Héctor Josué Martínez de la Cruz
Expediente 871/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 871/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 17/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Guadalupe Mora Vidrios
- Héctor Josué Martínez de la Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de enero de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia emitida en autos, por la que por una parte se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión y por otra se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo hayan hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en razón de que se negó en el presente juicio. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, en relación con el punto décimo primero, segundo párrafo y punto vigésimo primero, último párrafo, del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Respecto del incidente de suspensión relativo a este juico, el original es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del mencionado acuerdo, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Por lo que se refiere al duplicado destrúyase en este juzgado en seis meses de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo. Transfiérase el presente expediente y el cuaderno original del incidente respectivo a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable las constancias que remitió al presente juicio, consistentes en un tomo de pruebas del juicio especial familiar sobre alimentos número 438/2018, por ser innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de enero de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio signado por el Juez Primero de Primera Instancia en materia Familiar del Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, mediante el cual hace del conocimiento que la parte aquí quejosa interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva emitida el seis de noviembre de dos mil dieciocho, remitiendo los autos originales al Tribunal que corresponda para la substanciación del referido recurso, sin que resulte realizar mayor pronunciamiento en virtud de que el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Adela Rodríguez González, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica al quejoso por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, el auto de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 871/2018, promovido por Héctor Josué Martínez de la Cruz, por su propio derecho; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintidós de junio de dos mil dieciocho (fojas 8-10), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, Héctor Josué Martínez de la Cruz, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar de Uruapan, Michoacán, y de otra autoridad. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por auto de cinco de julio de dos mil dieciocho, el Juez Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en Uruapan, previo cumplimiento a la prevención formulada, admitió a trámite la demanda y, seguido el procedimiento respectivo, el tres de agosto del propio año, celebró la audiencia constitucional. Sin embargo, mediante sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, declaró carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer del asunto, al estimar que el acto reclamado tiene ejecución en esta ciudad de Morelia, Michoacán, por lo que ordenó declinarla al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad de Morelia. Segundo. Trámite de la demanda de amparo. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que se registró bajo expediente 871/2018, y en proveído de quince de octubre de dos mil dieciocho aceptó la competencia planteada por lo que admitió a trámite el asunto (fojas 75 a 78); asimismo, se estimó innecesario solicitar a las autoridades responsables su informe con justificación puesto que ya obraba en autos y el asunto se recibió con audiencia celebrada, en tal virtud, se otorgó la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Asimismo, dado que el juzgador declinante reconoció carácter de terceras interesadas a las menores de iniciales V.W.M.M y J.M.M. (foja 23), y les designó como representante especial a Raúl Calzada Ortega, adscrito a la defensoría Pública de Uruapan, Michoacán, se ordenó notificarle la radicación del juicio, quien mediante escrito presentado ante este juzgado el veintiséis de octubre del año en curso, señaló domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones, así como autorizados para ese efecto (foja 96). Ahora bien, no obstante que el presente asunto se recibió con audiencia celebrada, este juzgador advirtió irregularidades