Heisler Gabriel Peniche Diaz
Expediente 1100/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1100/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Heisler Gabriel Peniche Diaz
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y las constancias de autos de las que se advierte que en el particular se hizo valer la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIX de la Ley de Amparo, aduciendo que el quejoso interpuso recurso de revocación de las providencias precautorias por hechos supervinientes, el cual se interpuso con la finalidad de revocar o nulificar el acto reclamado. En consecuencia, a efecto de proveer lo conducente respecto a la procedencia o no del juicio, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, Juez Décimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México, para que en el término tres días, contado a partir de la legal notificación del presente auto, informe a este Juzgado si a la fecha resolvió el recurso de revocación interpuesto y de ser así, precise el sentido del mismo y remita copia certificada de la resolución que en su caso se haya emitido. Asimismo, requiérase al Juez responsable para que en plazo antes precisado informe el estado que guarda el juicio ********************, del que deriva el acto reclamado en el presente asunto, apercibida que de no dar cumplimiento, o no informar las causas que se lo impidan se hará efectiva la multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, de conformidad con lo establecido en el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo. Por otra parte, glósese a los autos para que obre como corresponda el escrito firmado electrónicamente por ********************, apoderado general del tercero interesado ******************** S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ********************, mediante el cual hace diversas manifestaciones a manera de alegatos. Ahora bien, del escrito de alegatos que se provee, el tercero interesado precisa que el presente juicio tiene estrecha relación con el juicio de amparo ********************radicado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, promovida por ********************en ese sentido, mediante oficio que se remita vía interconexión, solicítese atentamente a la titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, a efecto de que gire las instrucciones a quien corresponda y se permita el acceso al expediente electrónico del juicio de amparo ********************. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fija como nueva hora y fecha para su celebración las diez horas con cincuenta minutos del dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Sin que el presente acuerdo deba notificarse por oficio a las autoridades responsables, dado que no se considera de trascendencia, acorde a lo sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese. (...)
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el informe justificado rendido por la Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, autoridad señalada como responsable en el presente juicio de amparo, el cual se ordena glosar a este expediente. Cabe mencionar que aun cuando en el oficio se suscribe como el homólogo Juez Primero, del contenido, sello y de las constancias certificadas que se acompañaron al mismo se observa que corresponde a la autoridad responsable Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial en el Estado de Yucatán. Precisado lo anterior, se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes, tales como aquéllos en que hayan cesados los efectos del acto reclamado. Esto al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 14 de febrero de 2003, derivada de la contradicción de tesis 26/2002-PL, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Aunado a que ésta por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, puede analizarse de oficio y en cualquier etapa del juicio, como lo señala el artículo 62 de la Ley de Amparo, motivo por el cual se procederá a su estudio. De conformidad con lo anterior, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto, se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama a la autoridad responsable, la falta de acuerdo a su escrito de veinticuatro de enero del año en curso, presentado el treinta de marzo del citado año y relativo al expediente 159/2016 de su índice, con el que solicitó se le expida copia certificada de la sentencia emitida en dicho expediente y se le tenga como su asesora jurídica a la persona que designa. Sin embargo, de las constancias certificadas conducentes del expediente 159/2016 que la autoridad señalada como responsable en este asunto, remitió en apoyo a su informe justificado de cuenta, a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el ocho de agosto del año en curso, emitió un acuerdo en el expediente referido, en el que otros determinó lo siguiente: 1. Ordenó que proceda la Secretaría del nombrado juzgado a expedir a costa de la parte quejosa la copia certificada que solicitó. 2. Y tuvo como designada a Lucía del Carmen Moreno Manzano, únicamente para que tenga acceso al expediente ya indicado; así como que no accedió la petición de tener a la nombrada Moreno Manzano, como su asesora jurídica patrona, en virtud de que no cumplió con lo dispuesto en el artículo 104 del Código de Procedimientos Familiares del Estado. Proveído que fue notificado por medio del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, número treinta y cinco mil ciento cincuenta y tres de nueve de agosto del presente año, según se desprende de la constancia que para tal efecto levantara el actuario adscrito al juzgado responsable. Todo lo anterior fue realizado con fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo, que lo fue el siete de julio de esta anualidad, por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. En virtud de lo anterior, se queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con siete minutos del veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Karen Azalia Mendoza Sánchez, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Atento el estado procesal que guarda este expediente y de donde se aprecia que se encuentra transcurriendo el término de quince días que se concedió por acuerdo de once de julio del año en curso, a la autoridad señalada como responsable en el presente juicio de amparo, para que rinda su informe con justificación, considerando su periodo vacacional; por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan para su celebración las diez horas con siete minutos del veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Sin que este acuerdo deba notificarse por oficio a la autoridad responsable de este asunto, por no considerarse de trascendencia, acorde a la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2002576, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, cuyo rubro dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Karen Azalia Mendoza Sánchez, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos para que obre como corresponda, el oficio signado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, con el que acusa recibo del oficio con el que se remitió el expediente original, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios, para la tramitación del recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa, y comunica que se admitió el citado medio de impugnación con el número ********************. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario que autoriza y da fe.
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