Héctor Hugo Aguilar Hernández

Expediente 510/2018 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
510/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
21/11/2018

Partes del expediente

  • Héctor Hugo Aguilar Hernández

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, mediante el cual se acusa recibo del oficio por el que se remitieron los autos originales del juicio administrativo 641/2015, descritos en el oficio de cuenta. En razón de que este asunto se desechó por improcedente, y mediante auto de nueve de noviembre de dos mil dieciocho, la presidencia de este tribunal colegiado declaró firme el citado auto; consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Finalmente, atento a lo previsto en el punto cuarto del Manual para la Organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la valoración de los expedientes judiciales y auxiliares, en relación con el Acuerdo General Conjunto 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, cabe señalar que el presente expediente no tiene relevancia documental y es destruible, lo que deberá anotarse en su carátula, así como la fecha del presente proveído. Notifíquese. Así, lo acordó y firma David Cortés Martínez, magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante María Elena Vargas Burgos, secretaria de acuerdos que autoriza y da fe. Kpfr.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Agréguense a los autos para que obren como corresponda el oficio de cuenta, y anexo que se acompaña, mediante el cual remite diligenciado el exhorto 450/2018, del índice de este tribunal colegiado. Acúsese recibo. Asimismo, vista la certificación hecha por la secretaria de acuerdos de este tribunal colegiado, en la que se hace constar que transcurrió el plazo de tres días, que establece el artículo 104 de la Ley de Amparo, para que interpusiera recurso de reclamación, contra el auto de nueve de octubre de dos mil dieciocho, en el cual la presidencia de este tribunal colegiado desechó por improcedente la demanda de amparo promovida. En esas condiciones, al no interponer medio de impugnación alguno; en consecuencia, se declara firme tal proveído. Consecuentemente, devuélvanse a la Sexta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, los autos originales del juicio administrativo 641/2015, solicitando el acuse respectivo, asimismo debiendo notificar a las diversas autoridades. Notifíquese. Así, lo acordó y firma David Cortés Martínez, magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante María Elena Vargas Burgos, secretaria de acuerdos que autoriza y da fe. Hmo. Constancia.- En la misma fecha del acuerdo que antecede, se emitieron los oficios números 9733/2018 y 9734/2018 relativo a este expediente.- Conste.- La que suscribe María Elena Vargas Burgos, Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, certifica y hace constar que el auto que antecede se incorporó al expediente impreso como al electrónico. Lo anterior, para todos los efectos legales conducentes.- Doy fe. María Elena Vargas Burgos. Secretaria de Acuerdos

