto de vinculación a proceso, como acontece en el caso concreto, este órgano de control constitucional considera que no se actualiza la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica, prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, respecto de la calificación de la detención, pues se trata de actos judiciales de naturaleza distinta y específica, por la materia a decidir en esta etapa judicial de la investigación. Esto, pues la legalidad de la detención del imputado deriva de la justificación constitucional para detener a una persona por flagrancia o urgencia, y el auto de vinculación a proceso no es una determinación que justifique, per se, la libertad de la persona sujeta a proceso, pues en un primer momento se justifica por la calificación de la detención y, después, con la respectiva medida cautelar; por tanto, el auto de vinculación sólo tiene como finalidad sujetar a una persona a una investigación judicializada, y jurídicamente no es el acto que prive o restringe la libertad; en esa virtud, no existe el cambio de situación jurídica Además, examinar en el juicio de amparo indirecto la calificación de la detención, posibilita analizar los datos de prueba resultantes de ésta y, en su caso, nulificarlos, si se declara ilegal, lo que trasciende en el análisis de los datos de prueba que realice el Juez de control en la emisión del auto de vinculación a proceso. Esto, se reitera, cuenta habida que, en el caso a estudio, el quejoso reclama el auto de vinculación a proceso dictado en su contra por el delito de violación, previsto y sancionado en el artículo 313, párrafos primero y segundo del Código Penal del Estado de Yucatán, denunciado por la persona de identidad reservada con iniciales F.G.P.C., (cometido en agravio de su hermanito menor con identidad reservada de iniciales Y.J.M.P.), e imputado por la Representación Social, aduciendo que su detención fue en contravención con lo previsto por el artículo 16 Constitucional, ya que dicha detención no fue inmediata como lo establece la fracción II, inciso B, del numeral 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por tanto, refiere que no lo detuvieron en flagrancia. Bajo esas condiciones, no podría considerarse irreparablemente consumada la violación alegada; porque el diverso acto reclamado, consistente en la resolución de plazo constitucional (vinculación a proceso), aparece apoyado, precisamente, en los datos de prueba que el quejoso refiere de haber sido obtenidos de manera irregular, producto de aquella detención; de ahí que no se actualice la causal de improcedencia apuntada. Aunado a lo anterior, se estima que, en el caso, sí resulta procedente efectuar el estudio de la legalidad de la detención, cuyo resultado tiene efectos en el proceso, particularmente en la legalidad y alcance convictivo de los datos de prueba que derivan de la misma. Esto es así, toda vez que de la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se desprende que el derecho humano a la libertad, en su acepción más básica, implica la capacidad de una persona de llevar a cabo sin intromisiones injustificadas sus propios actos, incluyendo entre éstos, su libertad de movimiento o libertad deambulatoria; asimismo, que tal derecho se encuentra reconocido y protegido en diversas normas de derecho interno e internacional. De dicho alcance normativo, se obtiene que, en términos generales, el derecho a la libertad, como cualquier derecho fundamental en un Estado democrático de derecho, no es absoluto, lo que significa que en determinadas condiciones y circunstancias se justifica que el Estado lo restrinja (a través de leyes o actos), aun cuando, en aras de maximizar el respeto a los derechos de las personas, las restricciones para que sean admisibles, deben tener causa y fin legal (principio de legalidad), y ser medidas necesarias y proporcionales. En este punto, se estima pertinente señalar que si bien es cierto la ponderación de datos de prueba persigue una finalidad distinta en la audiencia de control de la detención y en la de vinculación a proceso, también lo es que sí es factible reasumir su examen en la segunda, en la medida de que si existió una detención ilegal, ésta llevaría a la exclusión probatoria en aquélla. Es importante señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia por contradicción de tesis con número de registro 2014800, de rubro AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL), determinó, de manera categórica, que el auto de vinculación a proceso es un acto dentro del procedimiento penal, cuya emisión trae como única consecuencia que a la persona imputada se le sujete a una investigación formalizada, por un plazo perentorio no mayor a seis meses, a fin de que las partes involucradas en