Hector Romero Reyes
Expediente 329/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 329/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Hector Romero Reyes
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, trece de abril de dos mil veintitrés. Se recibe exhorto diligenciado Visto el oficio de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 45/2023, con número de orden 117/2023, de nuestro índice. Ese exhorto se recibe diligenciado, porque se notificó al quejoso el acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su solicitud de tutela constitucional. Por tanto, se ordena dar de baja la referida comunicación oficial, con la hipótesis "diligenciada", y realizar las anotaciones correspondientes tanto en el libro de gobierno respectivo como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Desistimiento del quejoso. Ahora, de la diligencia realizada por el actuario judicial actuante, el once de abril del año en curso, se advierte que el quejoso *, manifestó lo siguiente: "me desisto de este juicio de amparo quedo enterado de las implicaciones que esto conyeba" (sic). En tal virtud, y dado que, el desistimiento de la acción de amparo consiste en la declaración de voluntad de no proseguir con el juicio, el cual conlleva emitir una resolución con la que finaliza la instancia de amparo, con independencia de la etapa en que se encuentre (desde el inicio del juicio hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia que se dicte) y sin necesidad de examinar los conceptos de violación o, en su caso, los agravios; se tiene por desistido a * de la demanda de amparo que promovió y motivó el presente juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número * En consecuencia, es innecesario que transcurra el plazo previsto por la ley de la materia para interponer recurso de queja, y lo procedente es ordenar el archivo de este asunto bajo los lineamientos siguientes. Sin que sea necesario para ello, ordenar que se ratifique el desistimiento del quejoso, pues dicha manifestación la realizó ante personal judicial imparcial y con fe pública. Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los 1 El texto de la tesis citada es: "De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia. órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno y a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la parte quejosa. Devolución de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes por conducto del personal a su cargo en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá revisar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese; y cúmplase
- Principal
Puebla, Puebla, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, signada por *, contra un acto del "JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA" y otras autoridades. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda de amparo. En virtud de que, el escrito de demanda de amparo fue recibido de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales1, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. Juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Se descarta urgencia. En principio, debe decirse que, en el caso, la parte quejosa reclama de manera destacada: La omisión de otorgar el acceso a la salud, por aducir que presentó síntomas relacionados con el virus denominado SARS-CoV-2 (conocido como COVID-19), en su lugar de internamiento (Centro Penitenciario Federal Número 04 "Noreste", Tepic, Nayarit). Luego, de los antecedentes de la demanda, se obtiene lo siguiente: La detención del quejoso tuvo lugar el trece de abril de dos mil veintidós, fue puesto a disposición del ministerio público y de forma posterior ante el juez de control. Seguida la secuela procesal, bajo la causa penal *, el aquí quejoso el veintiuno de abril de dos mil veintidós, fue vinculado a proceso y se le impuso una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. El veinticinco de julio de dos mil veintidós, fue trasladado al Centro Penitenciario Federal Número 04 "Noreste", Tepic, Nayarit en el que actualmente se encuentra recluido. Luego, el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, el quejoso refiere: ".le manifesté a los custodios. que tenía fiebre, gripa, tos, problemas para respirar síntomas relacionados con la (sic) coronavirus COVID-19, lo cual me informaron que me iban a pasar con el médico sin embargo es la fecha en que no me ha dado atención correspondiente ni muchos menos he recibido medicamento y/o tratamiento para mi enfermedad dejándome en estado de vulneración." Entonces, lo expuesto permite poner de manifiesto que el quejoso hace referencia -entre otras cuestiones- al peligro de su vida por la falta de atención médica especializada (en atención a que el quejoso considera encontrarse contagiado del virus del COVID-19) en el reclusorio en donde se encuentra interno. Sin embargo, la omisión que pretende reclamar el peticionario de amparo conduce a apreciar que combate a través de esta vía constitucional, cuestiones inherentes a las condiciones de internamiento. Si bien combate la falta de atención médica especializada que considera, pone en peligro su vida, lo cierto es que esa expresión constituye calificativos y consideraciones del quejoso, ya que si bien aduce que presenta diversos padecimientos y sintomatologías, no se puede establecer que en efecto, actualmente se