Héctor Guerrero Véjar

Expediente 6/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
6/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
23/03/2022

Partes del expediente

  • Héctor Guerrero Véjar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Efectos del fallo protector. De autos se desprende que se concedió a Héctor Guerrero Vejar, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Director de Tránsito y Vialidad del Municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo, realizara lo siguiente: "Deje insubsistente el acto jurídico contenido en la boleta de infracción número de folio 45378, de veintiséis de diciembre de dos mil veintiuno. En caso de que el quejoso, haya cubierto alguna cantidad por concepto de multa, se le tendrá que devolver tal concepto." 2. Causa ejecutoria. Una vez que dicha sentencia de amparo causó ejecutoria, se requirió su cumplimiento. 3. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. La autoridad responsable acreditó que realizó lo siguiente: Dejó insubsistente la boleta de infracción con número de folio 45378, de veintiséis de diciembre de dos mil veintiuno; asimismo, ordenó hacer la entrega real y materia, sin costo alguno, de la licencia de conducir a nombre del quejoso. 4. Conclusión. En ese contexto, se concluye que se han restituido los derechos fundamentales de la parte quejosa, por cuya infracción se concedió el amparo, ya que la autoridad responsable cumplió con todos y cada uno de los lineamientos trazados en el fallo protector; en tal virtud, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA ya que en ello no existe exceso ni defecto. 5. Manifestaciones. Toda vez que se dio vista al quejoso, para que dentro del plazo de tres días computado legalmente, manifestara lo que a su interés conviniera, sin que lo haya hecho; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento realizado en autos, y, sin ello, se realiza el pronunciamiento relativo al cumplimiento del fallo protector. 6. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 7. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. 8. Incidente de suspensión. Virtud a que se concedió la suspensión definitiva, se determina que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del referido acuerdo. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez transcurrido el término de tres años, dentro del plazo de noventa días siguientes, deberá depurarse el presente juicio y el cuaderno original del incidente, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 8.1. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 8.2. Constancia. Toda vez que no se glosarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Causa ejecutoria. En virtud a que no fue impugnado en legal término la sentencia que concedió el amparo, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Vista a las partes con el cumplimiento al fallo protector. Ahora toda vez que mediante proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, se tuvieron por recibidos los oficios signados por el Director de Tránsito Municipal y Policía Municipal, adscritos a la Dirección de Tránsito y Vialidad, con sede en esta ciudad, reservándose acordar lo conducente hasta en tanto se declarara firme la sentencia de amparo, lo que como se desprende del párrafo que antecede, ya aconteció. En consecuencia, dese vista al quejoso con los oficios que se tuvieron por recibidos en el citado auto, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo, este juzgado con base en los elementos que obran en el expediente resolverá sobre el cumplimiento realizado a la ejecutoria de mérito. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el Secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.

  3. Principal

    En veintiocho de febrero de dos mil veintidós, el Secretario da cuenta al Juez, con los oficios registrados bajo los folios 2371 y 2372. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Agréguense a los autos los oficios signados por el Director de Tránsito Municipal y Policía Municipal, adscritos a la Dirección de Tránsito y Vialidad, con sede en esta ciudad; sin embargo, se reserva acordar su contenido, hasta en tanto se declare firme la sentencia definitiva dictada en el presente juicio. Cúmplase. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el Secretario Ernesto Adame Ruíz.

