Hector Octavio Montiel Garcia

Expediente 1325/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1325/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
29/12/2022

Partes del expediente

  • Hector Octavio Montiel Garcia

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1325/2022-V.. Puebla, Puebla, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de doce de diciembre de dos mil veintidós, en el cual fue desechada su demanda de amparo. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial "A", que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído de doce de diciembre de dos mil veintidós, se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente (ARCHIVO). Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar al quejoso por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído de doce de diciembre de dos mil veintidós, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1325/2022-V. Puebla, Puebla, doce de diciembre de dos mil veintidós. Radicación. Se recibe un oficio librado en el juicio de amparo 1245/2022-V, de este juzgado, con copia de un escrito de ampliación, turnado como nueva demanda de protección de derechos fundamentales,1 signado (el escrito) por el quejoso ++++++++++++++, por derecho propio, contra actos de la Agente del Ministerio Público +++++++++++++ encargada de la Averiguación Previa 181/2016 -única autoridad responsable señalada en el escrito de mérito-. Cabe agregar que mediante proveído de ocho de diciembre de dos mil veintidós, emitido en el citado juicio 1245/2022-V, de este juzgado, se declaró improcedente la ampliación de demanda del quejoso, por la mencionada autoridad y actos que le fueron reclamados. Por lo que a efecto nueva demanda a este juzgado federal, a fin de proveer respecto a su admisión, prevención o desechamiento, según fuera el caso. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Exhortación para tramitación del juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Materia del juicio. Los actos reclamados por el quejoso, en términos del escrito de ampliación que se tramita como nueva demanda y lo precisado con antelación, comprenden: a). La omisión de acordar los escritos presentados por el quejoso el día treinta de noviembre de dos mil veintidós, en los que solicitó lo siguiente: -Solicitud de permitirle verificar las condiciones del contrato de donación que le fue entregado por el Juzgado de lo Civil de Cholula. - Solicitud de declarar la prescripción de la acción penal en la averiguación. - Admitir como abogado al profesionista designado para que actúe en representación del quejoso. Desechamiento. El artículo 1132 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO salvaguardar el acceso a la justicia del quejoso, se turnó el escrito de ampliación como una nueva demanda a este juzgado federal, a fin de proveer respecto a su admisión, prevención o desechamiento, según fuera el caso. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Exhortación para tramitación del juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Materia del juicio. Los actos reclamados por el quejoso, en términos del escrito de ampliación que se tramita como nueva demanda y lo precisado con antelación, comprenden: a). La omisión de acordar los escritos presentados por el quejoso el día treinta de noviembre de dos mil veintidós, en los que solicitó lo siguiente: -Solicitud de permitirle verificar las condiciones del contrato de donación que le fue entregado por el Juzgado de lo Civil de Cholula - Solicitud de declarar la prescripción de la acción penal en la averiguación. - Admitir como abogado al profesionista designado para que actúe en representación del quejoso. Desechamiento. El artículo 1132 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO Ahora, como se adelantó, en el escrito de ampliación que se recibe como nueva la demanda la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: ".La omisión de acordar los siguientes escritos presentados por el suscrito: a) SOLICITUD DE PERMITIRME VERIFICAR LAS CONDICIONES DEL CONTRATO DE DONACIÓN QUE FUE ENTREGADO POR EL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DE CHOLULA, ANTE LA ILEGAL MANIPULACIÓN DEL REFERIDO DOCUMENTO. b) SOLICITUD DE DECLARAR LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN LA AVERIGUACIÓN c) ADMITIR COMO ABOGADO AL PROFESIONISTA SEÑALADO PARA QUE ACTÚE EN MI REPRESENTACIÓN. (.) Mis peticiones fueron realizadas por escrito, el día treinta de noviembre de dos mil veintidós.". De lo cual se advierte que, el acto reclamado es en lo toral la omisión de acordar los escritos presentados el treinta de noviembre de dos mil veintidós, en el cual realizó las citadas peticiones. En tales circunstancia, se considera necesario establecer que la omisión de acordar los escritos presentados por la parte quejosa, donde realizó diversas solicitudes al agente del Ministerio Público en la averiguación previa 181/2016, carecen de elementos para materializar el parámetro actual de imposible reparación (afectación material a derechos sustantivos) motivo por el cual se estima de forma manifiesta e indudable que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con la V del diverso 107, asimismo con los numerales 170, fracción I4 y 173, apartado A. Sistema de Justicia Penal Mixto, fracción VII, en relación con la XIV, de este último precepto legal5 , todos de la Ley de