Héctor Quiroz Carbajal
Expediente 1612/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1612/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/11/2017
Partes del expediente
- Héctor Quiroz Carbajal
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo; asimismo, carece de relevancia documental.
- Principal
Toluca, Estado de México, diecinueve de octubre de dos mil diecisiete. Intégrese el escrito de cuenta, por medio del cual el quejoso designa autorizados. En ese tenor, los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que estos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos.
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciocho de octubre de dos mil diecisiete. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE Vista la demanda que promueve ****, regístrese la demanda bajo el número 1612/2017-III-A. DESECHAMIENTO Ahora bien, el análisis de la demanda se advierte que el quejoso reclama del Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, "la falta de notificación en los diversos incidentes de intereses moratorios de pensión alimenticia y de actualización de pensiones, dentro del juicio de divorcio necesario 295/2008" Atento a lo anterior, del estudio integral de la demanda, se advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia, establecida en los artículos 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." De lo anterior, se observa que la regla a fin de que se actualicen los supuestos de la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, es que en contra del acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa que pueda nulificar, modificar o revocar el acto reclamado. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses existe el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Lo anterior, porque si se pasan por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos judiciales no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio constitucional. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio constitucional, deban agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 447, visible en la página 297, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo" Así también, apoya a lo anterior la jurisprudencia 573, visible en la página 515, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." En ese sentido, este Juzgador advierte que el quejoso se duele de la falta de notificación en diversos incidentes de intereses moratorios de pensión alimenticia y de actualización de pensiones, dentro del juicio de divorcio necesario 295/2008, ya que refiere que al revisar el expediente antes citado, se percató de una publicación respecto de la promoción de un incidente de actualización de interés y pensiones caídas, del cual adujó no ser notificado, en razón de lo anterior, promovió incidente de nulidad de notificaciones, el cual refiere fue desechado por improcedente; asimismo, el quejoso manifiesta que al asistir al juzgado de origen, solicitó el expediente para checar el recurso de mérito, el cual le fue negado por el personal del juzgado por estar turnado para resolución interlocutoria, y al entrevistarse con el proyectista, le mencionó que estaba para resolución de diversas interlocutorias atinentes a los incidentes de intereses moratorios de pensión alimenticia y actualización de pensiones; cuya falta de notificación constituye el acto reclamado. Así, se advierte que la parte quejosa podía obtener la nulificación de la notificación de los incidentes referidos, mediante la promoción del incidente señalado en ordinal 1.187 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Ahora, el precepto jurídico de mérito dispone: "Artículo 1.187.- Cuando una notificación se hiciere en forma distinta a la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida." En las relatadas condiciones el numeral 1.187 del referido Código, señala la hipótesis en que se puede promover la nulidad de notificaciones, a saber, cuando una notificación se hiciere en forma distinta a la prevenida en el capítulo respectivo de la ley, o bien, se omitiere la misma. De ahí que, la parte quejosa estaba en aptitud de promover el incidente aludido en contra de las notificaciones a que hace referencia. Sin que se esté en el caso en alguno de los supuestos de excepción previstos en los incisos a), b) y c) del referido artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no se trata de los supuestos contemplados en esos incisos. La anterior determinación se dicta tomando en consideración que los incidentes derivados del juicio de origen aún se encuentran en trámite, esto es, que no ha sido dictada interlocutoria en dicho procedimiento; conforme a la propia manifestación del quejoso "bajo protesta de decir verdad". Por tanto, atento a lo dispuesto por los artículos 61 fracción XVIII, 62, en relación con los artículos 112, 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Héctor Quiroz Carbajal, por propio derecho, en virtud de ser notoriamente improcedente. DOMICILIO Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo se tiene como domicilio de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que estos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHABILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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