el conflicto penal recaben medios de convicción que permitan determinar en una etapa posterior denominada intermedia, si lo obtenido es suficiente para que la autoridad ministerial formule acusación al imputado y, en su caso, se le lleve a juicio oral para determinar su responsabilidad en el hecho delictuoso imputado. Por tanto, es evidente que, como concluyó la citada Primera Sala, el auto de vinculación a proceso sólo sujeta a una investigación formalizada o judicializada al imputado, por determinado hecho considerado como delito; mientras que el Juez sólo podrá decretar la prisión preventiva en una diversa determinación donde resuelve sobre la petición de otorgamiento de medidas cautelares y podrá imponer la prisión preventiva ya sea oficiosa o a petición del órgano investigador, cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un hecho doloso. En ese sentido, de conformidad con el numeral 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la etapa de control de legalidad de la detención, el Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención del imputado, en tanto que el Juez de Control procederá a calificarla, examinando el cumplimiento del plazo constitucional de retención y los requisitos de procedibilidad, ratificándola en caso de encontrarse ajustada a derecho o decretando la libertad en los términos previstos en la codificación de la materia; por tanto, en dicha etapa de la audiencia inicial, la autoridad judicial analiza los datos de prueba aportados por la representación social, única y exclusivamente con la finalidad de verificar si la detención estuvo ajustada a derecho. En cambio, en la etapa de vinculación a proceso, el Juez de Control constata que de los antecedentes de la investigación expuestos por la autoridad ministerial, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; ello, acorde a lo preceptuado por el artículo 316, fracción III, del código procesal de la materia. Además, conforme al artículo 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se considera prueba ilícita cualquier dato o prueba obtenidos con violación de los derechos fundamentales, lo que será motivo de exclusión o nulidad; circunstancia que revela que, en la audiencia de vinculación, sí es dable analizar nuevamente lo acontecido en la detención, pues en caso de que ésta hubiere sido prolongada, llevaría a la exclusión de las pruebas que se hayan obtenido durante la misma; de ahí que no opere un cambio de situación jurídica y sea jurídicamente permisible el análisis constitucional de sendos actos reclamados. Una vez precisado lo anterior, es menester indicar que, en su tercer concepto de violación, el quejoso alega que su detención fue hecha en contravención al artículo 16 constitucional, dado que no fue realizada en flagrancia inmediata como lo dispone la fracción II, inciso B, del numeral 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo anterior considerando que entre el momento de que aconteció el delito y la hora de su detención transcurrió aproximadamente una hora con quince minutos. Resulta infundado este concepto de violación. La fracción II, inciso b), del numeral 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: "Artículo 146. Supuestos de flagrancia Se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando: (..) II. Inmediatamente después de cometerlo es detenida, en virtud de que: (.) b) Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. Para los efectos de la fracción II, inciso b), de este precepto, se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento, siempre y cuando, inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización." El artículo transcrito con antelación establece que se podrá detener sin orden judicial a cualquier persona en caso de flagrancia; y el propio dispositivo legal describe el supuesto de flagrancia cuando la persona es objeto de señalamiento por parte de la víctima u ofendido, algún testigo que presenció los hechos o bien quien hubiere intervenido en la comisión del ilícito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito y se cuente con indicios que permitan presumir que intervino en el antisocial. Asimismo, en la propia norma se establece que el supuesto de flagrancia por señalamiento ocurrirá siempre que inmediatamente después de la comisión del delito no se haya interrumpido la búsqueda y localización de la persona. Ahora bien, en la audiencia de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, de conformidad con los datos de prueba expuestos al Juez de Control, se desprende que los hechos constitutivos del delito acontecieron a las once horas con quince del dieciséis de septiembre de dos mil dieciocho y los elementos policíacos aprehensores detuvieron al imputado a la cero horas