Héctor Miguel Ramírez Soriano

Expediente 1401/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1401/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
13/10/2023

Partes del expediente

  • Héctor Miguel Ramírez Soriano

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; trece de octubre de dos mil veintitrés. TRIBUNAL COLEGIADO ADMITE QUEJA. Visto lo de cuenta y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales conducentes, la misiva firmada de manera electrónica por el Actuario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, por medio de la cual informa el contenido del proveído de nueve de los cursantes dictado en el recurso de queja ******************** ********************de su índice, del que se desprende que acepta la competencia planteada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito para conocer el recurso de queja interpuesto en el presente asunto por ********************, en su carácter de autorizada en términos amplios del directo quejoso, contra el auto de cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Atento a lo anterior, este Juzgado toma conocimiento para los efectos legales conducentes y esta´ en espera a que el tribunal revisor emita la resolución respectiva. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA VII INCOMPETENCIA. Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales procedentes, el acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, enviado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mediante el cual acusa recibo del recurso de queja interpuesto en el presente asunto por *, en su carácter de autorizada en términos amplios del quejoso, mismo que fue radicado con el número 329/2023. Sin embargo, el Tribunal Colegiado manifiesta carecer de competencia legal por razón de la materia para conocer del citado medio de impugnación, motivo por el cual ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Segundo Circuito en turno. Atento a lo anterior, este Juzgado toma conocimiento para los efectos legales conducentes y esta´ en espera a que el tribunal competente emita la resolución respectiva. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. INTERPONE RECURSO DE QUEJA. Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales conducentes, el ocurso signado electrónicamente por Wendy Gregoria Fernández Linares, en su carácter de autorizada en términos amplios del quejoso, a través del cual interpone recurso de queja contra el acuerdo de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo. De conformidad en lo previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de impugnación referido y de conformidad con el numeral 101 de la legislación invocada ríndase el informe respectivo, en el sentido de ser cierto el acto reclamado. Con el fin de resolver dicho medio de defensa, remítase el escrito electrónico de expresión de agravios al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO, EN TURNO. Sin que se forme cuaderno de antecedentes ni se remitan copias certificadas de todo lo actuado en el presente sumario, para la sustanciación del medio de impugnación interpuesto, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo de trece de octubre del año dos mil veintidós. Por lo que, se comisiona al Oficial Judicial A, para que habilite los campos necesarios que permitan al Tribunal de Alzada correspondiente, la consulta del expediente electrónico. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA VII RADICACIÓN. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos de la Secretaría de Educación del Estado de México y otras autoridades. REGISTRO. Fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con el número 1401/2023-VII. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la lectura íntegra del escrito de demanda se obtiene que por esta vía se reclama: * El cambio de clave de trabajo y circunstancias laborales, sin haber sido notificado, y como consecuencia, el pago de la citada clave. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente pretende impugnar la parte quejosa y no solamente lo que en apariencia indicó. Sobre el particular se invoca, la jurisprudencia P./J. 40/2000 con registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." DESECHAMIENTO. Ahora, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, y en tal supuesto, debe desecharse de plano. En efecto, el numeral 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En esencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tiene aplicación la jurisprudencia I.1o.A. J/4, publicada en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Expuesto lo anterior, este juzgador, estima que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción II y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: (.) II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; (.)." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." La causal de improcedencia invocada se surte plenamente en el presente asunto, debido a que el acto que se reclama, no resulta ser de autoridad, sino se trata de una actuación respecto de la relación laboral entre trabajador (parte quejosa) y la Secretaria de Educación del Estado de México y otras autoridades. En efecto, el acto que reclama el peticionario de amparo no deriva de una relación de supra a subordinación, como la que se suscita entre un ente público dotado de imperio e investidura pública y un particular, sino que surgen en un plano de carácter laboral. Ese tipo de relación difiere sustancialmente, de la que se entabla entre autoridad y gobernada, y al efecto, resulta conveniente acudir al concepto de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo. Para entender mejor la actual acepción de autoridad responsable, resulta ilustrativo el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, en la tesis P. XXVII/97, publicada en la página 118, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." De dicho criterio se sostiene que autoridad, para los efectos del juicio de amparo, es todo ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por tanto, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión, de los actos de particulares, y por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro y, para ello, es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Es corolario de lo anterior que, para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo, se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que la promovente tenga el carácter de