que subsanar, dado que el juez declinante reservó emplazar a la parte tercera interesada y promovente del juicio de origen, sin que con posterioridad se hubiere acordado al respecto; asimismo, se advirtió la participación de un Actuario diverso al señalado como autoridad responsable, por lo que en auto de siete de noviembre de dos mil dieciocho, se ordenó subsanar lo anterior. Atento a ello, con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se reconoció carácter de tercera interesada a María Guadalupe Mora Vidrios, en cuanto actora y contraparte del quejoso en el juicio de origen, por lo que se ordenó su emplazamiento. Del mismo modo, se ordenó dar vista a la parte quejosa para en el plazo de quince días, contado a partir de que surtiera efectos su notificación, manifestara si deseaba señalar como autoridad responsable al actuario adscrito al Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Familiar de esta ciudad de Morelia, por ser la autoridad que llevó a cabo su emplazamiento al juicio de origen, dentro del exhorto número 56. Sin embargo, dicho término transcurrió del veintidós de noviembre al doce de diciembre de dos mil dieciocho, sin que el quejoso hubiere hecho manifestación al respecto, por lo que en auto de trece de diciembre de dos mil dieciocho, se ordenó resolver el presente juicio respecto de las autoridades responsables y actos reclamados señalados en el escrito de demanda. Finalmente, se llevó a cabo la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede, y ahora se procede a resolver al tenor de las siguientes CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que la ejecución del acto reclamado se atribuye a una autoridad con residencia en el lugar en el que este juzgado ejerce su jurisdicción. Segunda. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 181810, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio mencionado, el acto reclamado a la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar con residencia en Uruapan, Michoacán, consiste en: El auto de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, dictado dentro del juicio especial oral familiar 438/2018, que sobre alimentos promovió María Guadalupe Mora Vidrios, por su propio derecho y en cuanto representante de sus menores hijas, contra Héctor Josué Martínez de la Cruz, mediante el cual, como medida cautelar, fijó al aquí quejoso el pago de una pensión alimenticia, de manera provisional. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado a la Actuaria del Juzgado Tercero Oral Familiar, antes Séptimo Familiar, con residencia en esta ciudad de Morelia, Michoacán, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 62), sin que de las constancias del juicio de origen se advierta la participación de esa autoridad en el acto reclamado por el quejoso, es decir, en el requerimiento de pago ordenado por la juez de los autos mediante exhorto número 56. Lo anterior, sin que el promovente del amparo haya aportado probanza alguna tendente a desvirtuar la negativa de la autoridad responsable en cita, a pesar de que en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, era su obligación. Es aplicable a lo anterior, la tesis VI.2o.A.4 K emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Común, Novena Época, registro 187728, de rubro y texto: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." De modo que, ante la inexistencia del acto reclamado a la autoridad señalada en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, única y exclusivamente por lo que respecta a la autoridad de que se trata. Resulta aplicable la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 181, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común Sexta Época, registro 804176, que establece: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarta. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar de Uruapan, Michoacán, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (fojas 38 a 41). Lo anterior se corrobora con las pruebas documentales que acompañó a su informe la juez responsable, consistentes en copia certificada de las constancias del juicio especial oral familiar 438/2018 (constante de un tomo), entre las que se encuentra el auto de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, en el que se fijó la pensión provisional al quejoso, así como la emisión del exhorto número 56, a efecto de ordenar su emplazamiento y el requerimiento de la cantidad fijada por concepto de alimentos provisionales. Pruebas con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierten el auto de siete de agosto de dos mil diecisiete; de ahí que se tenga debidamente probado el acto reclamado. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así también, es aplicable al caso por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Quinta. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, en el presente caso las partes no invocaron causales de improcedencia de la acción constitucional, ni este juzgador las advierte de oficio, por lo que se procede a realizar el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Sexta. Estudio de los conceptos de violación. El promovente de amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribieran, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De la.s sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En este apartado conviene mencionar que el acto reclamado deriva de un procedimiento de índole familiar, respecto del cual nuestro Máximo Tribunal ha sostenido, en diversos criterios, que cuando se ventilen cuestiones relacionadas directa o indirectamente con menores de edad o sujetos con capacidad disminuida o diferente, los jueces están obligados a suplir la deficiencia de sus planteamientos, pese al carácter del promovente. Razón por la cual este juzgador está facultado para suplir la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo y con apoyo en la jurisprudencia número 1a./J. 191/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 167, del Tomo XXIII, Mayo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 175053, del rubro y texto siguientes: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz." Así como la tesis aislada 1a. CXXII/2012 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IX, Junio de 2012, Tomo 1, página 260, que a la letra dice: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU FUNCIÓN NORMATIVA COMO PRINCIPIO JURÍDICO PROTECTOR. La función del interés superior del menor como principio jurídico protector, es constituirse en una obligación para las autoridades estatales y con ello asegurar la efectividad de los derechos subjetivos de los menores, es decir, implica una prescripción de carácter imperativo, cuyo contenido es la satisfacción de todos los derechos del menor para potencializar el paradigma de la "protección integral". Ahora bien, desde esta dimensión, el interés superior del menor, enfocado al deber estatal, se actualiza cuando en la normativa jurídica se reconocen expresamente el cúmulo de derechos y se dispone el mandato de efectivizarlos, y actualizado el supuesto jurídico para alcanzar la función de aquel principio, surge una serie de deberes que las autoridades estatales tienen que atender, entre los cuales se encuentra analizar, caso por caso, si ante situaciones conflictivas donde existan otros intereses de terceros que no tienen el rango de derechos deben privilegiarse determinados derechos de los menores o cuando en el caso se traten de contraponer éstos contra los de otras personas; el alcance del interés superior del menor deberá fijarse según las circunstancias particulares del caso y no podrá implicar la exclusión de los derechos de terceros. En este mismo sentido, dicha dimensión conlleva el reconocimiento de un "núcleo duro de derechos", esto es, aquellos derechos que no admiten restricción alguna y, por tanto, constituyen un límite infranqueable que alcanza, particularmente, al legislador; dentro de éstos se ubican el derecho a la vida, a la nacionalidad y a la identidad, a la libertad de pensamiento y de conciencia, a la salud, a la educación, a un nivel de vida adecuado, a realizar actividades propias de la edad (recreativas, culturales, etcétera) y a las garantías del derecho penal y procesal penal; además, el interés superior del menor como principio garantista, también implica la obligación de priorizar las políticas públicas destinadas a garantizar el "núcleo duro" de los derechos." Sentado lo anterior, en su único concepto de violación el quejoso aduce toralmente que la medida cautelar decretada por la juez responsable consistente en la cantidad fijada por concepto de pensión alimenticia provisional, viola sus derechos humanos, porque se fijó con base en los hechos narrados por la actora en el juicio natural en su escrito de demanda, sin que los mismos se encuentren justificados con medio de prueba alguno, además de que -refiere-, nunca ha dejado de cumplir con sus obligaciones alimentarias. Por ello, considera ilegal la medida cautelar de que se trata, pues no se cumplen los requisitos consistentes en la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, entendiéndose el primero por la probabilidad de que la actora obtenga sentencia favorable y el segundo en la urgencia ante la