HÉCTOR ORTÍZ SOLARES y Otros.
Expediente 429/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 429/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 17/12/2020
Partes del expediente
- HÉCTOR ORTÍZ SOLARES y Otros.
- Héctor Ortíz Solares
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Toluca, Estado de México; diecisiete de diciembre de dos mil veinte. CAUSA ESTADO. Vista la certificación precedente la cual evidencia que la parte quejosa, dentro del plazo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no interpuso el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, de la ley mencionada, contra el auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, con la finalidad de que se dé el destino correcto a los presentes autos, atendiendo al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hacen las indicaciones siguientes: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó el presente asunto (artículo 21, párrafo primero, inciso a) del acuerdo en cita). 2. El original del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa es destruible pues se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva del acto reclamado (artículo 21, inciso c) del citado acuerdo). 3. El duplicado de dicho cuaderno es susceptible de destrucción, (artículo 20, fracción II, inciso a, del Acuerdo en mención). 4. Asimismo a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. En el entendido que los cuadernos incidentales serán remitidos por separado al archivo físico junto con el cuaderno principal. Una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico, a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el artículo 13, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.
- Principal
Mesa III Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo 401/2020-III, del índice estadístico de este juzgado, del que se advierte que los quejosos ****** fueron trasladados del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenango del Valle, Estado de México al Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Santiaguito", ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. Ello es así, pues en el juicio de amparo 401/2020-III, se encuentra agregada la razón actuarial de doce de noviembre del año en curso, signada por el Actuario Judicial adscrito, donde se advierte que al constituirse en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenango del Valle, Estado de México, para notificar el proveído dictado el once de los cursantes dictado en dicho juicio, fue atendido por el secretario general del aludido centro de reclusión, quien refirió que por orden del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con sede en Almoloya de Juárez, los quejosos ******, fueron trasladados al diverso Centro Penitenciario y de Reinserción Social Santiaguito, en Almoloya de Juárez, el pasado veintiséis de octubre de la presente anualidad; motivo por el cual se ordenó notificar el proveído de once antes mencionado, en el Centro al cual fueron trasladados, la cual se realizó el dieciocho de noviembre del año en curso. En virtud de lo anterior, el traslado de los quejosos se hace valer como hecho notorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y se hace extensiva al presente juicio de amparo. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que los quejosos en su escrito inicial de demanda señalaron como actos reclamados: La omisión del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenango del Valle, Estado de México de proporcionar a los quejosos papel para poder ejercer sus derechos de internamiento, contemplados en los artículos 107, 108, fracciones I y IV, 109, 110, 111, 112, 114, 115 y 116, fracciones I y II, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, respecto de los cuales reclama su inconstitucionalidad. De lo anterior, se colige que no obstante la posible existencia de los actos que por esta vía se reclaman, este juzgador considera que atendiendo la situación jurídica de los aquí quejosos (trasladados a diverso centro penitenciario); se acredita la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que, aun cuando subsista el acto reclamado, pero no puede surtir efecto legal o material alguno por que dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Esto es así, porque el numeral y la fracción en comento, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; (.).". Es así, ya que de la norma transcrita se establece que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado ha quedado insubsistente o existiera; sin embargo, no podrá tener efecto legal o material, en virtud de que dejó de existir el objeto o la materia del origen, ya sea que la autoridad responsable haya revocado el acto materia de la litis, cuando éste tenga el carácter de positivo, o bien, cuando realice la acción que se le reclama, en el caso de los de índole negativo u omisivos, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal forma que el acto ya no agravie al quejoso. Se afirma lo anterior, porque se actualiza la referida causal de improcedencia cuando pese a subsistir el acto impugnado éste ya no puede surtir efecto legal alguno, porque el objeto o materia del mismo ha dejado de existir, circunstancia que propició que desaparezca el objeto del juicio de amparo y, por consiguiente éste carece de finalidad. Supuesto que se materializa toda vez que los actos que nos ocupan, no obstante que pudieran subsistir no puede surtir efecto legal o material alguno, en razón a que los quejosos ya no se encuentran recluidos en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenango del Valle, Estado de México "Dr. Antonio Sánchez Galindo, que era el lugar en el que se estaban verificando los actos reclamados, pues ahora se encuentran internos en Centro Penitenciario y de Reinserción Social Santiaguito, Estado de México, tal y como lo indicó el fedatario de la adscripción en la razón mencionada en los párrafos que anteceden. De ahí que se advierta que ha operado la causal de improcedencia antes invocada, lo que imposibilita el análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados -omisión de proporcionar a los quejosos papel para poder ejercer sus derechos de internamiento, contemplados en los artículos 107, 108, fracciones I y IV, 109, 110, 111, 112, 114, 115 y 116, fracciones I y II, de la Ley Nacional de Ejecución Penal-, toda vez que ya no pueda decidirse sobre su constitucionalidad, por haber dejado de existir la material del mismo, en razón del traslado de los quejosos a diverso centro penitenciario. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad jurídica substancial, la Tesis de Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos cincuenta y siete, Tomo XII, Junio de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." No se desatiende que en el presente caso se controvierte además la inconstitucionalidad de los artículos 107, 108, fracciones I y IV, 109, 110, 111, 112, 114, 115 y 116, fracciones I y II, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, por virtud de su aplicación; pues es de advertirse que los mismos se controvierten con motivo de su aplicación concreta en perjuicio de los quejosos. Por tanto, este juzgador no puede desvincular el estudio de la ley citada del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio a los quejosos, y no por sí sola, la ley. Lo anterior es así, dada la estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, entonces, la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento, motivo por el cual debe sobreseerse en el juicio, también respecto de los citados actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P. XVII/99, visible en la foja 34 del Tomo IX, Abril de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido, reza: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN.- Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, cuyo rubro dice: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio, fuera de audiencia constitucional. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 210, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de febrero de 1998, materia común, Novena Época, con número de registro 196820, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." Apoya lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 26/2002-PL, el siete de febrero de dos mil tres, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se deja sin efecto legal alguno la hora y día fijados para la audiencia constitucional, misma que fue señalada para las catorce horas con treinta minutos del once de diciembre de dos mil veinte; así como todas las medidas y determinaciones decretadas, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico, a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el artículo 13, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese, y vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
MESA III Vista la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos del expediente electrónico, y al físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan, el oficio de cuenta signado por el representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante el cual rinde su informe justificado; dése vista a las partes para que manifiesten lo que en su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional conforme al diverso 124 del propio cuerpo normativo de leyes. En términos de los artículos 9° y 26 de la Ley de Amparo, téngase como domicilio procesal el indicado, y como delegados a las personas que refiere. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico, a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el artículo 13, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.
- Principal
MESA III Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del que se advierte que la autoridad señalada como Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, no ha rendido su informe justificado, ni se encuentra en autos el acuse del oficio por el cual se le requirió dicho informe; en obvio de mayores dilaciones procesales, con copia de la demanda, auto admisorio y del presente proveído. requiérase de nueva cuenta a dicha autoridad su informe justificado, mediante mensajería acelerada, así como vía telegráfica. En consecuencia, a fin de dar oportunidad a que se cumplimente lo anterior y no violar las reglas procedimentales que rigen el juicio de amparo, la audiencia constitucional señalada para celebrarse en este día se difiere y en su lugar se fijan las catorce horas con treinta minutos del once de diciembre de dos mil veinte, para su celebración, dado el horario establecido para este Juzgado de Distrito, en términos del artículo 15 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-COV-2. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico, a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el artículo 13, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.
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