Héctor Manuel Gutiérrez Estrada

Expediente 397/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
397/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
09/06/2016

Partes del expediente

  • Héctor Manuel Gutiérrez Estrada
  • Héctor Manuel Gutiérrez Estrada y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de junio de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de garantías en que se actúa; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción I del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado Emiliano López Pedraza, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Yasmin Jiménez Vega. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el informe justificado que remite el Juez de Oficialía Jurídica y Barandilla, con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, tal como lo dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente. Luego, en atención a su contenido se le tiene informando que el doce de mayo pasado, se ordenó la inmediata libertad del directamente agraviado ***************, en virtud de haber realizado el pago de su multa; por lo tanto este juzgador acuerda: RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el doce de mayo del año en curso, *************** en representación de *************** demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra del Juez de Barandilla del Distrito universidad, de quien reclamó la incomunicación y arresto. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa considera vulnerados los derechos contenidos en los artículos 14, 16, 19, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante auto de doce de mayo de dos mil dieciséis, se ordenó formar expediente y registrar el asunto bajo el número ***************, y así como ratificación de la demanda por parte del directamente agraviado. Así, una vez que el quejoso ***************, ratificó la demanda que se interpuso a su favor, por auto de trece de mayo siguiente, se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, de la Constitución Federal, 35 de la Ley de Amparo en vigor y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 5/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, dado que se trata de un asunto en materia penal con ejecución en un lugar en que este juzgador ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de garantías así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que el impetrante reclama los actos: De incomunicación y arresto Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en los párrafos precedentes, de los que se procederá a su estudio. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La Juez de Oficialía Jurídica y Barandilla, al rendir su informe justificado indicó que es cierto el acto reclamado consistente en la detención del quejoso. Sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y una, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación al dos mil, cuyo rubro y texto es: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del último párrafo del artículo 63 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad de los restantes actos reclamados, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se desprende de autos. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en las página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En la especie, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías, prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.] Del artículo anterior se obtiene que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba la quejosa por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y d) Que exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Tiene aplicación a lo anterior la tesis 51, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39, tomo VI, Precedentes Relevantes SCJN, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, del tenor siguiente: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En el caso concreto, los supuestos descritos con antelación, y que derivan del citado artículo 61, se encuentran satisfechos como se verá a continuación: La detención reclamada se dio lugar al procedimiento establecido en el Manual de Organización y Procedimientos de la Dirección de Oficialía Jurídica aprobada por el Ayuntamiento y Reglamento de Policía y Buen Gobierno por haber contravenido flagrantemente el artículo 6, fracción I, del Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Juárez, que a la letra dice: Son faltas o infracciones contra el orden, la seguridad y tranquilidad de las personas: 1. causar escándalos en lugares públicos, así como poner en riesgo la tranquilidad, la integridad o seguridad de las personas; de acorde al artículo 13 del mismo ordenamiento: Tratándose de infractores flagrantes, el agente detendrá y presentara en forma inmediata al presunto infractor ante el Juez, salvo los casos a que se refieren los siguientes artículos de este reglamento: arto 6 fracciones II y XI y artículo 7 fracción IV; artículo 9 fracciones 1, III, IV y V, se entenderá que el presunto infractor es sorprendido en flagrancia, cuando algún agente de la policía, en ejercicio de su función, presencie la comisión de la infracción, lo persiga materialmente y lo detenga dentro del termino que para tal efecto señala el código de procedimientos penales para el estado de chihuahua. Con posterioridad a la presentación de la demanda, exactamente a las dieciocho horas con treinta minutos del doce de mayo del año en curso y sin exceder el término para retener al garante, el Juez de Barandilla consideró procedente decretar la libertad de ***************, por haber realizado el pago de la multa que se le impuso. Dada la determinación tomada por la autoridad responsable, no es posible decidir sobre la constitucionalidad de la detención reclamada, sin afectar la nueva situación jurídica, ya que, con la libertad del quejoso culmina la retención hecha por la autoridad administrativa. En este sentido, se estima que las violaciones atribuidas a la detención deban considerarse consumadas de un modo irreparable, por existir autonomía entre la captura reclamada y la orden de libertad. En consecuencia, al quedar plenamente justificada la causal de improcedencia en examen, procede sobreseer en el presente juicio de garantías en relación con los actos reclamados al Juez de Oficialía Jurídica y Barandilla, con fundamento en la fracción XVII, del arábigo 61 de la ley de la materia. Es aplicable, por identidad en su idea jurídica, la jurisprudencia del Máximo Tribunal del País, visible en la página doscientos setenta, tomo XXVII, junio de dos mil ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: 'SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.'. Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: 'AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.', que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. En ese orden, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional que se programó a las nueve horas con diez minutos del quince de junio de dos mil dieciséis, por actualizarse la causal de sobreseimiento anotada en líneas precedentes. Sobreseimiento que se efectúa conforme a la jurisprudencia 10/2003, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 386, tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 184572, cuyo tenor literal es el siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee fuera de audiencia en el juicio de amparo ***************, promovido por ***************, en contra de los actos y autoridad precisados en el resultando primero de esta resolución. SEGUNDO. Se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional que se programó a las nueve horas con diez minutos del quince de junio de dos mil dieciséis. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***************. Doy fe.