existencia de un inminente daño jurídico. No asiste razón al quejoso. Como se expone a continuación. Por principio, se advierte que el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, la Juez responsable al admitir la demanda de divorcio, en términos de los artículos 453, 462 y 464 del Código Familiar para el Estado, determinó que al no encontrarse acreditada la percepción económica del demandado, pero atendiendo a que es una persona con aptitudes laborales, así como la edad de la acreedora alimentaria, fijó como pensión alimenticia provisional a favor de las acreedoras alimentistas Valeria Wendolyne y Yira Jetzuvely, de apellidos Martínez Mora, la cantidad mensual de $5,301.60 (cinco mil trescientos un pesos 60/100 M.N.), equivalente a un salario mínimo diario por cada una de las acreedoras alimentarias; reiterando que dicha suma sólo es provisional hasta en tanto se resuelva en definitiva el tópico de alimentos. Asimismo, ordenó girar oficio a la fuente de trabajo del acreedor alimentista, (Departamento de Recursos Humanos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, Delegación Estatal Michoacán, con sede en Morelia), para que informara todas y cada una de las percepciones y deducciones del demandado, así como la periodicidad con que las recibe. Al efecto, de constancias se advierte que mediante oficio 0712/2018, el Jefe de Departamento de la Delegación Estatal Michoacán, Subdelegación de Administración, Departamento de Recursos Humanos del Instituto requerido, informó las percepciones y deducciones que en forma quincenal recibe Héctor Josué Martínez de la Cruz; información con la cual la autoridad responsable ordenó dar vista a las partes en auto de veintidós de junio de dos mil dieciocho. En ese sentido, no asiste razón al peticionario de amparo cuando aduce que la pensión alimenticia que de manera provisional fijó la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar de Uruapan, Michoacán, es ilegal. En primer término, porque dicho pago por concepto de alimentos provisionales fue ordenado dentro del juicio especial oral familiar 438/2018, en estricta observancia de lo que al efecto disponen los numerales 462 y 464 del Código Familiar para el Estado, en tratándose de un asunto que involucra a dos menores de edad y alimentos. Asimismo, se advierte que para determinar la cantidad que por ese concepto estableció la responsable, atendió a lo que al efecto establece el numeral 453 del Código Familiar en cita, esto es, que no se encontraba acreditada la percepción económica del demandado y sus aptitudes laborales, así como la edad de las acreedoras alimentarias. Por ello, si la fijación de la pensión provisional por concepto de alimentos obedece a una determinación judicial que fue emitida en el procedimiento antes señalado, acorde a lo que dispone la legislación aplicable, es claro que no puede considerarse como ilegal, mientras que no exista diversa determinación judicial que estime lo contrario. En segundo término, tampoco es ilegal la pensión provisional fijada al quejoso, porque dicha ilegalidad que aduce en su único concepto de violación, la hace depender de que los hechos narrados por la actora en el juicio natural, son falsos; ello en el sentido de que desde hace cinco años ha incumplido con la obligación de proporcionar alimentos a la promovente del juicio y a sus dos menores hijas, y que el demandado tiene una percepción económica aproximada de dieciséis mil pesos, pues lo cierto -refiere-, es que las afirmaciones de la actora no se encuentran justificadas con ningún medio de prueba; que la actora labora en una tienda de ropa y tiene un ingreso semanal de $500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.); y que además, nunca ha dejado de cumplir con sus obligaciones alimentarias; sin embargo, tales situaciones, corresponden a circunstancias completamente diferentes a las planteadas en el juicio natural, pero no por ello tornan ilegales las determinaciones de la responsable. Lo anterior porque, el hecho de que el demandado afirme que su contraria también percibe un ingreso económico y que no es verdad que haya dejado de cumplir con sus obligaciones de proporcionar alimentos a la actora en el juicio de origen y a sus dos menores hijas, no torna ilegal la determinación de fijar la cantidad mensual de $5,301.60 (cinco mil trescientos un pesos 60/100 m.n.) por concepto de alimentos provisionales; por un lado, porque como ya se anotó anteriormente, la fijación por concepto de la pensión provisional de alimentos a favor de sus dos menores hijas, está ordenada en el expediente señalado, atentas las facultades de la juez