Hector Miguel Medina Ocejo Apoderado Jurídico

Expediente 179/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
179/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
02/02/2021

Partes del expediente

  • Hector Miguel Medina Ocejo Apoderado Jurídico
  • Melchor Cordova Torres

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiséis de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, no fue recurrido dentro del término de diez días previsto en el numeral 81 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley en comento, se declara que HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 inciso a), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se determinó sobreseer en el presente juicio de amparo; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes. Ahora bien, en relación con los oficios derivados del presente acuerdo, dirigidos a autoridades administrativas o jurisdiccionales, cuyas actividades se encuentran suspendidas con motivo de la contingencia sanitaria generada por el virus COVID-19, se instruye a la Actuaria de la adscripción, a efecto de que tales comunicaciones queden en su resguardo hasta en tanto las autoridades correspondientes reanuden sus actividades, y una vez que ello acontezca proceda a su entrega de manera inmediata. Notifíquese mediante lista de acuerdos, una vez que se reanuden las labores presenciales en este órgano jurisdiccional.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, cuatro de noviembre de dos mil veinte. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, son residencia en Tampico, Tamaulipas, mediante el cual, cumple con el requerimiento de tres de septiembre de dos mil veinte y al efecto remite debidamente certificadas del proveído de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, por el cual dicha junta recibió el juicio laboral 556/2015/JE1-2 del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad y se declaró incompetente para conocer del citado asunto; así como de su respectiva notificación; documentales que se tienen desahogadas por su propia y especial naturaleza de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo. En otro contexto, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que existen elementos probatorios que acreditan la actualización de una causal de improcedencia que jurídicamente permite sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. En efecto, para decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo no es necesario esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional y al dictado de la sentencia, sino que puede decretarse durante su tramitación y antes de la celebración de dicha audiencia, siempre que la actualización de la causa de improcedencia sea manifiesta e indudable, de suerte tal que, aun cuando la parte quejosa exhiba mayores pruebas, sea imposible desvirtuar la causa de improcedencia, o aun cuando no se haya dado vista a las partes del informe justificado rendido por la autoridad responsable, pues estimar lo contrario, dilataría el dictado de la determinación que en derecho corresponde al presente juicio, colmando de forma ociosa los plazos, en razón de que con ningún elemento probatorio, ni consideración alguna respecto de dicho informe justificado, podría desvirtuarse el motivo de improcedencia que se actualiza en el caso. Por el contrario, se contravendría el espíritu del derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, ya que a nada práctico conduciría esperar el transcurso de los plazos, así como a la celebración de la audiencia constitucional, si el resultado sería exactamente el mismo, en razón de que la causa de improcedencia no depende de tales asertos, por lo cual, sólo se generarían en la justiciable falsas expectativas de derecho, de forma injustificada. En el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, toda vez que cesaron los efectos del acto reclamado. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Del contenido del artículo transcrito, se advierte que el juicio de amparo será improcedente, entre otros casos, cuando hayan cesado los efectos jurídicos del acto reclamado. Conforme a los criterios jurisprudenciales sustentados por nuestro máximo Tribunal, se entiende que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando éste es suspendido o acabado, esto es, cuando se revoca o deroga el acto combatido de manera que no produce efecto alguno en la esfera de derechos de la gobernada, como si el acto jamás hubiera nacido. Para que se actualice la cesación de efectos, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino es necesario que, aun sin hacerlo, destruya sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. De las constancias que obran agregadas en autos, se advierte que la quejosa reclama de la autoridad responsable, la omisión de dictar el auto de radicación correspondiente a la demanda laboral presentada de su parte, así como la omisión de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y de ordenar emplazar a la parte demandada. Igualmente, se obtiene que mediante oficio recibido en este órgano el dos de septiembre de dos mil veinte, la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, son residencia en Tampico, Tamaulipas, rindió su informe justificado, manifestando la negativa del acto reclamado y remitió en su apoyo copias simples de las actuaciones que obran en la carpeta falsa del expediente laboral 1265/2019 de su índice; por lo que se le requirió a efecto de que remitiera dichas constancias debidamente certificadas. En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable acompaño al oficio que se provee copia certificada del proveído de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, en el que se declaró incompetente para conocer de la demanda presentada por la parte actora, aquí quejosa, y remitió los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, remitiendo los autos originales a fin de que se trámite el conflicto competencial correspondiente, determinación que se observa fue notificada a la parte actora aquí quejosa el tres de noviembre del presente año. Lo anterior, permite constatar que ya cesaron los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, pues dejó de existir la omisión de la autoridad responsable de proveer lo conducente, respecto a la admisión del juicio laboral 556/2015/JE1-2 que le fue remitido por la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad; por tanto, es claro que ya cesaron los efectos del acto reclamado. En ese contexto, al haber cesado los efectos del acto reclamado, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Cabe señalar, que no es obstáculo para lo anterior, el que en el presente asunto no se haya ordenado el emplazamiento de la parte tercera interesada, en tanto que la presente determinación no le irroga perjuicio alguno. En atención a lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señalada para el desahogo de la audiencia constitucional fijada a las CATORCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Por otra parte, se tiene a la responsable oficiante, en términos de lo dispuesto por el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, proporcionando los correos electrónicos armando.deleona@stps.gob.mx, juan.dionisio@stps.gob.mx y nestor.garcia@stps.gob.mx y el número telefónico 833-212-13-56 extensiones 85170 y 85171, a efecto de notificar las determinaciones derivadas del presente juicio, a través de dicho medio. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (trece horas a dieciocho horas), en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintidós de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se observa que en proveído de tres de septiembre de dos mil veinte de este año, se requirió al Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, son residencia en Tampico, Tamaulipas, para que remitiera copia certificada de las constancias que acompañó a su informe justificado, así como de la notificación realizada al quejoso, respecto del proveído de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve; asimismo, en auto de veinte de octubre actual se recibió la pieza postal que contenía el oficio por el cual se pretendía notificar dicho requerimiento, por lo que a fin de evitar mayores dilaciones en el procedimiento se ordenó su envió vía correo electrónico. En tales condiciones, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional fijada para el día de hoy y se señalan las CATORCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para su desahogo. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinte de octubre de dos mil veinte. Vista la pieza postal devuelta de cuenta, que contiene el oficio 7128/2020, dirigido a la autoridad Junta Especial Número Treinta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tamaulipas, con sede en Tampico, mediante el cual se le pretende notificar el acuerdo de tres de septiembre de dos mil veinte, por el que se le requirió a efecto de remitiera copia certificada de las constancias que se sirvió acompañar a su informe justificado, comunicación que el Administrador de Correos de México, devuelve con la leyenda "Rehusada en el domicilio que cita"; y a fin de no producir mayor dilación en su remisión, se ordena enviar dicho oficio al correo electrónico institucional armando.deleona@stps. gob.mx. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (trece horas a dieciocho horas), en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presente resolución se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese.

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