Héctor Hugo Virgen Vázquez
Expediente 691/2017 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 8 actuaciones registradas, la última del 1 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 691/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 01/04/2019
Partes del expediente
- Héctor Hugo Virgen Vázquez
- Laura Paola Arciniega Regalado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a uno de abril de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta y anexo que se acompaña, mediante el cual la autoridad oficiante remite el diverso oficio 11-1-3-16377/19, suscrito por el magistrado presidente de la Primera Sala Regional Norte-Este del Estado de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por medio del cual acusa recibo del oficio por el que se remitió testimonio de la resolución de cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Cúmplase. Lo acordó y firma el Presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, Magistrado Guillermo Núñez Loyo, quien actúa con la Secretaría de Acuerdos que da fe, licenciada María Elena Vargas Burgos. hmo
- Juicio de Amparo Directo
de Juárez, Estado de México, a cinco de marzo de dos mil diecinueve. Visto, el estado que guardan los autos, se advierte que ninguna de las partes ejerció su derecho a manifestar lo atinente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada por este órgano jurisdiccional. Ahora bien, para estar en aptitud de establecer si las actuaciones realizadas por la autoridad responsable cumplen con los lineamientos fijados en la sentencia de amparo, es preciso tomar en cuenta las premisas jurídicas y antecedentes que se exponen a continuación: En sesión de veintiocho de junio de dos mil dieciocho ; este órgano jurisdiccional resolvió conceder la protección constitucional solicitada por la parte quejosa, para los siguientes efectos: "(.) EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO Otorgado el amparo, sus efectos consisten en lo siguiente: 1. La sala responsable deberá dejar insubsistente la sentencia de dos de octubre de dos mil diecisiete; 2. Dictará nueva sentencia en la que deberá observar lo siguiente: a) Reitere todas las consideraciones y decisiones que no fueron materia de estudio en la presente ejecutoria, o que deben quedar firmes; b) Condene al Instituto Mexicano del Seguro Social, a pagar a los quejosos, una indemnización por daño personal, esto, en los términos y bajo los lineamientos y rubros establecidos en la presente ejecutoria, dejando únicamente la cuantificación de dichas indemnizaciones, al incidente de liquidación; c) En la propia sentencia que emita, deberá ordenar la tramitación de un incidente de liquidación, en términos de lo establecido en el artículo 39 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, cuyo objeto será únicamente la cuantificación y deberá resolverse dentro de un plazo de noventa días contados a partir del día en que sea notificada la presente resolución a la autoridad responsable, en términos de lo expuesto en el último considerando de esta ejecutoria. (.)." [Se aclara que en la transcripción efectuada, se modificó el tipo de letra y el subrayado utilizado en su original, con la finalidad de resaltar la parte conducente]. En cumplimiento a lo anterior, mediante el oficio 11-1-3-45884/18, de tres de agosto de dos mil dieciocho , el Magistrado Presidente de la Primera Sala Regional Norte-Este del Estado de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, informó a este tribunal respecto de un acuerdo dictado en cumplimiento a la ejecutoria mencionada, del que se advierte, que se determinó entre otros aspectos, lo siguiente: ".Se da cuenta con el oficio 1825/2018, ingresado en la Oficialía de Partes Común para las Salas Regionales Norte-Este del Estado de México (dentro del periodo vacacional) el 23 de julio pasado, y turnado a ésta instrucción el día en que se actúa, mediante el cual el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, remite a ésta Sala la resolución de 28 de junio de 2018, dictada en el Amparo Directo 691/2017 promovido por la parte actora en el presente juicio, en la que SE CONCEDE EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL A LA QUEJOSA, en contra de la sentencia pronunciada por esta H. Sala el 02 de octubre de 2017, para el efecto de que se deje insubsistente la citada sentencia y se emita una nueva; a su vez requiere el acuse de recibo de los autos de expediente citado al rubro y, acorde a lo establecido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del oficio en comento, se informe al Tribunal Colegiado, sobre el cumplimiento que hubiere dado a dicha ejecutoria.