Gustavo Polux Araño Díaz de la Sierra

Expediente 446/2021 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 9 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
446/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
15/08/2023

Partes del expediente

  • Gustavo Polux Araño Díaz de la Sierra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Juicio de Amparo Directo

    archivo onsecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo, previas anotaciones que se hagan en el libro de control. En la sentencia dictada en el presente asunto, se resolvió: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *** de la Serna, en contra de la sentencia de doce de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el juicio agrario 892/2012, por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve, para los efectos indicados en su último considerando"

  2. Juicio de Amparo Directo

    1. Sentencia de amparo En sesión de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, este tribunal colegiado concedió a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve para los efectos jurídicos siguientes: ".SÉPTIMO. ESTUDIO (.) Decisión jurídica Ante la actualización de la violación procesal advertida, procede conceder la protección federal solicitada, para los efectos siguientes: a) Que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia reclamada. b) Solicite al órgano de representación del ejido demandado, que verifique la existencia, o no, del allanamiento por parte de la Asamblea General de Ejidatarios y, en su caso, lo requiera y proceda a su valoración. c) Continúe con la secuela procesal en el juicio y, en su momento, resuelva lo que en derecho proceda, previa valoración de los medios de prueba que obran en autos. 2. Actuaciones tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Ahora bien, una vez que la responsable recibió el testimonio de dicha ejecutoria constitucional procedió en los términos siguientes: Por oficio UAJ-852/2022 de veinte de septiembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable remitió acuerdo con el que dejó sin efectos la sentencia de doce de agosto de dos mil veintiuno (Primer efecto del fallo protector) y; solicitó al Órgano de Representación del Ejido de San Antonio la Laguna, municipio de Donato Guerra, Estado de México a fin de que exhibiera el Acta de Asamblea en la que se haya acreditado la autorización de la Asamblea General de Ejidatarios para allanarse a las pretensiones del actor (Primera parte del segundo efecto del fallo protector). Por oficio UAJ-44/2023 de nueve de enero de dos mil veintitrés, la responsable remitió copia certificada de la sentencia dictada el quince de diciembre de dos mil veintidós, en la que se advierte en lo que interesa lo siguiente: En el considerando "VII.- Estudio", la autoridad responsable una vez que fue exhibida el Acta de Asamblea donde se autoriza el allanamiento a las prestaciones de la parte actora, hizo la valoración de la misma y determinó que, conforme a la jurisprudencia XXII.2o.A.C. J/1 A (11a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, de rubro: "NULIDAD DE ACTA DE ASAMBLEA DE DELIMITACIÓN, DESTINO Y ASIGNACIÓN DE TIERRAS EJIDALES. EL ALLANAMIENTO A LA DEMANDA DEL JUICIO AGRARIO ES INSUFICIENTE PARA DECLARARLA CUANDO ELLO TIENE COMO CONSECUENCIA LA DIVISIÓN DE UNA PARCELA JURÍDICAMENTE DELIMITADA Y ASIGNADA." y; atendiendo al contenido de los artículos 24, 25, 26, 27, 28, 31, relacionado con el artículo 23, fracción VIII de la Ley Agraria, el allanamiento de los Integrantes del Comisariado Ejidal no los faculta para permitir una reasignación de las parcelas, cuando fue ya fue asignada, por lo que resultó improcedente la acción del allanamiento. -Segunda parte del segundo efecto del fallo protectorConsecuentemente, al haber hecho la valoración de los medios de prueba conllevó al dictado de la sentencia, la autoridad responsable resolvió lo que conforme a derecho consideró procedente.- Tercer efecto del fallo protector3. Vista a las partes con lo actuado por la autoridad responsable a fin de dar cumplimiento. Con la resolución dictada en cumplimiento, mediante proveído de trece de enero de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesadas, a fin de que expresaran lo que a su interés conviniera; manifestaciones que fueron hechas por la parte quejosa. 