Héctor Octavio Montiel García

Expediente 973/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
973/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
10/12/2018

Partes del expediente

  • Héctor Octavio Montiel García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    De la certificación precedente y el estado procesal del juicio, se advierte que el quejoso omitió recurrir el proveído de doce de noviembre de dos mil dieciocho, por el cual se decretó el sobreseimiento en el presente juicio. En consecuencia, con apoyo en los artículos 80, 81, fracción I inciso d), 86 de la Ley de Amparo, y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el referido acuerdo ha causado estado. Por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y archivar este expediente como asunto concluido de forma total y definitiva. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención al sentido de la resolución pronunciada en el mismo y carece de relevancia documental. Se instruye al secretario para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. Por último, se ordena glosar copia autorizada de este proveído al cuaderno incidental, para los efectos legales conducentes.

  2. Incidental

    Del estado procesal del incidente y la copia autorizada de cuenta, se advierte que con esta fecha quedó firme el proveído por el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo, del cual deriva el incidente en que se actúa. Lo cual, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2, constituye un hecho notorio para este juzgador. Por lo que también se ordena el archivo de este incidente. Sobre todo porque no existe billete de depósito ni garantía exhibida por el quejoso cuya devolución resulte necesaria. En esas condiciones, con fundamento en los supuestos previstos en el capítulo quinto, puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, Acuerdo General 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se determina que tanto el original como el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, porque se negó la suspensión provisional y definitiva solicitadas. Lo que acontecerá una vez que transcurran más de seis meses del dictado de la interlocutoria relativa al incidente de suspensión derivada de este juicio. Por último, se instruye al secretario para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico de este incidente de suspensión, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo 8 de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. Lo que acontecerá una vez que transcurran más de seis meses del dictado de la interlocutoria relativa al incidente de suspensión derivada de este juicio. Por último, se instruye al secretario para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico de este incidente de suspensión, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo 8 de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. Notifíquese y cúmplase. Así lo acuerda y firma Rafael González Castillo, Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Ricardo Agustín Torres Saldaña, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    A los autos para que obre como corresponda el escrito signado por el quejoso +++. En él solicita que se tenga por cierto el acto reclamado atribuido a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Uno de Asuntos de Investigación Especializada, al ser omisa en rendir su informe justificado en el plazo concedido por la ley. Sin embargo, se omite realizar mayor pronunciamiento al respecto, pues mediante oficio recibido el ocho de noviembre del año en curso (fojas 102 y 103) en la oficina de correspondencia común, la autoridad de mérito rindió su informe. Además, en proveído de doce de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 112 a 115) se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo.