- Téngase por recibido el oficio de cuenta mediante, y mediante (sic) diverso oficio que al efecto se gire al Magistrado Presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, acúsese de recibo respecto de los autos originales del juicio de nulidad número 3824/13-11-01-3 OT, y atento a lo ordenado en la ejecutoria que nos ocupa, se deja insubsistente la sentencia de 02 de octubre de 2017 y, consecuentemente se ordena turnar los autos originales del citado juicio al Magistrado Instructor para que con el carácter de urgente emita el proyecto de sentencia respectivo.- (.)." [Se aclara que en la transcripción efectuada, se modificó el tipo de letra y el subrayado utilizado en su original, con la finalidad de resaltar la parte conducente]. Por otro lado, mediante oficio 11-1-3-54105/18, de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, la sala responsable remitió a este tribunal colegiado copias certificadas, tanto del acuerdo, como de la sentencia dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ambos de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Ahora bien, del auto de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, se determinó, en lo que interesa, se advierte, lo siguiente: ". Vistos los autos del juicio en el que se actúa, en acatamiento a lo ordenado en la sentencia de 4 de septiembre de 2018, dictada por esta Sala, así como lo dispuesto en la ejecutoria de 28 de junio de 2018, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en el amparo A.D. 691/2017 en el que se resolvió conceder el amparo y protección a LAURA PAOLA ARCINIEGA Y HÉCTOR HUGO VIRGEN VÁZQUEZ, con fundamento en el artículo 39 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se ordena tramitar el INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN, a efecto de cuantificar la indemnización por concepto de daño moral y por daño personal que deben de recibir los actores en el presente juicio.- En atención a lo anterior, y toda vez que no advierten datos suficientes que permitan conocer la situación económica de los padres de la menor, y que resultan necesarios para cuantificar el monto de la indemnización correspondiente al daño moral y al personal, SE REQUIERE a la parte actora para que exhiba las pruebas que estimen convenientes para determinar su situación socioeconómica en un término de QUINCE DÍAS siguientes al que surta sus efectos el presente acuerdo.- Por otra parte, a fin de contar con los elementos suficientes para integrar el parámetro diseñado para el cálculo de la indemnización por daño moral y personal atribuida (sic) a la autoridad demandada y con el fin de evitar determinar una indemnización desproporcionada o exorbitante, SE REQUIERE a la autoridad demandada para que dentro de los QUINCE DÍAS siguientes a los que surta sus efectos el presente acuerso (sic), informe las cantidades presupuestales que destina para cubrir los servicios de salud, a efecto de disminuir los riesgos de enfermedades o daños causados, frente a los gastos en los que el Estado debe de incurrir para otorgar a los pacientes el tratamiento correspondiente.- Finalmente se da vista a las partes para que aleguen lo que a su derecho convenga, y tengan la oportunidad de ofrecer pruebas en torno al monto al que debe ascender la liquidación, en acatamiento a la garantía de audiencia establecida en el artículo 17 constitucional.". [Se aclara que en la transcripción efectuada, se modificó el tipo de letra y el subrayado utilizado en su original, con la finalidad de resaltar la parte conducente]. Por otra parte, de la sentencia dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo -también de fecha cuatro de septiembre de dos mil dieciocho-, se determinó, entre otros aspectos, lo siguiente: "(.) CONSIDERANDO: (.) TERCERO.- Esta Sala, en cumplimiento al punto PRIMERO de la ejecutoria de 28 de junio de 2018, dictada en el Amparo directo número 691/2017, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por acuerdo de 03 de agosto de 2018, procedió a dejar insubsistente la sentencia de fecha 02 de octubre de 2017. CUARTO.- En estricto acatamiento al punto 2, inciso a) de la ejecutoria de 28 de junio de 2018, esta Juzgadora procede a reiterar las consideraciones y decisiones que no fueron materia de la presente ejecutoria, en las que se incluye lo resuelto en presente Considerando. (.) QUINTO.- En estricto acatamiento al punto 2, inciso a) de la ejecutoria de 28 de junio de 2018, esta Juzgadora procede a reiterar las consideraciones y decisiones que no fueron materia de la presente ejecutoria, en las que se incluye lo resuelto en presente Considerando. (.) SEXTO.