4. Análisis del cumplimiento De las actuaciones de la autoridad responsable anteriormente transcritas, analizadas conforme a los efectos de la sentencia de amparo, la Presidencia de este Tribunal Colegiado advierte que sí se cumplió debidamente con lo establecido en la ejecutoria que recayó al juicio de amparo directo radicado bajo el número 446/2021, lo cual es así, en virtud de que, la autoridad responsable: a) Dejó insubsistente la sentencia reclamada de doce de agosto de dos mil veintiuno. b) La autoridad responsable solicitó al órgano de representación del ejido demandado que exhibiera el Acta de Asamblea de Ejidatarios en la que determinó la facultad de allanamiento del actor en el juicio agrario, y al momento de dictar la sentencia correspondiente, la que cumplió con tal petición. c) Al tener el Acta de Asamblea referida, continuó con la secuela procesal y dictó la sentencia en la que valoró junto con los otros elementos de prueba y resolvió lo que en derecho procedió. De ahí que este órgano colegiado observe que la autoridad responsable, dio cumplimiento total a lo ordenado en la ejecutoria de amparo. Por otra parte, cabe precisar que el cercioramiento del exceso o defecto en el acatamiento del fallo amparador tiene por objeto determinar la materia del cumplimiento y el alcance del efecto restitutorio; en esa tesitura, se estima que existe defecto en la ejecución del fallo protector siempre que la autoridad responsable se abstiene de realizar todos los actos necesarios para que la sentencia que concedió el amparo resulte íntegramente cumplida; en cambio, hay exceso en la ejecución de la resolución amparadora cuando la responsable, además de efectuar todos los actos conducentes para lograr que las cosas queden restituidas al estado que guardaban antes de la violación advertida, ejecuta u ordena actos distintos o ajenos a la sentencia de amparo, los cuales tampoco son efecto inmediato de lo decidido en la mencionada resolución. Partiendo de tales hipótesis la Presidencia de este Tribunal Colegiado no aprecia que la autoridad responsable, hubiese incurrido en exceso o defecto alguno; pues únicamente llevó a cabo los actos conducentes y necesarios para lograr que las cosas quedaran restituidas al estado que guardaban antes de la violación advertida. 5. Manifestaciones Ahora, del análisis integral de los argumentos expuestos por la parte actora, se advierte que hace valer lo siguiente. Expone que la autoridad responsable incurre en exceso o defecto, ya que emitió una nueva sentencia en los mismos términos de la que fue promovido el amparo directo. Posteriormente argumenta que incurrió en exceso o defecto, puesto que el único facultado para allanarse es la asamblea general de ejidatarios y en ese sentido, se debió tener por acreditado que no existió oposición a la acción de nulidad planteada, por no existir conflicto de intereses, sino por el contrario el reconocimiento y la aceptación del demandado (Asamblea de Ejidatarios y/o sus representantes y/o su comisariado ejidal), a las pretensiones del quejoso, se estaba en aptitud y/o en posibilidades de emitir sentencia en la que se declarara la nulidad parcial del acta de asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras ejidales. Manifiesta que lo que se le ordenó a la responsable era recabar la voluntad de la asamblea general de ejidatarios y que lo reclamado en su escrito inicial de demanda no fue la división de parcelas, sino la incorrecta asignación y destino de éstas; en ese sentido, su planteamiento es la indebida asignación de las parcelas que posee, dado que, por un lado se señaló que una de ellas fue indebidamente considerada dentro de la parcela 320 y, por el otro, que la parcela fue determinada como zona inundada por la propia asamblea general, planteamientos respecto de los cuales, el comisariado ejidal, se allanó. En ese sentido, dice que al haberse obtenido el allanamiento al juicio agrario, por parte de la Asamblea General de Ejidatarios, como la única facultada para determinar el destino de sus tierras, debe ordenarse al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve, que atienda a los lineamientos de la ejecutoria de amparo, en el sentido de que, debe tomarse en cuenta la autorización del allanamiento a las prestaciones de la demanda inicial y se asigne correctamente al quejoso las superficies de tierras ejidales, en la forma que expone. Por lo anterior, señala que la responsable incurrió en exceso o defecto al no cumplir la ejecutoria de amparo en los términos que le fue ordenado, puesto que se omitió también, el estudio y resolución de las cuestiones que se le ordenó resolver. Concluye diciendo que toda vez que sólo se dejó insubsistente la sentencia reclamada, y se dictó otra resolución; en los mismos términos de la que se dejó insubsistente, sin dar cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo directo, desatendiendo, todo lo anterior, de ahí, que es procedente que se revoque la resolución impugnada, a fin de que se emita otra, en donde