  3. Juicio de Amparo Directo

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a nueve de octubre de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio de cuenta con el que se remite la demanda de amparo de que se trata, así como los autos originales del juicio administrativo 641/2015, del índice de la Sexta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, el proveído de tres de octubre de dos mil dieciocho, por el que se tuvo por recibida la demanda, y la constancia de notificación a la parte actora; fórmese el juicio de amparo directo 510/2018, regístrese en el libro de gobierno y acúsese recibo. No pasa desapercibido para esta presidencia, que en la demanda de amparo se señala como acto reclamado la sentencia de "veintinueve de junio de abril de dos mil dieciocho", por lo que al analizar físicamente la sentencia reclamada, se advierte que, efectivamente, en la misma, se señaló la fecha de su dictado en esos términos, lo que se considera constituye un error de dedo en su emisión; asimismo de una revisión a los autos del juicio administrativo de origen, se advierte que la sentencia reclamada, al ser notificada, fue referida como la dictada en veintinueve de junio de dos mil dieciocho. En concordancia con lo antes relatado, para efectos del trámite correspondiente en el presente asunto, se hace la corrección correspondiente, y se tiene como fecha correcta de la emisión del acto reclamado, el veintinueve de junio de dos mil dieciocho. Una vez establecido lo anterior, de un análisis realizado a la demanda de amparo promovida por Héctor Hugo Aguilar Hernández, por propio derecho, se advierte que señala como autoridad responsable a la: "(.) Magistrada de la Sexta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México", y como acto reclamado: "(.) la sentencia de fecha veintinueve de junio de abril de dos mil dieciocho (sic), (.)". Sentencia que se tiene a la vista, con lo que se acredita su existencia, en la cual se resolvió: "(.) PRIMERO.- Son infundadas las causales de improcedencia y sobreseimiento hechas valer por las autoridades demandadas, en atención a lo establecido en esta sentencia. SEGUNDO.- Se reconoce la validez de la Negativa Ficta que ha operado por el silencio de las autoridades demandadas respecto los escritos de fechas veintisiete de octubre del dos mil quince, respecto al incumplimiento del contrato de obra pública en la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado OP-ATIZA-AD-FISM/27/2010, respecto de la ejecución de la obra consistente en "Elevar Barda Perimetral y pintura con cal en el Jardín de niños "Gaby Brimmer", construcción de barda perimetral y malla ciclónica"; así como el pago de la cantidad de $206,727.76 (DOSCIENTOS SEIS MIL SETENCIENTOS VEINTISIETE PESOS 76/100 MONEDA NACIONAL), por las razones expuestas en este fallo. (.)". Por su parte, el artículo 285, fracción IV, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, establece lo siguiente: "Artículo 285.- Procede el recurso de revisión en contra de: (.) IV. Las sentencias que decidan la cuestión planteada, por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento del juicio, en este último caso cuando hayan dejado sin defensa al recurrente y trascienden al sentido de las sentencias; y; (.)". Como se ve, el artículo transcrito establece que procede el recurso de revisión, entre otras hipótesis, en contra de las sentencias que decidan la cuestión planteada, con lo que se llega al convencimiento de que la demanda de amparo resulta ser improcedente, en razón de que la parte quejosa, no agotó previamente el recurso ordinario que establece la ley que rige el acto reclamado, a través del cual puede ser modificada o revocada la sentencia de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, dictada en el juicio administrativo 641/2015. Máxime, que dicho código no permite a la promovente renunciar al medio de impugnación referido. Por otra parte, el artículo 170 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: --- I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." Artículo del que se obtiene que, el juicio de amparo directo, competencia de los tribunales colegiados de circuito, procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, o que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido, dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, en contra de los cuales no proceda algún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados. En tales condiciones, si en el presente caso, el acto reclamado consiste en la resolución de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, dictada en el juicio administrativo 641/2015, del índice de la Sexta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, es claro que no se trata de una sentencia definitiva, pues, como se expuso, puede ser modificada o revocada por medio del recurso de revisión previsto en el artículo 285, fracción IV, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Cuestión que actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, facción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.". Tiene aplicación la jurisprudencia número P./J.17/2003, sustentada por del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable en el Tomo VXIII, correspondiente al mes de Julio de 2003, en la página 15, cuyo rubro y texto son: "DEFINITIVIDAD EN AMPARO DIRECTO. ESTE PRINCIPIO EXIGE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE SE AGOTEN PREVIAMENTE LOS RECURSOS ORDINARIOS PROCEDENTES EN CONTRA DE LA SENTENCIA O DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. Los artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo establecen, respectivamente, que se está ante una sentencia definitiva para los efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, cuando decide el juicio en lo principal y respecto de ella las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno, por virtud del cual pueda ser modificada o revocada; asimismo, se considerará como tal, la dictada en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados hubieren renunciado expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan, si la ley se los permite; al igual que la resolución que pone fin al juicio, es decir, la que sin decidirlo en lo principal, lo da por concluido y respecto de la cual las leyes no conceden recurso ordinario alguno; y que el órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo contra ese tipo de sentencias es el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. Ahora bien, si una resolución que pone fin al juicio o una sentencia son legalmente recurribles, pero el interesado no agota el recurso previsto en la ley y deja transcurrir el término para ello, aunque la sentencia o la resolución ya no puedan ser legalmente modificadas, no por ello deben tenerse como definitivas para los efectos del juicio de amparo directo, pues la situación de facto, consistente en haber dejado transcurrir el término de impugnación, no puede hacerlo procedente, toda vez que ello implicaría soslayar unilateralmente la carga legal de agotar los recursos que la ley prevé, lo que se traduciría en violación al principio de definitividad." Consecuentemente, con fundamento en los artículos 61, fracción XVIII, 170 y 179 de la Ley de Amparo, se desecha por improcedente la demanda de amparo promovida por Héctor Hugo Aguilar Hernández, por propio derecho, en contra de la resolución de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, dictada en el juicio administrativo 641/2015, del índice de la Sexta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número P./J. 6/2015 (10a.), sustentada por del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable en el Tomo I, correspondiente al mes de Abril de 2015, en la página 95, cuyo rubro y texto son: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que señala en su escrito de demanda, siendo este, los estrados de este tribunal colegiado, y como autorizados, en términos amplios de la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, siempre y cuando se tengan registradas sus cédulas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito; de no ser así, únicamente se tendrán solamente como autorizados para oír y recibir notificaciones. Asimismo, con fundamento en los artículos 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, y 21, último párrafo, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las diligencias que se realicen en el presente expediente. En conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las constancias por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3o. de la Ley de Amparo, se ordena formar el cuaderno impreso como el electrónico del presente asunto. Notifíquese, personalmente. Así, lo acordó y firma David Cortés Martínez, magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante María Elena Vargas Burgos, secretaria de acuerdos que autoriza y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito · 1,817 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano