Héctor Alejandro Avilés Núñez

Expediente 710/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 20 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
710/2022
Año
2022
Actuaciones
20
Última actuación
17/05/2023

Partes del expediente

  • Héctor Alejandro Avilés Núñez
  • Director del Hospital General "Dr. Pedro Daniel Martínez", Perteneciente A la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo, Uruapan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, este órgano jurisdiccional, emite las determinaciones siguientes: 1. Efectos del fallo protector. De autos se desprende que se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que: "La autoridad responsable Secretario de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo: En el ámbito de sus atribuciones, deberá dictar un acuerdo administrativo en el que ordene a quien corresponda, ejercer las medidas necesarias a efecto que al quejoso, le sea proporcionado el tratamiento médico; en específico, establezca de manera definitiva la opción que mejor garantice el derecho a la salud del solicitante de amparo, enfocada al tratamiento de insuficiencia renal crónica y nefropatía diabética que padece, para lo cual debe proporcionarle la atención médica y medicamentos requeridos; además, en forma destacada, debe atenderse a su necesidad de sustitución de la función renal, a través de la atención médica, tratamiento y la prestación de las sesiones de hemodiálisis que tiene prescritas médicamente, debiendo, para ello, tomar en cuenta: a) En la opción que se elija, por las autoridades responsables, se considere el lugar de residencia del quejoso, en el caso, en la población de Nahuatzen, Michoacán de Ocampo, a efecto que reciba el tratamiento en el lugar que sea el más cercano a su domicilio; b) Se ordene que se haga la valoración médica correspondiente al quejoso, las veces que sean necesarias, para que el médico especialista correspondiente determine si el número de hemodiálisis semanales es el correcto o si debe aumentar, según el caso, ordenando que de ser esto último, se proceda a garantizarle su derecho a la atención competente de su salud, otorgándole el número de hemodiálisis que requiera. c) Para efecto de lo anterior, será obligación de la parte quejosa para continuar gozando de la protección de amparo concedida, acudir ante el Hospital responsable, para que sea valorada medicamente, cuando lo requiera el hospital y le cite al efecto. Respecto al Director del Hospital General "Dr. Pedro Daniel Martínez", con residencia en esta ciudad de Uruapan: Ejerzan todas las acciones médicas y administrativas necesarias para salvaguardar el derecho humano al nivel más alto posible de salud del quejoso, verificando que se aplique el tratamiento médico correspondiente al solicitante de amparo, de manera particular las sesiones de hemodiálisis requeridas, incluyendo, entre otras cosas, los medicamentos y materiales para dicho tratamiento, de manera gratuita; así como para los diversos padecimientos que presente." 2. Causa ejecutoria. Una vez que la sentencia de amparo causó ejecutoria, se requirió su cumplimiento. 3. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. Las autoridades responsables brindaron al promovente del amparo la atención médica gratuita y adecuada para contrarrestar su padecimiento. Ello es así, ya que celebraron un contrato de compraventa y prestación de servicios por licitación pública, con la empresa particular denominada ********************., siendo el objeto del contrato la adquisición y contratación de la terapia sustitutiva renal extracorpórea (hemodiálisis), para los pacientes con insuficiencia renal crónica. En virtud a lo anterior, el quejoso recibe el tratamiento de hemodiálisis, de manera subrogada y permanente, en la clínica privada denominada "********************, ubicada en Uruapan, Michoacán de Ocampo. Por otra parte, exhibieron la nota de evolución de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, de la que se aprecia que el impetrante del amparo acudió a consulta en el Hospital General "Dr. Pedro Daniel Martínez", con residencia en esta ciudad, a efecto de recibir atención médica respecto de los padecimientos denominados diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial e insuficiencia renal crónica. De igual forma, remitieron el resultado del estudio de laboratorio consistente en hematología y biometría hemática, practicado al paciente. Asimismo, informaron que el peticionario del amparo acudió al referido nosocomio para la apertura de su expediente clínico. De lo anterior, se observa que las autoridades responsables brindaron al quejoso la atención médica, respecto de los padecimientos que le aquejan, y además, determinaron subrogar de forma permanente el servicio de hemodiálisis que requiere. Sin embargo, ello no exime a las autoridades en lo subsecuente, de salvaguardar en favor del impetrante del amparo, el derecho que tiene para recibir el tratamiento dialítico y los medicamentos necesarios para combatir sus enfermedades, de acuerdo a la valoración que realice el especialista que lo trate. Ello es así, ya que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que las autoridades del Estado que se encuentren directamente obligadas a garantizar el derecho humano a la salud, deben brindar asistencia médica y tratamiento a sus pacientes usuarios de forma oportuna, permanente y constante; este último, además, debe ser entregado tomando en cuenta su estado de salud, así como sus requerimientos médicos y clínicos. En ese sentido, quedan obligadas a continuar proporcionando al quejoso el aludido tratamiento; esto, como parte del estándar de protección del derecho humano a la salud, reconocido en el artículo 4o, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, el peticionario del amparo tiene derecho de solicitar en todo momento la prestación de salud oportuna, a fin de que sea valorado y se le proporcione el medicamento correspondiente de forma gratuita. 