  4. Principal

    dieciocho de febrero de dos mil veintidós, En Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciocho de febrero de dos mil veintidós José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, asistido de la secretaria María Teresa Torres Espinoza, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 6/2022, en atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. La Secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia tampoco acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Posteriormente, la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de las constancias que obran en el expediente, haciendo constar que: Se encuentra debidamente integrado; Que guarda estado para dictar sentencia; Que hasta el día de hoy se encuentra debidamente foliado y rubricado; y Que las constancias del expediente físico y el electrónico coinciden íntegramente. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de las constancias, así como la certificación que antecede para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta al juez con las documentales ofrecidas por la parte quejosa en su escrito de demanda; así como las ofrecidas por las autoridades responsables Director de Tránsito y Policía, adscritos a la Dirección de Tránsito y Vialidad del Municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo, recibidas en auto de treinta y uno de enero de dos mil veintidós. El juez provee: Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas los medios de convicción en cita, en razón de su naturaleza. Dado que no hay más pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que la Agente del Ministerio Público adscrita no formuló pedimento ministerial, mientras que las partes fueron omisas en emitir alegatos. A lo anterior el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la representante social adscrita y a las partes por precluido su derecho de formular alegatos. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se procede al dictado de la sentencia correspondiente, lo que se hace a continuación. S E N T E N C I A Visto, para resolver el juicio de amparo 6/2022, promovido por Héctor Guerrero Vejar, contra actos del Director de Tránsito Municipal adscrito a la Dirección de Tránsito y Vialidad, con sede en Uruapan, Michoacán de Ocampo; y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el seis de enero de dos mil veintidós, en el buzón judicial, de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, Héctor Guerrero Vejar, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de las siguientes autoridades: "3. AUTORIDADES RESPONSABLES. Agente de Tránsito Rafael Carrillo Guzmán, adscrito a la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal, con sede en esta ciudad, con número de placa 4248. 4. ACTO RECLAMADO. La multa impuesta con fecha veintiséis de diciembre de dos mil veintiuno, enumerada bajo el folio 45378, misma que anexo al presente escrito". La parte quejosa expuso que el acto reclamado vulnera sus derechos fundamentales contenidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. La demanda de amparo de que se trata fue turnada a este Juzgado Sexto de Distrito en Estado de Michoacán de Ocampo, el seis de enero de dos mil veintidós; y en auto de esa misma fecha (fojas 6 a 10), se ordenó registrarla con el expediente 6/2022; previno al quejoso para que dentro del plazo de cinco días, manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal, con sede en esta ciudad, y como acto reclamado la referida multa folio 45378, o diverso que estimara violatorio. Lo anterior con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendría por no presentada la demanda. Por escrito presentado ante este juzgado el diez de enero de dos mil veintidós (foja 13), el quejoso señalo bajo protesta de decir verdad que era su deseo señalar como autoridad responsable al Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal, con sede en esta ciudad, a quien le reclamo la multa folio 45378. En esas condiciones, en proveído de once de enero siguiente, se tuvo por cumplida la prevención realizada y se admitió a trámite la demanda promovida, se solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; dio la intervención que legalmente le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se desahogó en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, residente en Uruapan, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, de la Ley de Amparo, 49 y 57, fracción IV, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, adicionado mediante el diverso 3/2021. Lo que precede, en virtud de que la parte quejosa reclama actos con ejecución en Uruapan, Michoacán de Ocampo, lugar en el cual este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijar los actos que se reclaman en la presente instancia constitucional. Sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance, así como contenido; y, b) prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 y tesis VI/2004, ambas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De la lectura íntegra de la demanda, se advierte que el quejoso Héctor Guerrero Vejar, reclama: Del Director y del Policía (Rafael Carrillo Guzmán), ambos adscritos a la Dirección de Tránsito y Vialidad del Municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo: La boleta de infracción con número de folio 45378, de veintiséis de diciembre de dos mil veintiuno, que origino la imposición de una multa al quejoso. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Director y Rafael Carrillo Guzmán, en su carácter de Policía, ambos adscritos a la Dirección de Tránsito y Vialidad del Municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo, al rendir su informe justificado (fojas 19 y 29), aceptaron la existencia de la boleta de infracción reclamada. Sirve de apoyo, la jurisprudencia número 305, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. - Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior se corrobora con la copia certificada de la boleta de infracción reclamada (foja 27); documental que goza de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Es aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA. El ocurso de amparo fue promovido dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo6, toda vez que el quejoso se hace sabedor de la existencia de la existencia de la multa impuesta en la boleta de infracción reclamada en la fecha en que esta se emitió veintiséis de diciembre de dos mil veintiuno, tal y como se advierte de la demanda de amparo (foja 3). Así, el plazo para promover la demanda de amparo transcurrió del veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno al catorce de enero de dos mil veintidós, siendo días inhábiles entre ambas fechas, el uno, dos, ocho y nueve de enero del año en curso, por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Por tanto, si la demanda se presentó el seis de enero de dos mil veintidós, como se advierte del sello de recepción que obra en la demanda de amparo (foja 1), es evidente que se presentó en tiempo. QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. El estudio de las causas de improcedencia, debe abordarse de oficio por ser una cuestión de orden público y de análisis preferente al fondo del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Respalda lo sostenido, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Luego, tomando en consideración que las partes no invocaron alguna causal de improcedencia, ni se advierte de oficio, procede entrar al estudio de los actos reclamados. SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, los que se dan aquí por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias, en la medida de que ningún dispositivo legal establece como requisito formal de la sentencia la trascripción de los mismos; a lo que debe agregarse que la obligación respectiva atañe al estudio de éstos, incluso en su conjunto, según lo establece el artículo 79 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SÉPTIMO. ESTUDIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. En el único concepto de violación, el quejoso aduce que se transgrede en su perjuicio el artículo 16 constitucional. Expone que, en el acta de multa, en modo alguno se precisa, en que circular, reglamento, ley o cuerpo normativo pertenece el artículo citado como fundamento 18, II (fundamento de su actuar); por lo que, en su caso, se debió precisar el contenido de dicho numeral; que facultades le otorga al oficial para imponer la multa en los términos en que lo hizo. Refiere que, la responsable debió motivar su actuar; esto es, precisar los hechos que tomo en consideración para imponer la multa, que evento de tránsito en particular fue el que se llevó a cabo, que merece el medio de apremio impuesto; además, señalar el monto de la multa, por lo que, al no haberlo hecho así, contraviene lo dispuesto en el artículo 14 constitucional. Los conceptos de violación son esencialmente fundados. El artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Federal dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." De la porción normativa recién transcrita se advierte que, los requisitos mínimos que todo acto de autoridad debe contener, los cuales conviene citar: 1. Que conste por escrito; 2. Que provenga de autoridad competente, y, 3. Que se encuentre fundado y motivado. El primero de los requisitos en cuestión exige que la conducta de la autoridad conste por escrito, asegurando con ello la certeza sobre su existencia, y que el afectado conozca con precisión qué autoridad lo emitió, su contenido y sus consecuencias, y de esa manera sea factible su análisis y confrontación con las normas en que se debe fundar, para determinar su legalidad y, por ende, su constitucionalidad. El segundo, constituye sin duda el principio de legalidad que rige dentro del sistema jurídico mexicano, en el que las facultades de las autoridades deben reconocerse en una ley, lo que implica que su conducta se encuentra indefectiblemente subordinada a un ordenamiento de carácter general, abstracto e impersonal, requisito que sin duda debe contenerse de manera específica en el acto mismo de molestia, de modo tal que se otorgue al justiciable la oportunidad de verificar si la actuación de la autoridad se adecua exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invocó, o que ésta sea contradictoria a la ley fundamental o secundaria, y en caso contrario, controvertir, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo. El último requisito exigido por el numeral invocado, consiste en que en todo acto de autoridad ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Es decir, todo acto de autoridad dirigido a un particular debe hacerse por escrito, estar debidamente fundado y motivado, es decir, invocar los supuestos de la norma dentro de los cuales encuadran los hechos origen de tal acto; además, la autoridad que lo emita debe acreditar su competencia especificando el o los preceptos de la ley que la regulan. De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. Además, la garantía de legalidad (fundamentación y motivación), comprendida en el artículo 16 de la Carta Magna, se traduce en la obligación de citar los preceptos legales, sustantivos o adjetivos en que se apoye toda determinación, así como los razonamientos lógico-jurídicos del por qué el caso concreto se ajusta a esas hipótesis normativas. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación explicó, que para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, se ajusta en los presupuestos de la norma que invoca. Así lo sostuvo en la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia localizable en la página 143, volumen 97-102, tercera parte de la séptima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente tenor: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." En ese sentido, para que un acto se considere fundado y motivado, es necesario que en éste se expresen los preceptos jurídicos que establezcan la hipótesis a la cual son aplicados, así como la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. En síntesis, debe expresarse el precepto que se considere aplicable al caso, la razón por la cual se estima de esa manera y que exista una relación lógica entre esos dos razonamientos. Lo anterior tiene como finalidad, que el gobernado conozca en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de autoridad, de manera que sea evidente y claro para las partes poder controvertir, en su caso, la decisión tomada. Luego, no basta que los actos de autoridad contengan una motivación meramente formal, sino que se requiere, además, para cumplir con la finalidad mencionada, que dichos actos sean congruentes, suficientes y precisos; exponiéndose, se reitera, los hechos relevantes, citando la norma aplicable y expresando un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la subsunción realizada. En ese contexto, dado que en el Estado mexicano existen normas generales complejas, se exige a las autoridades administrativas, que la fundamentación y motivación sea estricta incluso se debe citar con precisión el artículo, apartado, fracción, inciso o subinciso correspondiente o, en su caso, transcribir el fragmento de la norma, si ésta resulta compleja, que le conceda la facultad de emitir el acto de molestia. También, deberá motivar por qué se apoyó en ellas, esto es, su adecuación al caso concreto, dado que en dicho supuesto el gobernado tendrá pleno conocimiento de los motivos y fundamentos que rigen el acto de autoridad que invade su esfera legal, estimar lo contrario, dejaría en estado de inseguridad jurídica y de indefensión a la parte quejosa al desconocer si aquélla tiene facultades para emitir dicho acto. Cobra aplicación, la jurisprudencia XV.4º.J/10, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, que dice: "FUNDAMENTACIÓN EXCESIVA DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. NO GENERA INDEFENSIÓN NI INCERTIDUMBRE JURÍDICA EN EL PARTICULAR, SIEMPRE QUE ÉSTAS CITEN LAS PORCIONES NORMATIVAS EN QUE SUSTENTEN LAS ATRIBUCIONES EJERCIDAS. Para estimar cumplida la garantía de fundamentación y motivación a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para todo acto de autoridad, se requiere de la adecuación entre motivos y fundamentos. Ahora bien, si la fundamentación llega a ser excesiva por señalarse preceptos en cuyas hipótesis no encuadra la actuación de la autoridad administrativa, tal exceso no produce indefensión ni incertidumbre jurídica en el particular, siempre que ésta cite las porciones normativas en que sustente las atribuciones ejercidas y que, además, hubiere motivado por qué se apoyó en ellas, esto es, su adecuación al caso concreto, dado que en dicho supuesto el gobernado tendrá pleno conocimiento de los motivos y fundamentos que rigen el acto de autoridad que invade su esfera legal y, por tanto, estará en plenas condiciones de desplegar una adecuada defensa. Lo anterior se ejemplifica cuando la autoridad funda su actuación en diversas fracciones del artículo 144 de la Ley Aduanera, si dentro de ellas encuentra sustento la función realizada." Ahora, del análisis de la boleta de infracción con folio 45378 reclamada (foja 22), se tiene en que el acto jurídico se consignó en un formato preconstituido, esqueleto o machote, cuya utilización si bien no se encuentra prohibida para que soporte un control de regularidad constitucional, debe cumplir con los requisitos establecidos por el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el primer recuadro del formato, se observan como datos los siguientes: "Uruapan, Michoacán a 26 de Diciembre de 2021. Hora: 14:52 En las calles de: Anillo de Circunvalación y Piedras de Cumbre. Con dirección de Poniente a Oriente; frente a Oxxo, colonia 22 de octubre. Hechos: Participar en echo (SIC) de tránsito. FALTAS U OMISIONES (.) Artículo 18, II OTROS ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL PARA EL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN. Se le concede el uso de la voz al Conductor, dando por su Generales siguientes: Héctor Guerrero Vejar. Domicilio: Mariano Olivo #24 José María Arteaga SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE SE RETIENE EN GARATÍA" Licencia Folio: 1205A34277391 Estado de Michoacán Auto Sedan, placas 1NHI654, Modelo 2014, Marca CHEVROLET, COLOR AMARILLO KL8CJ6AD7EC419976.". Mientras