Héctor Manuel Loya Caraveo
Expediente 636/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 34 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 636/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 23/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Héctor Manuel Loya Caraveo
- Magistrada de la Primera Sala Familiar Regional del Distrito Judicial Bravos en Ciudad Juárez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Declaratoria de ejecutoria Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia de veintinueve de abril del año en curso, en el que se sobreseyó y negó el amparo y protección de la justicia federal en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es depurable, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó y negó el amparo y protección de la justicia federal, de conformidad con lo establecido en el inciso b), fracción II, del Artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Asimismo, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Valoración de los cuadernos incidentales En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con lo dispuesto por la Circular de ocho de marzo de dos mil veintiuno CAP/DGAD/392/2021 de la Dirección General de Archivo y Documentación, el mismo es susceptible de destrucción. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el cuaderno original del incidente de suspensión. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con lo establecido por la fracción II, inciso a) del numeral 20 del invocado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, para lo cual manténganse ligados. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LAS TERCERO INTERESADAS LA SENTENCIA DE FECHA VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS LA CUAL A LA LETRA DICE: Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de abril de dos mil veintidós. Vistos para resolver, los autos del juicio de amparo 636/2021-IV, promovido por **********. Resultando Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dos de septiembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, turnado a este Juzgado de Distrito el mismo día, **********, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridades siguientes: De la Magistrada de la Primera Sala Familiar Regional del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, reclamó: Todas las actuaciones practicadas en el toca 272/2021; de forma destacada: La orden para que se le descuente el veinte por ciento de sus percepciones como empleado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, por concepto de pensión alimenticia para su menor hijo de iniciales **********., esto en la resolución de cinco de julio de dos mil veintiuno. De la Jueza Segundo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, reclamó: Todo lo actuado en el juicio 392/2021. Lo anterior, ostentándose tercero extraño respecto del juicio natural. Segundo. Derechos que el quejoso estimó transgredidos. El quejoso consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante acuerdo de tres de septiembre de dos mil veintiuno, se registró la demanda con el número 636/2021-IV y se admitió a trámite, se requirió a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Cuarto. Ampliación de demanda. Mediante escrito recibido en este Juzgado el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, previa vista para ese efecto, el quejoso amplió su demanda de amparo en relación con la autoridad responsable Juez Civil del Vigésimo Tercer Partido Judicial del Estado de Jalisco, con residencia en Atotonilco el Alto, pues éste aceptó la competencia planteada para conocer del juicio natural, radicándolo en su índice con el número de expediente 664/2021, por lo que se le requirió su informe justificado. Quinto. Celebración de audiencia constitucional. Una vez integrado este asunto, incluido el emplazamiento a la tercera interesada, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede, la cual concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, pues se reclama la resolución de segunda instancia descrita, que tiene su efecto dentro del territorio donde este Juzgado ejerce su jurisdicción, pues el descuento del veinte por ciento por concepto de pensión alimenticia provisional en favor de su menor hijo, sobre las percepciones del quejoso, como investigador y docente de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, se lleva a cabo precisamente en esta localidad; lo que es acorde con el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en cuanto a la competencia legal de este Juzgado para conocer de dicho acto reclamado. Ahora bien, es cierto que el juicio natural, del que deriva la resolución reclamada indicada en el párrafo que