4. Manifestaciones. Toda vez que se dio vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días computado legalmente, manifestara lo que a su interés conviniera, sin que lo haya hecho; atento a ello se hace efectivo el apercibimiento realizado en autos, y, sin ello, se realiza el pronunciamiento relativo al cumplimiento del fallo protector. 5. Conclusión. En ese contexto, se concluye que se han restituido los derechos fundamentales del peticionario del amparo, por cuya infracción se concedió el amparo; en tal virtud, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA, ya que en ello no existe exceso ni defecto. No obsta para llegar a la determinación anterior, el hecho de que las autoridades responsables hayan informado que el quejoso dejó de asistir a la clínica particular a recibir las sesiones de hemodiálisis, toda vez que también expresaron que dicho tratamiento dialítico se encuentra disponible, hasta en tanto el paciente comparezca a retomar su tratamiento. 6. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 7. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez transcurrido el término de tres años, dentro del plazo de noventa días siguientes, deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 8. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, virtud a que no se tramitó incidente de suspensión. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Alejandro Luna de los Santos, quien da fe.

  2. Principal

    En veintisiete de abril de dos mil veintitrés, el Secretario da cuenta al Juez, con un oficio recibido mediante el correo institucional de este Juzgado de Distrito, registrado bajo el número de folio 5326. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintisiete de abril de dos mil veintitrés.********************SE RECIBE OFICIO: Visto lo de cuenta, incorpórese al sumario el oficio signado por el apoderado jurídico de la Secretaria de Salud de Michoacán y Servicios de Salud de Michoacán, así como por el Director del Hospital General de Uruapan "DR. PEDRO DANIEL MARTÍNEZ"; mediante el cual informan el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo.********************Con lo anterior, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que, de no hacer manifestación alguna, este juzgado calificará el cumplimiento realizado a la ejecutoria de mérito, con base a los elementos que obran en el expediente.********************NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO.********************Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Alejandro Luna de los Santos, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    En treinta de marzo de dos mil veintitrés, el suscrito Alejandro Luna de los Santos, secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, certifica y hace constar: Que el plazo de que disponían las partes para recurrir la sentencia dictada en el presente juicio transcurrió de la siguiente forma:****************************************Para el quejoso del tres al dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, toda vez que fue notificado el uno de marzo del año anteriormente citado.****************************************Para las autoridades responsables Director del Hospital General "Pedro Daniel Martínez" de Uruapan, Michoacán de Ocampo y la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, del diez al veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, en virtud de que fueron notificadas el nueve de marzo del año curso, descontando los días inhábiles.****************************************Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe.****************************************Con lo anterior y con el estado procesal que guardan los autos en el presente juicio de amparo, se da cuenta al Juez . Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, treinta de marzo de dos mil veintitrés.********************1. EJECUTORIA. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, transcurrió el término legal de que disponían las partes, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente juicio, en la que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que lo hubieren hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA.********************2. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE AMPARO. Ahora, de la sentencia dictada en el presente juicio constitucional, se aprecia que el efecto de concesión es el siguiente:********************"OCTAVO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. ********************De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede a Héctor Alejandro Avilés Núñez, el amparo solicitado a efecto que:********************La autoridad responsable Secretario de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo: ********************En el ámbito de sus atribuciones, deberá dictar un acuerdo administrativo en el que ordene a quien corresponda, ejercer las medidas necesarias a efecto que al quejoso, le sea proporcionado el tratamiento médico; en específico, establezca de manera definitiva la opción que mejor garantice el derecho a la salud del solicitante de amparo, enfocada al tratamiento de insuficiencia renal crónica y nefropatía diabética que padece, para lo cual debe proporcionarle la atención médica y medicamentos requeridos; además, en forma destacada, debe atenderse a su necesidad de sustitución de la función renal, a través de la atención médica, tratamiento y la prestación de las sesiones de hemodiálisis que tiene prescritas médicamente, debiendo, para ello, tomar en cuenta: ********************a) En la opción que se elija, por las autoridades responsables, se considere el lugar de residencia del quejoso, en el caso, en la población de Nahuatzen, Michoacán de Ocampo, a efecto que reciba el tratamiento en el lugar que sea el más cercano a su domicilio; ********************b) Se ordene que se haga la valoración médica correspondiente al quejoso, las veces que sean necesarias, para que el médico especialista correspondiente determine si el número de hemodiálisis semanales es el correcto o si debe aumentar, según el caso, ordenando que de ser esto último, se proceda a garantizarle su derecho a la atención competente de su salud, otorgándole el número de hemodiálisis que requiera. ********************c) Para efecto de lo anterior, será obligación de la parte quejosa para continuar gozando de la protección de amparo concedida, acudir ante el Hospital responsable, para que sea valorada medicamente, cuando lo requiera el hospital y le cite al efecto.