Amparo (en lo sucesivo la legislación). Ciertamente, el parámetro actual de imposible reparación derivó de los problemas detectados en los trabajos legislativos para la reforma de junio de dos mil once, al artículo 107 de la constitución federal, en especial la demora que en algunos expedientes de particulares generaba la promoción del juicio de amparo indirecto. De ahí se visualizó la necesidad de abreviar los procesos de instancia en beneficio de un derecho fundamental de los gobernados: la pronta impartición de justicia. Lo cual resultó posible con una mayor concentración del juicio de amparo directo, pues al incorporar en este las violaciones al procedimiento y las relativas al fondo de la controversia, puede obtenerse una resolución definitiva y completa desde los aspectos procedimentales, al extremo de cancelar numerosos escenarios de dilación procesal. Tales aspectos ya fueron examinados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues al resolver la contradicción de tesis 377/2013, determinó que la interpretación más viable al propósito de acortar la tramitación de una controversia -por el derecho fundamental de justicia pronta- se obtiene de un régimen excepcional para el amparo indirecto a fin de que las presuntas violaciones al procedimiento, se expongan en forma simultánea con las infracciones de la sentencia de fondo, hasta promover el juicio de protección en la vía directa. También, sustenta lo anterior, la jurisprudencia con registro 2001746, instancia: Segunda Sala, Décima Época, Seminario Judicial de la Federación, de rubro: "REPOSICIÓN DE AUTOS. CONTRA LAS VIOLACIONES PROCESALES COMETIDAS EN EL INCIDENTE RELATIVO A UN JUICIO NO CONCLUIDO, PROCEDE AMPARO DIRECTO Régimen excepcional que visualizó el Pleno en la fracción V del artículo 107 de la legislación, porque esa hipótesis sujeta los actos de imposible reparación a un parámetro específico: afectación material a derechos sustantivos tutelados en la constitución y en los tratados internacionales ratificados por nuestro país. De modo que todas las lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva, quedaron fuera del supuesto de procedencia establecido para el juicio de amparo indirecto, en específico los actos vinculados a derechos procesales y que sucedan en el trámite de un expediente de particulares (fracción V del artículo 107 de la legislación). Bajo este contexto resulta el parámetro actual de imposible reparación: afectación material a derechos sustantivos, en el cual nunca podrán incluirse violaciones relativas a aspectos procesales. Así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial P./J. 37/2014 (10a.) -derivada de la contradicción de tesis 377/2013- publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Pero además, se hace notar que el espectro actual de imposible reparación contra actos dentro de juicio, tiene un objetivo legítimo conforme al derecho fundamental utilizado para el diseño de la fracción V del artículo 107 de la legislación. En particular por los alcances del principio de progresividad tutelado en el artículo 1 de la constitución, pues al realizar una interpretación en el escenario de derechos fundamentales, se advierte que la limitación de los actos de imposible reparación a la afectación material de derechos sustantivos, en realidad incrementa la tutela de justicia pronta. Lo anterior se comprende al visualizar los expedientes criminales, porque estos involucran por lo general a víctimas y probables responsables, cada uno con derechos sustantivos que habrán de dilucidarse conforme a las reglas procedimentales, hasta la emisión de una sentencia de parte del juzgador. Entonces, frente al particular que encuentra limitada su posibilidad de impugnar actos de naturaleza adjetiva -por el nuevo parámetro de imposible reparación- está la finalidad de asegurarle una tutela pronta en la controversia, y ello favorece a todas las partes dado que las causas penales están dispuestas de origen para esclarecer derechos sustantivos, nunca los procesales. Por ello es que la interpretación de derechos fundamentales en el nuevo parámetro de imposible reparación, permite visualizar que este busca la celeridad en la tramitación de los juicios para llegar con mayor prontitud a la sentencia definitiva, lo cual justifica impedir a las partes estrategias dilatorias -como la promoción del amparo indirecto contra violaciones adjetivas- en aras de fortalecer el derecho de justicia pronta tutelado en el artículo 17 de la constitución. Con lo anterior queda explicado el parámetro actual de imposible reparación. En esas circunstancias, la omisión de acordar los escritos presentados por la parte quejosa, donde realizó diversas solicitudes a la fiscal encargada de la averiguación 181/2016, sólo puede generar al quejoso violaciones adjetivas, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste. Lo cual de ninguna forma trasciende a los derechos fundamentales que asisten al quejoso como imputado en la referida averiguación previa, la cual es el inicio de un procedimiento penal. Por tanto, dado que el justiciable se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro del inició de un procedimiento penal como lo es la averiguación previa 181/2016, aun cuando alega violaciones a los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro de la referida indagatoria. Las anteriores consideraciones tienen