Héctor Ruiz Oropeza
Expediente 416/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 416/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Magistrado de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán
- Héctor Ruiz Oropeza
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. ACUSA RECIBO Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos de la Sexta Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual acusa recibo del oficio que señala. SE DA CUENTA CON ESTADO DE AUTOS Y SE ORDENA ARCHIVO. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al ARCHIVO el cuaderno de antecedentes en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21 inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción por haberse desechado la demanda de amparo, dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Héctor Guerrero Véjar, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.Jegp
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de septiembre de dos mil veintiuno. HA CAUSADO ESTADO DESECHADA. Visto el estado procesal de autos, así como la certificación que antecede, de los que se obtiene que a la fecha ha fenecido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa Héctor Ruiz Oropeza, haya interpuesto recurso de queja contra el auto de once de mayo del año en curso, por el que SE DESECHÓ la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para los efectos legales correspondientes. SE ORDENA EL ARCHIVO DEL ASUNTO. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. SE DEVUELVE TOMO DE PRUEBAS. Finalmente, devuélvase al Magistrado de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, el tomo de pruebas que remitió con motivo del presente asunto; solicitándole se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, once de mayo de dos mil veintiuno. SE RECIBE OFICIO Y DEMANDA POR INCOMPETENCIA. Se tiene por recibido el oficio de cuenta número 2373/2021 signado por el Actuario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual inserta el proveído de tres de mayo del año en curso, dictado en el amparo directo 39/2021, y además, adjunta el escrito original y copias de traslado de la demanda de garantías promovida por Héctor Ruiz Oropeza, por propio derecho, contra la resolución de once de noviembre de dos mil veinte dictada dentro del toca I-26/2020, en el que la autoridad señalada como responsable Magistrado de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, revocó la sentencia apelada y ordenó la reposición del procedimiento de primera instancia; el oficio que contiene el informe justificado de la responsable, así como un tomo de pruebas relativo al expediente de origen. Ahora, como del oficio de cuenta se desprende que la autoridad oficiante, declaró carecer de competencia legal, para conocer de la demanda de garantías planteada por Héctor Ruiz Oropeza, contra actos del Magistrado de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad, se provee: ESTE JUZGADO SE AVOCA AL CONOCIMIENTO. Con apoyo en los artículos 38 y 107 de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, se avoca al conocimiento del asunto; acúsese el recibo de estilo correspondiente. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por Héctor Ruiz Oropeza, contra el acto reclamado al Magistrado de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. ANÁLISIS El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Mientras que, el diverso artículo 61, fracción XIV, de la ley en cita, dispone: "El juicio de amparo es improcedente: "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" Por su parte, los artículos 17 y 18, de la Ley de Amparo, respectivamente, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la lectura de la demanda se desprende que Héctor Ruiz Oropeza, reclama de las autoridades señaladas como responsables Magistrado de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad, la resolución de once de noviembre de dos mil veinte dictada dentro del toca I-26/2020, por medio de la cual se revocó la sentencia apelada y ordenó la reposición del procedimiento de primera instancia; acto del cual según se desprende de la lectura de la demanda tuvo conocimiento el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, pues en el mismo refiere bajo protesta de decir verdad: "IV.- FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA.- El día 25 veinticinco de noviembre del 2020 dos mil veinte.". Lo anterior evidencia que se surte la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Carta Magna, en relación con los artículos 17 y 18 de dicha normatividad, pues de conformidad con el citado artículo 17 de la Ley de Amparo, el término para interponer la demanda de garantías es de quince días, mismo que en términos del artículo 18 de dicha ley, debe computarse de acuerdo a los siguientes supuestos: Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos; o, Desde el día siguiente al en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En la especie se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, al no haberse promovido dentro del término otorgado en el artículo 17, y situarse en el segundo de los supuestos establecidos en el artículo 18 de la ley en cita y anteriormente expuestos, toda vez conforme a lo manifestado por el propio quejoso, desde el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, tuvo conocimiento de la existencia del acto que comparece a reclamar en la presente instancia constitucional y sus consecuencias, resulta claro que en términos del artículo 101 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el cómputo para la presentación de la presente demanda inició el día veintiséis de noviembre, concluyendo el día dieciséis de diciembre de dos mil veinte, descontándose de ese término los días inhábiles correspondientes, sin que haya comparecido a solicitar la apertura de esta instancia, hasta el ocho de abril del presente año, fecha en que presentó el libelo que se analiza ante el Magistrado responsable, y para la cual el término de quince días de que disponía para impugnar el acto que ahora reclama, al tenor del artículo 17 de la ley de la materia, ya había fenecido. En consecuencia, resulta claro e indudable que la presentación del escrito de demanda se promovió de manera extemporánea y que por ello se actualiza la causa de improcedencia del juicio de garantías que prevé la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que conduce a desecharla. Aunado a ello, existen las manifestaciones vertidas por el propio quejoso, mismas que deben ser consideradas como una confesión que merece valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los preceptos 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto resulta aplicable la tesis cuyos datos de identificación, rubro y texto se reproducen a continuación: "Época: Novena Época Registro: 200094 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Junio de 1996 Materia(s): Común Tesis: P./J. 27/96 Página: 57 DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Contradicción de tesis 30/94. Entre las sustentadas por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados del Décimo Primer Circuito. 4 de junio de 1996. Unanimidad de once votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Alejandro Sánchez López. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el once de junio en curso, aprobó, con el número 27/1996, la tesis de jurisprudencia que antecede. México, Distrito Federal, a once de junio de mil novecientos noventa y seis". Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. SE DESECHA DEMANDA Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Héctor Ruiz Oropeza, contra actos del Magistrado de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADO Se tiene autorizado para oír y recibir notificaciones a la persona que menciona en su escrito, sin la plenitud de facultades a que alude el artículo 12 de la Ley de Amparo, por no habérselos conferido expresamente. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.-