********************Respecto al Director del Hospital General "Dr. Pedro Daniel Martínez", con residencia en esta ciudad de Uruapan:********************Ejerzan todas las acciones médicas y administrativas necesarias para salvaguardar el derecho humano al nivel más alto posible de salud del quejoso, verificando que se aplique el tratamiento médico correspondiente al solicitante de amparo, de manera particular las sesiones de hemodiálisis requeridas, incluyendo, entre otras cosas, los medicamentos y materiales para dicho tratamiento, de manera gratuita; así como para los diversos padecimientos que presente.********************Cobra puntual aplicación, la tesis 1a.CCCXLIII/2015(10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:********************"DERECHO A LA SALUD. ALGUNAS FORMAS EN QUE LAS AUTORIDADES DEBEN REPARAR SU VIOLACIÓN. Cuando en un caso concreto esté directamente vinculado el derecho a la salud y exista una determinación de la vulneración de aquél, el juzgador tiene que, en efecto, buscar, dentro de sus respectivas competencias y atendiendo al caso concreto, ordenar las reparaciones pertinentes. Así, la protección del derecho a la salud supone la regulación de los servicios de salud en el ámbito interno, así como la implementación de una serie de mecanismos tendientes a tutelar la efectividad de dicha regulación. Algunas de las reparaciones que se pudieran dar en estos supuestos, de conformidad con el parámetro de regularidad constitucional, son: i) establecer un marco normativo adecuado que regule la prestación de servicios de salud, estableciendo estándares de calidad para las instituciones públicas y privadas, que permita prevenir cualquier amenaza de vulneración a la integridad personal en dichas prestaciones; ii) las autoridades deben prever mecanismos de supervisión y fiscalización estatal de las instituciones de salud, así como procedimientos de tutela administrativa y judicial para la presunta víctima, cuya efectividad dependerá, en definitiva, de la puesta en práctica que la administración competente realice al respecto; iii) cuando hay una lesión clara a la integridad de la persona, como es la mala práctica médica, las autoridades políticas, administrativas y especialmente judiciales, deben asegurar e implementar la expedición razonable y prontitud en la resolución del caso; iv) tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho humano al nivel más alto posible de salud; v) otorgar servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad como que sean apropiados médica y científicamente. Cuando en un caso concreto esté directamente vinculado el derecho a la salud y exista una determinación de la vulneración de aquél, el juzgador tiene que buscar, dentro de sus respectivas competencias y atendiendo al caso concreto, ordenar las reparaciones pertinentes".********************3. REQUERIMIENTO. Por consiguiente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 y 258 de Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Director del Hospital General "Pedro Daniel Martínez" de Uruapan, Michoacán de Ocampo y la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, computado legalmente, se sirvan cumplir con la sentencia de mérito, de la cual oportunamente se les envió copia certificada; lo que deberán hacer del conocimiento, por una sola vía, al correo institucional 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx.********************4. APERCIBIMIENTO. Se les apercibe que, en caso de realizar acciones evasivas, tales como actuaciones inconducentes o gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, les será impuesta una multa a cada una, de doscientas unidades de medida y actualización, equivalente a********************en término de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al procedimiento de inejecución establecido en el numeral 193 de la ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad competente.********************NOTIFÍQUESE.********************Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Alejandro Luna de los Santos, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    En Uruapan, Michoacán de Ocampo, a las doce horas del veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, el licenciado René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, asistido del secretario Alejandro Luna de los Santos, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 710/2022, sin la asistencia de las partes. Y, relaciona como principales constancias del expediente: La demanda; e Informes justificados; Al respecto, el Juez acuerda; téngase por hecha la relación de las constancias que anteceden. Acto seguido, el Juez, declara abierto el periodo probatorio y el Secretario da cuenta con las pruebas documentales ofertadas por la parte quejosa en su escrito de demanda; así como con las documentales exhibidas por las autoridades responsables. A lo que el Juez determina: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de pruebas que, en su oportunidad, fueron admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza. Enseguida, el Juez abre el periodo de alegatos y el Secretario hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito presentó sus alegatos, mientras que el resto de las partes fueron omisa en emitir alegatos; a lo que