Héctor Lulio Sarmiento Gómez
Expediente 953/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 953/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Héctor Lulio Sarmiento Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexo signado por la autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, a través del cual realiza diversas manifestaciones en cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en el presente sumario constitucional; sin embargo, debido a que dicho fallo protector aun no causa ejecutoria, una vez que transcurra el término de diez días contemplado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, se acordará lo conducente. En razón de lo anterior, con el contenido del anexo del oficio de cuenta, consistente en un disco versátil digital, dese vista a las partes a fin de que si lo estiman necesario, puedan consultar la información ahí contenida y manifestar lo que a su derecho convenga. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) con número de registro 2004362, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época de rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.:.." Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma Claudia López López, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante Jesús Eduardo Acosta Moroyoqui, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Informa transición a expediente electrónico Atento a lo establecido en el artículo 3, fracciones III y XII, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace saber a las partes, que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso; así como en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna. Del mismo modo, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Por otro lado, vista la razón actuarial de cuenta secretarial, practicada por la fedataria judicial adscrita a este Juzgado Federal, practicada por la licenciada , en la que asienta los motivos por los cuales no le fue posible notificar personalmente al quejoso , el contenido de la sentencia de nueve de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en el presente juicio de amparo. En ese contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, efectúese a dicha parte procesal la notificación de la sentencia, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano de control constitucional, para los fines legales procedentes, hasta una vez que señale domicilio cierto para tales efectos. Corrobora lo anterior, la Tesis: II.T.28 K, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Segundo Circuito, publicada en la página mil cincuenta y ocho, del Tomo XXIII, Abril de dos mil seis, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro 175287, que a la letra dice: "NOTIFICACIÓN PERSONAL. CUANDO DE LA RAZÓN ACTUARIAL SE DESPRENDA QUE NO EXISTE EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL QUEJOSO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, PROCEDE ORDENAR QUE SE HAGA POR LISTA. La fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo dispone que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de la casa o despacho, la notificación personal se hará por lista, lo cual obedece a la imposibilidad de realizarla ante la inexistencia de un domicilio; consecuentemente, atendiendo al principio de derecho ubi eadem ratio, idem ius, que establece que donde existe la misma razón, debe existir el mismo derecho, se concluye que dicho dispositivo también resulta aplicable en los casos en que de la razón actuarial se advierta que fue imposible realizar la notificación personal ordenada por no existir el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones; y, en tal virtud, lo procedente es ordenar que dicha notificación se efectúe por lista." Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Jesús Eduardo Acosta Moroyoqui. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 953/2023-VII, promovido por , contra actos de la Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. El cinco de octubre de dos mil veintitrés, en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por , la cual fue turnada el mismo día a este órgano jurisdiccional. Dicho juicio amparo se promovió contra actos los actos y autoridad señalados en el considerando segundo de este fallo. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. El quejoso señala como derechos fundamental vulnerados contenidos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. El nueve de octubre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis integral de la demanda de amparo, informe justificado y pruebas que obran en el juicio de amparo, se precisa que el quejoso reclamó de la autoridad responsable: Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, la violación al derecho fundamental contemplado en el artículo 17 Constitucional, al omitir señalar hora y fecha para la audiencia preliminar en la causa penal 2561/2023, dentro de los plazos y términos establecido en el precepto 341 del Código Nacional de Procedimientos Penales. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable, Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe con justificación, aceptó la existencia del acto reclamado. Se corrobora lo anterior, con la copia certificada del acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en la causa penal 2561/2023, que adjuntó dicha autoridad responsable al rendir el informe justificado. Constancias que cuentan con pleno valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197, y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo. CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, la autoridad responsable señala que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que el Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé un medio de impugnación para revocar la fecha señalada para la celebración de la audiencia intermedia, siendo el precepto 465 de dicho código. Es infundada dicha causa de improcedencia, por lo siguiente. Debido a que el imputado no tiene la necesidad de agotar algún recurso, al reclamar la violación al derecho fundamental previsto en el artículo 17 constitucional, toda vez que refiere que la fecha programada para la audiencia intermedia excede en demasía los términos establecidos en el artículo 341 del Código Nacional de Procedimientos, en detrimento de los derechos del justiciable y tal dilación excesiva adquiere especial relevancia en este asunto, para evidenciar la afectación de derechos humanos del quejoso. Sin que pase inadvertido que en términos generales las omisiones o dilaciones en el trámite de un juicio no son impugnables a través del juicio de amparo indirecto porque, en su caso, constituyen una violación de carácter formal y no un acto de imposible reparación; no obstante, por excepción sí es factible analizar en amparo biinstancial ese tipo de violaciones cuando éstas representen una abierta dilación, como sucede en este asunto y, sobre todo, por la trascendencia en el caso concreto a la afectación de derechos humanos sustantivos. Al no advertirse existencia de alguna causa de improcedencia del juicio de amparo, se analizará el fondo del asunto. QUINTO. Innecesario transcribir los conceptos de violación. La falta de transcripción de los conceptos de violación no causa ningún perjuicio al quejoso, dado que se estudiarán las cuestiones de legalidad o inconstitucionalidad planteadas y se resolverá con base en los principios de exhaustividad y congruencia tutelados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior conforme a la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 164618, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. Análisis constitucionalidad del acto reclamado. El concepto de violación planteado es fundado y suficiente para otorgar la protección constitucional solicitada. La parte quejosa reclama la violación al derecho fundamental contemplado en el artículo 17 Constitucional, al omitir señalar hora y fecha para la audiencia intermedia, dentro de los plazos y términos establecido en el precepto 341 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Resulta fundado dicho disenso, por lo siguiente. Del contenido del artículo 17 constitucional, se desprende que la garantía de administración de justicia, que contiene varios principios de derecho subjetivo a cuya observancia están obligadas las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales, a saber: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario, y además, garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Es decir, dicha garantía de administración de justicia está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, por tanto, es claro que todas aquellas autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los principios que la integran, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales, como sucede en el caso que interesa. Así lo anterior lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 192/2007, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." En el presente asunto, la autoridad responsable al rendir el informe justificado señaló lo siguiente: 1.