antecede, comenzó a tramitarse en el Juzgado Segundo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, cuyo Titular desechó de plano la demanda promovida por la tercera interesada, por estimar que carecía de competencia legal para conocer de la misma, sin embargo, la Magistrada responsable, precisamente al resolver el recurso de apelación que interpuso la promovente de dicho juicio en materia familiar, en contra de tal determinación, fijó la pensión provisional ya mencionada y ordenó el envío de la demanda al Juez de lo Familiar con jurisdicción en la ciudad de Ayotla, Jalisco, para que resolviera sobre el juicio promovido por la aquí tercera interesada, cuya competencia fue aceptada por el Juez Civil del Vigésimo Tercer Partido Judicial del Estado de Jalisco, con residencia en Atotonilco el Alto, en auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, quien además admitió a trámite la demanda, registrándola con el número de expediente 664/2021, y en lo que interesa, ordenó el emplazamiento del aquí quejoso, vía exhorto. Es decir, no se pierde de vista que si bien la tramitación del juicio natural se inició en un juzgado de instancia que se encuentra dentro del territorio en el cual este Juzgado ejerce su jurisdicción, posteriormente su tramitación continuó en el mencionado órgano jurisdiccional foráneo. No obstante, este Juzgado es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con el artículo 37, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, pues aunque el juicio natural comenzó tramitándose, se insiste, dentro del territorio donde este juzgado ejerce su jurisdiccional, y durante el curso de este asunto, continuó tramitándose en diverso distrito, lo cierto es que la demanda de amparo se promovió ante este Juzgado. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, tomando en cuenta las constancias que integran el presente juicio, se desprende que el quejoso reclama lo siguiente: De la Magistrada de la Primera Sala Familiar Regional del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, reclamó: Todas las actuaciones practicadas en el toca 272/2021; de forma destacada: La orden para que se le descuente el veinte por ciento de sus percepciones como empleado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, por concepto de pensión alimenticia para su menor hijo de iniciales **********. (en la resolución de cinco de julio de dos mil veintiuno). De la Jueza Segundo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, que hizo consistir en lo siguiente: Todo lo actuado en el juicio 392/2021. Posteriormente, al ampliar su demanda, el quejoso señaló como autoridad responsable, además de las señaladas inicialmente, al Juez Civil del Vigésimo Tercer Partido Judicial del Estado de Jalisco, con residencia en Atotonilco el Alto, pues éste aceptó la competencia planteada para conocer del juicio natural, radicándolo en su índice con el número de expediente 664/2021, por lo que se le requirió su informe justificado. Lo anterior, ostentándose tercero extraño respecto del juicio natural. Cuarto. Existencia del acto reclamado. La Jueza Segundo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, en su informe justificado, manifestó que efectivamente, en su índice se radicó la demanda promovida por la aquí tercera interesada **********, por conducto de sus apoderados legales, con el número de expediente 392/2021, que en auto de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, desechó la demanda y se declaró incompetente para conocer del asunto, determinación en contra de la cual, la actora interpuso recurso de apelación. Por su parte, la Magistrada de la Primera Sala Familiar Regional del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, en su informe justificado, manifestó que es cierto el acto reclamado, pues el quince de julio de dos mil veintiuno, emitió resolución en el toca 272/2021, formado con motivo del recurso de apelación referido en el párrafo que antecede, el cual fue resuelto en el sentido que sigue: (.) 5. SENTIDO DEL FALLO Por las consideraciones que preceden, se modifica el auto apelado, para el efecto de proveer sobre los alimentos provisionales del menor hijo de los contendientes y se plantea competencia al juez del lugar de residencia del menor en cuestión, en los siguientes términos: De manera provisional se fija como pensión alimenticia a cargo de (Héctor Manuel Loya Caraveo) en favor de su menor hijo de iniciales (**********.) el (20% (veinte por ciento)) del total de sus ingresos ordinarios y extraordinarios, después de efectuados los descuentos de ley, que recibe como producto de su trabajo. Para lo cual gírese atento oficio a su fuente de empleo para que se sirva efectuar el descuento