Hector Manuel Chavolla Garibay

Expediente 737/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 29 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
737/2022
Año
2022
Actuaciones
29
Última actuación
16/02/2023

Partes del expediente

  • Hector Manuel Chavolla Garibay

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese en autos el oficio del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar, con sede en Zamora, Michoacán, por medio del cual acusa recibo del oficio1958, de uno del mes y año en curso (con dos tomos), del índice de este juzgado; asimismo, hace del conocimiento que lo remitió al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en la citada ciudad, al ser quien en la actualidad conoce del juicio de origen ********************. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el proveído y/o resolución de 1 de febrero del dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    El licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hago constar y certifico: Que concluyó el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo III-737/2022-V, pues transcurrió del trece al veintiséis de enero del año en curso, tomando en consideración únicamente los días hábiles correspondientes, de conformidad con los artículos 19 y 22 de la misma ley, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno; asimismo, sí obran documentos originales para ordenar su devolución a las partes, no fueron exhibidos valores, sí obran constancias en dos tomos por separado para ser devueltas a su remitente y sí se aperturó incidente de suspensión. Morelia, Michoacán, uno de febrero de dos mil veintitrés. Doy fe. El primero de febrero de dos mil veintitrés, el secretario da cuenta al Juez dentro del juicio de amparo III-737/2022-V, con el estado de autos. Conste. Morelia, Michoacán, primero de febrero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución de diez de enero del año en curso, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues 06/10/23 14:30:49 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.35.21 Leonardo Rojas Barragán no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en dos tomos de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Finalmente, como en autos obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de acuerdo con la normativa general en cita, hágasele saber que cuenta con el plazo de noventa días hábiles para que comparezca a recuperarlo, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo será destruido. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa si exhibió documentos originales y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas con diez minutos del diez de enero de dos mil veintitrés, la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de doce de diciembre de dos mil veintidós, en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/6910/2022 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", ante la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 737/2022, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta a la encargada del despacho con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. La encargada del despacho acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio la secretaria da cuenta a la encargada del despacho con las documentales ofrecidas por la parte quejosa. Al respecto la encargada del despacho acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas las documentales referidas. Dado que no hay más medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos la secretaria certifica que ninguna de las partes formuló alegatos. Con relación a lo anterior la encargada del despacho acuerda: Vista la cuenta precedente con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por precluido el derecho de las partes para presentar alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista de la encargada del despacho para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el cuatro de julio de dos mil veintidós (fojas 3-16), en el Buzón Judicial del Décimo Primer Circuito con sede en esta ciudad de Morelia, Michoacán, Héctor Manuel Chavolla Garibay, por su propio, derecho solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán y de otras autoridades. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en el artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite de la demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; órgano jurisdiccional que la registró en el libro de gobierno con el número de expediente 737/2022 y en proveído de seis de julio de dos mil veintidós, se admitió (foja 21); se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público Federal; se reservó proveer sobre la existencia de parte tercera interesada y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Tercero. Autoridad sustituta. En auto de diez de agosto de dos mil veintidós (foja 75), derivado de lo manifestado por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar de Zamora, Michoacán, se ordenó tener como autoridad sustituta dentro del presente juicio al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán y suspender toda comunicación con el juez mencionado en primer término. Cuarto. Reconocimiento de carácter de tercero. En proveído de uno de septiembre de dos mil veintidós, se reconoció el carácter de tercera interesada a Dulce María Aceves Chavolla y se ordenó su emplazamiento. Quinto. Por no señalada como responsable al Notario Público número ciento veintinueve, con ejercicio y residencia en Zamora, Michoacán. En auto de doce de diciembre de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tuvo por no señalada como autoridad responsable al Notario Público número ciento veintinueve, con ejercicio y residencia en Zamora, Michoacán (foja 