sustento en la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.7 . Escenario que determina la improcedencia de este amparo indirecto conforme al parámetro actual de imposible reparación. Bajo este contexto se concluye que las omisiones reclamadas por el quejoso, carecen de los atributos necesarios al parámetro actual de imposible reparación (afectación material a derechos sustantivos) los cuales resultan indispensables para la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos de la nueva técnica establecida para los actos dictados en el trámite del procedimiento de instancia. Ello de conformidad con la tesis jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (citada en párrafos anteriores) a partir de la cual también se visualiza la necesidad de limitar de momento el amparo indirecto en la averiguación previa 181/2016. Por tanto, respecto de la omisión de acordar los escritos presentados por la parte quejosa, donde solicitó del ministerio público: a) verificar las condiciones del contrato de donación que le fue entregado por el Juzgado de lo Civil de Cholula; b) declarar la prescripción de la acción penal en la averiguación y c) admitir como abogado al profesionista designado para que actúe en representación del quejoso, dentro averiguación previa 181/2016, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con la V del diverso 107 asimismo con los numerales 170, fracción I y 173, apartado A. Sistema de Justicia Penal Mixto, fracción VII, en relación con la XIV, de este último precepto legal, todos de la legislación. En tales condiciones, con apoyo en el numeral 113, en relación con la fracción XXIII del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de protección constitucional presentada por la parte quejosa, pues las omisiones que impugna, encuentran en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia antes indicada. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial A del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio procesal y autorizados. Visto los autos del diverso juicio de amparo 1245/2022-V del cual deriva el escrito de ampliación que se tramita como nueva demanda de amparo -el cual se invoca porque constituye un hecho notorio en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo-. Se tiene como domicilio procesal del quejoso, el inmueble que designó para ese propósito -en el escrito de demanda del juicio de amparo 1245/2022-V de este índice- (ubicado en la ciudad de San Andrés Cholula, Puebla). Por otro lado, quedan autorizados en términos restringidos del numeral 24 de la Ley de Amparo, el profesionista de nombre Carlos Manuel Conde Mondragón y la persona de nombre Felipe Tomas López Espinoza, porque el primero no tiene registrada su cédula profesional, en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, y el segundo en mención, porque así lo solicitó el quejoso, -en el escrito de demanda del juicio de amparo 1245/2022-V de este índice-. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Notifíquese; y de manera personal al quejoso (en su domicilio procesal); y cúmplase

  3. Principal

    SE DEJO CITATORIO A LA PARTE QUEJOSA, JUICIO DE AMPARO 1325/2022-V. Puebla, Puebla, doce de diciembre de dos mil veintidós. Radicación. Se recibe un oficio librado en el juicio de amparo 1245/2022-V, de este juzgado, con copia de un escrito de ampliación, turnado como nueva demanda de protección de derechos fundamentales,1 signado (el escrito) por el quejoso ++++++++++++++, por derecho propio, contra actos de la Agente del Ministerio Público +++++++++++++ encargada de la Averiguación Previa 181/2016 -única autoridad responsable señalada en el escrito de mérito-. Cabe agregar que mediante proveído de ocho de diciembre de dos mil veintidós, emitido en el citado juicio 1245/2022-V, de este juzgado, se declaró improcedente la ampliación de demanda del quejoso, por la mencionada autoridad y actos que le fueron reclamados. Por lo que a efecto nueva demanda a este juzgado federal, a fin de proveer respecto a su admisión, prevención o desechamiento, según fuera el caso. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Exhortación para tramitación del juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Materia del juicio. Los actos reclamados por el quejoso, en términos del escrito de ampliación que se tramita como nueva demanda y lo precisado con antelación, comprenden: a). La omisión de acordar los escritos presentados por el quejoso el día treinta de noviembre de dos mil veintidós, en los que solicitó lo siguiente: -Solicitud de permitirle verificar las condiciones del contrato de donación que le fue entregado por el Juzgado de lo Civil de Cholula. - Solicitud de declarar la prescripción de la acción penal en la averiguación. - Admitir como abogado al profesionista designado para que actúe en representación del quejoso. Desechamiento. El artículo 1132 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO salvaguardar el acceso a la justicia del quejoso, se turnó el escrito de ampliación como una nueva demanda a este juzgado federal, a fin de proveer respecto a su admisión, prevención o desechamiento, según fuera el caso. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Exhortación para tramitación del juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Materia del juicio. Los actos reclamados por el quejoso, en términos del escrito de ampliación que se tramita como nueva demanda y lo precisado con antelación, comprenden: a). La omisión de acordar los escritos presentados por el quejoso el día treinta de noviembre de dos mil veintidós, en los que solicitó lo siguiente: -Solicitud de permitirle verificar las condiciones del contrato de donación que le fue entregado por el Juzgado de lo Civil de Cholula - Solicitud de declarar la prescripción de la acción penal en la averiguación. - Admitir como abogado al profesionista designado para que actúe en representación del quejoso. Desechamiento. El artículo 1132 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO Ahora, como se adelantó, en el escrito de ampliación que se recibe como nueva la demanda la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: ".La omisión de acordar los siguientes escritos presentados por el suscrito: a) SOLICITUD DE PERMITIRME VERIFICAR LAS CONDICIONES DEL CONTRATO DE DONACIÓN QUE FUE ENTREGADO POR EL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DE CHOLULA, ANTE LA ILEGAL MANIPULACIÓN DEL REFERIDO DOCUMENTO. b) SOLICITUD DE DECLARAR LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN LA AVERIGUACIÓN c) ADMITIR COMO ABOGADO AL PROFESIONISTA SEÑALADO PARA QUE ACTÚE EN MI REPRESENTACIÓN. (.) Mis peticiones fueron realizadas por escrito, el día treinta de noviembre de dos mil veintidós.". De lo cual se advierte que, el acto reclamado es en lo toral la omisión de acordar los escritos presentados el treinta de noviembre de dos mil veintidós, en el cual realizó las citadas peticiones. En tales circunstancia, se considera necesario establecer que la omisión de acordar los escritos presentados por la parte quejosa, donde realizó diversas solicitudes al agente del Ministerio Público en la averiguación previa 181/2016, carecen de elementos para materializar el parámetro actual de imposible reparación (afectación material a derechos sustantivos) motivo por el cual se estima de forma manifiesta e indudable que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con la V del diverso 107, asimismo con los numerales 170, fracción I4 y 173, apartado A. Sistema de Justicia Penal Mixto, fracción VII, en relación con la XIV, de este último precepto legal5 , todos de la Ley de Amparo (en lo sucesivo la legislación). Ciertamente, el parámetro actual de imposible reparación derivó de los problemas detectados en los trabajos legislativos para la reforma de junio de dos mil once, al artículo 107 de la constitución federal, en especial la demora que en algunos expedientes de particulares generaba la promoción del juicio de amparo indirecto. De ahí se visualizó la necesidad de abreviar los procesos de instancia en beneficio de un derecho fundamental de los gobernados: la pronta impartición de justicia. Lo cual resultó posible con una mayor concentración del juicio de amparo directo, pues al incorporar en este las violaciones al procedimiento y las relativas al fondo de la controversia, puede obtenerse una resolución definitiva y completa desde los aspectos procedimentales, al extremo de cancelar numerosos escenarios de dilación procesal. Tales aspectos ya fueron examinados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues al resolver la contradicción de tesis 377/2013, determinó que la interpretación más viable al propósito de acortar la tramitación de una controversia -por el derecho fundamental de justicia pronta- se obtiene de un régimen excepcional para el amparo indirecto a fin de que las presuntas violaciones al procedimiento, se expongan en forma simultánea con las infracciones de la sentencia de fondo, hasta promover el juicio de protección en la vía directa. También, sustenta lo anterior, la jurisprudencia con registro 2001746, instancia: Segunda Sala, Décima Época, Seminario Judicial de la Federación, de rubro: "REPOSICIÓN DE AUTOS. CONTRA LAS VIOLACIONES PROCESALES COMETIDAS EN EL INCIDENTE RELATIVO A UN JUICIO NO CONCLUIDO, PROCEDE AMPARO DIRECTO Régimen excepcional que visualizó el Pleno en la fracción V del artículo 107 de la legislación, porque esa hipótesis sujeta los actos de imposible reparación a un parámetro específico: afectación material a derechos sustantivos tutelados en la constitución y en los tratados internacionales ratificados por nuestro país. De modo que todas las lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva, quedaron fuera del supuesto de procedencia establecido para el juicio de amparo indirecto, en específico los actos vinculados a derechos procesales y que sucedan en el trámite de un expediente de particulares (fracción V del artículo 107 de la legislación). Bajo este contexto resulta el parámetro actual de imposible reparación: afectación material a derechos sustantivos, en el cual nunca podrán incluirse violaciones relativas a aspectos procesales. Así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial P./J. 37/2014 (10a.) -derivada de la contradicción de tesis 377/2013- publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Pero además, se hace notar que el espectro actual de imposible reparación contra actos dentro de juicio, tiene un objetivo legítimo conforme al derecho fundamental utilizado para el diseño de la fracción V del artículo 107 de la legislación. En particular por los alcances del principio de progresividad tutelado en el artículo 1 de la constitución, pues al realizar una interpretación