  4. Principal

    A los autos el oficio y anexo, signado por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Uno de Asuntos de Investigación Especializada. En él rinde su informe justificado y remite copias certificadas de algunas actuaciones dentro de la averiguación previa + Ahora, del estado procesal de las presentes actuaciones, se observa en el capítulo de actos reclamados que el quejoso se duele del acuerdo de veintidós de agosto del año en curso, en el cual la autoridad responsable niega el archivo de la indagatoria + así como de la posible consignación de dicha indagatoria. Sin embargo de las constancias remitidas por el agente ministerial responsable, se advierten las siguientes actuaciones a) El auto de veintidós de agosto de dos mil dieciocho; y, b) La constancia de notificación practicada al quejoso + de veinticuatro de agosto del presente año, respecto al acuerdo antes citado. Entonces, si el quejoso reclama en su escrito de demanda, el acuerdo de veintidós de agosto del presente año, en el cual el Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Uno de Asuntos de Investigación Especializada del Sistema Tradicional de la Fiscalía General del Estado de Puebla, negó ordenar el archivo de la el archivo de la averiguación previa + y este fue notificado el veinticuatro de agosto del año en curso. Por tanto, resulta viable considerar que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, de la Ley de Amparo . Es así, porque el quejoso omitió solicitar la protección federal dentro de los plazos legales establecidos. Para demostrarlo se hace notar que la primera parte del artículo 17 de la ley en materia, dispone un plazo de quince días para presentar la demanda, el cual se computará bajo los supuestos previstos en el diverso 18, a saber 1. Desde el día siguiente en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo reclamado; 2. A partir del día siguiente al de conocimiento del acto reclamado; o 3. Al día siguiente de aquél cuando el quejoso se hubiese ostentado sabedor. Tales hipótesis pueden soslayarse conforme a las fracciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Amparo: a). Cuando se reclame una norma auto aplicativa o el procedimiento de extradición para lo cual existe un plazo de treinta días; b). Cuando se reclame la sentencia condenatoria en un proceso penal y exista pena de prisión donde habrá un plazo de ocho años c). Cuando los actos impacten núcleos de población ejidal o comunal lo cual queda sujeto a un plazo de siete años; y d). Cuando se impugnen actos donde haya peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales para todos estos la demanda de amparo se presentará en cualquier tiempo. De lo anterior se obtiene la improcedencia del juicio de amparo, cuando se presente la demanda fuera del plazo de quince días previsto en la primera parte del numeral 17 de la legislación, salvo que se actualice una excepción de las fracciones comentadas. Improcedencia que comulga con los nuevos lineamientos del bloque de constitucionalidad, porque estos permiten validar los requisitos de procedencia al extremo de imponer la obligación de respetar el plazo de quince días, en cualquier asunto donde se reclamen actos distintos de los que tengan prevista una excepción. Ahora en las copias certificadas de la indagatoria se advierte que el quejoso fue notificado del acto reclamado, el veinticuatro de agosto de esta anualidad foja 109 pese a que el quejoso manifestara que tuvo conocimiento del acto reclamado hasta el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. Sin embargo la autoridad responsable justifica la fecha de notificación practicada al quejoso mediante documental autorizada. Por consiguiente, el plazo de quince días que tenía para solicitar la protección, comenzó el veintisiete de agosto de esta anualidad día siguiente hábil a la fecha cuando se notificó al quejoso el auto reclamado y concluyó el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho. A pesar de lo anterior el quejoso ejerció la acción de amparo hasta el once de octubre del año que transcurre, como se observa en el sello de la Oficina de Correspondencia Común estampado al frente de la demanda de amparo foja 3 lo cual hace evidente la presentación extemporánea al promover el juicio constitucional fuera del plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la ley de la materia. Luego se actualiza en el caso la improcedencia derivada de la regla de extemporaneidad, motivo por el cual debe estimarse consentido tácitamente el acuerdo de veintidós de agosto de dos mil dieciocho. Ahora, en cuanto hace al acto reclamado respecto de la posible consignación de la averiguación previa + por parte del agente ministerial responsable. También se actualiza una causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Porque involucra el deber de investigación de conductas con apariencia de delitos, conferido al Ministerio Público por el artículo 21 de la constitución federal. Esto es así, porque del procedimiento de investigación de los delitos, se desconoce cuál será el resultado ni se tiene certeza de quienes de manera probable lo cometieron o participaron en su comisión. Por lo tanto, su trámite por sí solo, no propicia afectación reparable por los medios de control constitucional, sin que con tal afirmación se soslaye que ciertos actos dentro de una averiguación previa sí puedan, por sus características y efectos propios y particulares, ser susceptibles de ese control. Además, el artículo 21 de la constitución impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos. Esto se da a través de la integración de la averiguación previa y del ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que es improcedente el juicio de amparo indirecto contra la posible consignación de la indagatoria antes mencionada, pues la afectación se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la eventual causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión, presentación o citación. Estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, con la anteposición del interés particular al de la sociedad. Sumado a ello, debe señalarse que el reclamo de los actos acaecidos durante la integración de la averiguación previa es excepcional y debe ser determinada en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria, a fin de evitar entorpecer las facultades y obligaciones conferidas en la constitución al ministerio público, pues sus efectos dejan de ser de imposible reparación, lo que en el caso no acontece. Asimismo, en la averiguación previa el Ministerio Público debe realizar un análisis valorativo de las pruebas, con la finalidad de decidir sobre el hecho con apariencia de delito y la probabilidad de que el inculpado lo cometió o participó en su comisión, para en su caso, ejercer acción penal, como en forma similar lo lleva a cabo el juez al resolver en el proceso penal, lo que refleja la secuencia lógica y necesaria existente entre esas etapas en cuanto a las pruebas se refiere. Por ello, debe considerarse a la averiguación previa, así como su posible consignación ante una autoridad judicial, en una interpretación amplia del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, como parte del procedimiento penal, aunque el mismo se siga ante autoridad diversa del juez, de tal forma que debe exigirse que dicho acto sea de imposible reparación, para la procedencia del juicio de amparo, lo cual como ya dije, en este caso no acontece. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de rubro IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PUBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACION DE UNA AVERIGUACION PREVIA . Por tanto con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo al actualizarse la causal de improcedencia invocada de manera manifiesta e indudable, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Encuentra aplicación la tesis jurisprudencial 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL sustentadas entre el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. En tales condiciones, se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para la audiencia constitucional, que eran las diez horas con treinta y dos minutos del trece de noviembre de dos mil dieciocho. Para finalizar, se ordena hacer del conocimiento de las partes el contenido de este proveído; anótese lo procedente en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido en su totalidad.

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