Hector Lopez Herrera
Expediente 1095/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1095/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 21/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Hector Lopez Herrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el treinta de noviembre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó el presente juicio, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), archívense las presentes actuaciones e insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (definitiva), con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General y, conforme al punto 7.1.1. apartado 2 del Manual para la Organización de Archivos Judiciales Bajo el Resguardo del Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años. Asimismo, por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese electrónicamente la parte quejosa; y, mediante oficio a las autoridades responsables, así como al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
R E S U E L V E: Primero. Se sobresee el juicio de amparo indirecto 1095/2022, promovido por ******, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas del quejoso Héctor López Herrera, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia y por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando tercero del propio fallo. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese electrónicamente la parte quejosa; y, mediante oficio a las autoridades responsables, así como al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, para que surta los efectos legales procedentes, el informe justificado aclaratorio rendido -vía correo electrónico institucional- por la autoridad responsable 1. Isaí Rivas López, Encargado de la Administración General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla, en cumplimiento al requerimiento formulado por auto de veintisiete de octubre del actual; con el que se da vista a las partes, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente en la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en el citado precepto 117, en relación con el diverso 119 ambos de la ley de la materia, se tiene como prueba de su parte la documental que anexa al informe que se provee; sin perjuicio de relacionarla nuevamente en el momento procesal oportuno. Ahora bien, de autos se aprecia que no transcurrirán los ocho días que deben mediar entre la vista otorgada en líneas precedentes y la fecha de la audiencia constitucional, conforme lo prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, la audiencia constitucional que debería tener verificativo para las nueve horas con veintidós minutos del catorce de noviembre de dos mil veintidós, se difiere anticipadamente, y se señalan como nueva fecha para su celebración las nueve horas con cincuenta y seis minutos del treinta de noviembre de dos mil veintidós. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada V.2o.P.A.4 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, misma que a continuación se reproduce: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE. De los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deben rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como que los informes rendidos fuera del plazo de quince días o el ampliado a veinticinco días, pueden ser considerados por el juzgador de amparo en la resolución respectiva solamente si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Lo anterior pone de manifiesto que tales preceptos tienen como finalidad asegurar que las partes -principalmente la quejosa- se impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo, pues de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y se permite aplicar el lineamiento referido que ordena tomar en consideración los informes rendidos solamente "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Esta interpretación impide el estado de indefensión que podría suscitarse si la autoridad responsable rinde el informe justificado momentos antes de la audiencia, sin que éste pueda ser conocido por las partes, armonizándose de esta manera el imperativo de comunicar oportunamente el informe, garantizándose que las partes no queden en estado de indefensión. En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación buscando apoyo en una aplicación aislada y restringida del segundo párrafo del citado artículo 117, el cual señala que en caso de que el informe no se presente cuando menos ocho días antes de la audiencia, el juzgador debe acordar diferirla o suspenderla "a solicitud del quejoso o del tercero interesado", sino, relacionarla lógica, sistemática y armónicamente con el tercer párrafo del propio numeral, en el fragmento que evidencia que los informes pueden ser estimados "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos", pues así se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlo o para ampliar la demanda. Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer a las partes, no obstante se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia, pues de lo contrario ésta deberá diferirse independientemente de que el quejoso o el tercero interesado lo soliciten." Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y, por lista a las demás partes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante acuerdo dictado el veintiuno de octubre de dos mil veintidós se tuvo por rendido el informe justificado por la autoridad responsable 1. Isaí Rivas López, Encargado de la Administración General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla, en cual: ( Negó los actos reclamados en el presente asunto -orden de aprehensión y/o comparecencia-; y, ( Agregó que en la causa penal 123/2021/CHOLULA se libró una orden de aprehensión en contra del quejoso ***** pero que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el juicio constitucional 368/2021 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, el diez de octubre de dos mil veintidós se dejó sin efectos dicho mandamiento de captura. Ahora bien, resulta un hecho notorio para el suscrito, el cual se invoca de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que dentro del citado juicio de derechos fundamentales obra la siguiente información: ( El trece de octubre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia, en la que por una parte sobreseyó el juicio y, por otra, se concedió el amparo en favor de los ahí quejosos -cuyos nombres se suprimieron por ser información confidencial-, respecto de la orden de aprehensión librada el siete de marzo de dos mil veintiuno dentro de la causa penal de origen -cuyo número se suprimió por ser información confidencial-, del índice del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente del Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula; ( El uno de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, con la determinación dictada el diez de noviembre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal de origen, en donde el juez de control responsable dejó insubsistente la orden de aprehensión reclamada de siete de marzo de dos mil veintiuno, única y exclusivamente por cuanto a los ahí quejosos, y negó la orden de aprehensión solicitada por la representación social. ( El cinco de enero de dos mil veintidós, se declaró firme la citada resolución, por la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, y se ordenó el archivo del asunto como totalmente concluido. En ese tenor, primero debe decirse que de la información narrada no es posible advertir si efectivamente el ahora quejoso tuvo también ese carácter en el juicio de amparo 368/2021 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla y si la orden de aprehensión ahí analizada derivó de la causa penal 123/2021/CHOLULA, en virtud de que esos datos fueron suprimidos por ser de carácter confidencial. No obstante, suponiendo, sin conceder, que los datos proporcionados por la citada autoridad responsable son correctos en los tópicos precisados, lo cierto es que contrario a lo que manifestó, en todo caso, la orden de aprehensión girada en contra del aquí quejoso en la causa penal 123/2021/CHOLULA -que, según su dicho, fue materia de la ejecutoria del juicio de amparo 368/2021 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla-, se dejó insubsistente mediante resolución de diez de noviembre de dos mil veintiuno y no el diez de octubre de dos mil veintidós. En consecuencia, a fin de que este juzgado cuente con los elementos necesarios para resolver este asunto, con fundamento en los artículos 75 y 117 de la Ley de Amparo, pídase un informe justificado aclaratorio a la autoridad responsable 1. Isaí Rivas López, Encargado de la Administración General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla, mismo que deberá de rendir dentro del plazo de tres días, computado legalmente, y en el que deberá aclarar la situación advertida en líneas precedentes; esto es: 1. Precise si existe vigente alguna orden de aprehensión y/o comparecencia librada en contra del quejoso ******, en las causas penales radicadas en los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla; 2. Confirme si dentro de la causa penal 123/2021/CHOLULA existió una orden de aprehensión librada en contra del citado quejoso y si la misma fue materia de la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo 368/2021 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; para lo cual, deberá tomar en consideración la información narrada en líneas precedentes; y, 3. En su caso, acompañar copia certificada de las constancias que apoyan su dicho. De igual forma, en dicho informe justificado deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. En la inteligencia que de contar con información considerada como reservada o confidencial deberá hacerlo del conocimiento para que esta autoridad tome las medidas necesarias al respecto. Se apercibe a la autoridad responsable requerida que ante la falta del informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; se precisa que queda a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1° de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable requerida, con la imposición de multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, en el caso de que no rinda el informe solicitado o lo haga sin atender los requisitos antes precisados. Igualmente, se apercibe a la autoridad responsable, que en el caso de que se niegue a recibir notificación en términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionadora; ello en términos de los numerales 245, en relación con el 238 del citado ordenamiento legal. En términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que al tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; con el apercibimiento a la parte que tenga conocimiento y no la comunique, se le impondrá multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, tal y como lo señala el artículo 251, en relación con el 238 de la citada ley. Sanciones que serán aplicadas en la resolución que se dicte en la audiencia constitucional. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por oficio a la autoridad responsable requerida; y, por lista a las demás partes.
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