se ordene al Tribunal Agrario que cumpla la ejecutoria de amparo en cita, en los términos en que fue dictado por su superior jerárquico. Al efecto, ofrece distintos medios de prueba y a su vez solicita la suplencia de la deficiencia de la queja. Los argumentos son inoperantes. Se dice lo anterior, pues contrario a lo que expone la parte quejosa, los efectos para los que se concedió la protección constitucional, no fueron para que le asignara al quejoso las superficies de tierras ejidales sino, como se expuso previamente, fue para los efectos siguientes: a) Que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia reclamada. b) Solicite al órgano de representación del ejido demandado, que verifique la existencia, o no, del allanamiento por parte de la Asamblea General de Ejidatarios y, en su caso, lo requiera y proceda a su valoración. c) Continúe con la secuela procesal en el juicio y, en su momento, resuelva lo que en derecho proceda, previa valoración de los medios de prueba que obran en autos. Actuaciones que, como se expuso previamente fueron acatadas por la autoridad responsable. Aunado a lo anterior, se considera necesario transcribir la parte considerativa de la ejecutoria, en la que se expuso lo siguiente: "En esas condiciones, es que se estima que es la Asamblea General de Ejidatarios la única facultada para determinar el destino de sus tierras, de ahí la importancia de contar con la documental en la que conste el allanamiento a la demanda del accionante, a efecto de que el tribunal responsable resuelva a verdad sabida, apreciando los hechos y los documentos en conciencia, fundando y motivando sus resoluciones, conforme a la litis efectivamente planteada y, en general, con la obligación de resolver la problemática agraria en su integridad, de conformidad con lo que establece el artículo 189 de la Ley Agraria. (.) En ese contexto, es importante contar con la autorización del allanamiento, porque de existir podrá ser analizado en relación con lo anterior, a fin de dilucidar si fue, o no, incorrecta la asignación y destino de las parcelas materia de la litis. En tales condiciones, es necesario contar con el allanamiento de la asamblea general de ejidatarios, a fin de resolver la controversia agraria, a fin de determinar si corresponde o no reconocer el derecho agrario que reclama la parte actora." Es por lo anterior, que los efectos de la ejecutoria de amparo no fueron para que se le asignara al quejoso las superficies de tierras ejidales sino, que se recabara el acta de allanamiento de la asamblea, procediera a su valoración, continuara con la secuela procesal y resolviera lo que en derecho proceda, insistiéndose, previa valoración de los medios de prueba, lo cual fue realizado por la autoridad responsable, toda vez que a pesar de la existencia del mencionado allanamiento, la autoridad responsable consideró que el allanamiento no produce necesaria e indefectiblemente la condena a las prestaciones reclamadas, aplicando al caso, las jurisprudencias de rubros siguientes: "NULIDAD DE ACTA DE ASAMBLEA DE DELIMITACIÓN, DESTINO Y ASIGNACIÓN DE TIERRAS EJIDALES. EL ALLANAMIENTO A LA DEMANDA DEL JUICIO AGRARIO ES INSUFICIENTE PARA DECLARARLA CUANDO ELLO TIENE COMO CONSECUENCIA LA DIVISIÓN DE UNA PARCELA JURÍDICAMENTE DELIMITADA Y ASIGNADA." (SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO). "PARCELA EJIDAL. ES INDIVISIBLE BAJO EL RÉGIMEN AGRARIO EN VIGOR. (SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN). Concluyendo que el allanamiento de los Integrantes del Comisariado Ejidal del núcleo agrario de SAN ANTONIO DE LA LAGUNA, autorizados en Asamblea general de ejidatarios de veinticinco de julio de dos mil veintiuno, no pueden revocar las determinaciones que se realizaron en la asamblea de ejidatarios que fue celebrada en fecha veinte de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, acorde con la competencia exclusiva que señala el artículo 23, fracción VIII, de la Ley Agraria, y con las formalidades previstas en los artículos 24 a 28 y 31, del mismo ordenamiento, en la cual autorizaron la Delimitación, Destino y Asignación de Tierras Ejidales y en donde dichos representantes ejidales firmaron de conformidad los acuerdos a los que ahí se resolvieron, entre los cuales se encuentra la indebida asignación de la parcela número 320 a favor del demandado JUAN FRANCISCO NEWELL OROZCO, por lo que el allanamiento autorizado en asamblea de veinticinco de julio de dos mil veintiuno, no los faculta para permitir una reasignación de parcelas, ni en los hechos, dividir la citada parcela, cuando de manera correcta fue asignada al citado demandado, de ahí la improcedencia de la acción, además, se