que al reverso de la papeleta de infracción se lee la siguiente leyenda: "SANCIÓN IMPUESTA SEGÚN EL CAPÍTULO IV, DE LOS ARTÍCULOS 191, 193, 199 Y 204 DE REGLAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL DE URUAPAN, MICHOACÁN. Medios de impugnación [.] FORMA DE PAGO: De acuerdo a lo establecido en el artículo 204 del Reglamento de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del Municipio de Uruapan, Michoacán. CANTIDAD A PAGAR: $ ______ OBSERVACIONES: EL conductor circula sobre Anillo de Circunvalación en sentido oriente a poniente y al dar vuelta para integrarse a piedras de las Cumbres en dirección al Sur, participa en accidente de tránsito. LAS SANCIONES DEBERÁN SER CUBIERTAS EN LA CAJA DE LA TESORERÍA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL, UBICADA EN LA CALLE PASEO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS No. 401, EDIFICIO No. 1. COL. FERROCARRILERA, DENTRO DE LOS PRIMEROS DIEZ DÍAS HÁBILES A LA ELABORACIÓN DE LA MISMA." De lo antes reseñado, se advierte que la boleta de infracción reclamada, transgrede lo dispuesto en el artículo 16 constitucional, pues carece de fundamentación y motivación. En efecto, las manifestaciones vertidas en la infracción que se combate son insuficientes para cumplir con las exigencias del artículo 16 constitucional, pues si bien, de la boleta de infracción número de folio 45378, de veintiséis de diciembre de dos mil veintiuno, a nombre del aquí quejoso Héctor Guerrero Vejar, se advierte que el veintiséis de diciembre de dos mil veintiuno, a las catorce horas con cincuenta y dos minutos, cuando circulaba en las calles de Anillo de Circunvalación y Piedras de Cumbres, en la colonia 22 de Octubre, participo en un hecho de tránsito. Empero, de la boleta de infracción referida no se precisó que tipo de hecho de tránsito, ni las condiciones en que ocurrió, ya que únicamente se indicó el lugar y la hora en que aconteció, pero no se especificaron las circunstancias de la forma en la que sucedió este hecho de tránsito. En la parte relativa a falta u omisiones, expuso "artículo 18 II", al respecto debemos decir que si bien, se puede inferir que el precepto legal citado, corresponde al Reglamento de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal para el Municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo. Sin embargo, tal aspecto resulta insuficiente para determinar exactamente cuál fue la falta u omisión en la que incurrió el aquí quejoso. Ello es así, pues dicho precepto legal, pertenece al Capítulo III, Título I, denominado "Atribuciones del Policía y Tránsito Municipal", de cuyo literal se desprende: "Artículo 18. Para dar cumplimiento a sus fines, los Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal, tendrán las siguientes atribuciones: (.) II. Detener los vehículos que causen una infracción de tránsito, en donde resulten afectados los bienes o las personas, hasta en tanto sea reparado el daño causado; y en los casos que lo amerite, se consignarán los hechos a las autoridades correspondientes. (.)." De lo anterior se advierte que el precepto legal aludido le otorga facultades al agente de tránsito respectivo para detener los vehículos que causen una infracción de tránsito, donde resulten afectados los bienes o las personas, hasta que sea reparado el daño causado; asimismo, también lo faculta para que, consigne los hechos a las autoridades correspondiente en los casos que así lo ameriten. Empero, la porción normativa transcrita, no indica cual fue la falta u omisión en la que se incurrió que generara que el oficial de tránsito ejerciera las facultades que el artículo 18, fracción II, del Reglamento de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal para el Municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo. Asimismo, de la boleta reclamada se observa que se le retuvo la licencia, pero sin que al efecto la autoridad responsable precisara el o los preceptos que le dieran sustento a ese proceder, pues lisamente marcó con la letra 'X' el recuadro correspondiente a "licencia", como garantía detenida, pero sin que precisara qué artículos la facultaron para detener, como garantía, la licencia de conducir folio 1205A34277391. Igualmente, de tal documento no se aprecia la individualización de dicha multa ni la cuantificación de su monto, mucho menos la fundamentación y motivación que se hubiera tenido para ello puesto que de la infracción únicamente se advierte lo siguiente: "CANTIDAD A PAGAR $________", lo cual deja en estado de indefensión a la parte quejosa a efecto de controvertir lo que estime pertinente en relación con el monto o sanción impuesta. Cobra aplicación, la jurisprudencia 2a./J 242/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "MULTAS. LOS PRECEPTOS QUE LAS ESTABLECEN ENTRE UN MÍNIMO Y UN MÁXIMO, DENTRO DE UN CONTEXTO NORMATIVO QUE NO PREVÉ LOS ELEMENTOS QUE LA AUTORIDAD DEBE VALORAR PARA FIJAR EL MONTO POR EL QUE SE IMPONDRÁN, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la garantía de seguridad jurídica contenida en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se respeta por el legislador a través de disposiciones de observancia general que establecen sanciones administrativas a los gobernados, si generan certidumbre sobre las consecuencias jurídicas de su conducta y, además, se acota en la medida necesaria y razonable tal atribución, impidiendo a la autoridad actuar arbitraria o caprichosamente. En tal virtud, tratándose