Hector Miguel Medina Ocejo

Expediente 444/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
444/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
17/03/2021

Partes del expediente

  • Hector Miguel Medina Ocejo
  • Subdelagado del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Ciudad Valles, S.L.P.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, a diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 2, fracciones I y II, y 20 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el apartado II, punto 16 de la circular SECNO/10/2021 de trece de febrero de dos mil veintiuno, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se reanudan los plazos y términos que en el presente asunto estuvieron suspendidos en el periodo del uno al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, con motivo de dicha contingencia. Visto lo de cuenta, se provee: toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra del proveído de veintidós de enero de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO el mismo, para todos los efectos legales. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado no haya realizado el computo a efecto de saber si ya transcurrió el término a la autoridad responsable, así como para el tercero interesado, para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la Ley de la Materia, lo anterior, en atención a que se determinó sobreseer en el presente juicio; por tanto, dicha resolución no les irroga perjuicio alguno. Resulta aplicable por identidad de razón la tesis número I.1o.A.37 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada el viernes 10 de Agosto de 2018 en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2017556, que a la letra dice: "LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES CARECEN DE ÉSTA CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO NEGÓ LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL RESPECTO DE LOS ACTOS QUE SE LES ATRIBUYERON. Conforme al artículo 87, primer párrafo, de la Ley de Amparo, las autoridades responsables podrán interponer el recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que se les reclame. Así, de la interpretación de esa disposición se colige que cuando el Juez de Distrito niega la protección de la Justicia Federal respecto de los actos que a aquéllas se atribuyeron, carecen de legitimación para instar el medio de defensa indicado, pues esa determinación no les depara perjuicio. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que los agravios propuestos estén encaminados a demostrar la improcedencia del juicio, ya que aun cuando se pudiera considerar que el sobreseimiento tendría consecuencias jurídicas de diversa naturaleza que les reportarían un beneficio distinto, ese examen sólo sería posible si el quejoso interpone el recurso para impugnar la negativa del amparo, supuesto en el que las responsables estarán en posibilidad de hacer valer, vía revisión adhesiva, motivos de improcedencia o robustecer los que abordó y desestimó el juzgador, en virtud de que, de prosperar los alegatos del promovente, se dejaría insubsistente la decisión que, en principio, les favoreció." Del mismo modo, es aplicable a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 6/2017, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el diez de febrero de dos mil diecisiete, Decima Época, con número de registro 2013630, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 inciso b), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido. Sin que en el que caso haya lugar a ordenar la devolución del documento que fue anexado al escrito de demanda, dado que ésta fue remitida vía electrónica, por lo que no se trata de documento original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas; quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino. Notifíquese. Lo proveyó y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de Selene Vázquez Sánchez, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos del Instituto de Salud para el Bienestar, mediante el cual cumple con el requerimiento de diez de febrero de dos mil veintiuno, y al efecto, informa que recibió el oficio 161/2021 el nueve de febrero de dos mil veintiuno. En razón de lo anterior, una vez que se cuente con el acuse de recibo del diverso oficio 160/2021 dirigido al Secretario de Salud residente en la Ciudad de México, se proveerá lo conducente en relación al recurso de queja interpuesto por el Subdirector de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Pediatría, en contra del proveído de veintiocho de diciembre de dos mil veinte. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, con oficio que se remita vía electrónica requiérase al referido Secretario de Salud, para que dentro del término de tres días contado a partir de que reciba el oficio de estilo, informe a este órgano de control constitucional a través del correo institucional 7jdo9cto@correo.cjf.gob.mx si ha recibido el mencionado oficio 160/2021 con el que se le pretende notificar el acuerdo referido en el párrafo que antecede. Se apercibe a la responsable en cita, que de ser omisa al respecto se le podrá imponer una multa de cincuenta veces el valor diario de unidad de medida y actualización, en términos del artículo 237, fracción II, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en la circular SECNO 10/2021, emitida el trece de febrero de dos mil veintiuno por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, por la que se comunica la aprobación del punto de acuerdo denominado "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 16 al 22 de febrero de 2021 en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19"; el presente acuerdo se elabora de manera remota o a distancia y se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), anexándose al efecto la evidencia criptográfica respectiva; quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al local que ocupa este órgano jurisdiccional, una vez que se ordene la continuación de los plazos y términos. Notifíquese, una vez que se reanuden los plazos y términos en este órgano jurisdiccional federal. Lo proveyó y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de Luis Ignacio Arredondo Veytia, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, a veintiséis de enero de dos mil veintiuno. Agréguese sin mayor proveído el pedimento signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado federal, toda vez que mediante proveído de veintidós de enero de dos mil veintiuno, se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo en que se actúa. Cúmplase.