- En estricto acatamiento al punto 2, inciso a) de la ejecutoria de 28 de junio de 2018, esta Juzgadora procede a reiterar las consideraciones y decisiones que no fueron materia de la presente ejecutoria, y en forma concreta lo relativo a como se acreditó la responsabilidad patrimonial del Instituto Mexicano del Seguro Social. (.) Ahora bien, en primer término, se procede a efectuar el pronunciamiento respectivo en atención al pago del daño moral solicitado por la enjuiciante, resultando pertinente traer a colación lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que a la letra establece lo siguiente: (.) Transcripción de la que se desprende que procede reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado, entendiéndose ésta como aquella que cause daño a los bienes y derechos de los particulares que no tengan obligación jurídica de soportar, en virtud de no existir fundamento legal o causa jurídica de justificación para legitimar el daño de que se trate. (.) Es de señalarse que para efectos de que el Estado proceda al pago de una indemnización, en primer término debe acreditarse la existencia de una actividad irregular desplegada por el Estado y que dicha actividad cause daño a los particulares en sus bienes y derechos cuando dichos particulares no tengan la obligación jurídica de soportar tales daños. En el presente caso, tales elementos quedaron debidamente acreditados, en virtud del reconocimiento realizado por el propio instituto demandado al resolver la queja administrativa instaurada por la parte actora mediante acuerdo de 22 de enero de 2008 (folio 99 y 100 de autos), a través de la cual el instituto demandado reconoció el derecho de la parte actora a percibir una indemnización en cantidad de $230,344.20 al demostrarse que los padecimientos de la menor Tabata Virgen Arciniega corresponden a secuelas originadas por la atención médica brindada en el Hospital Regional No. 72. En efecto, en el presente caso se acredita la comisión de una actividad irregular del Estado, traducida en el hecho de una indebida atención médica a Laura Paola Arciniega Regalado, durante el parto, en virtud de que el propio instituto al resolver la queja administrativa promovida, reconoció las deficiencias en los servicios médicos otorgados, pues el personal a cargo: (.) Es de señalarse que al tenor de lo dispuesto en el cardinal transcrito, la parte actora ha acreditado la responsabilidad del Estado, en virtud de que es el propio instituto quien reconoció su actividad irregular al resolver la queja administrativa tramitada con antelación, documental aportada por la demandante y que obra en autos a folios 99 y 100. Ahora bien, una vez acreditada la existencia de la responsabilidad por parte del Estado, es procedente el pago de una indemnización por daño moral e indemnización por daño personal, según lo dispuesto en el cardinal 1 de la ley de la materia y que fue anteriormente transcrito. (.) Ahora bien y en acatamiento a lo ordenado en la ejecutoria de mérito para determinar la indemnización por concepto de daño moral y por daños personales, relacionado con la forma de su cálculo se debe tomar en consideración lo dispuesto por los artículos 12 y 14 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado los cuales disponen: (.) (Se transcriben). Así como también se debe tomar en consideración lo dispuesto por los artículos 1915 y 1916 del Código Civil Federal (sic) establecen: (Se transcribe) Al respecto, cabe señalar que los citados preceptos legales fueron interpretados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria relativa al juicio de amparo 18/2015 del cual se desprenden diversas premisas que se deben tomar en consideración para determinar una cuantificación justa, los cuales se hace consistir: - La referida Segunda Sala estimó que el cálculo de la indemnización por daño moral, debe realizarse conforme al artículo 1,916 del Código Civil Federal. (.) En este sentido, sostuvo que al diseñar el contenido del artículo 1,916 del Código Civil Federal, el legislador estableció los parámetros que consideró adecuados para el cálculo de una indemnización de esta naturaleza, que implican la ponderación de los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable y de la víctima, así como de cualquier otra circunstancia que resulte de relevancia para el caso. (.) Precisó que, conforme al artículo 1,916 del Código Civil Federal, como parámetro para cuantificar el monto de la indemnización por daño moral, debe considerarse el grado de responsabilidad de quién causó el daño. Dicha Sala sostuvo que, en términos del artículo 1,916 del Código Civil Federal, debe analizarse como parámetro para la cuantificación de la indemnización por concepto de daño moral, la solvencia de la responsable. En la especie, al ser el Estado el responsable de la conducta dañosa, debe recordarse que éste siempre se presume solvente. Al efecto, debe considerarse lo previsto por los artículos 5 y 8 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. (.) - La citada Segunda Sala determinó que, con fundamento en el artículo 1,916 