gobernada y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto, se advierten como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. De ahí que deba establecerse que, cuando los trabajadores al servicio de cualquiera de las dependencias de gobierno, promueven un juicio de amparo contra las acciones relacionadas con su relación laboral y/o la modificación de sus condiciones de trabajo, el juicio constitucional resultará improcedente, precisamente porque esas acciones o conductas no constituyen actos de autoridad, en términos del artículo 5° de la Ley de Amparo, susceptibles de impugnarse mediante el juicio de amparo. En ese contexto, el acto combatido no puede ser materia del juicio de amparo, por ser ajeno a una relación de supra a subordinación, ya que el vínculo entre el demandante del amparo y la Secretaría de Educación del Estado de México y otras autoridades, es de carácter laboral. Así, el acto reclamado carece de las características de actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, por tratarse de acontecimientos suscitados en la relación laboral que guarda el quejoso con las autoridades que señala, por lo que no existe una relación jurídica entre gobernante y gobernado, sino una relación laboral, en la que los entes públicos actúan como patrón y no con el carácter de autoridad. Se dice lo anterior, en virtud de que lo reclamado por el quejoso en esta vía, es la asignación de una nueva clave de trabajo y por ende una afectación a sus circunstancias laborales (prestaciones e ingresos), lo que deja en evidencia que la relación que existe entre el promovente y las pretendidas autoridades responsables, es meramente de carácter laboral, misma que tiene su origen en un vínculo empleado-patrón y no gobierno-gobernado, en la que se entabla una relación entre particulares actuando en un mismo plano, es decir, en igualdad. Por tanto, se colige que atento a la relación que guarda el quejoso y la Secretaría de Educación del Estado de México y otras autoridades, en la que tienen la calidad de patrón equiparado, y aquél la de trabajador (profesor), para efectos del juicio de amparo el acto reclamado no puede ser considerado como de autoridad. Resulta aplicable, la Jurisprudencia I.6º.T. J/28(10ª.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo número de registro es 2011343, del tenor literal siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." También se actualiza la Jurisprudencia visible en la página doscientos treinta y dos, Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, volumen ciento cincuenta y uno - ciento cincuenta y seis, Quinta Parte, Séptima Época, página 232, registro 243091 cuyo rubro y texto es el siguiente: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ANTES DE OCURRIR AL AMPARO, DEBEN HACERLO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE. Cuando los trabajadores del Estado se vean afectados por actos de los titulares de las dependencias en que presten sus servicios, si desean reclamar tales actos deben ocurrir al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje a proponer sus correspondientes quejas, antes de promover el juicio de garantías pues si en lugar de agotar dicho medio de defensa legal ocurren directamente al juicio de amparo, éste debe sobreseerse. Y la tesis sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 168713, página 2338, Novena Época, Tomo XXVIII de octubre de dos mil ocho del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UNA DEMANDA PROMOVIDA POR UN TRABAJADOR DE UNA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DEL SISTEMA EDUCATIVO DE UN ESTADO. CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA DONDE AQUÉL PRESTE SUS SERVICIOS. Si un trabajador ejerce acción contra la Secretaría de Educación Pública federal, pero del escrito de demanda y de las pruebas que acompaña se advierte que la relación de trabajo se estableció con una institución dependiente del Sistema Educativo de un Estado, su conocimiento corresponde al Tribunal de Conciliación y Arbitraje de la entidad federativa donde aquél preste sus servicios, porque de conformidad con los respectivos convenios celebrados entre los Ejecutivos Federal y de los Estados, éstos acordaron el traspaso y recepción de los servicios educativos y la incorporación de sus trabajadores al sistema estatal, por lo que la responsabilidad de dicha relación laboral corresponde a la Secretaría de Educación Pública de cada entidad federativa." En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1°, fracción II y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos de la Secretaría de Educación del Estado de México y otras autoridades. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. En otro punto, se tienen por autorizados en términos amplios del ordinal 12 de la Ley de Amparo a ********************y en términos restringidos de dicho numeral, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las diversas personas, por no contar con el registro de su cédula procesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSULTA EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En atención a la certificación de cuenta, en términos del ordinal 3° de la legislación de amparo, se autoriza la consulta del expediente electrónico al usuario "********************", por lo que se comisiona al oficial judicial "A" de esta adscripción, para la apertura de campos necesarios para tal fin. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, téngase por señalado para oír y recibir notificaciones, la vía electrónica, toda vez que el usuario "********************", fue corroborado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO. Por lo que hace al correo electrónico y número telefónico señalados, no ha lugar a tenerlos como domicilio para oír y recibir notificaciones; toda vez que no se encuentran previstos en la ley de la materia. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones del presente asunto, aún las de carácter personal. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. EXHORTACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a la parte quejosa para que, continúe la tramitación del asunto, a través del portal de "juicio en línea", para tal efecto, deberá ingresar a la liga virtual http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, a efecto de que obtengan su firma electrónica. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.

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