Héctor Raúl Rubio Ponce
Expediente 248/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 248/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 25/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Héctor Raúl Rubio Ponce
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Devolución de exhorto Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta, signado digitalmente por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, residente en Saltillo, a través del cual remite debidamente diligenciado el exhorto *******, orden *******, de su índice, formado con motivo de la recepción del diverso 66/2021, derivado del presente juicio de amparo, del cual se advierte que el directamente agraviado, *******, fue debidamente notificado del auto dictado el dieciséis de abril del año en curso; sin que sea necesario acusar recibo de estilo, toda vez que éste se generó en forma electrónica a través del Sistema de Interconexión de Seguimiento de Expedientes; realícense las anotaciones correspondientes y dese de baja en el libro de gobierno respectivo. Causa ejecutoria la sentencia Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto todos los actos reclamados, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Por otro lado, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Exhorto Finalmente, toda vez que el quejoso, *******, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social 18 "CPS- Coahuila", con residencia en Ramos Arizpe; por tanto, con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, vía interconexión, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo, en turno, para que comisione a quien corresponda se constituya en las instalaciones que ocupa el centro penitenciario de referencia y una vez que localice al directamente agraviado, le notifique íntegramente el presente auto; de igual forma, se solicita al Juez exhortado que una vez que la comunicación oficial correspondiente se encuentre integrada la remita a esta juzgadora. Atento a lo anterior, se faculta ampliamente al Juzgado exhortando a efecto de que realice las gestiones conducentes con el objeto de cumplir con la encomienda dada. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de mayo de dos mil veintiuno. Devolución de exhorto Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta, signado digitalmente por la la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, residente en Saltillo, a través del cual remite debidamente diligenciado el exhorto *******, orden ******* de su índice, formado con motivo de la recepción del diverso 88/2021, derivado del presente juicio de amparo, del cual se advierte que el directamente agraviado *******, fue debidamente notificado de la sentencia de doce del mes y año en curso. Sin que sea necesario acusar recibo de estilo, toda vez que éste se generó en forma electrónica a través del Sistema de Interconexión de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de mayo de dos mil veintiuno. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 248/2021-I-2, promovido por *******, y; Resultando Primero. Presentación de la demanda. El siete de abril de dos mil veintiuno, en el buzón de la Oficialía Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, residente en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por *******, misma que se remitió a este juzgado por razón de turno en la misma data. En el escrito inicial la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, a quien reclamó lo siguiente: III.-ACTO RECLAMADO La negativa a concederme compurgar la pena en el Cereso Estatal N°3 el cual es el más cercano a mi entorno Familiar, y la negativa a concederme el traslado al penal ya mencionado, y la internación institucional a este CEFERESO N° "18 CPS COAHUILA" Segundo. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Por auto de ocho de abril de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida la demanda de amparo, la cual se registró con el consecutivo 248/2021-I-2 y se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Una vez que se tramitó el juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y los autos quedaron en estado de resolución. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo en virtud que es un asunto en materia penal en el que se reclaman actos negativos con efectos positivos atribuidos a un juez residente en lugar donde esta juzgadora ejerce su jurisdicción. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107 fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35 y 37, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ambas legislaciones vigentes al dos de abril de dos mil trece, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación de la litis. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa reclamó de la autoridad responsable la negativa a resolver respecto de su petición de trasladarlo al lugar más cercano a su residencia para la compurgación de la pena que le fue impuesta, que lo es, esta ciudad. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en los párrafos precedentes, que será estudiado enseguida. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. Es inexistente la negativa reclamada al Juez responsable. Ello, pues al rendir informe justificado el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, indicó que no es cierta la negativa de proveer respecto de la petición aparentemente formulada por el aquí quejoso, de compurgar la pena de prisión en esta ciudad; pues refirió no haber recibido petición alguna en ese sentido. Ahora, es oportuno considerar que un acto reclamado tiene la característica de ser negativo, cuando denota la omisión o la abstención de aquella a quien se atribuye; por ello, si el acto por su naturaleza tiene esa característica y la autoridad a quien se le atribuye lo niega o es omisa en rendir su informe justificado, no corresponde al quejoso demostrar su existencia debido a que este último no se encuentra en la posibilidad de probar la omisión o la abstención que reclama sino que, como la negativa expresada por la autoridad, o en su caso, la presunción al no haber rendido su informe justificado, encierra la afirmación de que no incurrió en ellas, le corresponde precisamente a la responsable acreditarlo. En otras palabras, cuando los actos reclamados consistan en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba relativa, en principio, no corresponde a la parte quejosa, sino que son las autoridades quienes se encuentran obligadas a demostrar que no incurrieron en las conductas reprochadas; empero, siempre y cuando la parte quejosa hubiere demostrado haber formulado la solicitud respectiva. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.3o.A. J/21, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 660, del tomo V, segunda parte-2, de enero a junio de 1990 del Semanario Judicial de la Federación, octava época, materia administrativa, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. ACTO NEGATIVO Y NEGATIVA DEL ACTO. SON DOS COSAS DISTINTAS. CARGA DE LA PRUEBA. Todo acto, por definición, supone la existencia de una conducta ya sea activa o pasiva. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Así, para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Por otra parte, la esencia del acto negativo versa, exclusivamente, sobre su característica que denota la omisión o la abstención de aquella a quien se atribuye. La negativa del acto, por lo contrario, no atiende a la naturaleza de aquél sino que propiamente constituye sólo una expresión sobre su existencia. En ello radica precisamente la diferencia entre un acto negativo y la negativa del acto. Como no se trata de conceptos iguales, la carga de la prueba en uno y otro supuesto se distribuye en forma desigual. La negativa simple del acto libera a quien la formula de la necesidad de probarla, pues, lógicamente, no es factible demostrar lo que se ha negado; de tal suerte que la carga de probar recae en su contraparte. En otro orden de ideas, si la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí se encuentra en la necesidad de justificarla. La regla en cuestión se encuentra prevista por el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al disponer que el que niega sólo está obligado a probar, entre otras hipótesis, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. En tal virtud, si el acto por su naturaleza es negativo y aquella a quien se atribuye lo niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en la posibilidad de probar la omisión o la abstención de su contraria sino que, como la negativa expresada por ésta encierra la afirmación de que no incurrió en ellas, debe acreditarlo. En suma, como la manifestación respecto de la existencia del acto no modifica la naturaleza de éste, en tanto que se trata de cosas diferentes, debe concluirse que si las autoridades responsables en su informe niegan la existencia de los actos, esa consideración no les imprime a éstos el carácter de negativos. Asimismo, la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 301, del tomo XIII, marzo de 1994 del Semanario Judicial de la Federación, octava época, materia común, del tenor: ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR LA CONSTITUCIONALIDAD QUE SE RECLAME. Cuando los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, que se estiman inconstitucionales, debe entenderse que la carga de la prueba de que no existen esas omisiones o hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las autoridades responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos. En el caso, el acto que se atribuyó al Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, consistente en la negativa a proveer respecto de la petición aparentemente formulada por el aquí quejoso a efecto de compurgar la pena de prisión en esta ciudad, resulta inexistente, pues el quejoso no exhibió en este juicio prueba alguna, a través de la que pudiera demostrar que solicitó de tal responsable el traslado del centro penitenciario en el que se encuentra, a uno en esta localidad. En esa medida, al no obrar constancia de la existencia de que el quejoso haya presentado solicitud alguna ante la referida autoridad responsable, es inconcuso que el acto que le fue atribuido al Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, resulta inexistente. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 236 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, tomo VI, Materia Común, registro 917818, que es del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. De tal manera que, debe sobreseerse en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Cuarto. Exhorto. Toda vez que el quejoso *******, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social 18 "CPS- Coahuila", con residencia en Ramos Arizpe; por tanto, con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, vía interconexión, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo, en turno, para que comisione a quien corresponda se constituya en las instalaciones que ocupa el centro penitenciario de referencia y una vez que localice al directamente agraviado, le notifique íntegramente la presente sentencia; de igual forma, se solicita al Juez exhortado que una vez que la comunicación oficial correspondiente se encuentre integrada la remita a esta juzgadora. Atento a lo anterior, se faculta ampliamente al Juzgado exhortando a efecto de que realice las gestiones conducentes con el objeto de cumplir con la encomienda dada. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 73, 74, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por *******, en atención a las razones expuestas en el considerando tercero de la presente resolución. Segundo. Notifíquese la presente resolución al quejoso en los términos establecidos en el considerando cuarto de la presente sentencia. Notifíquese y cúmplase. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de abril de dos mil veintiuno. Informe justificado Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, residente en esta ciudad; como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, así como con el de la documental que se recibe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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