del Código Civil Federal, también debe analizarse como parámetro para la cuantificación de la indemnización por daño moral, la situación económica de la víctima. (.) A partir de este parámetro, al calcularse la indemnización por concepto de daño moral, debería tomarse el nivel socioeconómico de los afectados. Sostuvo que no advirtió la existencia de prueba alguna en autos, a partir de la cual pudiera derivarse cuál es la situación económica de los quejosos. Por lo tanto, previo la necesidad de que en cumplimiento del fallo protector, y dentro del incidente de liquidación respectivo, la Sala responsable hiciera acopio de las pruebas que considerara pertinentes para demostrar la situación económica de los quejosos, y tomara esta situación como base para la cuantificación de las indemnizaciones que procedan. (.) - En este sentido, señaló que para acatar plenamente el fallo protector, la Sala responsable debería cuantificar la indemnización por concepto de daño personal, dentro de un incidente de liquidación, en el que se acopien las pruebas necesarias para dar contenido a la estimación respectiva, y en el que además se dé oportunidad a las partes para alegar y probar lo que a su derecho convenga, únicamente en torno al monto al que debe ascender dicha liquidación. (.) - La sala advirtió que, en el caso, no existían desahogadas ante la autoridad responsable, pruebas suficientes para realizar el cálculo correspondiente a la indemnización por daño moral ni la indemnización por daño personal, principalmente porque no se cuenta con prueba alguna que demuestre la situación socioeconómica de los quejosos, elemento que debe tomarse en cuenta en ambos casos. (.) - Ordenó que el objeto del incidente de liquidación respectivo, se circunscribiría, exclusivamente, a probar y resolver las siguientes cuestiones, a efecto de hacer los cálculos de las compensaciones ordenadas en la sentencia. - La situación socioeconómica de los quejosos. Lo anterior, porque se trata de una base de cuantificación tanto para las compensaciones ordenadas por concepto de daño moral, como para la indemnización por concepto de daño personal. (.) Máxime, que de las constancias que obran en autos no se desprenden las pruebas que permitan a la sala determinar el monto de dicha indemnización, pues la única prueba desahogada en el juicio de nulidad fue la pericial en psicología, misma que sirvió para determinar el daño causado a los reclamantes, a nivel emocional y psicológico, y con ello demostrar la responsabilidad patrimonial del Estado. Inclusive, de autos se advierte que la probanza desahogada para demostrar que la afectación sufrida por los padres de la menor Tabata Virgen Arciniega, fue consecuencia de una mala praxis por pare del Instituto Mexicano del Seguro Social -además de la aceptación del propio instituto al resolver la queja interpuesta por los aquí quejosos-, fue la pericial en psicología; sin embargo, de su contenido no se advierten datos que permitan conocer la situación económica de los padres de la menor, aspecto que, como lo consideró nuestro más Alto Tribunal, en este tipo de asuntos es necesario para cuantificar el monto de la indemnización, tanto por daño moral como por el personal. En las relatadas circunstancias y en estricto acatamiento a lo ordenado en la ejecutoria de mérito, señalado en el punto 2, inciso b), se condena al Instituto Mexicano del Seguro Social, a pagar a los quejosos, una indemnización por concepto de daño moral y una por daño personal, la cual se debe efectuar tomando en consideración lo dispuesto en este Considerando, esto es, su cálculo deberá efectuarse conforme a los artículos 14 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial de Estado, 1915 y 1916 del Código Civil Federal y las premisas señaladas en la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 18/2015, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se deben tomar en consideración para determinar una cuantificación justa, los cuales quedaron resumidos en el presente Considerando y que se materializaran al momento de resolverse el incidente de liquidación. Asimismo y en estricto acatamiento a lo ordenado en la ejecutoria que se cumplimenta y en forma concreta, el punto 2, inciso a) procede ordenar a la Instrucción del presente juicio, se tramite incidente de liquidación, en términos de lo establecido en el artículo 39 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para cuantificar la indemnización tanto del daño moral como el personal sufrido por los quejosos, incidente que deberá resolverse dentro de un plazo de noventa días contados a partir del día siguiente en que sea notificada la presente resolución a la autoridad responsable. (.) Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 50, 51, fracción IV y 52 fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve: I.