correspondiente y lo deposite en la cuenta (**********) de la institución bancaria denominada ********** S.A., con los apercibimientos de ley. Se declara incompetente a la juez del conocimiento para conocer del presente asunto, y se plantea competencia al juez de lo familiar con jurisdicción en la ciudad de Ayotla, Jalisco para resolver sobre el juicio promovido por la actora en lo principal. (.) Por último, el Juez Civil del Vigésimo Tercer Partido Judicial del Estado de Jalisco, con residencia en Atotonilco el Alto, en su informe justificado manifestó que es cierto el acto reclamado, pues en auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, aceptó la competencia planteada para conocer del juicio natural, radicándolo en su índice con el número de expediente 664/2021, asimismo, en lo que interesa, admitió la demanda presentada por la actora, aquí tercera interesada, en la vía civil sumaria, y ordenó el emplazamiento del demandado a través de exhorto, siendo ésta la única actuación emitida por dicho Juez responsable, emitida en el expediente indicado, de la cual se tiene noticia. Todo lo anterior así se desprende de las constancias que remitieron las autoridades responsables, en copia certificada de los expedientes y el toca referidos, las cuales cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 199 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales, por los Secretarios adscritos, respectivamente, a dichos órganos jurisdiccionales, los cuales cuentan con fe pública, además estampó su firma original y el sello oficial original correspondiente, en la leyenda relativa. Así pues, en los términos indicados, se tienen como ciertos los actos reclamados. Cuarto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, respecto al acto reclamado a la Jueza Segundo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, consistente en todo lo actuado en el juicio 392/2021, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y (.) Se afirma lo anterior, pues aunque las actuaciones emitidas por la Jueza Segundo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, en el expediente 392/2021, subsisten, ya no surten efecto legal o material alguno, por una parte, porque el auto de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, fue modificado por la Magistrada responsable, mediante la resolución reclamada de cinco de julio del mismo año; mientras que, las actuaciones emitidas con posterioridad relativas al recurso de apelación en contra de aquél auto, ya no surten efecto alguno, legal ni material, pues el Juez Civil del Vigésimo Tercer Partido Judicial del Estado de Jalisco, con residencia en Atotonilco el Alto, aceptó la competencia legal para conocer del juicio natural y es en ese órgano jurisdiccional donde actualmente se tramita. Por lo tanto, en relación con la autoridad responsable y acto reclamado mencionados en este considerando, se actualiza la causal de improcedencia invocada y por lo tanto, lo procedente es sobreseer en este asunto, al respecto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Ya que no se advierte la actualización de diversa causal de improcedencia, se continúa con el estudio de la cuestión de fondo, a la luz de los conceptos de violación que hizo valer el quejoso, sin que sea necesario transcribirlos y sin que esta omisión lo deje en estado de indefensión, pues lo cierto es, se insiste, que los actos reclamados se analizarán a la luz de los conceptos de violación que esgrimió al respecto. Quinto. Estudio de fondo. El quejoso, a lo largo de su demanda de amparo, expresó como único concepto de violación, la vulneración a su derecho de audiencia en el juicio natural, tanto por el Juez foráneo responsable que actualmente lo conoce y que sustituyó al Juez local ante el cual se presentó inicialmente la demanda de índole familiar, como por la Magistrada responsable. Lo anterior pues, aduce, que sin que se le permitiera acudir al juicio natural, pues no se le emplazó al mismo, a ejercer su derecho de audiencia, ofreciendo pruebas y formulando alegatos, se le impuso el descuento del veinte por ciento de sus percepciones, como ya se ha indicado, por concepto de pensión alimenticia provisional, en favor de su menor hijo, sobre el cual, afirma ejercer la guarda y custodia definitiva. Tal concepto de violación es infundado. En efecto, en principio debe indicarse que este juicio de ampro fue promovido el dos de septiembre de dos mil diecinueve. Mientras que, las actuaciones en el juicio natural, ocurrieron en el siguiente orden: - Mediante escrito presentado el veinte de abril de dos mil veintiuno, en la Oficialía de Turnos del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, la aquí tercera interesada **********, por