el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene al fiscal federal de la adscripción formulando los alegatos de cuenta y al resto de las partes por precluido su derecho de exponerlos. Con lo anterior, se dan por concluidas las etapas procesales y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin más pruebas pendientes por desahogar o alegatos por relacionar. En consecuencia, se declara el cierre de esta etapa y se procede a dictar la resolución correspondiente, lo que se hace a continuación. SENTENCIA Visto, para resolver, los autos que integran el juicio de amparo 710/2022, promovido por Héctor Alejandro Avilés Núñez, contra actos del Director del Hospital General de Uruapan "Dr. Pedro Daniel Martínez", perteneciente a la Secretaría de Salud de Michoacán de Ocampo y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. DE LA DEMANDA. Mediante ocurso presentado el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós (fojas de la 3 a la 7), en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, Héctor Alejandro Avilés Núñez, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra el acto de las autoridades que hizo consistir esencialmente en la falta de atención médica, medicamentos y tratamiento que requiere, para la atención del padecimiento de insuficiencia renal crónica y nefropatía diabética que presenta. El promovente expuso que se violaron sus derechos humanos reconocidos en los artículos 1º, 4º y 18° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. El veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, se turnó la demanda de que se trata, a este órgano de control constitucional, y en proveído de esa misma data (fojas de la 15 a la 18), se registró con número de expediente 710/2022; se admitió a trámite, se decretó de oficio y de plano la suspensión de los actos reclamados en favor del quejoso, a efecto de que las autoridades responsables, le proporcionaran la atención médica, medicamentos y tratamiento que requiere, para la atención del padecimiento que presenta, esto es, insuficiencia renal crónica y nefropatía diabética; además de realizar las gestiones necesarias en caso de no contar con los espacios necesarios e insumos que dicho padecimiento requiere y se solicitó el informe de suspensión de plano y con justificación a las autoridades señaladas como responsables; asimismo, se dio la intervención que compete al Fiscal de su adscripción; y, se fijó hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, residente en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 y 56, fracción II, y 56, fracción I, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, adicionado mediante el diverso 3/2021. Lo que precede, toda vez que la parte quejosa, reclama actos con ejecución en esta ciudad, lugar en donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijar los actos que se reclaman en la presente instancia constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance, así como contenido; y, b) prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 y tesis VI/2004, ambas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD; y, ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. Aunado a que debe considerarse que, cuando el acto reclamado está directamente relacionado con el derecho humano a la salud, no es factible que se atienda únicamente a la literalidad de la demanda de amparo, si se impugnan omisiones de suministrar medicamentos, tratamientos o intervenciones quirúrgicas para combatir o corregir los padecimientos que presente el quejoso; sino que, es necesario interpretar la pretensión real del quejoso para que, en su caso, las autoridades responsables brinden una atención médica integral. Para fijar correctamente los actos reclamados enunciados genéricamente en un juicio de amparo indirecto promovido por violación al derecho humano a la salud, el Juez de Distrito no sólo debe atender a la literalidad de la demanda y de su ampliación, sino que debe considerar los factores siguientes: a) su naturaleza; b) sus consecuencias jurídicas y fácticas; c) los informes justificados de las autoridades responsables; y, d) las pruebas exhibidas en el juicio por las partes. Cobra aplicación, la tesis I.130.A.4K (10a), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto: DERECHO HUMANO A LA SALUD. FACTORES QUE DEBE CONSIDERAR EL JUEZ DE DISTRITO PARA FIJAR CORRECTAMENTE LOS ACTOS RECLAMADOS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR SU VIOLACIÓN, CUANDO EN LA DEMANDA O EN SU AMPLIACIÓN SE ENUNCIARON GENÉRICAMENTE. Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto en el que reclamó, de manera genérica, diversas omisiones de las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de suministrarle medicamentos e insumos para cada enfermedad que padece, así como la abstención de brindarle los tratamientos e intervenciones quirúrgicas necesarios para corregirlos. El Juez de Distrito concedió el amparo e, inconformes, las autoridades responsables interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que para fijar correctamente los actos reclamados enunciados genéricamente en un juicio de amparo indirecto promovido por violación al derecho humano a la salud, el Juez de Distrito no sólo debe atender a la literalidad de la demanda y de su ampliación, sino que debe considerar los factores siguientes: a) su naturaleza; b) sus consecuencias jurídicas y fácticas; c) los informes justificados de las autoridades responsables; y, d) las pruebas exhibidas en el juicio por las partes. Justificación: Lo anterior es así, porque cuando el acto reclamado está directamente relacionado con el derecho humano a la salud, no es factible que se atienda únicamente a la literalidad de la demanda de amparo y a su ampliación, si se impugnan omisiones de suministrar medicamentos, tratamientos o intervenciones quirúrgicas para combatir o corregir los padecimientos que presente el quejoso. Por tanto, es necesario interpretar