con treinta minutos del diecisiete siguiente, siendo puesto a disposición de la autoridad ministerial correspondiente a las cuatro horas con cincuenta minutos del mismo día. Posterior a esto, una vez llevadas a cabo las diligencias respectivas, la citada autoridad ministerial ejerció la acción penal poniendo a disposición del juez de control al ahora quejoso el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, a las tres horas con veintitrés minutos. Por tanto, resulta dable concluir fundadamente, que entre la data en que sucedieron los hechos y la diversa en que fue detenido el imputado, transcurrieron aproximadamente una hora con quince minutos. Circunstancia que permitió que en el asunto de origen se actualizara la flagrancia inmediata de conformidad con la fracción segunda, inciso B, del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuenta habida que el tiempo transcurrido entre la ejecución del delito y el momento de la detención del aquí quejoso, se considera acorde a las exigencias que establece el numeral 16 Constitucional, por lo que es evidente que en dicho lapso de tiempo hubo una secuencia de actos para considerar que dicho quejoso fue detenido en flagrancia inmediata, los cuales se citan a continuación: comisión de un hecho delictuoso; comunicación por parte de la víctima, menor con iniciales Y.J.M.P., hacia la denunciante, aquí tercera interesada persona de identidad reservada con iniciales F.G.P.C., respecto de dicho ilícito; comparecencia de dicha denunciante a la comandancia correspondiente para a su vez comunicar lo acontecido, búsqueda así como la localización del imputado Héctor Paúl Martínez Ku, aquí quejoso, por parte de los elementos de la policía y, Señalamiento por parte de la víctima hacia la persona de Héctor Paúl Martínez Ku, aquí quejoso, así como su detención. De lo anterior se advierte que hubo un desarrollo de los actos citados que culminaron con el señalamiento por parte de la víctima hacia la persona del referido imputado, ello inmediatamente después de la comisión del delito sin que pueda considerarse que hubo una interrupción en la búsqueda y localización, como atinadamente sostuvo la Juez natural. Además, la inmediatez que exige la legislación adjetiva se traduce en un lapso de tiempo que debe ser continuo y breve, por lo que no es dable considerar el término "inmediatamente" en minutos, horas o incluso días; de ahí que como aconteció en el caso particular la juez de origen apreció en conciencia los hechos que la representación social le planteó, el tiempo en que ocurrió el ilícito, así como el lugar y las circunstancias del caso. Sirve de apoyo a lo anterior, por similitud, la tesis aislada XXI. 1o.5 P visible en la página 946, marzo de 1996, Tomo III, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 202971, que a la letra dice: "FLAGRANTE DELITO. CONCEPTO DEL TERMINO "INMEDIATAMENTE", EN LA TERCERA HIPOTESIS PREVISTA POR EL ARTICULO 69 REFORMADO DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES. (LEGISLACION DEL ESTADO DE GUERRERO). El artículo 16 de la Constitución Federal dispone que en los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Por su parte, el precepto 69, vigente a partir del primero de abril de mil novecientos noventa y cinco, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, establece que existe delito flagrante: a) cuando la persona es detenida en el momento de estar cometiendo el delito; b) cuando es detenida después de ejecutado pero es perseguida materialmente; o c) cuando es detenida inmediatamente después de haberlo cometido y alguien la señala y se encuentra en su poder el objeto del mismo o el instrumento con que aparezca cometido, o aparezcan huellas o indicios que hagan presumir fundadamente su culpabilidad. Ahora bien, el término inmediatamente, que se emplea en esta última hipótesis de la existencia de delito flagrante, debe entenderse, como el lapso de tiempo comprendido entre el momento de la ejecución del delito y el momento de la detención (cuando no aconteció persecución material); lapso de tiempo que debe ser continuo y breve, que casi no haga necesaria la investigación, ya que la cercanía en el tiempo entre el momento en el que se comete el ilícito y el momento en que ocurre la detención, permiten a cualquier persona presumir, en base al señalamiento y a los hechos que tiene a la vista, que la persona que se detiene es la culpable. En otras palabras, en esta hipótesis, así como en las otras dos, por la cercanía entre ambos momentos, primero se detiene a la persona que se presume culpable y posteriormente el Ministerio Público inicia la averiguación, una vez que ha sido puesta a su disposición la persona detenida; atento a lo dispuesto por la segunda parte del segundo