Héctor Quiroz Carbajal

Expediente 1436/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1436/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
30/09/2022

Partes del expediente

  • Héctor Quiroz Carbajal

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Estado procesal de autos Vista la certificación que antecede, en la que se hace constar que al día de hoy, no se interpuso recurso de queja, contra el auto que desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Archivo Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Destino del expediente Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto 8.1.2 numeral 4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, ambos ordenamientos establecen las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Radicación y registro Vista la demanda que promueve Héctor Quiroz C***, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1436/2022-IV-B. Acto reclamado Previo a determinar la procedencia o no del juicio de amparo, es menester efectuar un estudio integró de la demanda de amparo, incluso de la totalidad de las constancias existentes en ella, pues constituye un todo, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que apariencia señaló como tal, acorde con la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y la tesis de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.". Conforme a lo anterior se sigue que el promovente reclama del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México: El proveído de nueve de septiembre de dos mi veintidós, dictado en el incidente de liquidación de pensiones, relativo al juicio 295/2008 del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, en el que se inadmitió el recurso de revocación en contra del auto que negó acceder a la petición de solicitar la opinión técnica de la Comisión Federal de Derechos Humanos, para la resolución del citado incidente. Desechamiento Hecho lo anterior, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En tal sentido, se considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, ya que el acto de molestia, no afecta derechos sustantivos protegidos por la Constitución Federal y en los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte, a favor del promovente, como se expondrá a continuación. Los numerales 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. [.]". "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". De acuerdo a lo establecido en los numerales trascritos, es requisito indispensable para la procedencia del amparo biinstancial, respecto de actos dictados dentro de juicio, que éstos tengan una ejecución que sea de imposible reparación, esto es, que revistan la característica de que la afectación que producen dentro del procedimiento judicial en el que fueron emitidos, trascienda materialmente a los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal y tratados internaciones tales como la libertad, vida, propiedad, entre otros; para de ahí determinar la ejecución de imposible reparación a que se refiere el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En ese tenor, es preciso señalar que los denominados derechos adjetivos o procesales sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Bajo esa premisa, el juicio constitucional intentado resulta improcedente en la especie, toda vez que la determinación de nueve de septiembre de dos mi veintidós, dictada en el incidente de liquidación de pensiones, relativo al juicio 295/2008 del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, en el que se inadmitió el recurso de revocación en contra del auto que recayó a la petición del quejoso de solicitar la opinión técnica de la Comisión Federal de Derechos Humanos, para la resolución del citado incidente, no constituye un acto que tenga una ejecución de imposible reparación; esto así, porque dicho acto, en todo caso, sólo afecta derechos procesales de la parte quejosa. Lo anterior es así, pues el acto reclamado tiene su origen en un desechamiento o inadmisión de medio probatorio, por tanto, el recurso que lo inadmita, no desnaturaliza su origen; por consiguiente, de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, el juicio biinstancial resulta improcedente contra actos en juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como en el caso acontece, toda vez que no es de aquellos que lleve en sí una ejecución de imposible reparación, ya que no causa algún daño jurídico que no sea reparable, sino que solamente repercute en el procedimiento de origen, y puede ser reparable con la resolución que ponga fin al incidente de liquidación de pensiones, si es acorde a los intereses del quejoso; de ahí que, el acto reclamado no es considerado de imposible reparación para efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto. En efecto, es dable sostener que el acto reclamado no afecta materialmente algún derecho sustantivo de la parte quejosa, en tanto que no genera efectos materiales sobre ella, sean de carácter real o personal, sino sólo la posibilidad de que pueda ocurrir al dictarse la sentencia o auto y/o resolución que ponga fin al incidente, en la medida en que influya para que el fallo sea adverso a sus intereses; por tanto, como se dijo, el acto combatido únicamente tiene efecto de carácter formal o intraprocesal, por lo que se puede extinguir en la realidad de los hechos sin originar alguna afectación a los derechos sustantivos del peticionario del amparo