encuentre padeciendo la enfermedad que aduce, sobre todo por el contexto de las manifestaciones expuestas bajo protesta de decir verdad, ya que de ahí es dable advertir que el quejoso se encuentra recluido bajo diversas circunstancias físicas, de trato y de atención médica, cuyo conjunto se traducen en condiciones propias a su internamiento en el centro penitenciario en el que se encuentra. Al hilo de lo apuntado, debe establecerse que el quejoso no presenta un peligro real e inminente de su vida, con motivo de la falta de atención médica especializada de la que se duele; sobre todo si ésta no es proporcionada de forma inmediata. Es así, pues el quejoso indica que su padecimiento se presentó el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, lo cual evidencia lo antes sostenido. El padecimiento que indica tener, hasta donde se visualiza en las manifestaciones efectuadas, resultan tener carácter general. Ello es así, ya que no describe que se encuentre con un padecimiento crónico que lo pueda ubicar en una situación de vulnerabilidad que estime que se pueda colocar en una situación de peligro, en caso de encontrarse contagiado del virus SARS-CoV-2, razón por la cual amerite un tratamiento constante o especializado para no poner en riesgo su vida. Aunado a que el impetrante de amparo señaló que tenía problemas de fiebre, gripa, tos y dificultad para respirar, sin que exista una prueba médica que establezca su contagio en relación al indicado virus. Sobre todo porque dichos síntomas no necesariamente pueden derivar del contagio de dicha enfermedad, ya que esos síntomas pueden ser derivados de una enfermedad común que no necesariamente coloca en riesgo su vida o que ameriten una inmediata atención especializada. Ello denota que no se trata de un reclamo (la falta de atención médica) que lo coloque en una situación de peligro a la vida, sino que se puede traducir en una condición de internamiento más. De tal suerte que si su reclamo, tal y como lo destaca de forma armónica a la integridad del escrito de demanda del quejoso, constituye en condiciones de internamiento, las cuales no se encuentran contempladas en las hipótesis normativas que prevén los numerales 15 de la Ley de Amparo y 22 de la constitución federal. Por consiguiente, se descarta la urgencia de la demanda de cuenta. Es así, pues como se dijo, el reclamo del quejoso se circunscribe a condiciones de internamiento, las cuales deben ser impugnadas a través del medio legal ordinario de defensa (previo a acudir a la vía de amparo), ante la instancia judicial natural, sin que de la demanda se aprecie que se acudió ante esa instancia, sobre todo porque únicamente refiere haber dado aviso de su condición a los custodios que lo resguardan en el centro penitenciario donde se encuentra recluido. Sobre todo porque la ley secundaria establece la posibilidad de gozar de las condiciones solicitadas si eleva su petición ante el órgano jurisdiccional competente. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo,2 establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: * En el presente caso, se observa que la demanda formulada por el defensor del quejoso, debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, es necesario indicar que la lectura integral efectuada a la demanda, llevó a visualizar el reclamo de un solo acto: La omisión de otorgar el acceso a la salud, por aducir que presentó síntomas relacionados con el virus denominado SARS-CoV-2 (conocido como COVID-19), en su lugar de internamiento (Centro Penitenciario Federal Número 04 "Noreste", Tepic, Nayarit). Tal como se indicó en el apartado previo, se reiteran los antecedentes advertidos de la integridad del escrito de tutela, del cual se desprende lo siguiente: 1. La detención del quejoso tuvo lugar el trece de abril de dos mil veintidós, fue puesto a disposición del ministerio público y de forma posterior ante el juez de control. 2. Seguida la secuela procesal, bajo la causa penal *, el aquí quejoso el veintiuno de abril de dos mil veintidós, fue vinculado a proceso y se le impuso una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. 3. El veinticinco de julio de dos mil veintidós, fue trasladado al Centro Penitenciario Federal Número 04 "Noreste", Tepic, Nayarit en el que actualmente se encuentra recluido. 4. Luego, el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, el quejoso refiere: ".le manifesté a los custodios. que tenía fiebre, gripa, tos, problemas para respirar síntomas relacionados con la (sic) coronavirus COVID-19, lo cual me informaron que me iban a pasar con el médico sin embargo es la fecha en que no me ha dado atención correspondiente ni muchos menos he recibido medicamento y/o tratamiento para mi enfermedad dejándome en estado de vulneración." Derivado delos antecedentes expuestos, se estima que respecto del acto reclamado, consistente en la omisión de proporcionar atención médica respecto de los síntomas que presenta en el centro federal en el cual se encuentra recluido, se actualiza de forma notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo En efecto, el promovente se duele de las condiciones de internamiento, en las que se encuentra ante la omisión de que se le proporcione atención médica en relación a la sintomatología que presenta. Sin embargo, de acuerdo a los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, como en este