conducto de sus apoderados legales, promovió demanda de pensión alimenticia en favor de su menor hijo, a cargo del aquí quejoso Héctor Manuel Loya Caraveo, - Dicha demanda fue turnada al Juzgado Segundo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, cuya Titular la radicó con el número de expediente 392/2021 y en auto de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, la desechó de plano, por estimar que carece de competencia legal, por territorio, para conocer de la misma, - En contra de dicha determinación, la actora, aquí tercera interesada, interpuso recurso de apelación, del cual correspondió conocer a la Magistrada de la Sala Familiar Regional en esta ciudad, quien en resolución de quince de julio de dos mil veintiuno, emitió resolución en el toca 272/2021, formado con motivo del recurso de apelación referido en el párrafo que antecede, el cual fue resuelto en el sentido que sigue: (.) 5. SENTIDO DEL FALLO Por las consideraciones que preceden, se modifica el auto apelado, para el efecto de proveer sobre los alimentos provisionales del menor hijo de los contendientes y se plantea competencia al juez del lugar de residencia del menor en cuestión, en los siguientes términos: De manera provisional se fija como pensión alimenticia a cargo de (Héctor Manuel Loya Caraveo) en favor de su menor hijo de iniciales (**********.) el (20% (veinte por ciento)) del total de sus ingresos ordinarios y extraordinarios, después de efectuados los descuentos de ley, que recibe como producto de su trabajo. Para lo cual gírese atento oficio a su fuente de empleo para que se sirva efectuar el descuento correspondiente y lo deposite en la cuenta (**********) de la institución bancaria denominada Santander Serfin S.A., con los apercibimientos de ley. Se declara incompetente a la juez del conocimiento para conocer del presente asunto, y se plantea competencia al juez de lo familiar con jurisdicción en la ciudad de Ayotla, Jalisco para resolver sobre el juicio promovido por la actora en lo principal. (.) - En cumplimiento a lo anterior, la propia Magistrada responsable, remitió los autos del juicio natural al juez de lo familiar con jurisdicción en la ciudad de Ayotla, Jalisco, en vía de incompetencia legal, la cual fue aceptada por el Juez Civil del Vigésimo Tercer Partido Judicial del Estado de Jalisco, con residencia en Atotonilco el Alto, quien en auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, además de admitir a trámite la demanda, registrándola con el número de expediente 664/2021, en lo que interesa, ordenó el emplazamiento del aquí quejoso, vía exhorto, en los siguientes términos: (.) EMPLAZAMIENTO.- Acto continuo, con las copias simples de ley como lo es, copia de la demanda, de los documentos fundatorios, del presente auto, y del acta de emplazamiento, emplácese a la parte demandada, para que dentro del término legal de 05 días más 15 días por razón de la distancia de contestación a la demanda instaurada en su contra y oponga excepciones y defensas que para ello tuviera que hacer valer, así como para que ofrezca pruebas que a su parte correspondan y señale domicilio procesal, apercibida que en caso de no hacerlo le recluirá su derecho y se le tendrá presuntamente confesa de los hechos que se le imputan, se seguirá el juicio en su rebeldía, y se le notificará por lista de acuerdos, artículos 107, 131, 132, 621 y demás relativos del Código Procesal en cita.- De igual manera, el demandado **********, tiene su domicilio en Ciudad Juárez, Chihuahua, se ordena girar atento exhorto por conducto del Secretario de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, con los insertos necesarios al Juez Competente de dicha población para que sirva realizar el emplazamiento en los términos que se establecen en el presente auto; (.)De manera que, no es verdad que al quejoso se le vulneró su derecho de audiencia porque no se le haya emplazado al juicio natural y en consecuencia no haya podido comparecer al mismo a deducir sus derechos, sino que, en el momento en que este juicio de amparo se promovió, aún no se ordenaba su emplazamiento al mismo, lo cual ocurrió, como ya se indicó, con posterioridad.Ahora bien, en relación con la resolución de cinco de julio de dos mil veintiuno, emitida por la Magistrada responsable, en la cual impuso, por concepto de pensión alimenticia provisional, a cargo del aquí quejoso, el veinte por ciento de sus percepciones como empleado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a favor su menor hijo de iniciales **********., tampoco se vulneró su derecho de audiencia. Lo anterior, pues no se trata de un acto privativo, respecto de los cuales sí debe respetarse ese derecho previamente a ser emitidos, sino uno de molestia, pues es de carácter provisional y en todo caso, únicamente debe observarse lo previsto en el artículo 16 Constitucional en relación con la garantía de seguridad jurídica, en cuanto a una debida fundamentación y motivación para su emisión.En efecto, así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 40/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Julio de 1996, página 5, materia Común, Novena Época, con registro digital 200080, del rubro y texto siguientes: ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCION. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional.El subrayado es nuestro.Ahora bien, a efecto de demostrar el carácter de provisional de la pensión alimenticia fijada a cargo del quejos, en la resolución de Alzada que reclama, se cita el contenido de los artículos 7, apartado A), fracción V y párrafo penúltimo, 89, 215, 217, fracción VI, 335, 340 y 341 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Chihuahua: ARTÍCULO 7. Las órdenes de protección, tienen como fin salvaguardar integralmente a las víctimas de violencia, ya sea previniendo, interrumpiendo o impidiendo la consumación de un delito o falta que constituya violencia contra las mujeres. (.) A) Son órdenes de protección de emergencia: (.) V. Fijar la pensión alimenticia provisional inmediata. (.) Las órdenes de protección, pueden ser modificadas en la audiencia preliminar, o en la sentencia definitiva. ARTÍCULO 89. Las resoluciones judiciales dictadas con el carácter de provisionales pueden modificarse en la sentencia. Las resoluciones judiciales firmes dictadas en negocios sobre alimentos, ejercicio y suspensión de la patria potestad, guarda y custodia, tutela de niñas, niños o adolescentes, interdicción, jurisdicción voluntaria, y las demás que prevengan las leyes, pueden alterarse y modificarse cuando cambien las circunstancias que afectan al ejercicio de la acción que se dedujo en el procedimiento correspondiente, ya sea en vía incidental o en procedimiento autónomo. ARTÍCULO 215. La audiencia preliminar se integra por dos fases: Junta anticipada, que se celebrará ante el secretario o secretaria judicial, y no será videograbada, además de que no se realizarán medios alternativos de solución de conflictos en casos de violencia familiar; y Audiencia ante el juez o jueza.ARTÍCULO 217. La audiencia ante el juez o la jueza tiene por objeto:(.)VI. Revisión de medidas provisionales;(.) ARTÍCULO 335. Si el juzgado considera acreditada la obligación alimentaria, dictará el auto admisorio a más tardar al día siguiente en que haya recibido el escrito respectivo, fijando una pensión alimenticia provisional y dará aviso sin demora a la persona física o moral de quien perciba el ingreso la deudora alimentista, para que lleve a cabo el descuento y haga entrega del mismo al acreedor alimentario e informe sobre el total de sus percepciones. ARTÍCULO 340. Las cuestiones que se promuevan sobre el importe de los alimentos provisionales, con posterioridad a la audiencia preliminar se decidirán en la forma de incidentes, sin perjuicio de seguir abonando a la acreedora alimentaria, durante su sustanciación, la cantidad que se le haya asignado. ARTÍCULO 341. La sentencia que decrete los alimentos, fijará la pensión correspondiente y se comunicará sin demora a la persona física o moral de quien perciba el ingreso la parte deudora alimentista.De tales normas se desprende no solo el carácter meramente provisional de la pensión alimenticia fijada a cargo aquí quejoso, sino además, que tal medida provisional puede modificarse, de resultar así procedente, en dos momentos, durante la substanciación del juicio natural, esto es, durante la audiencia preliminar y al momento de dictar sentencia.Así pues, ya que la resolución de segunda instancia reclamada, en tanto impone al deudor alimentario, aquí quejoso, una pensión alimenticia de carácter provisional, constituye un acto de molestia y por lo tanto, no era necesario que previamente a su emisión, se respetara el derecho de audiencia del quejoso, máxime que, como ya se indicó, el Juez natural ya ordenó que sea emplazado al mismo y hecho lo anterior, podrá acudir a deducir sus derechos.En apoyo a lo anterior, se cita la tesis CLXXXIII/2018, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 359, materias Constitucional y Civil, Décima Época, con registro digital 20118739, del rubro y texto siguientes: PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. EL ARTÍCULO 943 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, NO VULNERA EL DERECHO DE AUDIENCIA PREVIA. La Primera Sala del Alto Tribunal al resolver el amparo en revisión 311/2015, reconoció que la distinción entre actos privativos y de molestia puede resultar menos clara si se reflexiona que existen restricciones temporales que pueden generar, durante el lapso en que se encuentren vigentes, una disminución, menoscabo o supresión definitiva de derechos, la cual resulte irreparable; así mismo, se sostuvo que mientras la medida tenga una finalidad provisional, ésta será considerada como acto de molestia; precisando que es posible que las restricciones -temporales por concepto- generen, momento a momento, afectaciones que, consideradas individualmente, resulten irreparables. Ahora bien, la pensión alimenticia provisional, prevista en el artículo 943 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, será considerada un acto de molestia aun cuando la parte deudora no pueda exigir la devolución de aquellas cubiertas durante la vigencia de la medida cautelar, con independencia de que al final pudiese decretarse la improcedencia de la pensión definitiva. En efecto, el acto seguirá considerándose de molestia si cada una de esas afectaciones, definitivas bajo una noción de irreparabilidad, forma parte de una medida de naturaleza temporal o transitoria, lo cual depende de que se haya dictado durante la tramitación de un procedimiento -entendido en sentido amplio-, cuya conclusión necesariamente implicará la emisión de un nuevo acto de autoridad que la deje sin efectos. Consecuentemente, el artículo citado al prever la pensión alimenticia provisional, no vulnera el derecho de audiencia previa contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que regula una medida cautelar cuya vigencia temporal le confiere necesariamente el carácter de acto de molestia, por lo que no admite la posibilidad de otorgar audiencia previa a la parte deudora alimentaria.El subrayado es nuestro. En consecuencia, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal, al quejoso **********, en relación con los actos y autoridades responsables precisados en este considerando. Por lo anteriormente expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, primer párrafo, 74, 75, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en este juicio de amparo, promovido por el quejoso **********, contra el acto y autoridad responsable precisados en el considerando cuarto. Segundo. Se niega el amparo y protección de la Justicia Federal, al quejoso **********, en relación con los actos y autoridades responsables precisados en el considerando quinto. Notifíquese personalmente al quejoso y agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, por oficio a las autoridades responsables.Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********, hoy veintinueve de abril de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de abril de dos mil veintidós. Estado de autos Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que para el día de hoy se encuentra señalada la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto; sin embargo, existe imposibilidad jurídica para celebrarla, en virtud de que el informe justificado, relativo a la ampliación de demanda, rendido por la autoridad responsable, Juez Civil del Vigésimo Tercer Partido Judicial del Estado de Jalisco, con residencia en Atotonilco el Alto, Jalisco, no se recibió con los ocho días de anticipación que refiere el artículo 117, de la Ley de Amparo. Diferimiento Consecuentemente, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la citada audiencia y en su lugar se fijan las doce horas del veinticinco de abril de dos mil veintidós. Notificación a las partes Finalmente, notifíquese por lista a las partes, incluyendo a la autoridad responsable, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe. YMR/CRMR
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Informe Justificado Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado que rinde la autoridad responsable, Juez Civil del Vigésimo Tercer Partido Judicial del Estado de Jalisco, con residencia en Atotonilco el Alto, Jalisco; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del mismo y de la documental que se recibe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese en lista. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe. YMR/CRMR
Quedan 30 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes
- Héctor López Junior780/2021
- Hector Lorenzo Quiñonez Loera237/2015
- Héctor Lugo Hernández39/2019
- Héctor Lulio Sarmiento Gómez953/2023
- Héctor Macías Esparza760/2022
- Héctor Manuel Gutiérrez Estrada397/2016
- Héctor Manuel Ortega Hernández665/2017
- Héctor Manuel Ríos Hermosillo258/2016
- Héctor Manuel Rodríguez Bañuelos438/2023
- Héctor Manuel Rodríguez Bañuelos439/2023
- Héctor Mario Sandoval Aguilar734/2018
- Héctor Martín Covarrubias González206/2019