natural para garantizar el interés superior de las menores involucradas, en virtud del tiempo transcurrido desde que el acreedor dejó de cumplir con su obligación alimentaria (cinco años), aunado a que -como lo precisó la responsable- tal determinación subsiste únicamente hasta en tanto se resuelva en definitiva el tópico relativo a los alimentos. Y por otro lado, porque con la sola presentación de la demanda, la juez de los autos no está en condiciones de conocer si el padre de las infantes efectivamente cumplió con las obligaciones alimentarias en el período que se le reclama, como afirma el quejoso; así como tampoco de conocer si actualmente la madre de las menores desempeña actividad laboral remunerada, pues se advierte que al plantearse la demanda no quedó establecida dicha circunstancia, sino por el contrario, la manifestación bajo protesta de decir verdad en ese sentido, lo fue de que la actora no cuenta con trabajo para solventar los gastos relativos a alimentación, vivienda, gastos médicos, entre otros, tanto de la acreedora alimentista como de sus menores hijas, por lo que refirió que se encuentra en un estado de urgencia y necesidad de percibir pensión alimenticia por parte del demandado. Cabe precisar que de la determinación reclamada se desprende que la juez responsable fijó la pensión provisional por concepto de alimentos, únicamente a favor de las menores Valeria Wendolyne y Yira Jetzuvely, de apellidos Martínez Mora, mas no así a favor de la progenitora. De modo que, si durante el transcurso del tiempo se modifican las circunstancias que anteriormente sirvieron de base para que se establecieran las obligaciones alimenticias a cargo del acreedor, como en el caso, la circunstancia de que el progenitor sí haya cumplido con dichas obligaciones, o que la actora también desempeñe una actividad laboral remunerada, resulta claro que, esa situación escapa del conocimiento de la juez responsable y que por ello, se encuentre imposibilitada para ordenar de oficio, la modificación de la cantidad que por concepto de alimentos provisionales fijó en el acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho para las menores acreedoras. Es decir, si en el caso varía la situación que prevalecía cuando se pronunció la determinación respectiva, ello debe demostrarse plenamente en el "juicio o procedimiento respectivo"; a fin de que la juez esté en condiciones de modificar la cantidad fijada por concepto de pensión provisional de alimentos; máxime si, como en el caso, se advierte que la juez responsable, a petición de la parte actora en el juicio natural, requirió a la fuente laboral del demandado para que informe sus percepciones. Para sostener lo anterior, resulta conveniente traer a contexto el Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, Código publicado en la Décima Cuarta Sección del Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el miércoles 30 de septiembre de 2015 -en la especie aplicable, atendiendo a que la demanda en el juicio de origen fue promovida en mayo de dos mil dieciocho-, el cual, en materia de alimentos y para lo que aquí interesa, dispone: De los alimentos "Artículo 443. Se reconoce a los alimentos como el derecho que tiene una persona, denominada acreedor alimentista, de recibir de otra, considerada deudor alimentario, lo siguiente: I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso, los gastos de embarazo y parto; II. Respecto de los hijos además, los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales; y, III. Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr, en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo; y, por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario para su atención geriátrica, se procurará que los alimentos se les proporcionen, integrándolos a la familia." "Artículo 444. La obligación alimentaria tiene las siguientes características: I. Es recíproca, puesto que el obligado a darla tiene a su vez el derecho de recibirla; II. Es personalísima, toda vez que se asigna a determinada persona en razón de un derecho adquirido y obliga también a otra persona específica a proporcionarla, salvo los casos que en materia de sucesiones prevé la ley; III. Es proporcional, debido a que los alimentos han de ser proporcionados conforme a la posibilidad del que los da y a la necesidad de quien los recibe; IV. Es imprescriptible, en tanto que no se extingue, aunque el tiempo transcurra sin que se haya ejercido el derecho; V. Es irrenunciable, en tanto no puede ser objeto de renuncia; VI. Es innegociable, es decir, no es objeto de transacción entre las partes; VII. Es incompensable, ya