párrafo del citado artículo 69. Cabe observar, que no es factible definir el término "inmediatamente" en minutos, horas o incluso días, porque en cada caso en particular debe apreciarse en conciencia, el tiempo en que ocurrieron los hechos, el lugar y las circunstancias del caso." Por tanto, se concluye que la detención a la que fue sujeto el aquí quejoso fue legal, por lo que no existe razón por la cual deban ser nulificados los datos de prueba que fueron valorados por la Juez de Control. Por otra parte, el quejoso como diverso concepto de violación refiere que fueron transgredidos sus derechos en virtud de que en el informe policial homologado se advierte que los elementos aprehensores dieron lectura a los derechos que le asistían como detenido con fundamento en la fracción LLL y no como lo dispone la fracción III del artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es infundado dicho concepto de violación. La fracción III del numeral 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: "Artículo 132. Obligaciones del Policía El Policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Para los efectos del presente Código, el Policía tendrá las siguientes obligaciones: (.); II. (.) III. Realizar detenciones en los casos que autoriza la Constitución, haciendo saber a la persona detenida los derechos que ésta le otorga; (.)." Del dispositivo legal acabado de transcribir se advierte que el policía actuará bajo la conducción de la Representación Social en la investigación de los delitos con apego a los principio que se precisan, aunado a lo anterior, una de las obligaciones del policía es efectuar detenciones en los supuestos establecidos por la Constitución Federal, y hacer saber al detenido los derechos que la propia Ley Fundamental le otorga. En ese sentido, en cuanto a la manifestación hecha por el justiciable consistente en que en el informe policial homologado se advierte que los elementos aprehensores dieron lectura a los derechos que le asistían al detenido, aquí quejoso, con fundamento en la fracción LLL y no como lo estipula la fracción III del artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como acertadamente resolvió la juez responsable, esta circunstancia no constituye motivo suficiente para decretar ilegal la detención, dado que aun cuando la fracción asentada como LLL no existe, el numeral citado es suficiente para considerar como correcto dicho fundamento. Máxime si en la audiencia de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, la juez de origen preguntó expresamente al detenido, aquí quejoso, si en el momento de su detención le fue leído sus derechos que le asistían, y en respuesta a dicha pregunta el imputado contestó que sí, convalidándose esta circunstancia tal y como lo estableció la autoridad judicial. Además de lo anterior, en la propia audiencia la juez de conocimiento hizo referencia como datos de prueba las constancias de registro de la detención y de la lectura de derechos que fueron levantadas en la corporación policiaca correspondiente, por lo que se cumplió con lo que establece la fracción III del numeral 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales así como el Apartado B del artículo 20 constitucional. Por tanto, se reitera que la detención a la que fue sujeto el aquí quejoso fue legal, por lo que no existe razón por la cual deban ser nulificados los datos de prueba que fueron valorados por la Juez de Control. Así las cosas, al haber resultado infundados los conceptos de violación planteados por el quejoso, sin que se advierta alguna queja deficiente que suplir, en los términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, procede negar el amparo solicitado respecto de los actos reclamados consistentes la resolución dictada en la audiencia de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho así como el auto de vinculación a proceso emitido el veinticuatro del propio mes y año, dictada por la Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, en la carpeta administrativa 193/2018. Quinto. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R e s u e l v e: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso Héctor Paúl Martínez Ku, contra el acto que reclama de la Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Segundo. Se ordena que para el caso de atender una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, elaborar la versión pública de esta sentencia, testando las partes o secciones clasificadas e indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el Secretario Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe, hasta el día de hoy, veinte de mayo de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del Juzgado.

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