Héctor Pérez Pintor

Expediente 452/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
452/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
07/07/2023

Partes del expediente

  • Héctor Pérez Pintor

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de julio de dos mil veintitrés. SE RECIBE EJECUTORIA Agréguese a los presentes autos el oficio por el cual la autoridad que lo signa remite testimonio autorizado de la ejecutoria emitida en el recurso de queja administrativa 148/2023 de su índice, interpuesta en el expediente en que se actúa. SENTIDO DE FALLO Hágase del conocimiento de las partes, para los efectos conducentes, que el tribunal de alzada mediante resolución aprobada en sesión de veintidós de junio de dos mil veintitrés, resolvió: "ÚNICO. Se declara infundado el presente recurso de queja". ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno para los fines estadísticos correspondientes. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 20 fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, once de mayo de dos mil veintitrés. ACUSA RECIBO Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por la actuaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso por el que se le remitió copia certificada del cuaderno de amparo número VI-452/2023, para la substanciación del recurso de queja interpuesto en autos; asimismo informa a este órgano jurisdiccional que se admitió dicho recurso, el cual quedó registrado con el número 148/2023 de su control. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza.- Doy fe.MachCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario José Sierra Ortiz CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de mayo de dos mil veintitrés. INTERPONE QUEJA Visto el escrito que signado por Eduardo Delgado Durán, autorizado del quejoso Héctor Pérez Pintor, mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto de catorce de abril de dos mil veintitrés, a través del cual se desechó la demanda de garantías que originó el presente cuadernillo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 99 y 100 de la Ley de Amparo, ríndase informe justificado sobre la materia de la queja, comunicando al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito en turno, con sede en esta ciudad, que es cierto el auto recurrido, toda vez que en el proveído de catorce de abril de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de garantías promovida Héctor Pérez Pintor, contra actos del Tesorero de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. Para justificar lo anterior, juntamente con el escrito de agravios, remítase al superior copia certificada del presente cuadernillo de amparo, lo anterior a efecto de que esté en aptitud de determinar lo que conforme a derecho proceda. Sin que sea el caso de proceder en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo en vigor, esto es, notificar a las demás partes la interposición del recurso de mérito, para que en el plazo de tres días señalen constancias que deberán remitirse al que va a resolver; lo anterior en consideración a que el auto recurrido consiste en aquél por el que el que se desechó la demanda de garantías, por lo que no existen partes en el juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  4. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, catorce de abril de dos mil veintitrés.********************AUTO DE RADICACIÓN.********************Fórmese expediente con el escrito de cuenta.********************Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado.********************SE RECIBE DEMANDA. ********************Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Tesorero de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con residencia en esta ciudad y otras autoridades.********************ANÁLISIS.********************El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial.********************De igual modo, el artículo 113 en mención señala que el desechamiento de plano de una demanda de amparo requiere, necesariamente, un motivo de improcedencia del juicio constitucional.********************Conviene mencionar que el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización.********************Apoyan lo expuesto, las jurisprudencias I.13°.A. J/6 y I.60.C.J/19, emitidas por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil, ambos pertenecientes al del Primer Circuito, cuyos rubros son:********************"DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO."********************"DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA".******************** ACTUALIZACIÓN DE CAUSA DE IMPROCEDENCIA. ********************Ahora, del análisis integral del libelo constitucional revela que los actos reclamados se hacen consistir en:****************************************La unilateral e injustificada revocación de mi categoría de Profesor-Investigador Titular "C, de Tiempo Completo en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la asignación de una menor en mis recibos de pago; a saber, la calidad de Profesor-Investigador "B" de la misma Universidad. ****************************************Todos los actos realizados o que pretenda realizar con vistas a dar cumplimiento a la unilateral e injustificada revocación de mi categoría de Profesor-Investigador Titular "C, de Tiempo Completo en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la asignación de una menor en mis recibos de pago; a saber, la calidad de Profesor-Investigador "B" de la misma Universidad. ****************************************El quejoso expone en el apartado denominado "V. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA", bajo protesta de decir verdad, que el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, al presentarse en las oficinas de nóminas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a firmar la nómina de pago, relativa a la primera quincena de marzo, se enteró de que en dicha nómina y en el recibo de pago de su quincena no fue reconocido con su calidad de Profesor-Investigador Titular "C", de tiempo completo, sino con una categoría menor, siendo ésta la de Profesor-Investigador Titular "B".********************Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte un motivo manifiesto de improcedencia, que impone desecharla de plano, de conformidad con lo establecido en los artículos 61 fracción XXIII, 107, fracción II, en concordancia con el diverso 5°, fracción II, de la Ley de Amparo.********************De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, se advierte que el juicio de amparo únicamente es procedente contra actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; teniendo el carácter de autoridad, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. ********************Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de diversos criterios jurisprudenciales ha puntualizado como características distintivas que debe tener una autoridad a fin de ser considerada como tal para los efectos del juicio de amparo, las siguientes:********************a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular.********************b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad.********************c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular.********************d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.********************Sirve de apoyo, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación número 2ª.CCIV/2001, visible en la página 39, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto indican:********************"AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado".********************Entonces, para efectos del juicio de amparo, autoridad responsable es aquella que en una relación jurídica de subordinación emite actos a través de los cuales impone su voluntad en forma directa y unilateral, por los que crea, modifica o extingue, por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado.