Héctor Miguel Medina Ocejo

Expediente 416/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
416/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
13/10/2021

Partes del expediente

  • Héctor Miguel Medina Ocejo

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, trece de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, en contra del proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente sumario constitucional. Consecuentemente, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que el citado proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales. No obsta a lo anterior, el hecho de que este órgano jurisdiccional se abstenga de realizar el computo a que se alude en la certificación de cuenta a la parte tercero interesada y a la autoridad responsable, para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la ley de la materia; ello, en virtud de que en el presente sumario constitucional se determinó sobreseer fuera de audiencia; por tanto, dicha resolución no les irroga perjuicio alguno. Resulta aplicable por identidad de razón la tesis número I.1o.A.37 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada el viernes 10 de Agosto de 2018 en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2017556, que a la letra dice: LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES CARECEN DE ÉSTA CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO NEGÓ LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL RESPECTO DE LOS ACTOS QUE SE LES ATRIBUYERON. Conforme al artículo 87, primer párrafo, de la Ley de Amparo, las autoridades responsables podrán interponer el recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que se les reclame. Así, de la interpretación de esa disposición se colige que cuando el Juez de Distrito niega la protección de la Justicia Federal respecto de los actos que a aquéllas se atribuyeron, carecen de legitimación para instar el medio de defensa indicado, pues esa determinación no les depara perjuicio. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que los agravios propuestos estén encaminados a demostrar la improcedencia del juicio, ya que aun cuando se pudiera considerar que el sobreseimiento tendría consecuencias jurídicas de diversa naturaleza que les reportarían un beneficio distinto, ese examen sólo sería posible si el quejoso interpone el recurso para impugnar la negativa del amparo, supuesto en el que las responsables estarán en posibilidad de hacer valer, vía revisión adhesiva, motivos de improcedencia o robustecer los que abordó y desestimó el juzgador, en virtud de que, de prosperar los alegatos del promovente, se dejaría insubsistente la decisión que, en principio, les favoreció. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 inciso a), del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, así como el Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes -SISE- y en el libro de gobierno que concierne. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas; quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino. Notifíquese. Lo proveyó y firma Norma Elizabeth López Rodríguez, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, en funciones de Juez de Distrito en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como de los lineamientos del oficio CCJ/ST/2714/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, signado por el Secretario Técnico, de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, asistida de Armando Gómez Centeno, Secretario del Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio enviado vía correo electrónico por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí; por medio del cual rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley Amparo. Por otra parte, se tienen como delegados de la autoridad responsable de mérito; a las personas que menciona en términos del artículo 9, de la Ley de Amparo y como domicilio procesal el que señala en el oficio que se provee. Con fundamento en el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las documentales que anexa, las cuales se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de recibirlas en el momento procesal oportuno. En ese contexto, y atento al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que existen elementos probatorios que permiten decretar el sobreseimiento del presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. En efecto, para decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo no es necesario esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional y al dictado de la sentencia, sino que puede decretarse durante su tramitación y antes de la celebración de dicha audiencia, si resulta patente que la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado se actualizó fehacientemente y que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada; pues estimar lo contrario, dilataría el dictado de la determinación que en derecho corresponde al presente juicio, colmando de forma ociosa los plazos, en razón de que con ningún elemento probatorio, ni consideración alguna respecto de dicho informe justificado, podría desvirtuarse el motivo de improcedencia que se actualiza en el caso. Por el contrario, se contravendría el espíritu del derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, ya que a nada práctico conduciría esperar el transcurso de los plazos, así como a la celebración de la audiencia constitucional, si el resultado sería exactamente el mismo, en razón de que la causa de improcedencia no depende de tales asertos, por lo cual, sólo se generarían en la justiciable falsas expectativas de derecho, de forma injustificada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.16o.T.7 K (10a.), emitida por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, registro 2019142, página 2646, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CUANDO EL MOTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, ES NOTORIO, MANIFIESTO E INDUDABLE. Del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio cuando: 1) de las constancias de autos se advierta que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; por lo que, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado, o la omisión de la autoridad que dio origen al juicio de amparo indirecto, lo cierto es que al actualizarse, excepcionalmente, la primera de las hipótesis, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio antes de celebrarse la audiencia, si resulta patente que la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado se actualizó fehacientemente y que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada; es decir, cuando su materialización sea tal que ninguna prueba pueda servir para concluir lo contrario. Conforme a lo anterior, cuando ese motivo de sobreseimiento sea notorio, manifiesto e indudable, de manera que con ninguna prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional." Así como la diversa tesis XIII.1o.P.T.4 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, registro 2020347, página 4648, que a continuación se inserta: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado." En el caso, se estima que se actualiza un motivo de sobreseimiento notorio, manifiesto e indudable, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable se evidencia que el acto aquí reclamado era inexistente al momento en que se instó la acción constitucional. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional [.]" Del contenido del artículo transcrito, se advierte que procede el sobreseimiento del juicio de amparo cuando de las constancias que obren en autos se demostrara que no existe el acto reclamado. Conforme a las tesis antes invocadas, se advierte que si bien es cierto por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la parte quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado, o la omisión de la autoridad que dio origen al juicio de amparo indirecto, lo cierto es que si se evidencia fehacientemente la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio antes de celebrarse la audiencia pues aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada. Ello es así, en tanto que no tendría razón de ser la tramitación del medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, de las constancias que obran agregadas en autos, se advierte que el quejoso reclama la omisión por parte del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, de dictar laudo en los autos del expediente laboral ********************. Por otro lado, se observa que mediante proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo y se requirió a la autoridad responsable para que rindiera su informe justificado y acompañara las constancias correspondientes. Igualmente, se obtiene que mediante el oficio que se provee, la referida autoridad responsable, rindió su informe justificado, manifestando la negativa del acto reclamado y remitió como sustento de su dicho copia certificada del laudo emitido el quince de junio de dos mil veintiuno, en los autos del expediente laboral ********************, mismo que se notificó de manera personal el seis de septiembre del presente año. En ese sentido, resulta evidente, que si de la boleta de turno correspondiente, se advierte que el escrito de demanda que dio origen a este juicio fue presentada el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, y que de las constancias remitidas por la autoridad responsable se desprende que en los autos del expediente laboral ********************, se dictó laudo el quince de junio de dos mil veintiuno -cuya omisión constituye el acto reclamado-, esto es, con anterioridad a dicha data, resulta incontrovertible que a la fecha en que instó la acción constitucional, la omisión de dictar laudo era inexistente. En ese contexto, al ser inexistente el acto reclamado, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señalada para el desahogo de la audiencia constitucional fijada a las trece horas con diez minutos del cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presente resolución se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese, y personalmente Lo proveyó y firma Norma Elizabeth López Rodríguez, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, en funciones de Juez de Distrito en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como de los lineamientos del oficio CCJ/ST/2714/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, signado por el Secretario Técnico, de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, asistida de Cenobio Guerrero Mata, Secretario del Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Héctor Miguel Medina Ocejo, contra actos que reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí; que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 416/2021. Digitalización. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Admisión. Ahora bien, toda vez que de momento no se advierten causales de improcedencia que conduzcan al desechamiento del presente asunto, así como tampoco de incompetencia que impidan a este juzgado conocer de la presente demanda de amparo; en esas circunstancias, con fundamento en los artículos 1, párrafo primero, 2°, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión respectivo, toda vez que no se solicita expresamente; ni se advierte que deba tramitarse de oficio. Fecha y hora de la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo y 281 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, cítese a las partes para la audiencia constitucional, la cual se llevará a cabo a las TRECE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. ...

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