  3. Principal

    Vista la razón del actuario, se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa del acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil dieciséis que dice: Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el informe justificado que remite el Juez de Oficialía Jurídica y Barandilla, con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, tal como lo dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente. Luego, en atención a su contenido se le tiene informando que el doce de mayo pasado, se ordenó la inmediata libertad del directamente agraviado ***************, en virtud de haber realizado el pago de su multa; por lo tanto este juzgador acuerda: RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el doce de mayo del año en curso, *************** en representación de *************** demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra del Juez de Barandilla del Distrito universidad, de quien reclamó la incomunicación y arresto. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa considera vulnerados los derechos contenidos en los artículos 14, 16, 19, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante auto de doce de mayo de dos mil dieciséis, se ordenó formar expediente y registrar el asunto bajo el número ***************, y así como ratificación de la demanda por parte del directamente agraviado. Así, una vez que el quejoso ***************, ratificó la demanda que se interpuso a su favor, por auto de trece de mayo siguiente, se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, de la Constitución Federal, 35 de la Ley de Amparo en vigor y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 5/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, dado que se trata de un asunto en materia penal con ejecución en un lugar en que este juzgador ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de garantías así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que el impetrante reclama los actos: De incomunicación y arresto Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en los párrafos precedentes, de los que se procederá a su estudio. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La Juez de Oficialía Jurídica y Barandilla, al rendir su informe justificado indicó que es cierto el acto reclamado consistente en la detención del quejoso. Sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y una, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación al dos mil, cuyo rubro y texto es: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del último párrafo del artículo 63 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad de los restantes actos reclamados, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se desprende de autos. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en las página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En la especie, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías, prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.] Del artículo anterior se obtiene que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba la quejosa por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y d) Que exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Tiene aplicación a lo anterior la tesis 51, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39, tomo VI, Precedentes Relevantes SCJN, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, del tenor siguiente: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En el caso concreto, los supuestos descritos con antelación, y que derivan del citado artículo 61, se encuentran satisfechos como se verá a continuación: La detención reclamada se dio lugar al procedimiento establecido en el Manual de Organización y Procedimientos de la Dirección de Oficialía Jurídica aprobada por el Ayuntamiento y Reglamento de Policía y Buen Gobierno por haber contravenido flagrantemente el artículo 6, fracción I, del Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Juárez, que a la letra dice: Son faltas o infracciones contra el orden, la seguridad y tranquilidad de las personas: 1. causar escándalos en lugares públicos, así como poner en riesgo la tranquilidad, la integridad o seguridad de las personas; de acorde al artículo 13 del mismo ordenamiento: Tratándose de infractores flagrantes, el agente detendrá y presentara en forma inmediata al presunto infractor ante el Juez, salvo los casos a que se refieren los siguientes artículos de este reglamento: arto 6 fracciones II y XI y artículo 7 fracción IV; artículo 9 fracciones 1, III, IV y V, se entenderá que el presunto infractor es sorprendido en flagrancia, cuando algún agente de la policía, en ejercicio de su función, presencie la comisión de la infracción, lo persiga materialmente y lo detenga dentro del termino que para tal efecto señala el código de procedimientos penales para el estado de chihuahua. Con posterioridad a la presentación de la demanda, exactamente