HÉCTOR ORTÍZ SOLARES y Otros.
Expediente 401/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 401/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/12/2020
Partes del expediente
- HÉCTOR ORTÍZ SOLARES y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA III CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por *******, en representación de los directos quejosos ****** y ********; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho proveído ha causado estado. En ese sentido, se evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda de amparo en el presente juicio (artículo 21, inciso d del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obre la constancia de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Finalmente, una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico, a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el artículo 13, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.
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MESA III Vista la cuenta que antecede de la que se advierte que se tiene por recibida la cédula de notificación signada por el Actuario Judicial adscrito, practicada a los peticionarios del amparo ****** y ******, de la que se desprende que ratificaron la demanda de amparo promovida en su favor por ******, así como a los autorizados señalados en la misma y su domicilio procesal; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2° de la ley de amparo, agréguese al expediente electrónico y físicamente a los autos una vez que las labores del juzgado lo permitan. A las aseveraciones insertas en las razones de cuenta se les concede valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su ordinal 2°, porque la fe dada por un funcionario judicial, en ejercicio de su encargo conserva su valor probatorio para tener por cierto lo ahí asentado, pues se encuentra investido legalmente de fe pública. Se estima aplicable, la tesis publicada en la página 202, del Tomo XI, marzo de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "ACTUACIÓN JUDICIAL DE UN ACTUARIO. SU VALOR EN JUICIO. No basta para desvirtuar la fe dada por un funcionario judicial, como lo es un actuario, en ejercicio de su encargo, el aseverar que lo asentado por éste es falso, por cuanto que, como se encuentra investido legalmente de fe pública, corresponde a quien impugna esa actuación demostrar, con los medios de prueba idóneos, que son ciertos los vicios, ya sea de forma o materiales, que le atribuye a dicha actuación, y si no se hace así, es evidente que la misma conserva su valor probatorio para tener por cierto que lo ahí asentado corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos o actos jurídicos de los cuales dio fe esa autoridad". Sin que se desatienda que en la cédula de notificación de cuenta los quejosos realizaron diversas manifestaciones en relación con actos reclamados que no fueron indicados en su demanda de amparo; sin embargo, las mismas fueron motivo de pronunciamiento en el cuaderno de varios de este Juzgado de Distrito, mediante proveído de diecinueve de los corrientes, lo cual se invoca como hecho notorio en términos de lo dispuesto por el artículo o 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, para los efectos legales correspondientes. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, del escrito de demanda se obtiene que la parte quejosa reclama: 1. Los artículos 107, 108, fracciones I y IV, 109, 110, 111, 112, 114, 115 y 116, fracciones I y II, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, por virtud de su aplicación, en relación con las condiciones de internamiento de los quejosos Héctor Ortiz Solares y Raúl Alejandro Lemus Maldonado, (omisión de contar con papel para escribir y libretas; omisión de brindar acceso a la luz solar; omisión de poder realizar ejercicio físico; omisión para permitir acceder a comprar comida adicional y artículos en la tienda dentro del centro de reinserción; omisión de respetar la privacidad porque todo el tiempo están custodiados y el rapado del cabello a HÉCTOR ORTÍZ SOLARES). 2. La negativa de permitir el acceso al defensor José Ruíz González, con sus defendidos Héctor Ortiz Solares y Raúl Alejandro Lemus Maldonado. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." DESECHAMIENTO. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Hecho lo anterior, este Juzgado considera que, respecto de los citados actos reclamados, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que, aun cuando subsista el acto reclamado, pero no puede surtir efecto legal o material alguno por que ha dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Esto es así, porque el numeral y la fracción en comento, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; (.).". Es así, ya que de la norma transcrita se establece que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado ha quedado insubsistente o existiera; sin embargo, no podrá tener efecto legal o material, en virtud de que dejó de existir el objeto o la materia del origen, ya sea que la autoridad responsable haya revocado el acto materia de la litis, cuando éste tenga el carácter de positivo, o bien, cuando realice la acción que se le reclama, en el caso de los de índole negativo u omisivos, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal forma que el acto ya no agravie al quejoso. Se afirma lo anterior, porque se actualiza la referida causal de improcedencia cuando pese a subsistir el acto impugnado éste ya no puede surtir efecto legal alguno, porque el objeto o materia del mismo ha dejado de existir, circunstancia que propició que desaparezca el objeto del juicio de amparo y, por consiguiente éste carece de finalidad. Supuesto que se materializa toda vez que los actos que nos ocupan, no obstante que pudieran subsistir no puede surtir efecto legal o material alguno, en razón a que los quejosos ya no se encuentran recluidos en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenango del Valle, Estado de México "Dr. Antonio Sánchez Galindo, que era el lugar en el que se estaban verificando los actos reclamados, pues ahora se encuentran internos en Centro Penitenciario y de Reinserción Social Santiaguito, Estado de México, tal y como lo indicó el fedatario de la adscripción en la razón de cuenta. De ahí que se advierta que ha operado la causal de improcedencia antes invocada, lo que imposibilita el análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados -omisión de contar con papel para escribir y libretas; omisión de brindar acceso a la luz solar; omisión de poder realizar ejercicio físico; omisión para permitir acceder a comprar comida adicional y artículos en la tienda dentro del centro de reinserción; omisión de respetar la privacidad porque todo el tiempo están custodiados y el rapado del cabello a HÉCTOR ORTÍZ SOLARES; y, la negativa de permitir el acceso al defensor José Ruíz González, con sus defendidos Héctor Ortiz Solares y Raúl Alejandro Lemus Maldonado-, toda vez que ya no pueda decidirse sobre su constitucionalidad, por haber dejado de existir la material del mismo, en razón del traslado de los quejosos a diverso centro penitenciario. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad jurídica substancial, la Tesis de Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos cincuenta y siete, Tomo XII, Junio de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." No se desatiende que en el presente caso se controvierte además la inconstitucionalidad de los artículos 107, 108, fracciones I y IV, 109, 110, 111, 112, 114, 115 y 116, fracciones I y II, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, por virtud de su aplicación; pues es de advertirse que los mismos se controvierten con motivo de su aplicación concreta en perjuicio de los quejosos. Por tanto, este juzgador no puede desvincular el estudio de la ley citada del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio a los quejosos, y no por sí sola, la ley. Lo anterior es así, dada la estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, entonces, la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento, motivo por el cual debe sobreseerse en el juicio, también respecto de los citados actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P. XVII/99, visible en la foja 34 del Tomo IX, Abril de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido, reza: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN.- Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, cuyo rubro dice: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la misma legislación, se impone desechar de plano la demanda de amparo promovida por Héctor Ortiz Solares y Raúl Alejandro Lemus Maldonado, por propio derecho, contra actos del Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenango del Valle, Estado de México y otras autoridades, por notoriamente improcedente. Notifíquese, y vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
MESA III Vista la razón actuarial de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos del expediente electrónico, y al físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan, en la que el fedatario adscrito patentiza los motivos que le impidieron notificar a la parte quejosa el auto de once de los cursantes. Atento a ello, y toda vez que el centro de reclusión al que fueron trasladados los quejosos, se localiza dentro de la circunscripción territorial de este Juzgado, se comisiona al actuario adscrito, a fin de que se constituya en dicho lugar, y practique la referida diligencia. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico, a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el artículo 13, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese, y personalmente a los quejosos en su lugar de reclusión la determinación de once del mes y año que transcurre.
- Principal
MESA III Vista la cuenta que antecede de la que se advierte que se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por medio del cual comunica el testimonio de la ejecutoria emitida en el recurso de queja 96/2020, pronunciada por el Tribunal de su adscripción, en sesión ordinaria virtual de veintidós de octubre de la presente anualidad, cuyo resolutivo es del tenor literal siguiente: "ÚNICO. Es FUNDADO el recurso de queja. Notifíquese como corresponda, [.]". Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físicamente a los autos una vez que las labores del juzgado lo permitan, el oficio de mérito, acúsese recibo de estilo a la Superioridad y realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Ahora, en cumplimiento a la ejecutoria de mérito, que declara fundado el recurso de queja en contra del proveído de cuatro de agosto de dos mil veinte y en cumplimiento a lo establecido por la Superioridad, este juzgado procede a pronunciarse de la forma siguiente: PRONUNCIAMIENTO RELATIVO A LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE PLANO. En principio, es dable establecer que del análisis de la demanda, no procede decretar la suspensión de oficio y de plano respecto de los actos reclamados, porque si bien es cierto, los promoventes mencionan que se viola el artículo 22 constitucional, señalando malos tratos y tratos inhumanos en contra de los quejosos Héctor Ortiz Solares y Raúl Alejandro Lemus Maldonado, lo cierto es que, tales afirmaciones las hacen depender de las condiciones de internamiento en que se encuentran los directos quejosos, por lo que trata de una apreciación subjetiva en cuanto estiman que al no proporcionarles papel para escribir y libretas, darles acceso a la luz solar, permitirles hacer ejercicio físico, comprar comida adicional y artículos en la tienda, respetar su privacidad y cortarles el cabello, se constituyen en malos tratos o tratos inhumanos; lo cual no es así, pues los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, son aquéllos que se infringen de manera intencional y directa contra los justiciables con la intención de dañarlos y no, como en el caso, cuando se trata de condiciones propias de las medidas restrictivas de libertad, que los promoventes catalogan como malos tratos. RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA. En otro orden de ideas, en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Tribunal de Alzada, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario judicial de la adscripción para que se constituya en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenango del Valle, Estado de México, "Dr. Antonio Sánchez Galindo", y realice lo siguiente: Requiera a los quejosos ******* y ********, a fin de que manifiesten si es su deseo o no ratificar la demanda promovida en su nombre por *******. Si es su deseo autorizar a los profesionistas que se mencionan en la demanda de amparo, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, así como el domicilio señalado para tal efecto. Dado lo cual, se instruye al Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenango del Valle, Estado de México, "Dr. Antonio Sánchez Galindo", a efecto de que ordene al personal de dicha institución que otorgue la colaboración y garantías necesarias para el debido cumplimento de lo encomendado en la diligencia de mérito; apercibido de que en caso de no ser así, se procederá en términos del artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a los quejosos que, de no ratificar la demanda promovida en su nombre, se tendrá por no presentada en términos del numeral 15 de la Ley de Amparo. Al respecto resulta ilustrativa la tesis publicada en la página 943, del Semanario Judicial de la Federación, Diciembre de 1993, Tomo XII, Materia Común, Octava Época, cuyo rubro es: "RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS PRESENTADA POR PERSONA DISTINTA DEL QUEJOSO. SOLO PROCEDE ORDENARLA EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE AMPARO." AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico, a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el artículo 13, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese, y personalmente a los quejosos en el centro de su reclusión.
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