Hector Javier Ceballos Mendoza

Expediente 414/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 47 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
414/2018
Año
2018
Actuaciones
47
Última actuación
18/12/2019

Partes del expediente

  • Victor Manuel Ceballos Mendoza
  • Hector Javier Ceballos Mendoza
  • Secretario de Marina Armanda de México
  • Jorge Alejandro Ochoa Carrillo
  • Leonardo Mendoza Vazquez
  • Victor Manuel Ceballos Mendoza y Otros.
  • Jorge Alejandro Ochoa Carrillo y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 47.

  1. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el acuerdo y/o resolución de diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial que antecede, se aprecia que transcurrió el término de un año que la ley concede a la promovente del amparo********************, para proporcionar mayores datos de localización de los agraviados******************** sin que a la fecha lo haya hecho. Ahora bien, el artículo 15 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona. " Conviene indicar que el Código Penal Federal, señala: "Artículo 215-A.- Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención. " De lo anterior se obtiene que: Si no se logra la comparecencia del agraviado directo al expediente de amparo, se ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación; Si transcurre un año sin que nadie se apersone, se tendrá por no presentada la demanda de amparo; y Cuando de las constancias del juicio o por la manifestación expresa de los promoventes se aprecie que se trate de la posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, ninguna autoridad podrá determinar que transcurrió un plazo determinado para lograr la comparecencia del agraviado. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada VIII.2o.P.A.3 P(10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, publicada en el libro XII, septiembre de 2012, Tomo 3, del Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, décima época, registro 2001634, que dice: "DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. ANTE LA POSIBLE COMISIÓN DEL DELITO RELATIVO, NINGUNA AUTORIDAD PUEDE ESTABLECER QUE TRANSCURRIÓ UN DETERMINADO PLAZO PARA LOGRAR LA COMPARECENCIA DEL AGRAVIADO NI PARA PRACTICAR LAS DILIGENCIAS NECESARIAS AL EFECTO. De los artículos 12 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y I a III y VII de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, se advierte la obligación de los Estados y el correlativo derecho de la víctima a la denuncia e investigación efectiva, exhaustiva e imparcial sobre los hechos relacionados con la desaparición forzada, así como el que este delito es considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima, y que la acción penal correspondiente y la pena que se imponga judicialmente al responsable no estarán sujetas a prescripción. Consecuentemente, ante la posible comisión del mencionado delito, ninguna autoridad puede establecer que transcurrió un determinado plazo para lograr la comparecencia del agraviado ni para practicar las diligencias necesarias al efecto." En el caso, a pesar de que este juzgado realizó diversos trámites e investigaciones con autoridades en toda la república a efecto de lograr la comparecencia de los quejosos directos no fue posible dar con su paradero. Por ello, en proveído de ******************** se decretó la suspensión del procedimiento en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo y se ordenó dar vista a la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado, para los efectos legales conducentes. Sentado lo anterior, en el caso hasta la fecha no se ha logrado dar con el paradero de los directos quejosos. Aunado a lo anterior, el promovente de la demanda de amparo en ningún momento ofreció prueba alguna tendente a acreditar la intervención o participación de alguna autoridad de cualquier ámbito -municipal, estatal o federal- con relación a la supuesta desaparición de los agraviados. Por el contrario, los únicos datos que obran en autos son los informes que respecto de la suspensión de plano se solicitaron a las autoridades correspondientes, así como a los titulares de los centros federales de readaptación del país, nosocomios, centros de internamiento psiquiátrico y áreas de resguardo a nivel nacional en los que expresamente se señaló que no eran ciertos los actos reclamados y que no tenían conocimiento del paradero de los quejosos directos. De ahí que, no se advierta indicio alguno que indique la posible comisión del delito de desaparición forzada de los quejosos. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 15, quinto párrafo, de la Ley de Amparo se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por********************, en favor de ********************. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, a la Agente del Ministerio Pública adscrita y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de agosto de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, agréguese el escrito firmado por Juan Manuel Rivera Cerna en cuanto autorizado de la parte quejosa mediante el cual solicita se autorice la autilización de medios electronicos y la expedición de copias en los términos que indica. En ese sentido, con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles expídansele a su costa las copias en los términos que solicita, previa identificación y recibo que se deje en autos para debida constancia legal; asimismo, téngasele autorizando a las personas que refiere para recibir dichas constancias. Finalmente, en atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que no existe inconveniente en que se les permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.Octavio Rojas Figueroa

