Héctor Poblano Almazán
Expediente 603/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 603/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/05/2017
Partes del expediente
- Héctor Poblano Almazán
Actuaciones
- Principal
EN CUMPLIMIENTO AL CITATORIO DE TRES DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, SE NOTIFICA POR LISTA EL PROVEÍDO DE VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE Y LA SENTENCIA A LA PARTE TERCERA INTERESADA DE INICIALES S.F.B. "...Toluca, Estado de México, veintiocho de abril de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio mediante el cual el Juez Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa-Enríquez, Veracruz, devuelve los autos originales del juicio de amparo 1958/2016, de este índice y sus anexos, que contiene la sentencia que dictó el veintiuno de abril de dos mil diecisiete. Acúsese recibo, háganse las anotaciones respectivas, agréguese el cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío de aquel previo desglose de las constancias que ya obren en este. Por otro lado, notifíquese a las partes la resolución antedicha. SENTENCIA: RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***,*** y ***, contra el acto reclamado a la autoridad responsable Juez de Control del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, México, por los motivos indicados en el último considerando de este fallo.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiuno de abril de dos mil diecisiete. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE. Vista la demanda que promueve Héctor Poblano Almazán, regístrese bajo el número 603/2017-II(A. DESECHAMIENTO. Previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. -El auto de siete de abril de la presente anualidad, dictado en el expediente IGISPEM/DR/SAPA/282/2016, mediante el cual la Directora de Responsabilidades de la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México, determinó no suspender el procedimiento administrativo de origen, bajo la premisa de no tener conocimiento o haber sido notificada respecto a que el quejoso haya promovido juicio contencioso administrativo en contra del procedimiento administrativo en cita. Acotado lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XX y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de plano por su manifiesta e indudable improcedencia. La fracción mencionada establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.)--------XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley.-----------------------------------------------------------------------------No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. -----------------------------------------------Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." El texto del precepto transcrito establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar aquél. Para tener por actualizada la causa de improcedencia en estudio es necesario: a) Que el acto reclamado sea emitido por una autoridad distinta de los tribunales administrativos, judiciales o del trabajo. b) Que contra ese acto proceda un medio ordinario de defensa previsto en la ley formal y material, que pueda tener por objeto, revocar, modificar o confirmar el acto reclamado. c) Que el medio ordinario de defensa prevea la suspensión de la ejecución del acto impugnado y que para su concesión no se prevean mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo. d) No habrá obligación de agotar el medio ordinario de defensa cuando el acto reclamado carezca de fundamentación o se reclamen violaciones directas a la Constitución. ACTO DE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA El primero de los requisitos se encuentra satisfecho, ya que el acto reclamado fue emitido por una autoridad que evidentemente no forma parte de los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo; pues se trata de autoridad estatal, de ahí que se colme el primer requisito en comento. PROCEDENCIA DE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA. En relación con el segundo de los requisitos consistente en que contra los actos reclamados proceda un medio ordinario de defensa previsto en la ley formal y material, que pueda tener por objeto, revocar, modificar o confirmar el acto reclamado, éste también se encuentra satisfecho, tal y como enseguida se expone. Los artículos 1°, fracción II, y 229, fracción III, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, en su texto vigente, prevén lo siguiente: "Artículo 1°. Para efectos del presente Código, se entenderá por:--"II. Autoridad: Entes del Poder Ejecutivo del Estado, Municipios o de los organismos auxiliares de carácter Estatal o Municipal, que dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar actos o resoluciones administrativas y fiscales;(.).----------------------------------------------------------------- Artículo 229. Procede el juicio contencioso administrativo en contra de:(.)---------------------------------------------------------------III. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación;" De la interpretación armónica de los numerales transcritos se desprende que son susceptibles de impugnarse mediante el juicio contencioso, los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación. Por consiguiente, es palmario que contra el acto aquí reclamado procede el juicio contencioso administrativo, toda vez que fue realizado por autoridad estatal; por tanto, con el medio ordinario de defensa está en condiciones de obtener la modificación, revocación o nulificación de los actos que combate, de ahí que se colme el segundo requisito. IGUALDAD DE REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN Respecto al tercer requisito consistente en que el recurso, juicio o medio de defensa ordinario, no exija mayores requisitos para conceder la suspensión, éste también se encuentra satisfecho; así fue plasmado en la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver la contradicción de tesis 2/2015, y al efecto emitió la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, AQUELLA INSTANCIA DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 254 al 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que regulan la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, no se advierte que se exijan mayores requisitos para otorgarla que los consignados en los artículos 128 a 158 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, pues no disponen requisitos adicionales, sino sólo ciertas diferencias que atienden a las características propias de cada sistema; por tanto, al no existir excepción al principio de definitividad, aquella instancia debe agotarse antes de acudir al juicio constitucional." En las relatadas condiciones, como la Ley de Amparo y el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, en esencia, son coincidentes respecto a los requisitos para conceder la suspensión de los actos reclamados; debe concluirse que la parte interesada en obtenerla se encuentra obligada a observar el principio de definitividad, dado que en la ley que rige el medio de defensa no se prevén mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado en esa instancia contenciosa, que los enunciados en la Ley de Amparo, como se explicó en los párrafos anteriores. EXCEPCIONES AL PRINCIPIO Por otra parte, en relación a la excepción al principio de definitividad, cuando se reclame violaciones directas a la Constitución Federal; dicha situación no acontece, dado que de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que alega como vicios principales la legalidad que a su juicio ostenta el acto reclamado, lo que equivale a plantear las denominadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución, por su naturaleza, se trata sólo de determinar si existe inobservancia de leyes secundarias. En el entendido que, no se puede dejar al arbitrio del quejoso determinar la procedencia del juicio de amparo con sólo invocar violaciones directas a la Ley Suprema, lo que no puede permitirse en aras de preservar el carácter de medio extraordinario de defensa del juicio de amparo; máxime que las violaciones que alega el quejoso pudieron ser materia de análisis ante la autoridad jurisdiccional ordinaria. Resulta ilustrativa la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que se cita enseguida: "RECURSOS ORDINARIOS, CASOS EN LOS QUE DEBEN AGOTARSE, ANTES DE ACUDIR A LA VÍA CONSTITUCIONAL. El juicio de amparo puede promoverse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; sin embargo, tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia, presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a la Carta Magna y no cuestiones de legalidad, pues entonces la parte quejosa debe agotar el recurso ordinario procedente antes de acudir a la vía constitucional." Tampoco el quejoso se ubica en la diversa excepción al principio de definitividad, consistente en que el acto reclamado carezca de fundamentación; toda vez del propio escrito de demanda se aprecia que el acto reclamado no adolece de la misma; en el entendido que no se puede considerar la afirmación que en ese sentido hace el impetrante, pues de la lectura del escrito de cuenta, se aprecia que lo que se combate es una indebida fundamentación. En las condiciones anotadas, dado que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que estos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Jorge Manuel Cano Corona, que da fe.
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