142). Seguido el juicio por todos sus trámites legales tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; por lo que se procede a resolver el presente juicio de amparo; en términos de los siguientes CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 49 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, en virtud de que los actos reclamados tuvieron ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 192097 que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 181810, cuyo texto es del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese contexto, de conformidad con el precepto citado, en atención a la lectura integral de la demanda, el acto reclamado por el quejoso al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán y al Director del Registro Público de la Propiedad y Raíz en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, consisten en: La falta de llamado a las diligencias de jurisdicción voluntaria número 1258/2018, sobre información Testimonial Ad Perpetuam para suplir título de dominio, promovidas por Dulce María Aceves Chavolla, que anteriormente se tramitaron ante el extinto Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán y actualmente se sigue en el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del mismo distrito judicial con el número 1227/2021; así como los actos procesales que ordenaron la adjudicación directa del mismo a favor de la actora, la orden de protocolización, escrituración y su inscripción. Tercero. Certeza de los actos reclamados. El Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán y el Director del Registro Público de la Propiedad y Raíz en el Estado de Michoacán Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, al rendir sus respectivos informes justificados, aceptaron la existencia de los actos reclamados (fojas 81 y 34, respectivamente). Certeza que se con las copias certificadas que anexó el Director del Registro Público de la Propiedad en el Estado de Michoacán; sí como con las constancias que acompañó el juez responsable a su informe, consistente en testimonio autorizado de la jurisdicción voluntaria sobre información Testimonial Ad Perpetuam para suplir título de dominio 1227/2021, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán. Constancias con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su dispositivo 2º, por tratarse de documentos certificados por un funcionario público en el desempeño de su encargo, entre las que se encuentra todo lo actuado en las diligencias de jurisdicción voluntaria 1227/2021 así como las relacionadas con su inscripción; de ahí que se tengan debidamente probados los actos reclamados. Es aplicable al caso, por identidad de razones, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. En ese orden de ideas, una vez analizadas las constancias existentes en autos se advierte que procede sobreseer en el juicio al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII de la Ley de Amparo, del texto siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que para determinar la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, la parte quejosa debe acreditar el interés jurídico o legítimo, que le asiste cuando promueve la acción, de la siguiente manera: Tratándose del interés jurídico: es necesario demostrar la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente que podrá o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción. Por lo que respecta al interés legítimo: se debe acreditar la presencia de una norma que establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de alguna colectividad determinada; la afectación de ese interés difuso en perjuicio de la colectividad por la ley o acto que se reclama; y, la pertenencia de la parte quejosa a dicha colectividad. Lo anterior guarda sustento en la Jurisprudencia 2ª./J. 51/2019 (10ª.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." Por tanto, para la procedencia del juicio de amparo es necesario que el agraviado acredite contar con un interés jurídico, o bien, tener un interés legítimo ya sea individual o colectivo. Así, es preciso señalar, que de acuerdo a lo previsto en los artículos 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal y artículo 5°, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, en el caso concreto, la parte quejosa se encuentra obligada a justificar que tiene interés jurídico, es decir, un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; ello en razón de que reclama actos provenientes de una autoridad judicial. En ese orden de ideas, resulta apropiado citar el artículo 107, fracción I de la Constitución Federal, que en la parte que interesa establece lo siguiente: "Artículo. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" Asimismo, conviene citar el contenido de los artículos 1º, fracción I, y 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;". De los dispositivos legales antes transcritos, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo cual implica, uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de ese juicio, es la demostración plena del interés jurídico, relativo a la titularidad de la parte quejosa en relación con los derechos y obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. A mayor abundamiento, el juicio de amparo tiene por objeto proteger al quejoso contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen sus derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, siempre que tales actos produzcan una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese sentido, resulta claro que el interés jurídico de quien promueve el juicio de amparo, sólo se actualiza en la medida que demuestra que el acto de autoridad reclamado, produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, entendiéndose por esfera jurídica, el cúmulo de derechos y obligaciones que legalmente le corresponden, por lo que es condición indispensable que la parte que asegura resentir una lesión en sus intereses, acredite fehacientemente y sin lugar a dudas, que el acto autoritario afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley, en atención a que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. De esta manera, si los actos de autoridad no se refieren a un derecho perteneciente a la esfera jurídica del peticionario de protección constitucional, éste carece de interés jurídico para impugnarlos. Así, la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe entenderse en el sentido de que antes de proceder al estudio de la constitucionalidad del acto, es menester analizar si en la especie se demuestra el interés jurídico del promovente del juicio de amparo, dado que ello es presupuesto indispensable para el examen de la acción constitucional, es decir, debe existir un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir al órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa trasgresión. Ahora bien, en el caso la parte quejosa reclama la declaración que hizo el Juez responsable al momento de convertir a Dulce María Aceves Chavolla, de simple poseedora a propietaria del predio urbano ubicado en la calle Portal hidalgo sin número, colonia centro, en Ecuandureo, Michoacán; así como la inscripción respectiva que se hizo en el Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado; esto en razón, a que afirma poseer el bien en virtud de un derecho de propiedad al ser heredero legítimo sobre el bien inmueble. Para una mejor comprensión del caso en estudio se estima necesario relatar brevemente los antecedentes del acto reclamado: Por escrito presentado el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, Dulce María Aceves Chavolla, por su propio derecho promovió en vía de Jurisdicción voluntaria diligencias sobre información testimonial Ad Perpetum, para suplir título de dominio y propiedad respecto al predio urbano ubicado en la calle Portal Hidalgo sin número, colonia centro, de la Ciudad de Ecuanduréo, Michoacán, bajo los siguientes hechos: Que es poseedora del predio antes descrito en concepto de dueña; Que el Inmueble estaba inscrito ante la oficina recaudadora de Rentas del municipio de Ecuanduréo, bajo el número de predio 0023, a favor de Josefa Vega Amezcua, tal como se advierte del historial catastral; Que adquirió la propiedad y posesión del predio urbano, por una compra venta celebrada el ocho de agosto de dos mil cinco con el señor Antonio Valdés Sámano, tal como se desprende del contrato debidamente ratificado ante Notario Público número 115 en el Estado de Michoacán; quien a su vez lo adquirió por medio de la compraventa que celebró con Josefa Vega Amezcua, el diecinueve de marzo de mil novecientos ochenta y uno; pero que ninguno había realizado gestión para la debida escrituración; y, Que por tal motivo desde que celebró el contrato de compraventa en dos mil cinco, ha tenido la posesión en forma pública, pacífica, de buena fe e indivisa, pero que no cuenta con las escrituras correspondientes para obtener el título de dominio. El doce de octubre dos mil dieciocho, el juez responsable admitió las diligencias de jurisdicción voluntaria y procedió al trámite correspondiente. El once de enero de dos mil diecinueve, se dictó resolución bajo los siguientes términos: "PRIMERO. Quedó surtida la competencia de este Tribunal, para conocer y resolver las presentes diligencias. SEGUNDO. Son fundadas las diligencias que nos ocupan, sin perjuicio de terceros. TERCERO. Expídanse al gestionante las copias certificadas correspondientes, previo al pago de los derechos fiscales, para que tan luego como se inscriba en el Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado, le sirva de título de dominio.". Expuestos los antecedentes históricos procesales del procedimiento de origen, ahora debemos señalar las razones por las cuales el quejoso sostiene su derecho a poseer el bien inmueble que ahora defiende. En efecto: Refiere el quejoso tener la posesión del bien inmueble ubicado en calle Portal Hidalgo sin número, colonia centro, de la Ciudad de Ecuanduréo, Michoacán, esto por ser heredero legítimo de Josefa Vega Amezcua, quien era la titular propietaria del inmueble lo que demuestra dice, con las principales constancias procesales de la primera sección del juicio sucesorio intestamentario 1211/2020, tramitado ante el Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacàn; Que Josefa Vega Amezcua, era hermana de su bisabuelo, quien falleció el veinte de junio de mil novecientos sesenta y uno en Guadalajara Jalisco; por tanto, no pudo haber celebrado contrato de compraventa el diecinueve de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro con Antonio Valdez Sàmano; Que desde agosto de mil novecientos ochenta y cuatro, tiene la posesión del inmueble en calidad de propietario, porque en esa fecha falleció su padre; Que desde entonces, vive ahí con su familia de forma pública, pacífica, de buena fe, continua y en concepto de dueño, pero que nunca se preocupó por escriturar, hasta ahora que se encontró con la sorpresa de que el inmueble estaba inscrito a nombre de Dulce María Aceves Chavolla; y, Que no fue parte dentro de las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria 1258/2018, sobre información Testimonial Ad- Perpetuam para suplir título escrito de dominio que tramitó Dulce María Aceves Chavolla; por ende, no fue oído ni vencido en juicio Como ya se mencionó, refiere ser legítimo heredero del predio ubicado en calle Portal Hidalgo sin número, colonia centro, de la Ciudad de Ecuanduréo, Michoacán, ya que es nieto de su tía abuela Josefa