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, a veintidós de enero de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en proveído de once de enero de dos mil veintiuno, pues al efecto remite la constancia solicitada. Ahora, del estado procesal que guardan los presentes autos, en específico de la lectura integra de la demanda de amparo se advierte que el acto que reclama el quejoso Héctor Miguel Medina Ocejo es: La omisión injustificada de la autoridad responsable de dar cumplimiento a lo solicitado en el oficio STPS-JECA-1-0797/2020/1 de fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, emitido por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con residencia en Ciudad Valles, relativo a rendir informe administrativo ofrecido como prueba por el suscrito dentro del expediente 02370/2018/JE1-1. En estas condiciones, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario constitucional se evidencia de manera manifiesta, notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del numeral 61 de la Ley de Amparo en relación con el 63, fracción V, de la citada legislación, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Como se advierte, los controvertidos constitucionales devienen improcedentes cuando el acto de autoridad que se considera lesivo de los derechos fundamentales del quejoso, cesó en sus efectos; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Sobre dicho tópico la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. En ese sentido, el citado tribunal constitucional refirió que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la peticionaria de amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una actuación que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, expone la referida Sala del Máximo Tribunal de este país, que la improcedencia que se invoca se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al gobernado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija; por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, concluye la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Las consideraciones expuestas tienen como sustento en la ejecutoria que originó la jurisprudencia 2a./J. 59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, página 38, correspondiente a Junio de 1999, con número de registro 193758, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo expuesto, adquieren relevancia las condiciones que pueden ocurrir para determinar si se está ante una cesación de los efectos del acto de autoridad refutado de inconstitucional, es decir, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la figura en estudio se actualiza al ocurrir cualquiera de los siguientes supuestos: a) Cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y ello da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o bien, b) Cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la quejosa en el goce del derecho fundamental violado. En el particular, se actualiza el supuesto descrito en el inciso b) que antecede, puesto que de las copias certificadas que remitió el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles (tercero auxiliar en este controvertido constitucional), se advierte que este recepcionó el oficio 20.24.315/2020 de la responsable Titular de la Subdelegación Valles del Instituto Mexicano del Seguro Social en San Luis Potosí, con la cual la institución de salud cumplió con lo requerido por la junta de mérito en el oficio STPS-JECA-10797/2020/I de treinta de septiembre de dos mil veinte, ya que el aludido titular rindió el informe administrativo ofrecido como prueba por el quejoso dentro del expediente 02370/2018/JE1-1; constancias a las que se concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Sin que sea obstáculo el que las documentales en comento devengan de una autoridad distinta a las que intervienen en esta litis constitucional, pues es válido que este órgano de control constitucional se allegue de las pruebas necesarias para resolver con prontitud los juicios de amparo que sustancia. Se cita al caso la tesis I.3o.C.98 K (10a.) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, registro 2017593, página 2767 del Libro 57, Agosto de 2018 Tomo III de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y contenido siguiente: "TERCERO COADYUVANTE DEL SISTEMA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. CUANDO LA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN QUE LE FUE REQUERIDA LA PROPORCIONA EXTEMPORÁNEAMENTE Y ES REMITIDA POR CONDUCTO DEL JUEZ RESPONSABLE EN ALCANCE A SU INFORME JUSTIFICADO, DEBERÁ CONSIDERARSE EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone, entre otras cuestiones, la obligación que tienen los juzgadores de privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, es decir, el deber de las autoridades judiciales de eliminarlos cuando sean obstáculo para impartir justicia. En ese sentido, si un tercero coadyuvante del sistema de impartición de justicia se resiste a proporcionar la documentación o información, no obstante que le fue requerida en múltiples mandatos judiciales, y lo hace extemporáneamente por conducto del Juez responsable en alcance a su informe justificado, ésta deberá considerarse en el juicio de amparo, cuando sea parte de la requerida desde los primeros mandatos judiciales. Esto es así, porque el tercero auxiliar de la justicia no es parte en el juicio, pues su única función es entregar la información o documentación que le fue solicitada. De ahí que es legal tomar en cuenta dicha información, especialmente si es allegada al juicio por una autoridad competente, quien la remite cuando el propio tercero coadyuvante en auxilio al sistema de impartición de justicia previamente se la entregó. De lo contrario, se continuaría dilatando la efectividad de los apercibimientos decretados en autos y, con ello, se impediría el fortalecimiento del sistema de impartición de justicia el cual es uno de los pilares del Estado Mexicano, por el que se resuelven los conflictos en la vía institucional." Así, es evidente que la responsable constituyó una situación jurídica que destruyó la omisión que originó la promoción de la demanda de amparo, en la que se reclamó la afectación de los derechos fundamentales del requirente de amparo, habida cuenta que con tal actuación tuvo como consecuencia la destrucción del acto omisivo tildado de inconstitucional en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del quejoso. Esto es así, pues la omisión que se dolía el solicitante de amparo, ha sido destruida. En estas condiciones, la relatada cesación de efectos implica que el instituto de salud responsable ha dejado de afectar la esfera jurídica del impetrante, siendo patente lo innecesario que resultaría examinar su legalidad o ilegalidad; aunado a que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del justiciable que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. A mayor abundamiento, cabe precisar que si hubiere resultado fundada la pretensión de la parte quejosa, se haría nugatorio lo establecido en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que no habría que reestablecer ni que reintegrarle al demandante de amparo, ya que fue restituida en el pleno goce del derecho humano violado. Sentado lo anterior, es inconcuso establecer que no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Consecuentemente, al haberse actualizado de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley en comento, deviene incontrovertible que este juicio de amparo debe sobreseerse fuera de audiencia con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. Es aplicable al respecto la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 184572, que al tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de lo asentado en párrafos precedentes, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para celebrarse a las catorce horas con veinte minutos del diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Sin que obste el hecho de que no ha sido emplazada la parte tercero interesada, toda vez que la presente determinación no le causa agravio alguno. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presente resolución se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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