que no es extinguible a partir de concesiones recíprocas; VIII. Es inembargable, pues legalmente está constituida como uno de los bienes no susceptibles de embargo; y, IX. Es intransferible, en virtud de que surge de una relación familiar específica." "Artículo 446. Los progenitores están obligados a dar alimentos a sus hijos. Sin que tal obligación comprenda la de proveer de capital a los hijos para ejercer el oficio, arte o profesión a que se hubieren dedicado." "Artículo 450. El obligado a dar alimentos cumple la obligación asignando una pensión competente al acreedor alimentista, o incorporándolo a su familia. Si el acreedor se opone a ser incorporado, compete al juez, según las circunstancias, fijar la manera de ministrar los alimentos." "Artículo 457. Tienen acción para pedir la fijación y el aseguramiento de los alimentos: I. El acreedor alimentista; II. El que ejerza la patria potestad siempre y cuando tenga la guarda y custodia del menor de edad; III. El tutor; IV. Los hermanos; V. La persona que tenga bajo su custodia al acreedor alimentista; y, VI. El ministerio público, en tratándose de personas con discapacidad que carezcan de representante." "Artículo 462. Para decretar alimentos a quien tenga derecho de exigirlos, se necesita: I. Que se demuestre cumplidamente el título en cuya virtud se pidan; II. Que se justifique, aproximadamente cuando menos, el caudal del que deba darlos; y, III. Que se acredite la urgencia y necesidad que haya de los alimentos. Lo dispuesto en la fracción III que antecede, solo aplicará a aquellas personas no contempladas en el artículo 452 del presente ordenamiento." "Artículo 464. En el auto de admisión de la demanda, el juez de instrucción además, tomará las siguientes medidas: I. Fijará de inmediato una pensión provisional equivalente a una vez el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, salvo que de las pruebas aportadas hasta ese momento, se deduzca una capacidad económica diferente; decisión contra la cual no se admitirá recurso alguno; II. Enseguida lo comunicará a su fuente laboral, para que la deposite ante el juzgado del conocimiento o haga la entrega directa de la misma al que exige los alimentos a elección de este; III. De no ser asalariado el deudor alimentario, se le requerirá inmediatamente del pago de la pensión provisional fijada, y de no satisfacerlo, se le embargarán bienes de su propiedad; y, IV. Ordenará solicitar informes y demás trámites administrativos que considere necesarios para conocer los ingresos del obligado." "Artículo 474. El aumento o disminución de la suma señalada por el juez para los alimentos, deberá promoverse siguiendo las reglas del juicio especial oral. De igual forma se tramitará la suspensión o cesación de la obligación alimentaria. Sin perjuicio de seguirse abonando al acreedor alimentista, durante la sustanciación de aquellos, la cantidad asignada." De lo anterior se obtiene que: 1. Se reconoce a los alimentos como el derecho que tiene una persona, denominada acreedor alimentista, de recibir de otra, denominada deudor alimentista, comida, vestido, habitación, atención médica, hospitalaria y en su caso, los gastos de embarazo y parto; gastos para educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales; 2. Los progenitores están obligados a dar alimentos a sus hijos; 3. El juez está facultado para requerir inmediatamente del pago de la pensión provisional fijada, y de no satisfacerse, embargar bienes propiedad del demandado, así como solicitar informes y demás trámites administrativos que considere necesarios para conocer los ingresos del obligado; 4. Que todas las cuestiones relacionadas con el aumento o disminución de la suma señalada por el juez para los alimentos, debe promoverse siguiendo las reglas del juicio especial oral; y, 5. Que en la misma forma se tramitará la suspensión o cesación de la obligación alimentaria, sin perjuicio de seguirse abonando al acreedor alimentista, durante la sustanciación de aquellos, la cantidad que haya sido asignada. Así tenemos que, el Código Familiar del Estado de Michoacán, es claro cuando dispone que todas las cuestiones referentes a la disminución o reducción de pensiones alimenticias, deberán sustanciarse siguiendo las reglas del juicio especial oral. Esto es, dichas disposiciones contemplan que tratándose de cuestiones referentes a la disminución, suspensión o cese de obligaciones alimenticias, rige el principio dispositivo de instancia de parte; es decir, es necesario el impulso procesal de los interesados, lo que impide que los jueces familiares puedan reducir o decretar la cesación de los alimentos