de sanciones pecuniarias la indicada garantía se acata cuando en la norma respectiva se establece una máxima cuantía monetaria a la cual puede ascender el monto de la multa, independientemente de que en el propio cuerpo jurídico no se prevean los elementos que debe considerar la autoridad sancionadora para calcular el monto al que ascenderá, pues ante ese contexto normativo tendrá delimitado su campo de acción ya que, por una parte, no podrá sobrepasar el máximo legal y, por otra, la decisión que adopte sobre la cuantía a la que ascienda la sanción, superior al mínimo, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 16 deberá especificarse por escrito, expresando las circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá atender tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la levedad o gravedad de aquélla." Por ende, como dichas omisiones inciden directamente sobre la validez del acto impugnado y, por tanto, sobre los efectos que éste produce en la esfera jurídica del gobernado, es inconcuso que las referidas omisiones obligan a declarar la insubsistencia de ese acto. En esas condiciones, se estima fundado el concepto de violación en estudio; por lo tanto, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por Héctor Guerrero Vejar. OCTAVO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede a Héctor Guerrero Vejar, el amparo solicitado a efecto que el Director de Tránsito y Vialidad del Municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo (por ser ésta la autoridad facultada legalmente para ello): Deje insubsistente el acto jurídico contenido en la boleta de infracción número de folio 45378, de veintiséis de diciembre de dos mil veintiuno. En caso de que el quejoso, haya cubierto alguna cantidad por concepto de multa, se le tendrá que devolver tal concepto. Sin que sea necesario para la concesión anotada constreñir a la autoridad responsable a emitir uno nuevo acto, de conformidad con el artículo 124, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, pues ello obedece a la naturaleza de la actuación reclamada, esto es, se trata de un acto materialmente administrativo emitido en forma unilateral; es así pues sólo en los casos en que sin mediar el ejercicio del derecho de petición de los interesados, o bien, que el acto hubiere resuelto una instancia, recurso o juicio, el acto carente de fundamentación y motivación se debe sustituir por otro sin esas deficiencias, para no dejar de resolverse lo pedido, en perjuicio de los derechos del gobernado; sin embargo, al no darse esos supuestos en el caso particular el efecto del amparo es liso y llano. Es aplicable, la tesis VII.1º.A 10 A (10a), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, de rubro y texto: "ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS. SI A PESAR DE QUE LA RESPONSABLE LOS COMPLEMENTÓ EN CUANTO A SU FALTA O INSUFICIENTE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN ADUCIDA EN LA DEMANDA DE AMPARO, ÉSTA PERSISTE, DEBE CONSIDERARSE QUE PRESENTAN UN VICIO DE FONDO QUE IMPIDE A LA AUTORIDAD REITERARLOS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El artículo 124, último párrafo, de la Ley de Amparo establece una regla especial relativa a la forma en que debe analizarse en la sentencia definitiva el acto reclamado en los asuntos del orden administrativo, atinente a que deben considerarse la fundamentación y motivación que, en su caso, haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado para complementar aquél en esos aspectos. Por tanto, si a pesar de esa complementación persiste la falta o insuficiencia de dichos requisitos formales, el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración. Lo anterior es así, porque la responsable no puede emitir un acto en el que, nuevamente, vulnere tales prerrogativas fundamentales, toda vez que, por una parte, de acuerdo con la definición que se obtiene de la página electrónica del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, consultable en la siguiente dirección: http://lema.rae.es/drae/?val=reiterar, reiterar significa: "Volver a decir o hacer algo." y, por otra, el análisis integral tanto de ese precepto como del diverso 117 de la propia ley, así como del proceso legislativo que les dio origen, no conduce a una conclusión diversa, como sería considerar que, ante la carencia de esos requisitos en el acto reclamado, el nuevo que se emita para cumplimentar la ejecutoria protectora debe ser en sentido diverso al primigenio, ya que de sostenerse ese criterio se permitiría que la concesión de la protección federal quedara al arbitrio de las partes quienes, deliberadamente, podrían dirigir su conducta a obtener una resolución en esos términos, burlando así la institución del juicio de amparo." NOVENO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Héctor Guerrero Vejar contra el acto reclamado Director y del Policía (Rafael Carrillo Guzmán), ambos adscritos a la Dirección de Tránsito y Vialidad del Municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo, por los motivos expresados en el considerando séptimo y para los efectos descritos en el correlativo octavo del presente fallo. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando noveno de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica y física que se fija en el tablero ubicado en el exterior de este inmueble que alberga al Poder Judicial de la Federación.

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