- La parte actora acreditó los extremos de su acción, en consecuencia; II.- Se declara la nulidad de la resolución impugnada precisada en el resultando primero del presente fallo, por los motivos y fundamentos expuestos en el Considerando último de este fallo; III.- Se condena al Instituto Mexicano del Seguro Social, a pagar a los demandantes, una indemnización por concepto de daño moral y una por daño personal, tomando como base para su cálculo lo dispuesto en los artículos 14 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, 1915 y 1916 del Código Civil Federal y las premisas señaladas en la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 18/2015, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para determinar una cuantificación justa, y que se materializaran al momento de resolverse el incidente de liquidación. (.)". [Se aclara que en la transcripción efectuada, se modificó el tipo de letra y el subrayado utilizado en su original, con la finalidad de resaltar la parte conducente]. Del contenido de dicha sentencia, cuya copia certificada se tiene a la vista, se observa que la sala responsable dio cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de amparo, puesto que realizó lo siguiente: 1) Dejó insubsistente la sentencia reclamada (dos de octubre de dos mil diecisiete). 2) En su lugar, dictó otra en la que la que observó lo siguiente: a) Reiteró las consideraciones que no fueron materia de estudio en la ejecutoria. b) Condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social, a pagar a los quejosos, una indemnización por concepto de daño moral y una por daño personal, en los términos y bajo los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, dejando la cuantificación de dichas indemnizaciones, al incidente de liquidación. c) Ordenó la tramitación de un incidente de liquidación, en términos de lo establecido en el artículo 39 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, cuyo objeto será únicamente la cuantificación, el cual deberá resolverse dentro de un plazo de noventa días contados a partir del día en que sea notificada la presente resolución a la autoridad responsable. Por lo anterior, se advierte que, de las constancias que obran en autos del amparo directo, las cuales se tienen a la vista, la autoridad responsable dio cumplimiento al núcleo esencial, por el que se concedió la protección constitucional solicitada por los quejosos, esto es (se condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social, a pagar a los quejosos, una indemnización por concepto de daño moral y una por daño personal, en los términos y bajo los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; y en consecuencia, se ordenó tramitar un incidente de liquidación, en el cual se cuantificará el monto de las indemnizaciones por los daños correspondientes, mismo que se calculará con base en los parámetros fijados en la sentencia protectora y en las pruebas desahogadas). Sin que dicha determinación se oponga a las manifestaciones que realizó la tercero interesada en cumplimiento al desahogo de vista que se le dio, las cuales consisten en lo siguiente: -Que la sala responsable al dictar la sentencia en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no lo hizo debidamente, ya que asegura, si bien se otorgó el amparo para el efecto de que se tramitara un incidente de liquidación, cuyo objeto sería únicamente la cuantificación de la indemnización, también lo es que, estableció los parámetros que se deberán tomar en consideración para realizar el cálculo, siendo esencialmente el nivel socioeconómico de los progenitores de la menor fallecida; y, -Que la sala responsable, es quien debe establecer las pruebas que se deben desahogar para obtener los elementos necesarios para el cálculo de la indemnización conforme a derecho, como quedó establecido en la referida ejecutoria, y no así otorgar nuevamente a la parte actora ahora quejosa, una segunda oportunidad de ofrecer pruebas de su status económico. Argumentos, que no demuestran el incumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues, se insiste, la sentencia dictada aquí analizada, se apegó a los lineamientos establecidos por este tribunal colegiado, inclusive en lo que se refiere al desahogo de pruebas, y la fijación de los parámetros a considerar para la cuantificación del monto de las indemnizaciones por concepto de daño moral y una por daño personal. Por ende, con fundamento en los artículos 192, 196, último párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Así, hágase saber a la parte quejosa y al tercero interesado, que cuentan con un plazo de quince días para interponer el recurso de inconformidad en contra de esta resolución, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia número P./J.16/2013 (10), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, es el siguiente: "INCONFORMIDAD EN EL AMPARO DIRECTO. PARA RESOLVERLA DEBE REALIZARSE UN EXAMEN COMPARATIVO GENERAL O BÁSICO ENTRE LAS CONDUCTAS SEÑALADAS POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL COMO EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO Y LAS ADOPTADAS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La inconformidad prevista en el artículo 105, párrafo tercero, de la Ley de Amparo (vigente hasta el 2 de abril de 2013) constituye un medio de impugnación contra la resolución que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, cuyo estudio atiende a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal; así, cualquiera de las partes que considere incorrecta la determinación en el sentido de que se ha cumplido la sentencia de amparo, puede interponer la inconformidad dentro de los 5 días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución correspondiente. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para resolver la inconformidad contra la resolución de un Tribunal Colegiado de Circuito que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, debe realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable para determinar si la decisión de cumplimiento del Tribunal Colegiado de Circuito se ajustó o no a derecho y así calificarla de infundada o fundada. Lo anterior, sin que en las consideraciones efectuadas al realizar dicho examen comparativo se prejuzgue sobre la legalidad de las consideraciones de la autoridad responsable, conservando las partes su derecho a interponer otros medios de impugnación, como el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción IX, de la referida Ley de Amparo o, en su caso, un nuevo juicio de amparo." De igual manera, hágase de su conocimiento que el aludido recurso, de interponerse, se sustanciará ante este tribunal colegiado, ya que derivado de la reforma de siete de septiembre de dos mil diecisiete, se adicionó la fracción IV del punto Octavo y se modificó el párrafo segundo y la fracción IV del punto Noveno del Acuerdo General número 5/2013, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservara para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados, dicho medio de impugnación procede contra las resoluciones de cumplimiento dictadas por los presidentes de los tribunales colegiados, y se resolverá por el Pleno del Tribunal Colegiado. Notifíquese; por medio de lista a la parte quejosa y mediante oficio a la parte tercera interesada, en su oportunidad, archívese el presente asunto.
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, estado de México, a dos de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio del Secretario del Consejo Consultivo y Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación Regional Estado de México Oriente del Instituto Mexicano del Seguro Social; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene al promovente desahogando la vista concedida por auto de once de septiembre de dos mil dieciocho, respecto al cumplimiento que la autoridad responsable pretende dar a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo. Finalmente, pasen los autos al dictado de la resolución correspondiente. Notifíquese. Así, lo acordó y firma David Cortés Martínez, Magistrado Presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante María Elena Vargas Burgos, secretaria de acuerdos que autoriza y da fe.
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a once de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos para que obren como corresponda el oficio de cuenta y anexo que se acompaña, mediante el cual la autoridad responsable, remite copia certificada de la sentencia de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, con la que manifiesta dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente amparo directo. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa y tercera interesada, haciendo entrega de copia íntegra de la constancia que ha remitido la autoridad responsable dando cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que, en el plazo de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se les practique de este acuerdo, manifiesten a este tribunal lo que a su interés convenga, en la inteligencia que de no desahogar la vista, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, Marzo de 2000, página 243, de rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y por oficio a la tercera interesada. Así, lo acordó y firma David Cortés Martínez, magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante María Elena Vargas Burgos, secretaria de acuerdos que autoriza y da fe.
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