en el escenario de derechos fundamentales, se advierte que la limitación de los actos de imposible reparación a la afectación material de derechos sustantivos, en realidad incrementa la tutela de justicia pronta. Lo anterior se comprende al visualizar los expedientes criminales, porque estos involucran por lo general a víctimas y probables responsables, cada uno con derechos sustantivos que habrán de dilucidarse conforme a las reglas procedimentales, hasta la emisión de una sentencia de parte del juzgador. Entonces, frente al particular que encuentra limitada su posibilidad de impugnar actos de naturaleza adjetiva -por el nuevo parámetro de imposible reparación- está la finalidad de asegurarle una tutela pronta en la controversia, y ello favorece a todas las partes dado que las causas penales están dispuestas de origen para esclarecer derechos sustantivos, nunca los procesales. Por ello es que la interpretación de derechos fundamentales en el nuevo parámetro de imposible reparación, permite visualizar que este busca la celeridad en la tramitación de los juicios para llegar con mayor prontitud a la sentencia definitiva, lo cual justifica impedir a las partes estrategias dilatorias -como la promoción del amparo indirecto contra violaciones adjetivas- en aras de fortalecer el derecho de justicia pronta tutelado en el artículo 17 de la constitución. Con lo anterior queda explicado el parámetro actual de imposible reparación. En esas circunstancias, la omisión de acordar los escritos presentados por la parte quejosa, donde realizó diversas solicitudes a la fiscal encargada de la averiguación 181/2016, sólo puede generar al quejoso violaciones adjetivas, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste. Lo cual de ninguna forma trasciende a los derechos fundamentales que asisten al quejoso como imputado en la referida averiguación previa, la cual es el inicio de un procedimiento penal. Por tanto, dado que el justiciable se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro del inició de un procedimiento penal como lo es la averiguación previa 181/2016, aun cuando alega violaciones a los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro de la referida indagatoria. Las anteriores consideraciones tienen sustento en la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.7 . Escenario que determina la improcedencia de este amparo indirecto conforme al parámetro actual de imposible reparación. Bajo este contexto se concluye que las omisiones reclamadas por el quejoso, carecen de los atributos necesarios al parámetro actual de imposible reparación (afectación material a derechos sustantivos) los cuales resultan indispensables para la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos de la nueva técnica establecida para los actos dictados en el trámite del procedimiento de instancia. Ello de conformidad con la tesis jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (citada en párrafos anteriores) a partir de la cual también se visualiza la necesidad de limitar de momento el amparo indirecto en la averiguación previa 181/2016. Por tanto, respecto de la omisión de acordar los escritos presentados por la parte quejosa, donde solicitó del ministerio público: a) verificar las condiciones del contrato de donación que le fue entregado por el Juzgado de lo Civil de Cholula; b) declarar la prescripción de la acción penal en la averiguación y c) admitir como abogado al profesionista designado para que actúe en representación del quejoso, dentro averiguación previa 181/2016, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con la V del diverso 107 asimismo con los numerales 170, fracción I y 173, apartado A. Sistema de Justicia Penal Mixto, fracción VII, en relación con la XIV, de este último precepto legal, todos de la legislación. En tales condiciones, con apoyo en el numeral 113, en relación con la fracción XXIII del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de protección constitucional presentada por la parte quejosa, pues las omisiones que impugna, encuentran en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia antes indicada. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial A del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio procesal y autorizados. Visto los autos del diverso juicio de amparo 1245/2022-V del cual deriva el escrito de ampliación que se tramita como nueva demanda de amparo -el cual se invoca porque constituye un hecho notorio en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo-. Se tiene como domicilio procesal del quejoso, el inmueble que designó para ese propósito -en el escrito de demanda del juicio de amparo 1245/2022-V de este índice- (ubicado en la ciudad de San Andrés Cholula, Puebla). Por otro lado, quedan autorizados en términos restringidos del numeral 24 de la Ley de Amparo, el profesionista de nombre Carlos Manuel Conde Mondragón y la persona de nombre Felipe Tomas López Espinoza, porque el primero no tiene registrada su cédula profesional, en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, y el segundo en mención, porque así lo solicitó el quejoso, -en el escrito de demanda del juicio de amparo 1245/2022-V de este índice-. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Notifíquese; y de manera personal al quejoso (en su domicilio procesal); y cúmplase

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