Hector Octavio Montiel Garcia
Expediente 1073/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1073/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 27/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Hector Octavio Montiel Garcia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de treinta de octubre de dos mil diecisiete, que sobreseyó en el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes; razón por la cual, quedan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión. Atento a lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurrido cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.
- Principal
R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo 1073/2017-C, promovido por el quejoso Héctor Octavio Montiel García, contra los actos reclamados y las autoridades responsables precisados en los considerandos segundo y tercero de esta resolución. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, de las cuales se desprende que María Eugenia Gómez Villanueva, Titular de este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, se encontrará de licencia en la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, en términos del artículo 43, párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y toda vez que dicho numeral autoriza al secretario encargado del despacho únicamente a practicar las diligencias y dictar las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente, se impone diferirla anticipadamente y se fija como nueva hora y fecha para su celebración las diez horas con ocho minutos del treinta de octubre de dos mil diecisiete.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de octubre de dos mil diecisiete. Visto, el escrito signado por el quejoso Héctor Octavio Montiel García, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales procedentes y, en atención a su contenido, téngasele pretendiendo ampliar su demanda de amparo, señalando como nuevos actos: ".la posible emisión de alguna orden que me prive de mi libertad o que implique mi presentación, derivada de la recepción o emisión de la consignación de alguna averiguación previa en la que me encuentre debidamente, involucrado." Al respecto, con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se desecha la ampliación de la demanda propuesta por los motivos que se exponen a continuación. En primer lugar, la ley que rige el juicio de derechos fundamentales prevé la figura de la ampliación de la demanda de amparo en su artículo 111, el cual señala como requisitos para su procedencia los siguientes: 1. Cuando no hayan transcurrido los plazos para su presentación; 2. Que, con independencia del punto anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial, en este caso la ampliación de la demanda deberá promoverse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo; y, 3. Que la ampliación de demanda se formule antes de la celebración de la audiencia constitucional. Por otro lado, la jurisprudencia 15/2003, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, prevé la procedencia de la ampliación en tres hipótesis distintas, que son: a) Cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso; b) Cuando en dicho informe se fundamente o motive el acto reclamado o, c) Cuando el quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados. La jurisprudencia referida es del tenor siguiente: AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional. En el caso, el demandante constitucional, en su escrito inicial de demanda, reclama de las autoridades responsables 1. Juez Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, 2-3. Jueza de Control de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, 3. Juez de Control y Ejecución con sede en Puebla, 4. Juez de Control y Ejecución de Sentencias de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, 5. Fiscal General en el Estado de Puebla, 6. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla y 7. Comandante de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, destacamentado en San Pedro Cholula, la orden de aprehensión o detención, así como su ejecución. De los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, se advierte que negaron categóricamente la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa, hasta el momento, haya ofrecido prueba encaminada a desvirtuar tales negativas. En tal sentido, resulta evidente que la ampliación de demanda que pretende la parte quejosa no encuadra en los supuestos de procedencia de la misma, al no derivar del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, esto es, de nuevos datos que de aquéllos pudieran apreciarse; de ahí la improcedencia de la ampliación propuesta. Por otra parte, hágase saber al quejoso que este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a analizar la demanda en su integridad, los informes de las autoridades responsables y todos los datos que se desprendan del juicio de amparo, para obtener una interpretación completa de su voluntad, esto significa que si se advirtiera un error o una omisión en la denominación del acto reclamado por desconocimiento, se debe examinar la constitucionalidad del que apareciere probado, sin sujetarse a rigorismos; por ejemplo, fijar la litis constitucional teniendo como acto combatido el que se haya expresado literalmente en el capítulo respectivo de la demanda. Por analogía, sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 34/2001 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: ORDEN DE REAPREHENSIÓN. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL QUEJOSO AL INTERPONER SU DEMANDA DE AMPARO LA DESIGNE ERRÓNEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSIÓN. El hecho de que el peticionario de garantías haya señalado de manera incorrecta, de acuerdo a la técnica jurídica, como acto reclamado una orden de aprehensión y de los informes justificados se desprenda la existencia de una orden de reaprehensión, no es suficiente para considerar que el acto reclamado no existe y que, por tanto, deba sobreseerse en atención a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, sin examinar la constitucionalidad del acto que apareció probado, bajo el argumento de que el acto impugnado no es cierto en la forma expuesta por el quejoso. Ello es así, pues aun cuando la orden de aprehensión y la de reaprehensión, como se dijo, técnicamente son diferentes, ambos actos restringen la libertad personal, lo cual puede conducir al error en la denominación exacta del acto reclamado y sería excesivo considerar que por error o ignorancia en el nombre del acto reclamado, se deba sobreseer, ya que ello no puede servir de base para determinar la inexistencia de dicho acto, por lo que el juzgador, inspirado en los principios de justicia exacta y expedita, no sólo debe analizar la demanda en su integridad, sino también los informes de las autoridades responsables y en sí todos los datos que se desprendan del juicio de amparo, para obtener una interpretación completa de la voluntad del quejoso y advertir el error o la omisión en que haya incurrido por desconocimiento de la denominación del acto reclamado y examinar la constitucionalidad del que aparezca probado, sin sujetarse al rigorismo de que precisa y solamente sea tomado como acto reclamado el que como tal se haya expresado en el capítulo especial de la demanda. Lo anterior no significa, en modo alguno, suplir la queja deficiente o integrar la acción que intente el gobernado, sino únicamente concatenar la información con que se cuenta, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, con lo cual se permite que el accionante no vea obstaculizado su acceso a la justicia, por el exceso de rigorismos que contradicen el espíritu tutelar del juicio de garantías.
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