********************Ahora bien, de la confrontación de lo anterior, con el acto que se les atribuye a las autoridades señaladas como responsables, se advierte que el acto del que se duele el quejoso no es susceptible de ser reclamada en la vía de amparo por la parte promovente, en razón a que, dicho acto deriva de una relación laboral preexistente entre la parte inconforme en su carácter de trabajador y las responsables que como patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre el trabajador y patrón.********************En efecto, el acto reclamado por la parte inconforme no deriva en una relación de supra a subordinación como las que se deben suscitar entre la autoridad responsable y un particular, sino en un plano de carácter laboral, pues el solicitante del amparo manifestó desempeñarse como Profesor-Investigador Titular "C" de tiempo completo, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y se queja de que su plaza fue recategorizada a una plaza menor, denominada Profesor-Investigador Titular "B" .********************Por consiguiente, el acto combatido por el solicitante de amparo, es una actuación que se circunscriben exclusivamente al plano laboral y en esa medida, desvinculado totalmente de las características propias que revisten los actos de autoridad para efectos del juicio de amparo; lo cual implica que la parte quejosa, debe acudir ante las instancias ordinarias a impugnar los derechos laborales que dice, le vulneran con dicha recategorización negativa, para en su caso, estar en condiciones de someter a la jurisdicción constitucional las determinaciones que se adopten al respecto y le irroguen perjuicio.********************Cabe precisar que las universidades, como organismos descentralizados, son entes públicos que forman parte de la administración pública y por ende del Estado, y si bien presentan una autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, tal circunstancia tiende a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se fundamenta en la libertad de enseñanza.********************Empero, ello no implica de manera alguna su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, y restringida a sus fines, por lo que no se constituye como un obstáculo que impida el ejercicio de las potestades constitucionales y legales de éste para asegurar el regular y eficaz funcionamiento del servicio de enseñanza. ********************Por ello, para analizar si los funcionarios de dichos entes, con fundamento en una ley de origen público ejercen o no un poder jurídico que afecte por sí o ante sí y de manera unilateral la esfera jurídica de los particulares, con independencia de que puedan o no hacer uso de la fuerza pública, debe atenderse al caso concreto. ********************En el que se examina, ha de considerarse que las autoridades universitarias señaladas por el quejoso como responsables, al efectuar una recategorización de la plaza que tenía con motivo de la prestación de servicio profesional como profesor-investigador, actuó con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal académico, dentro del marco constitucional previsto en la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ello, en este caso no resulta ser autoridad para efectos del juicio de amparo.********************Sustenta lo anterior, el criterio que a continuación se cita:******************** ********************"Registro digital: 199460********************Instancia: Pleno********************Novena Época********************Materia(s): Laboral********************Tesis: P. XXVIII/97********************Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Tomo V, Febrero de 1997, página 119********************Tipo: Aislada********************AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE UNA UNIVERSIDAD CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELACIÓN LABORAL. Los funcionarios de los organismos públicos descentralizados, en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados; esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de garantías, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Así, las universidades, como organismos descentralizados, son entes públicos que forman parte de la administración pública y por ende del Estado, y si bien presentan una autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, tal circunstancia tiende a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se fundamenta en la libertad de enseñanza, pero no implica de manera alguna su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, y restringida a sus fines, por lo que no se constituye como un obstáculo que impida el ejercicio de las potestades constitucionales y legales de éste para asegurar el regular y eficaz funcionamiento del servicio de enseñanza. Por ello, para analizar si los funcionarios de dichos entes, con fundamento en una ley de origen público ejercen o no un poder jurídico que afecte por sí o ante sí y de manera unilateral la esfera jurídica de los particulares, con independencia de que puedan o no hacer uso de la fuerza pública, debe atenderse al caso concreto. En el que se examina, ha de considerarse que la universidad señalada por el quejoso como responsable, al negar el otorgamiento y disfrute del año sabático a uno de sus empleados académicos, actuó con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal académico, dentro del marco constitucional previsto en la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ello en este caso no resulta ser autoridad para efectos del juicio de amparo, lo que desde luego no implica que en otros supuestos, atendiendo a la naturaleza de los actos emitidos, sí pueda tener tal carácter.********************DESECHAMIENTO. ********************En mérito de lo expuesto, el acto reclamado en esta instancia no encuadra en la hipótesis legal contenida en la fracción ll, del artículo 107, de la Ley de Amparo; por consiguiente, resulta manifiesta la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo.********************DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA.********************Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta.********************AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA.********************Se tiene a la parte quejosa autorizando para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a ********************, con la plenitud de facultades amplias que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, así como en el libro de registro de cédulas de este juzgado, se constató que existe registro de las cédulas profesionales que acreditan se encuentran facultados para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho.********************AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS.********************Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo.********************Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. ********************HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO.********************Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos en días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de Trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia.******************** AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES********************Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. ********************MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES.********************Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia.********************NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.******************** Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.Mach

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