a las dieciocho horas con treinta minutos del doce de mayo del año en curso y sin exceder el término para retener al garante, el Juez de Barandilla consideró procedente decretar la libertad de ***************, por haber realizado el pago de la multa que se le impuso. Dada la determinación tomada por la autoridad responsable, no es posible decidir sobre la constitucionalidad de la detención reclamada, sin afectar la nueva situación jurídica, ya que, con la libertad del quejoso culmina la retención hecha por la autoridad administrativa. En este sentido, se estima que las violaciones atribuidas a la detención deban considerarse consumadas de un modo irreparable, por existir autonomía entre la captura reclamada y la orden de libertad. En consecuencia, al quedar plenamente justificada la causal de improcedencia en examen, procede sobreseer en el presente juicio de garantías en relación con los actos reclamados al Juez de Oficialía Jurídica y Barandilla, con fundamento en la fracción XVII, del arábigo 61 de la ley de la materia. Es aplicable, por identidad en su idea jurídica, la jurisprudencia del Máximo Tribunal del País, visible en la página doscientos setenta, tomo XXVII, junio de dos mil ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: 'SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.'. Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: 'AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.', que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. En ese orden, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional que se programó a las nueve horas con diez minutos del quince de junio de dos mil dieciséis, por actualizarse la causal de sobreseimiento anotada en líneas precedentes. Sobreseimiento que se efectúa conforme a la jurisprudencia 10/2003, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 386, tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 184572, cuyo tenor literal es el siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee fuera de audiencia en el juicio de amparo ***************, promovido por ***************, en contra de los actos y autoridad precisados en el resultando primero de esta resolución. SEGUNDO. Se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional que se programó a las nueve horas con diez minutos del quince de junio de dos mil dieciséis. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***************. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, trece de mayo de dos mil dieciséis. Vista la constancia actuarial de cuenta, de la que se advierte que el directamente agraviado ***************, ratifica la demanda de garantías promovida en su nombre por ***************. En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 1, fracción I, 6, 33, 35, 37, primer párrafo, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda en los términos planteados. Sin tramitar el incidente de suspensión, toda vez que en el acuerdo de doce de los corrientes, se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados. Con fundamento en el párrafo segundo del artículo 115 de la ley en cita, se señalan las nueve horas con diez minutos del quince de junio de dos mil dieciséis, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo vigente, con copia de la demanda pídase a la autoridad responsable su informe con justificación el cual deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio de notificación relativo. En el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remita copia autorizada, legible y completa de las constancias que la justifiquen, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener su constitucionalidad, legalidad, o la improcedencia del juicio. En términos del numeral 115, en relación con el 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable, que en caso de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado. Además, si deja de rendirlo o bien lo hace sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para resolver el presente asunto, se le sancionará con una multa equivalente a cien días de salario mínimo general en el Distrito Federal, en términos de los artículos 260, fracción II, de la Ley de Amparo vigente. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo en vigor, se requiere a las partes, para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento lo manifiesten a esta autoridad y de ser posible acompañen las constancias que lo acrediten, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá como sanción una multa equivalente a treinta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en términos de los referidos artículos 251, en relación con el 238 de la Ley de Amparo. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, según lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la legislación en cita. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***************. Doy fe.

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