la pretensión real del quejoso para que, en su caso, las autoridades responsables brinden una atención médica integral; esto es, que sea oportuna, eficaz y suficiente para proteger su vida y su salud, incluida la de aquellos padecimientos que pudiera desarrollar durante la secuela procesal, con la finalidad de brindarle el más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Estimar lo contrario implicaría exigir a la parte quejosa una carga adicional irrazonable, esto es, que identifique los medicamentos, tratamientos o procedimientos quirúrgicos que estima son necesarios para el restablecimiento de su salud; sin embargo, con ello la posibilidad de restaurar eficientemente su salud sería prácticamente nugatoria ante una posible omisión o error en la solicitud del accionante; consecuentemente, se afectaría el derecho a la tutela judicial efectiva". De la lectura íntegra de la demanda y de las constancias que integran el sumario, se advierte que la parte quejosa Héctor Alejandro Avilés Núñez, reclama: De las autoridades responsables 1. Secretaría de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo; y, 2. Director del Hospital General de Uruapan "Dr. Pedro Daniel Martínez", perteneciente a la Secretaría de Salud de Michoacán de Ocampo: La omisión de brindar completa y oportunamente la atención médica y la negativa de proporcionar tratamiento que requiere para el padecimiento que presenta (insuficiencia renal crónica y nefropatía). TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierta la omisión reclamada a las autoridades responsables 1. Secretaría de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo; y, 2. Director del Hospital General de Uruapan Dr. Pedro Daniel Martínez, perteneciente a la Secretaría de Salud de Michoacán de Ocampo; pese a que el apoderado jurídico de las mismas, en su informe justificado y de suspensión de plano negó la existencia de los actos reclamados. Asimismo, informó que, para cumplir con la suspensión de plano, generó cita para integrar el expediente clínico del quejoso y realizar su historial clínica; lo que así aconteció el nueve de diciembre de dos mil veintidós, como en su oportunidad fue indicado (fojas de la 70 a la 73). Por otra parte, comunicó, en su escrito aclaratorio que obra en autos (foja 78 a 79), que con la finalidad de brindar una atención médica al quejoso, determinaron otorgarle un tratamiento de manera subrogada en la clínica particular denominada "San José", ubicada en esta ciudad de Uruapan, Michoacán de Ocampo, en la que se le aplicará el tratamiento dialítico Hierro y Eritropoyetina, que requiere. Destacó que, en caso de que el quejoso, requiriera atención médica de urgencia, debería comparecer al nosocomio demandado. Después, informaron, en su escrito de diez de febrero pasado, que derivado de una restructuración en el servicio subrogado de atención médica en los tratamientos de hemodiálisis, el cambió de clínica, con la finalidad de dar una mejor atención a los pacientes, para ahora brindar el tratamiento de manera subrogada al quejoso en la clínica particular "UREA, Unidad Renal Ambulatoria", con sede en esta ciudad de Uruapan, Michoacán de Ocampo, en la que se le seguirá aplicando como parte del tratamiento dialítico Hierro y Eritropoyectina. De lo expuesto se desprende de manera inconcusa, que aun y cuando las responsables negaron el acto que se les atribuye, relativo a la atención médica al quejoso, éste existe; pues reconoció que, para cumplir con la suspensión de plano se realizaría su valoración médica, lo que conduce a establecer que previamente no se había realizado tal valoración, ni otorgado el tratamiento para el padecimiento del quejoso. Tiene aplicación, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de texto y rubro siguiente:ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. En atención a lo anterior, se tiene por cierta la omisión reclamada a dichas autoridades. Ilustra, la tesis 1a. XXXVII/2021 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro electrónico 2023556, de rubro y texto: "CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA. SUPUESTOS EN LOS QUE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL PUEDE EXCEPCIONALMENTE REVERTIR LA CARGA DE LA PRUEBA. Hechos: En un juicio ordinario civil se ejerció la acción de daño moral contra una empresa a partir del fallecimiento de una de sus trabajadoras dentro de sus instalaciones. La parte actora adujo como hecho ilícito el incumplimiento de la empresa a sus deberes de cuidado como patronal. En particular, le atribuyó no proveer la seguridad adecuada de la trabajadora; el retraso injustificado de su personal en la búsqueda y localización oportuna de la trabajadora, así como en dar noticia del deceso a las autoridades; la incertidumbre sobre las verdaderas circunstancias, motivos y lugar del fallecimiento; y, la falta de atención, apoyo e información a los familiares con motivo de los hechos. En primera instancia se tuvo por acreditada la acción; sin embargo, en apelación la Sala civil determinó que la parte actora no probó la conducta ilícita, por lo que absolvió a la empresa demandada. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que si bien en materia de responsabilidad extracontractual por daño moral, por regla general, corresponde a la parte actora probar los hechos constitutivos de los elementos de su acción, excepcionalmente procede invertir esa obligación adjetiva para que sea la parte demandada quien justifique alguno de estos hechos cuando entre las partes existe una relación asimétrica en torno a la proximidad probatoria del hecho. Justificación: La anterior determinación tiene sustento en la garantía del derecho de igualdad de las partes en los juicios, como una manifestación del debido proceso, la cual exige la existencia de un equilibrio procesal entre ellas, de modo que se logre una concurrencia al litigio en un plano de igualdad material y no meramente formal, lo que implica que cualquier situación de facto que impida mantener ese equilibrio debe ser solventada por la autoridad jurisdiccional mediante las herramientas hermenéuticas correspondientes. Por lo tanto, procede invertir la carga de la prueba cuando, derivado de las circunstancias particulares del caso, la parte actora esté imposibilitada o tenga un alto grado de dificultad para acceder a los medios de convicción necesarios a fin de justificarlo y, en contrapartida, la parte demandada cuente con una mayor disponibilidad de los medios de convicción y una mejor facilidad para aportarlos al juicio, a fin de acreditar el hecho contrario. La postura expresada se torna aún más relevante cuando la responsabilidad extracontractual por daño moral se hace derivar de un hecho ilícito conformado por el incumplimiento de deberes tutelares de derechos humanos, lo que resulta aplicable a los particulares siguiendo la doctrina sobre la transversalidad de los derechos humanos sustentada por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues en estos supuestos la necesidad de mantener el equilibrio procesal entre las partes garantiza, además del debido proceso, los derechos a la dignidad humana y una justa indemnización en favor de las víctimas, lo que justifica la inversión de la carga probatoria para imponer el deber de demostrar el hecho contrario al actuar ilícito a la parte que tiene una mayor proximidad probatoria (facilidad y disponibilidad). CUARTO. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA. El ocurso de amparo, fue promovido en tiempo en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, toda vez que, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, que incide sobre la adecuada atención médica se considera como un acto de carácter negativo, donde la autoridad se rehúsa a obrar conforme a lo requerido por el quejoso que compromete sus derechos humanos a la salud y la vida, los cuales el Estado está constreñido a proteger y garantizar de manera oportuna y eficaz, así como con calidad. Por ello, la presentación de la demanda de amparo en contra de un acto de tal naturaleza no está sujeta al plazo de quince días impuesto por el citado numeral; atendiendo a que ese acto no se extingue en el momento de presentarse, sino que produce sus efectos día a día, debido a que la parte quejosa no tiene acceso, ni disposición ni atención al tratamiento médico requerido; lo cual implica por sí un peligro a su subsistencia que persiste hasta en tanto se realice la conducta médica positiva, tendiente a garantizarle el acceso efectivo a la atención médica requerida. De ahí que pueda promover la demanda de amparo en cualquier tiempo, acorde a lo establecido en el ordinal 17, fracción IV, de la ley de la materia, toda vez que el plazo para ejercer la acción de amparo comienza a computarse todos los días. Cobra exacta aplicación, la tesis XVII.1o.P.A.12ª (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito de contenido: OMISIÓN DE PROPORCIONAR UNA ADECUADA ATENCIÓN MÉDICA. LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA NO SE ENCUENTRA SUJETA AL PLAZO DE QUINCE DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. La omisión de proporcionar una adecuada atención médica, por ejemplo, al no realizar diversos estudios o procedimientos médicos, clínicos o quirúrgicos, o no suministrar medicamentos, es un acto negativo que compromete los derechos humanos a la salud y a la vida, los cuales el Estado Mexicano está obligado a proteger y garantizar de manera oportuna, eficaz y con calidad, pues en esos términos están tutelados en los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En ese sentido, la interposición de la demanda de amparo en su contra no está sujeta al plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues ese acto no se extingue al momento de la negativa, sino que produce efectos día a día, al no tener el quejoso acceso, disposición y atención a los tratamientos y medicamentos, lo que conlleva el peligro de su subsistencia hasta en tanto se realice una conducta positiva, tendiente a garantizarle el acceso efectivo a los derechos indicados, así como a los relativos a la dignidad humana e, incluso, a la seguridad social, que en su favor protegen los mencionados ordenamientos; de ahí que lo reclamado esté comprendido dentro de la excepción establecida en la fracción IV del numeral 17 mencionado, toda vez que el plazo para ejercer la acción constitucional comienza a computarse todos los días. La conclusión anterior es acorde con la reforma de 10 de junio de 2011 al artículo 1o., en relación con el 133, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se estableció la obligación de toda autoridad de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, con lo cual se establecen las premisas de interpretación y salvaguarda de los derechos consagrados en la Constitución Federal, trascendiendo al juicio de amparo y, por ello, los tribunales han de resolver con una tendencia interpretativa más favorable al derecho humano que se advierta conflagrado y con una imposición constitucional de proceder a su restauración y protección en el futuro, a fin de superar todos los obstáculos técnicos que impidan el estudio de fondo de la violación, fundados en una apreciación rigorista de la causa de pedir, o la forma y oportunidad en que se plantea". QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo a determinar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, a la luz de los motivos de inconformidad expresados por el promovente de amparo, debe abordarse el estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de análisis preferente al fondo del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En el caso, toda vez que las partes no hicieron valer causal de improcedencia, ni se advierte de oficio la actualización de alguna, lo procedente es analizar los conceptos de violación. SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, los que se dan aquí por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias, en la medida de que ningún dispositivo legal establece como requisito formal de la sentencia la trascripción de los mismos; a lo que debe agregarse que la obligación respectiva atañe al estudio de éstos, incluso en su conjunto, según lo establece el artículo 79 de la Ley de Amparo. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, con número de registro 164618, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, en Materia Común, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. SÉPTIMO. ESTUDIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD O INCONSTITUCIONALIDAD DE LA OMISIÓN RECLAMADA. El solicitante de amparo refiere, que se transgrede en su perjuicio los artículos 1°, 4° y 18° constitucionales, pues las autoridades responsables se han negado a proporcionarle la atención médica que requiere para su padecimiento de insuficiencia renal crónica y nefropatía diabética, que se le diagnosticó. Indicó que, las responsables han sido omisas en brindarle derecho de atención que requiere para contrarrestar su padecimiento, con lo que se le trasgrede los preceptos legales indicados, ya que dicha omisión no le permite acceder a su derecho a la salud. El concepto de violación es esencialmente fundado. El artículo 4°, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto al derecho a la salud, establece: Artículo 4o.- (.) Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. Conforme a la porción normativa recién transcrita, toda persona tiene derecho a la salud, de lo cual, derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. El Estado Mexicano ha signado convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute del citado derecho (salud) y existen documentos que esclarecen su contenido y alcance jurídico mínimo consensuado. Sobre el tópico, la Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, dispone que el derecho a la salud garantiza pretensiones en términos de disponibilidad, accesibilidad, no discriminación, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud y refiere que los poderes públicos tienen obligaciones de respeto, protección y cumplimiento en relación con él. Algunas de estas obligaciones son de cumplimiento inmediato y otro progresivo, lo cual otorga relevancia normativa a los avances y retrocesos en el nivel de goce del derecho. Es ilustrativa, la tesis P.XVI/2011, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN. Del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según el cual toda persona tiene derecho a la salud, derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. El Estado Mexicano ha suscrito convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho, y existen documentos que esclarecen su contenido y alcance jurídico mínimo consensuado. Así, la Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, dispone que el derecho a la salud de efecto inmediato, como por ejemplo las de garantizar que el derecho a la salud sea ejercido sin discriminación alguna y de adoptar medidas para su plena realización, que deben ser deliberadas y concretas. Como subraya la Observación, la realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Al igual que ocurre con los demás derechos enunciados en el Pacto referido, continúa el párrafo 32 de la Observación citada, existe una fuerte presunción de que no son permisibles las medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la salud. El citado Alto Tribunal, ha señalado que el derecho a la protección de la salud previsto en el citado precepto constitucional tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población y que, por servicios de salud, se deben entender como las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Lo anterior, en concordancia con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Es aplicable, la tesis 1a.LXV/2008, emitida por la Primera Sala de nuestro Tribunal constitucional, de contenido: DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Este Alto Tribunal ha señalado que el derecho a la protección de la salud previsto en el citado precepto constitucional tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Así, lo anterior es compatible con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho; y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", según el cual toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En ese sentido y en congruencia con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud. Por otro lado, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, refiriendo que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho; aunado a ello, el numeral 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador, establece que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En ese sentido y en congruencia con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. La prerrogativa fundamental en estudio entraña libertades y derechos, entre las que destaca la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, así como el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; además, las relativas a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Igualmente, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, la obligación estatal de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, así como asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud deba entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud. De lo anterior, se desprende que, para garantizar el derecho a la salud, es menester que se proporcionen con calidad los servicios de salud, lo cual tiene estrecha relación con el control que el Estado haga de los mismos; esto es, para garantizar la calidad en los servicios de salud como medio para proteger el derecho a la salud, el Estado debe emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin. Así, una forma de garantizar el derecho