Hector Marquez Gutierrez Y/O Hector Marquez Nava
Expediente 149/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 149/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Hector Marquez Gutierrez Y/O Hector Marquez Nava
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de agosto de dos mil dieciséis. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de ocho de agosto de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que así lo hiciera, en consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio es necesario indicar que en la sentencia engrosada el veintinueve de abril de dos mil dieciséis (fojas 53 a 63), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso Héctor Márquez Gutiérrez o Héctor Márquez Nava, para los efectos siguientes: ".En las apuntadas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo vigente lo procedente es conceder el amparo solicitado al quejoso Héctor Márquez Gutiérrez o Héctor Márquez Nava para el efecto de que el juez responsable deje sin efectos el proveído de veintiocho de junio de dos mil trece, dictado dentro del proceso penal 421/2008, mediante el cual libró la orden de reaprehensión y, en su lugar, dicte otro en el que: Funde y motive en qué supuesto en específico se encontraba el procesado ahora quejoso, es decir, si en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 366 o del ordinal 371 en alguna de sus ocho fracciones, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, y para el caso de que la responsable opte por la fracción VIII del artículo 371 del indicado código, deberá: Otorgue al ahora quejoso un plazo legal, a efecto de que esté en aptitud de manifestar si es su deseo o voluntad acogerse al beneficio de la conmutación de la pena, o en su caso, manifieste su deseo o voluntad de internarse en el reclusorio local para el cumplimiento de la pena impuesta en la sentencia firme; en el entendido de que deberá hacerle las prevenciones legales conducentes en caso de omisión; ahora si el quejoso una vez transcurrido el plazo que llegue a otorgar la responsable, no atiende al requerimiento formulado, el juzgador podrá entonces ordenar su reaprehensión ya que la continuación del procedimiento es de orden público." (foja 62 vuelta). Por auto de quince de junio de dos mil dieciséis se declaró ejecutoriada la sentencia de mérito, requiriéndose su cumplimiento a las autoridades responsables (fojas 115 a 118). Ahora bien, mediante oficio 3936 de veintinueve de junio de dos mil dieciséis (foja 135), la autoridad responsable Juez de lo Penal de Huejotzingo, Puebla, remitió copia certificada de la resolución de veintidós de julio de dos mil dieciséis emitida en el proceso 421/2008, en la que se advierte que dicho juzgador, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria constitucional, dejó insubsistente la resolución reclamada de veintiocho de junio de dos mil trece solicitando al Agente del Ministerio Público de la Adscripción, ordenó a los elementos de la Policía Ministerial del Estado se abstuvieran de ejecutar dicha orden la cual fue girada mediante oficio 4815 de fecha veintiocho de junio de dos mil trece, giró oficio también al Director General de Administración del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla comunicándole que quedó sin efectos la orden de hacer efectiva la cantidad de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 M.N.) que por concepto de libertad caucional exhibió el sentenciado Héctor Márquez Nava o Héctor Márquez Gutiérrez, la cual fue solicitada mediante oficio número 4816 de veintiocho de junio de dos mil trece (foja 137 vuelta) y dictó otra en la que se advierte que en cumplimiento a la sentencia amparadora resolvió lo siguiente: ".Tomando en consideración que de la razón levantada por el Ciudadano Diligenciario, se desprende que el proveído de fecha 19 de junio de 2013 dos mil trece no fue notificado al sentenciado HÉCTOR MÁRQUEZ NAVA o HÉCTOR MÁRQUEZ GUTIÉRREZ bajo el argumento de que el mismo dejó de firmar el libro de las personas que gozan de su libertad caucional; en consecuencia, con fundamento en los artículos 31 y 371 fracción VIII, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado, toda vez que la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado por ejecutoria de 5 cinco de abril de 2013 dos mil trece, dictada dentro del toca número 13/2013, confirmó la sentencia condenatoria de 30 de agosto de 2012 dos mil doce, encontrándonos por lo tanto, dentro del supuesto previsto en el segundo de los numerales invocados, se ordena turnar los autos al Ciudadano Diligenciario, a fin de que proceda a notificar en forma personal al sentenciado de referencia el proveído de mérito, debiendo observar los requisitos que establece el diverso 46 del mismo ordenamiento legal en sus diversas fracciones, requiriéndolo para que dentro del término de 5 cinco días, manifieste si se acoge al beneficio de la conmutación de la pena, o en su caso si es su voluntad internarse en el Centro de Reinserción Social de este distrito judicial para el cumplimiento de la sentencia firme, apercibiéndole que de no hacerlo, será puesto a disposición del Juez de Ejecución de Sentencias, a fin de que proceda la ejecución de la sentencia dictada en esta causa." (fojas 137 vuela y 138). Con lo que da cumplimiento a los efectos de la sentencia amparadora. Sin embargo, en virtud de que el juez responsable fue omiso en informar, una vez establecido el plazo indicado (cinco días), si el aquí quejoso atendió no el requerimiento formulado y las acciones que llevó a cabo, mediante proveído de doce de julio de dos mil dieciséis, se tuvo por no cumplida dicha resolución y se le requirió para que diera cumplimiento a la sentencia amparadora en el aspecto indicado. Atento a lo anterior, por oficio 4609 de cuatro de agosto de dos mil dieciséis el juez penal responsable informó que como el aquí quejoso Héctor Márquez Gutiérrez O Héctor Márquez Nava no dio cumplimiento al auto de quince de julio del citado año en el que le concedió el término de veinticuatro horas para que exhibiera la cantidad requerida para dar cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en su contra por lo que hizo efectivo el apercibimiento decretado el veintidós de junio de dos mil dieciséis, ordenando dejar a disposición del Juez de Ejecución de Sentencias Itinerante en el Estado de Puebla a efecto de que se instaure el procedimiento de las penas que le fueron impuestas en sentencia definitiva (foja 159). Las constancias a las que se ha hecho referencia son documentos públicos que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que este asunto en el que se concedió la protección constitucional no es de relevancia documental, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio signado por la Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado de lo Penal de Huejotzingo, Puebla y, visto su contenido, téngasele dando cumplimiento al auto de veintisiete de julio de dos mil dieciséis. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes
- Hector Jaime Ramirez Rugerio1173/2022
- Hector Javier Fernandez de Lara Soriano428/2020
- Hector Jimenez Contreras1104/2021
- Hector Laureano Cruz388/2022
- Hector Lopez Herrera1095/2022
- Hector Manuel Medina Bustos573/2021
- Hector Marquez Martinez1005/2020
- Hector Martinez Cuapio264/2022
- Hector Miguel Hernandez Pimentel1197/2018
- Hector Miguel Rodriguez Hernandez418/2016
- Hector Octavio Montiel Garcia1073/2017
- Hector Octavio Montiel Garcia1317/2017