desprende que en la colindancia del lado sur de la citada parcela linda con el ÁREA INUNDADA, lo que no es permisible que al actor se le otorgue un número de parcela, cuando esa área se refiere a zonal afectable por la presa Miguel Alemán de Valle de Bravo y que fue autorizada por la asamblea de ejidatarios que es materia del juicio y de la cual no se declaró su nulidad, no obstante que el perito en topografía designado por el accionante y el perito tercero señalaran que no existió alguna afectación a esa área inundada. Dicha consideración fue emitida por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en donde se le ordenó que valorara el ya mencionado allanamiento, pero en ningún sentido en específico. En ese sentido, si únicamente se concedió el amparo para que la autoridad responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada, solicitara al órgano de representación del ejido demandado, que verifique la existencia, o no, del allanamiento por parte de la Asamblea General de Ejidatarios y, en su caso, lo requiriera y procediera a su valoración; y continuara con la secuela procesal en el juicio y, en su momento, resolviera lo que en derecho proceda, previa valoración de los medios de prueba que obran en autos, existe impedimento para que en el procedimiento de ejecución, se examinen los motivos o fundamentos que sustentan la sentencia emitida en cumplimiento, los que, en su caso, deben ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. Es por todo lo anterior que se califican de inoperantes los argumentos expuestos por la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 70/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, Diciembre de 2001, página 248, de contenido siguiente: "INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ PARA EL SOLO EFECTO DE QUE SE DICTARA RESOLUCIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE ÉSTA, AL DECIDIR SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA. El artículo 17 de la Constitución General de la República establece, en su párrafo segundo, el derecho que toda persona tiene para que se le administre justicia por tribunales, en los plazos y términos que fijen las leyes, a través de resoluciones emitidas de manera pronta, completa e imparcial; además, dispone que el servicio de administración de justicia es gratuito. Ahora bien, en términos de lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, la sentencia que concede el amparo por violación a la citada garantía individual sólo obliga a la autoridad responsable a dictar la resolución dentro de los plazos y términos en los que debe administrarse justicia e impide que el Juez de Distrito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el procedimiento de ejecución o en la inconformidad promovida en contra de la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, examinen los motivos o fundamentos que sustentan la resolución dictada en el juicio, recurso o instancia respectivo, los que, en su caso, deben ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad." 6. Decisión Con base en lo anterior, la Presidencia de este tribunal colegiado observa que la autoridad responsable atendió las directrices de la ejecutoria al dejar insubsistente la sentencia reclamada; solicitar el allanamiento por parte de la Asamblea General de Ejidatarios a las pretensiones del actor; y valorarlo al momento de emitir la sentencia correspondiente. En tal virtud, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido para los efectos legales a que haya lugar, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. 7. Medio de impugnación en contra de la presente resolución Infórmese a las partes, que conforme a los artículos 201, fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, cuentan con el plazo de quince días para interponer, si lo estiman pertinente, recurso de inconformidad en contra de la presente resolución, el que será del conocimiento de este órgano colegiado. Una vez que transcurra el término para la interposición del recurso de inconformidad, acuérdese lo conducente con relación al archivo del expediente acorde con lo previsto en el artículo 214 de la ley en cita. 8. Notificaciones Para los fines antes indicados, notifíquese a la parte quejosa por lista (de conformidad a lo dispuesto en el acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno), y de la misma manera a los terceros. Finalmente, hágase del conocimiento de esta determinación a la autoridad responsable, por medio de oficio, para los efectos legales procedentes.