- Que el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, la Agente del Ministerio Público ante el tribunal formuló acusación contra el imputado, aquí quejoso, por el delito de abuso sexual, con penalidad agravada, y para el desahogo de la audiencia intermedia se señalaron las trece horas del veinticinco de septiembre del año en curso; notificándose a las partes esa hora y fecha. 2.- Llegada la fecha programada, no se llevó a cabo la audiencia intermedia, porque no se apersonaron las partes en la sala de audiencia, y ahora se fijaron las doce horas del dieciocho de enero de dos mil veinticuatro, para el desahogo de dicha audiencia. Además, la juez responsable adjuntó copia certificada del acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, en la cual se hizo constar la incomparecencia de la fiscalía y defensa, a pesar de estar notificadas de la hora y fecha para la audiencia intermedia, señalando para su desahogo las doce horas del dieciocho de enero de dos mil veinticuatro. De las anteriores consideraciones, se desprende que los tribunales deberán administrar justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, circunstancia que la autoridad responsable omitió realizar. En efecto, el artículo 341 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala: "Artículo 341. Citación a la audiencia El Juez de control, en el mismo auto en que tenga por presentada la acusación del Ministerio Público, señalará fecha para que se lleve a cabo la audiencia intermedia, la cual deberá tener lugar en un plazo que no podrá ser menor a treinta ni exceder de cuarenta días naturales a partir de presentada la acusación. Previa celebración de la audiencia intermedia, el Juez de control podrá, por una sola ocasión y a solicitud de la defensa, diferir, hasta por diez días, la celebración de la audiencia intermedia. Para tal efecto, la defensa deberá exponer las razones por las cuales ha requerido dicho diferimiento." Dicho artículo establece que el Juez de control, en el auto que tenga por presentada la acusación del Ministerio Público, señalará fecha para que se lleve a cabo la audiencia intermedia, la cual deberá tener lugar en un plazo que no podrá ser menor a treinta días ni exceder de cuarenta días naturales a partir de presentada la acusación; además, previa celebración de la audiencia intermedia, el Juez de control podrá, por una sola ocasión y a solicitud de la defensa, diferir, hasta por diez días, la celebración de la audiencia intermedia. Para tal efecto, la defensa deberá exponer las razones por las cuales ha requerido dicho diferimiento. Sin embargo, como se evidenció anteriormente, si desde el auto de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, que se formuló acusación contra el imputado, se señaló fecha para que tenga verificativo la audiencia intermedia, en principio para el veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, la cual no se llevó a cabo y se difirió, por la incomparecencia de la fiscalía y defensa, programándose ahora para el dieciocho de enero de dos mil veinticuatro, que es la última fecha señalada para su celebración, existe una diferencia de cinco meses, aproximadamente; tiempo que evidentemente excede el límite máximo de cuarenta días naturales señalado por el artículo 341 del Código Nacional de Procedimientos Penales. No pasa desapercibido que el veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, se difirió la audiencia por la incomparecencia de la fiscalía y defensa; no obstante, se considera que existe violación al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, toda vez que desde el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo al agente del Ministerio Público formulando la acusación contra el imputado y aun no se ha desahogado la audiencia intermedia en la causa penal, y las fechas programadas por la autoridad responsable excedieron de los plazos contemplados en el artículo 341 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, lo relevante para el caso en estudio es ese tiempo, que rebasa en exceso el límite máximo a que alude el numeral en cita; por tanto, la conducta de la autoridad responsable es violatoria del artículo 17 constitucional, el cual prevé que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa y expedita, lo que no aconteció en el particular, pues se ha excedido el término legal para la celebración de la audiencia de juicio, aunado a ello, el retraso en la celebración de la audiencia intermedia evita que se dicte sentencia en el proceso penal de origen. En las relatadas condiciones, al haberse inobservado el derecho humano de acceso a la Justicia, contemplado en el artículo 17 Constitucional, en cumplimiento al deber de reparar violaciones a derechos humanos que emana del artículo 1 de la propia Carta Magna, se concede el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados para los efectos que se precisan en el considerando siguiente. SÉPTIMO. Efectos del amparo. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede el amparo y la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable: Cancele la fecha programada para las doce horas del dieciocho de enero de dos mil veinticuatro, para el desahogo de la audiencia intermedia en la causa penal 2561/2023, (fijada en auto de veinticinco de septiembre del año en curso). En su lugar, señale nueva data para el desahogo de la audiencia intermedia, lo haga por única ocasión y dentro de los siguientes diez días, como lo prevé el multicitado artículo 341 del Código Nacional De Procedimientos Penales; además, deberá dictar las medidas necesarias para lograr el desahogo de la audiencia intermedia, y haga efectivas las medidas de apremio establecidas en la ley, a efecto de conseguir la presencia de todas las partes. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 217 y Sexto transitorio de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a , respecto del acto reclamado a la Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando sexto, y para los efectos señalados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica y a la autoridad responsable por oficio. Lo resolvió y firma Claudia López López, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa ante Jesús Eduardo Acosta Moroyoqui, la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable, Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad; en su denominación correcta, lo cual habrá de tomar en consideración el Oficial Judicial "A", encargado de la captura y actualización de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la audiencia constitucional de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese por lista electrónica a las partes. Lo proveyó y firma Claudia López López, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa ante Jesús Eduardo Acosta Moroyoqui, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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