caso la falta de atención médica. Al respecto, el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito ha señalado que a pesar de que la falta de atención pueda estimarse urgente o no, ésta debe ser impugnada a través del recurso jurisdiccional respectivo. Ese criterio quedó plasmado en la jurisprudencia de rubro: * Es así porque, dicho Pleno de Circuito estableció, en primera instancia, que la Ley de Ejecución Penal prevé varios regímenes con el tema que regula el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, entre las cuáles destacó que el régimen de internamiento, en el que se reglamentan las condiciones de reclusión deberán garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad. Este régimen se encuentra previsto en el capítulo II del título segundo de la legislación especial citada. De esa forma se consideró que la atención médica forma parte de las condiciones de internamiento, por ser un medio necesario para garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad; tanto es así, que se encuentran reguladas en el mismo capítulo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, artículos 30 y 34. Para salvaguardar lo anterior, la legislación especial en cita prevé que las personas privadas de su libertad y demás legitimados (familiares, visitantes, defensores, Ministerio Público, organismos de protección de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil) pueden formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones que afecten sus condiciones de internamiento, entre ellas la atención médica adecuada, en términos de lo que se establece en el título cuarto, capítulo III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En efecto, la citada legislación prevé un procedimiento administrativo de peticiones a favor de las personas privadas de su libertad, para proteger la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión, entre las que se encuentran cuestiones relativas a su salud; peticiones que pueden efectuarse por escrito y, en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes. Además la legislación citada establece de manera específica cómo deben efectuarse los escritos y la forma en que deben sustanciarse las peticiones, lo cual pone de manifiesto la existencia de un procedimiento administrativo de peticiones, destinado a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, referentes a vulneración de sus condiciones de internamiento, como lo es la atención médica adecuada, el cual se estima ágil y eficaz para que el interno pueda ver satisfechas sus necesidades, entre ellas, la falta o negativa de atención médica, incluso, de carácter urgente. Además, la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues en su artículo 114 dispone que si la solicitud fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste puede formular controversia ante el Juez de Ejecución, dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución, o bien, en cualquier momento si los efectos del acto son continuos o permanentes. Es importante destacar que la Ley Nacional de Ejecución Penal también prevé la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender las peticiones formuladas por las personas privadas de su libertad, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del término legal, la parte promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el Juez resolverá dentro de un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el Juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo en el plazo previsto en la ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la autoridad penitenciaria. Por otra parte, es menester precisar que, por sí misma, la falta protocolos y la negativa de atención médica, no constituye, en automático, un acto prohibido por el artículo 22, de la constitución, ya que no se puede establecer que esa falta o negativa de atención médica sea, en todos los casos, un acto que implique una pena de muerte, ni una mutilación o una infamia, ni una marca o un azote, ni tormento de cualquier especie, desde luego, salvo que en algún caso muy particular, se ponga en evidencia una situación de esa naturaleza, supuesto en el cual, la procedencia del amparo no sería, en sí, por la falta o negativa de atención médica, sino porque se actualiza alguna de las hipótesis prohibidas por el artículo 22 constitucional. Ahora, en la especie, los actos reclamados por el promovente no corresponden a un acto de los prohibidos por el artículo 22, de la constitución, ni los referidos en el artículo 15, de la Ley de Amparo; y, por otro lado, deberán ser objeto de estudio en la "petición administrativa" que prevé el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por consiguiente, al reclamarse una cuestión relacionada con las cuestiones cualitativas del internamiento (omisión de proporcionar atención médica al quejoso con el fin de atender la sintomatología que presenta en su actual lugar de reclusión), cuya ruta ordinaria de impugnación se encuentra prevista en el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, permite visualizar la improcedencia del presente juicio a partir de la causal prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. No se inadvierte que en la demanda de amparo, señala como responsables a un juez de control de la Región Judicial Centro, así como al Juez de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de