- Principal
POR MEDIO DE LISTA, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, EL SIGUIENTE PROVEÍDO: Morelia, Michoacán, once de mayo de dos mil veintiuno. SE RECIBE OFICIO Y DEMANDA POR INCOMPETENCIA. Se tiene por recibido el oficio de cuenta número 2373/2021 signado por el Actuario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual inserta el proveído de tres de mayo del año en curso, dictado en el amparo directo 39/2021, y además, adjunta el escrito original y copias de traslado de la demanda de garantías promovida por Héctor Ruiz Oropeza, por propio derecho, contra la resolución de once de noviembre de dos mil veinte dictada dentro del toca I-26/2020, en el que la autoridad señalada como responsable Magistrado de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, revocó la sentencia apelada y ordenó la reposición del procedimiento de primera instancia; el oficio que contiene el informe justificado de la responsable, así como un tomo de pruebas relativo al expediente de origen. Ahora, como del oficio de cuenta se desprende que la autoridad oficiante, declaró carecer de competencia legal, para conocer de la demanda de garantías planteada por Héctor Ruiz Oropeza, contra actos del Magistrado de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad, se provee: ESTE JUZGADO SE AVOCA AL CONOCIMIENTO. Con apoyo en los artículos 38 y 107 de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, se avoca al conocimiento del asunto; acúsese el recibo de estilo correspondiente. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por Héctor Ruiz Oropeza, contra el acto reclamado al Magistrado de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. ANÁLISIS El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Mientras que, el diverso artículo 61, fracción XIV, de la ley en cita, dispone: "El juicio de amparo es improcedente: "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" Por su parte, los artículos 17 y 18, de la Ley de Amparo, respectivamente, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la lectura de la demanda se desprende que Héctor Ruiz Oropeza, reclama de las autoridades señaladas como responsables Magistrado de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad, la resolución de once de noviembre de dos mil veinte dictada dentro del toca I-26/2020, por medio de la cual se revocó la sentencia apelada y ordenó la reposición del procedimiento de primera instancia; acto del cual según se desprende de la lectura de la demanda tuvo conocimiento el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, pues en el mismo refiere bajo protesta de decir verdad: "IV.- FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA.- El día 25 veinticinco de noviembre del 2020 dos mil veinte.". Lo anterior evidencia que se surte la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Carta Magna, en relación con los artículos 17 y 18 de dicha normatividad, pues de conformidad con el citado artículo 17 de la Ley de Amparo, el término para interponer la demanda de garantías es de quince días, mismo que en términos del artículo 18 de dicha ley, debe computarse de acuerdo a los siguientes supuestos: Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos; o, Desde el día siguiente al en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En la especie se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, al no haberse promovido dentro del término otorgado en el artículo 17, y situarse en el segundo de los supuestos establecidos en el artículo 18 de la ley en cita y anteriormente expuestos, toda vez conforme a lo manifestado por el propio quejoso, desde el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, tuvo conocimiento de la existencia del acto que comparece a reclamar en la presente instancia constitucional y sus consecuencias, resulta claro que en términos del artículo 101 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el cómputo para la presentación de la presente demanda inició el día veintiséis de noviembre, concluyendo el día dieciséis de diciembre de dos mil veinte, descontándose de ese término los días inhábiles correspondientes, sin que haya comparecido a solicitar la apertura de esta instancia, hasta el ocho de abril del presente año, fecha en que presentó el libelo que se analiza ante el Magistrado responsable, y para la cual el término de quince días de que disponía para impugnar el acto que ahora reclama, al tenor del artículo 17 de la ley de la materia, ya había fenecido. En consecuencia, resulta claro e indudable que la presentación del escrito de demanda se promovió de manera extemporánea y que por ello se actualiza la causa de improcedencia del juicio de garantías que prevé la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que conduce a desecharla. Aunado a ello, existen las manifestaciones vertidas por el propio quejoso, mismas que deben ser consideradas como una confesión que merece valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los preceptos 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto resulta aplicable la tesis cuyos datos de identificación, rubro y texto se reproducen a continuación: "Época: Novena Época Registro: 200094 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Junio de 1996 Materia(s): Común Tesis: P./J. 27/96 Página: 57 DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Contradicción de tesis 30/94. Entre las sustentadas por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados del Décimo Primer Circuito. 4 de junio de 1996. Unanimidad de once votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Alejandro Sánchez López. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el once de junio en curso, aprobó, con el número 27/1996, la tesis de jurisprudencia que antecede. México, Distrito Federal, a once de junio de mil novecientos noventa y seis". Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. SE DESECHA DEMANDA Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Héctor Ruiz Oropeza, contra actos del Magistrado de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADO Se tiene autorizado para oír y recibir notificaciones a la persona que menciona en su escrito, sin la plenitud de facultades a que alude el artículo 12 de la Ley de Amparo, por no habérselos conferido expresamente. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.-
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- Héctor Ruiz Oropeza96/2018
- Héctor Salazar Esquivel142/2022
- Héctor Sánchez Cárdenas215/2020
- Hector Sánchez Ceja699/2018
- Helen Ruby Téllez Esquivel298/2018
- Heliodoro y/o José Heliodoro García Rosales1425/2023