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Agréguense a los autos, para que obre como corresponda, el escrito de cuenta mediante el cual ********************, por propio derecho -parte quejosa- denuncia la repetición del acto reclamado. II. Denuncia de repetición del Acto Reclamado. Atento a lo anterior, y en razón de que la repetición del acto reclamado, que denuncia el parte quejosa, fue recibido directamente en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, de conformidad con la Circular DGGJ/OCC/23/2022 de siete de octubre del año en curso, de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; lo procedente es solicitar el registro y emisión de la papeleta respectiva a la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, de conformidad con los siguientes datos: Tipo de asunto: Denuncia de repetición del acto reclamado. Fundamento: Artículo 199 de la Ley de Amparo. Asunto del que deriva: Amparo directo 446/2021. Quejoso y denuncia: ********************. Juicio de origen: juicio agrario ********************. Autoridad responsable en el amparo directo: Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve. Turno: Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Segundo Circuito. III. Recepción del segundo escrito. Por otra parte, agréguense a los autos, para que obre como corresponda, el escrito de cuenta mediante el cual el quejoso realiza diversas manifestaciones respecto del cumplimiento pretendido a la ejecutoria de amparo, asimismo ofrece la prueba documental pública, con el que acredita su personalidad con la que actúo ante la responsables. IV. Acuerdo. Atento a lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, y toda vez que realiza las manifestaciones dentro del plazo previsto para ello, se tomarán en consideración al momento de emitir la resolución de cumplimiento. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 63/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: RECURSO DE INCONFORMIDAD. AL RESOLVERSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO, DEBEN ANALIZARSE LOS ARGUMENTOS DEL QUEJOSO DESAHOGADOS EN LA VISTA. El artículo 196 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, establece que la ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y que en los casos de amparo directo se le dará vista al quejoso para que dentro del plazo de diez días manifieste lo que a su derecho convenga y alegue, en caso de ser necesario, el defecto o exceso en el cumplimiento. En ese sentido, los argumentos que haga valer el quejoso deberán tomarse en consideración por el órgano jurisdiccional y éste debe pronunciarse al respecto, de lo contrario, se le causa ría un agravio y la vista se convertiría en una formalidad inútil. Por tanto, para cumplir cabalmente con lo señalado en el referido precepto, es necesario que el tribunal colegiado se pronuncie sobre lo manifestado en la vista desahogada y así poder pronunciarse íntegramente sobre el total cumplimiento de la ejecutoria de amparo.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta, mediante el cual Gustavo Polux Araño Díaz de la Serna, por propio derecho, -quejoso-, realiza manifestaciones en relación con el cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria dictada por este Tribunal. II. Manifestaciones. Consecuentemente, atento a lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, y toda vez que realiza las manifestaciones dentro del plazo previsto para ello, ténganse a la vista pues se tomaran en consideración al momento de emitir la resolución de cumplimiento. 07/08/23 11:37:56 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.57.e3 ISAAC RAMIREZ SALERO Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 63/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. AL RESOLVERSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO, DEBEN ANALIZARSE LOS ARGUMENTOS DEL QUEJOSO DESAHOGADOS EN LA VISTA. El artículo 196 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, establece que la ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y que en los casos de amparo directo se le dará vista al quejoso para que dentro del plazo de diez días manifieste lo que a su derecho convenga y alegue, en caso de ser necesario, el defecto o exceso en el cumplimiento. En ese sentido, los argumentos que haga valer el quejoso deberán tomarse en consideración por el órgano jurisdiccional y éste debe pronunciarse al respecto, de lo contrario, se le causaría un agravio y la vista se convertiría en una formalidad inútil. Por tanto, para cumplir cabalmente con lo señalado en el referido precepto, es necesario que el tribunal colegiado se pronuncie sobre lo manifestado en la vista desahogada y así poder pronunciarse íntegramente sobre el total cumplimiento de la ejecutoria de amparo."

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