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos que guarda el presente asunto se advierte que Eloísa Carrillo Mendoza, solicitó a favor de Jorge Alejandro Ochoa Carrillo, Héctor Javier Ceballos Mendoza, Víctor Manuel Ceballos Mendoza y Leonardo Mendoza Vázquez, el amparo y protección de la justicia federal respecto de los actos reclamados al Secretario de Marina Armada de México, con residencia en la Ciudad de México, que hizo consistir en: La privación de la libertad de los quejosos, así como su incomunicación. Los cuales la promovente refirió que se materializaron el día seis de mayo del año en curso, en la localidad Naranjo de Chila, municipio de Aguililla, Michoacán, cuando los quejosos fueron detenidos por elementos de la marina. Asimismo, la autoridad señalada como responsable al momento de rendir su informe de suspensión de plano, negó la existencia de los actos reclamados manifestando desconocer los hechos mediante los cuales se materializaron los actos reclamados. Ahora bien, en proveído de quince de mayo de dos mil dieciocho, se tuvo a la promovente Eloísa Carrillo Mendoza proporcionando datos para la efectiva localización de los directos quejosos y en el mismo acto se determinó requerir a las siguientes autoridades: 1. Jefe de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Marina con residencia en la Ciudad de México; y, 2. Comandante de la Décima Zona Naval de la Secretaría de Marina en el Estado de Michoacán, con residencia en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Con la finalidad de que informaran el paradero de los quejosos directos y hacerles saber que subsiste la suspensión de plano otorgada en su favor desde el nueve de mayo de dos mil dieciocho. Autoridades que al momento de desahogar los requerimientos formulados en autos en sus oficios que obran a fojas (80 y 84), señalaron que en sus archivos no se encontró dato alguno relacionado con la detención e incomunicación de Jorge Alejandro Ochoa Carrillo, Héctor Javier Ceballos Mendoza, Víctor Manuel Ceballos Mendoza y Leonardo Mendoza Vázquez. Por lo tanto y ante las manifestaciones realizadas por dichas autoridades, este Juzgado determinó en acuerdos de veintiuno de mayo y cuatro de junio siguiente, requerir a las autoridades que a continuación se enlistan: 1. Procurador General de la República; y, 2. Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada. Autoridades con residencia en la Ciudad de México. 3. Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República, con residencia en esta ciudad; y, 4. Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Para que dentro del término de veinticuatro horas, se sirvieran informar si derivado de alguna averiguación previa y/o carpeta de investigación ordenaron la detención de los directos quejosos. En cumplimiento a tales requerimientos las referidas autoridades señalaron en sus oficios que obran a fojas (92, 102, 106 y 108), que en sus bases de datos no se encontró registro de alguna carpeta de investigación y/o causa penal instruida en contra de los quejosos. Posteriormente, en acuerdo de siete de junio de dos mil dieciocho, ante la información proporcionada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, se requirió a la promovente Eloísa Carrillo Mendoza, para que informara si tiene conocimiento del paradero de los multicitados quejosos, sin que del estado de autos se advierta que haya cumplido con tal requerimiento. Asimismo, al tratarse de posibles actos de incomunicación y desaparición forzada en contra de los quejosos, el trece de junio de dos mil dieciocho se ordenó girar atento exhorto a los Jueces de Distrito correspondientes y en turno, con residencia en todos los circuitos judiciales del país, cuya circunscripción territorial de la república se encuentra señalada dentro del acuerdo general 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con excepción de este Décimo Primer Circuito, por ser donde ya se realizaron gestiones encaminadas a la búsqueda de las personas aludidas. Lo anterior, se realizó con fundamento en el artículo 1° Constitucional, 15 y 126, de la Ley de Amparo; en relación con los diversos numerales 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley, de la forma siguiente: Numero de Exhorto Juez de Distrito en Turno Sin diligenciar (número de foja) 595/2018 Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal (CDMX) 596/2018 Juez de Distrito de Amparo y Juicios Federales (Toluca) 332 597/2018 Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal (Zap/Jal) 598/2018 Juez de Distrito en Materia Penal (Monterrey, Nuevo León) 280 599/2018 Juez de Distrito de Hermosillo, Sonora 600/2018 Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal (Puebla) 250 601/2018 Juez de Distrito de Xalapa, Veracruz 256 602/2018 Juez de Distrito de Saltillo, Coahuila 603/2018 Juez de Distrito de San Luis Potosí, San Luis 339 604/2018 Juez de Distrito de Villahermosa, Tabasco 605/2018 Juez de Distrito de Mazatlán, Sinaloa 606/2018 Juez de Distrito de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca 607/2018 Juez de Distrito de Mérida, Yucatán 608/2018 Juez de Distrito de Amparo y Juicios Federales (Tijuana) 609/2018 Juez de Distrito de Guanajuato, Guanajuato 610/2018 Juez de Distrito de Chihuahua, Chihuahua 352 611/2018 Juez de Distrito de Cuernavaca, Morelos 612/2018 Juez de Distrito de Amparo y Juicios Federales (Mat,Tam) 321 613/2018 Juez de Distrito de Amparo y Juicios Federales (Tux, Chi) 614/2018 Juzgado de Distrito de Acapulco, Guerrero 259 615/2018 Juez de Distrito de Amparo y Juicios Federales de Quer. 391 616/2018 Juzgado de Distrito de Zacatecas, Zacatecas 617/2018 Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal de Tepic 618/2018 Juzgado de Distrito de Durango, Durango 619/2018 Juzgado de Distrito de La paz, B.C.S 620/2018 Juzgado de Distrito en Quintana Roo, Cancún 621/2018 Juzgado de Distrito de Apizaco, Tlaxcala 622/2018 Juzgado de Distrito de Pachuca, Hidalgo 623/2018 Juzgado de Distrito de Aguascalientes, Aguascalientes 624/2018 Juzgado de Distrito de Campeche, Campeche 625/2018 Juzgado de Distrito de Colima, Colima De lo anterior se concluye que a pesar de las diversas medidas tomadas a fin de localizar a los quejosos directos Jorge Alejandro Ochoa Carrillo, Héctor Javier Ceballos Mendoza, Víctor Manuel Ceballos Mendoza y Leonardo Mendoza Vázquez, a la fecha se desconoce su paradero. Por tanto, con fundamento en el artículo 15, cuarto párrafo de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión del procedimiento en lo principal y se ordena dar vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Notifíquese personalmente a la promovente del amparo, a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de seis de noviembre de dos mil dieciocho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/5669/2018 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA"; ante la licenciada Adela Rodríguez González, secretaria que autoriza y da fe.

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