Vega Amezcua. Sin embargo, no exhibió el documento idóneo para demostrar la calidad que ostenta de heredero legítimo del referido inmueble y mucho menos que dicho inmueble forma parte de la masa hereditaria. En efecto, el quejoso se limitó a exhibir las documentales siguientes: Certificado de historia catastral del inmueble ubicado en calle Portal Hidalgo sin número, colonia centro, de la Ciudad de Ecuanduréo, Michoacán, expedida por el Receptor de Rentas del Estado adscrito al Municipio de Ecuandureo (foja 19 del juicio de amparo). Copia certificada con firma electrónica del acta de defunción de Josefa Vega Amezcua (foja 19 del juicio de amparo). Documentos que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dado que se trata de documentos expedidos por servidores públicos en ejercicio de sus funciones. Sin embargo, el primero de ellos únicamente tiene el alcance para acreditar la historia catastral del inmueble ubicado en calle Portal Hidalgo sin número, colonia centro, de la Ciudad de Ecuanduréo, Michoacán, expedida por el Receptor de Rentas del Estado adscrito al Municipio de Ecuandureo y que es sobrino nieto de Josefa Vega Amezcua; pero no demuestra que tenga la calidad de heredero de ésta última, ya que para obtener dicha calidad es necesario que dentro del juicio sucesorio intestamentario la autoridad judicial competente le haya reconocido ese derecho de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1035 y 1036 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán; lo cual en la especie no acontece, pues en todo caso, sólo se acredita una expectativa a ese derecho que es insuficiente para acreditar la calidad que ostento al promover el presente juicio. Lo anterior, tiene apoyo en la tesis jurisprudencial 1a./J. 36/2005 (9°), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 178449, de rubro: "HEREDEROS PRESUNTOS. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN DEFENSA DE LA MASA HEREDITARIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, éste sólo puede promoverse por la parte que con el acto reclamado sufra un agravio actual y cierto, en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien en sus propiedades o posesiones. En ese tenor, y en atención a que el artículo 24 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco faculta a los herederos a ejercer las acciones, defensas y recursos que correspondan a la masa de la herencia, si no está en funciones el interventor o el albacea de la sucesión, se concluye que quien no sea heredero declarado por la autoridad correspondiente o no esté reconocido como tal y solamente tenga la calidad de presunto heredero carece de legitimación para promover el juicio de garantías en defensa de la masa hereditaria, pues si aún no se le ha reconocido ni declarado el carácter de heredero, ni se le han adjudicado los bienes, no existe la certeza de que ello ocurrirá y tampoco de que de llegar a tener esa calidad, no cederá sus derechos hereditarios a otra persona, antes de la adjudicación o de la división de los bienes; de ahí que en ese supuesto, al ser futuro e incierto, el presunto heredero no podría sufrir un perjuicio de manera concreta, actual, personal, directa e inmediata, en tanto que todavía no es titular de un derecho legítimamente tutelado.". De igual manera, la copia certificada del acta de defunción de Josefa Vega Amezcua, únicamente demuestra los datos de su defunción tales como la fecha, la hora, el lugar, el destino del cadáver y las causas de la muerte, pero de ninguna manera acredita el carácter de heredero que ostenta la parte quejosa. Bajo ese orden de ideas, se tiene que la parte quejosa no acreditó sus afirmaciones, es decir, que es legítimo hereditario y en su caso que el bien inmueble ubicado en calle Portal Hidalgo sin número, colonia centro, de la Ciudad de Ecuanduréo, Michoacán, forma parte de la masa hereditaria; por ende, la anotación que obra en el Registro Público de la Propiedad, en el tomo 0000062, registro 00000009, derivado del oficio 510/2019 de seis de marzo de dos mil diecinueve, emitido en las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre información testimonial ad-perpetuam 1258/2018, promovidas por Dulce María Aceves Chavolla, ante el entonces Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito judicial de Zamora, ahora Juez Segundo de lo Civil de dicho distrito judicial, no le causan perjuicio en su esfera de derechos. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 16/94, emitida por la Segunda Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 206338, del rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones.". No puede soslayarse que la carga de acreditar tal afectación, corresponde precisamente a la parte quejosa, tal como lo señala la jurisprudencia 1a./J.1/2002 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto.". En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto a los actos de ejecución reclamados al Director del Registro Público de la Propiedad en el Estado de Michoacán, en virtud de que no se combatieron por vicios propios. Tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 239008, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de garantías, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 509, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Héctor Manuel Chavolla Garibay, en contra del acto y autoridad que precisados quedaron en el considerando segundo de este fallo, por las razones expuestas en el diverso cuarto. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de doce de diciembre de dos mil veintidós, en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/6910/2022 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.

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