Puebla, sin embargo, de la demanda no se desprende que haya realizado, en primer lugar, la petición escrita efectuada por sí o a través de sus familiares, a la autoridad administrativa penitenciaria competente para que atendiera su sintomatología. Tampoco se observa que derivado de la contestación que pudo haber dado la autoridad administrativa, ante la disconformidad con la respuesta, haya acudido a la instancia jurisdiccional ordinaria (juez de ejecución) o que haya apelado la decisión de este último. Bajo esa circunstancia, se hace el énfasis de que el quejoso no ha agotado el procedimiento administrativo ni jurisdiccional ordinario; tampoco ha impugnado decisión jurisdiccional alguna en relación a su actual condición de internamiento. Y, en virtud de lo anterior, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que originó este juicio, pues, se insiste, se actualiza la causa de improcedencia manifiesta e indudable, en términos del artículo 113, de la Ley de Amparo, relacionado con el diverso 61, fracción XX. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 230, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación cuyo rubro establece: * Además, es menester precisar que en caso de que la decisión de la "petición administrativa" sea desfavorable a sus intereses, puede acudir en vía de amparo indirecto a impugnar dicha decisión -la definitiva- Bajo este contexto, con fundamento en el artículo 61, fracción XX, en relación con el diverso 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo por actualizarse una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio para oír y recibir notificaciones, autorizados y medios de contacto. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de carácter personal, el lugar de reclusión del quejoso. En relación a los autorizados indicados en la demanda, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a *; ello es así, por haber sido designado directamente por el quejoso y por contar con cédula profesional debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. No así, respecto de la diversa persona que se nombra en la demanda, ya que no cuenta con cédula profesional debidamente registrada en el indicado sistema. Por otra parte, en relación al correo electrónico que indica, se tiene el mismo como medio de contacto no procesal; lo anterior, en el entendido de que las notificaciones que le correspondan a la parte quejosa, se realizarán conforme a la Ley de Amparo. Notificación al quejoso por exhorto. El quejoso señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones, el Centro Penitenciario Federal Número 04 "Noreste", Tepic, Nayarit, motivo por el cual se provee. Con fundamento en el artículo 27 fracción II, párrafo primero de la Ley de Amparo, 297, fracción II, 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, y en términos del artículo 79 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal6, líbrese atento exhorto en línea, al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, en turno, para que en auxilio de este órgano constitucional ordene a quien corresponda, se constituya en el citado centro donde se encuentra recluido el quejoso. Una vez constituido el actuario judicial en el referido centro, le notifique este proveído al quejoso *, y para ese efecto, se envía impresión con evidencia criptográfica de este proveído. Además, se solicita al juez exhortado que instruya al actuario encargado para la citada diligencia, requiera al quejoso *, que señale domicilio procesal en la residencia de este juzgado. Ello con el apercibimiento que de no designar un domicilio procesal en la residencia de este órgano, en el plazo otorgado, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán sin ulterior acuerdo por medio de lista, con fundamento en los artículos 27, fracción II, primer párrafo, en relación con los diversos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Lo anterior, con independencia de aquellas notificaciones de proveídos que por su trascendencia, pueda serle notificados por exhorto en el lugar donde está recluido. Se hace notar al juez exhortado que está facultado para autorizar días y horas inhábiles a fin de realizar lo encomendado, así como para que acuerde promociones y provea todas las diligencias que sean necesarias para cumplir lo solicitado. Por otra parte, se hace del conocimiento en forma atenta al homólogo federal a quien corresponda conocer del exhorto de mérito, que se encuentra facultado para hacer uso de las medidas que estime pertinente, a fin de lograr lo solicitado; de conformidad con los dispositivos 282, párrafo primero y 298, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En último lugar, se solicita en forma respetuosa al juez exhortado, ordene devolver diligenciado dicha comunicación oficial con las constancias relativas al emplazamiento, por la misma vía -en línea-, y de ser posible en el plazo previsto en el artículo 300 del citado código adjetivo civil supletorio, a menos que requieran de un mayor lapso, en cuyo caso deberán fijar el necesario para lograr la diligencia encomendada. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber al defensor del quejoso, que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber al defensor del quejoso el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias.
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