oficiosamente. Pero aún más claro es el cuerpo normativo invocado, al establecer expresamente que mientras se discute si existe o no derecho a recibir alimentos, o bien, se resuelve el juicio relativo a la reducción que en su caso se plantee, deberá seguirse abonando al acreedor alimentista, la cantidad que se le haya asignado. Por ello, en último término, es inconcuso que no resulta ilegal el descuento que por concepto de pensión provisional de alimentos fijó la juez responsable, así como tampoco la orden de requerir el inmediato pago de la cantidad fijada por concepto de pensión alimenticia, pues mientras no exista determinación en la que se ordene la reducción o bien, el cese (a través de la acción especial oral), se encuentra imposibilitada para ordenar, de oficio, el ajuste, reducción o cese de dicho descuento. Entonces, si el quejoso considera ilegal el monto por concepto de pensión provisional por alimentos para sus dos menores hijas, porque la actora también realiza una actividad laboral remunerada, deberá atender a lo que se resuelva en el juicio especial oral que en su caso promueva, ya que dicho juicio tiene por objeto analizar si es procedente la disminución del monto que debe pagarse por ese concepto, atendiendo a los elementos de prueba que alleguen las partes. De igual forma, si lo que pretende es anular, revocar o cancelar la resolución que le decretó provisionalmente el pago de alimentos a favor de sus menores hijas Valeria Wendolyne y Yira Jetzuvely, de apellidos Martínez Mora, también deberá estarse a lo previsto por el ordinal 474 del citado código familiar y promover la acción especial oral correspondiente. Sustenta lo anterior la tesis I.12o.C.35 C (10a.), registro 2016871, Décima Época, registro 2016871, Mayo de 2018, materia civil, que dice: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. CUANDO SE EJERCE LA ACCIÓN DE SU REDUCCIÓN, DEBE ACREDITARSE LA EXISTENCIA DE CAUSAS POSTERIORES A LA FECHA EN QUE AQUÉLLA SE FIJÓ, QUE DETERMINEN UN CAMBIO EN LAS POSIBILIDADES ECONÓMICAS DEL DEUDOR ALIMENTARIO O EN LAS NECESIDADES DEL ACREEDOR (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). De acuerdo con el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, las resoluciones judiciales emitidas en negocios de alimentos pueden alterarse y modificarse cuando cambien las circunstancias; en ese orden, si la finalidad de los alimentos es proveer la subsistencia diaria de los acreedores alimentarios, obvio es que la obligación y el derecho correlativo son susceptibles de cambio, en atención a las diversas circunstancias que determinan la variación en las posibilidades del deudor alimentista y en las necesidades de los propios acreedores. Así, cuando se ejerce la acción de reducción de la pensión alimenticia provisional, debe acreditarse la existencia de causas posteriores a la fecha en que se fijó, que determinen un cambio en las posibilidades económicas del deudor alimentario o en las necesidades del acreedor y que esos eventos hagan necesaria una nueva fijación de su monto, sin que resulte jurídicamente válida su reducción, sustentada en las idénticas circunstancias que prevalecían cuando se estableció la pensión aludida." En las relatadas condiciones, ante lo infundado del único concepto de violación aducido y no advertirse deficiencia alguna que deba suplirse de oficio, procede negar la protección de la Justicia Federal solicitada. Séptima. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Héctor Josué Martínez de la Cruz, contra el acto reclamado a la Actuaria del Juzgado Tercero Oral Familiar, antes Séptimo Familiar, con residencia en esta ciudad de Morelia, Michoacán, por las razones precisadas en el considerando tercero de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Héctor Josué Martínez de la Cruz, respecto de los actos y autoridad precisados en la consideración segunda; y, por los motivos expuestos en la diversa sexta de esta sentencia. Tercero. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese personalmente y por oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.
Quedan 8 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes
- Hector Guillermo Cisneros Rios709/2019
- Hector Hernández Vázquez243/2019
- Hector Javier Ceballos Mendoza414/2018
- Hector Joaquin Medina Mora24/2022
- Hector Joaquín Medina Mora714/2018
- Héctor Joel Mendoza Villafuerte471/2019
- Hector Manuel Camacho Zarate839/2019
- Hector Manuel Chavolla Garibay737/2022
- Héctor Manuel Juan Mendez343/2019
- Hector Manuel Martinez Anguiano87/2018
- Hector Manuel Mendoza Covarrubias1014/2017
- Hector Manuel Ornelas Rosales359/2021