y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Es por ello que cuando el acto reclamado pudiera influir o no en el sentido de la decisión del juzgador y, por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado de la resolución mencionada, y dar lugar así a una afectación material a derechos sustantivos, si la resolución es adversa a los intereses legales de la parte quejosa; pues de momento, su efecto consiste en que se recabe la opinión de la Comisión Federal de Derechos Humanos, cuestión que, se insiste no vulnera ningún derecho sustantivo de la parte accionante. Es aplicable la Jurisprudencia P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 56, Agosto de 1992, Página 11, cuyo rubro es: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." De acuerdo a los anteriores criterios jurisprudenciales, se concluye que el amparo contra actos dictados dentro de juicio, únicamente procede cuando esos actos afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En consecuencia al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, del diverso 107, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda promovida por Héctor Quiroz Carbajal. Domicilio Con fundamento en los artículos 36 y 57 del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, como lo solicita el quejoso, se tiene por señalado los usuarios "MOOR930304MMCRRS04" y "MOOG870604HMCRRR06" para el efecto de oír y recibir las notificaciones que para tal efecto se emitan, toda vez que los mismos se encuentran registrados en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; por tanto, se comisiona al analista jurídico SISE, para que aperture los campos necesarios en el presente expediente, para la consulta del expediente electrónico, así como para que se practiquen las notificaciones por dicha vía de las resoluciones que así lo ameriten. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que el promovente también haya señalado domicilio físico para oír y recibir notificaciones; sin embargo, no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud puesto que de igual forma señaló la vía electrónica para que se le practiquen, por lo que de concederse su petición podría propiciar duplicidad de notificaciones, aunado al hecho que a fin de lo otorgar celeridad al presente proceso jurisdiccional se tendrá dicho usuario como el señalado para tales efectos; lo que se asienta, para los efectos legales procedentes. Autorizados Por otra parte, en relación a las personas que designa como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Medio de comunicación alterno En términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a la parte quejosa a efecto de que proporcione un número telefónico y/o correo electrónico como medio alterno de comunicación alterno (no procesal), para efectos del sumario en que se actúa. Notificación especial a las partes En términos del Acuerdo General 20/2021, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el dos de octubre de dos mil veintidós o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 16/2022. Emisión de oficios Se instruye al oficial administrativo encargado del trámite de este expediente, así como al secretario de acuerdos y en su momento al proyectista, para que vigile la emisión de los oficios respectivos a las autoridades responsables o cualquier otra autoridad que tenga intervención en este asunto, así como los anexos respectivos que deriven de esa determinación. De igual forma, se requiere al Secretario y Oficial Administrativo, para que agenden los plazos y términos que surjan en la tramitación de este expediente, a fin de que los acuerdos respectivos se propongan a tiempo, y con ello, no se afecte el desarrollo de pronta impartición de justicia. En el mismo orden, se conmina a los actuarios para que realicen todas y cada una de las notificaciones que deriven del presente juicio en los términos que manda la ley; además, en este acto se les instruye para que verifiquen que los oficios que deriven del presente acuerdo, así como los subsecuentes, se entreguen de manera correcta a sus destinatarios. Apartado especial de actuarios Asimismo, de conformidad con el artículo 2, fracción XII, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se comisiona al actuario de la adscripción para que mediante notificación electrónica a través del Portal de Servicios en Línea, por oficio electrónico o digitalizado con firma electrónica, por lista electrónica según corresponda realicen las notificaciones que se emitan en el presente sumario; asimismo, para que realicen todas y cada una de las comunicaciones que deriven del presente juicio en los términos que manda la ley. De igual manera, en este acto se les instruye para que verifiquen que los oficios que deriven del presente acuerdo y subsecuentes, se entreguen de manera correcta a sus destinatarios. Consulta del expediente Ahora, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias, revisión de expedientes como en el caso); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. Expedición de copias Desde este momento se autoriza a las partes la reproducción de copias fotostáticas a su costa, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional; en el entendido que previa entrega, deberá quedar debidamente asentado en autos su recepción, ello para su constancia legal. Habilitación de días y horas inhábiles En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa. ***

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