a la salud, es establecer regulaciones o controles destinados a que lo prestadores de servicios de salud satisfagan las condiciones necesarias de capacitación, educación, experiencia y tecnología, en establecimientos con condiciones sanitarias adecuadas y en donde se utilicen medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado. En esa medida, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia titulada: SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4o., TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL, ha determinado que la Ley General de Salud, reglamentaria del citado precepto constitucional, suministra los siguientes servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos: a) Servicios públicos a la población general, que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad, cuyas cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando éstos carezcan de recursos para cubrirlas; b) Servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social, que son los prestados a las personas que cotizan o las que hubieren cotizado conforme a sus leyes, así como los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal se presten por tales instituciones a otros grupos de usuarios; c) Servicios sociales y privados, los primeros se prestan por los grupos y organizaciones sociales a sus miembros y beneficiarios de los mismos, directamente o mediante la contratación de seguros individuales y colectivos, y privados, los que se prestan por personas físicas o morales en las condiciones que convengan con los usuarios, sujetos a las leyes civiles y mercantiles, los cuales pueden ser contratados directamente por los usuarios o a través de sistemas de seguros individuales o colectivos y, d) Otros, que se prestan de conformidad con la autoridad sanitaria, como lo son aquellos que conforman el Sistema de Protección Social en Salud, previsto para las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, que será financiado de manera solidaria por la Federación, los Estados, el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y los propios beneficiarios mediante cuotas familiares que se determinarán atendiendo a las condiciones socioeconómicas de cada familia, sin que el nivel de ingreso o la carencia de éste sea limitante para acceder a dicho sistema. Por tanto, el referido derecho a la salud, no se limita a la salud física del individuo; es decir, a no padecer, o bien, a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo. De ahí que, el derecho a la salud, se traduzca en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. Sirve de apoyo, la tesis P.LXVIII/2009 emitida por el Pleno del Alto Tribunal, de literalidad siguiente: DERECHO A LA SALUD. NO SE LIMITA AL ASPECTO FÍSICO, SINO QUE SE TRADUCE EN LA OBTENCIÓN DE UN DETERMINADO BIENESTAR GENERAL. El referido derecho, contenido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reconocido en diversos tratados internacionales suscritos por México, no se limita a la salud física del individuo, es decir, a no padecer, o bien, a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo. De ahí que el derecho a la salud se traduzca en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. Además, la Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud, que consagra el artículo 4°, párrafo cuarto, de la Carta Magna, en sus artículos 2o., 23, 24, fracción I, 27, fracciones III y VIII, 28, 29 y 33, fracción II, señala que tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población. Asimismo, que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad; y, por servicios básicos, entre otros: a) La atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, definiéndose a las actividades curativas como aquellas que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno; y, b) La disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud para cuyo efecto habrá un cuadro básico de insumos del sector salud. Toda vez que, la protección de la salud constituye un derecho fundamental que el Estado está obligado a garantizar, en términos de los ordenamientos antes apuntados, de los cuales se advierte que los servicios básicos de salud consisten, entre otros aspectos, en la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud, para cuyo efecto habrá un cuadro básico y catálogo de insumos del sector salud. Aquí, es conveniente acudir a lo establecido en los artículos 77 bis 1, 77 bis 2, 77 bis 11 y 77 bis 12, todos de la Ley General de Salud, los cuales son reproducidos al tenor siguiente: "Artículo 77 bis 1.- Todas las personas que se encuentren en el país que no cuenten con seguridad social tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados, al momento de requerir la atención, de conformidad con el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social. La protección a la salud, será garantizada por el Estado, bajo criterios de universalidad e igualdad, deberá generar las condiciones que permitan brindar el acceso gratuito, progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación a los servicios médicos, incluidas intervenciones quirúrgicas, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Invariablemente, se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención, así como a los medicamentos y demás insumos del Compendio Nacional de Insumos para la Salud. (.) Artículo 77 bis 2. Para los efectos de este Título, se entenderá por prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, al conjunto de acciones que en esta materia provean la Secretaría de Salud, por sí o en coordinación con las entidades agrupadas en su sector coordinado, así como los gobiernos de las entidades federativas a través de sus servicios estatales de salud. Artículo 77 bis 11.- La prestación gratuita de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados será financiada de manera solidaria por la federación y por las entidades federativas en términos de la presente Ley y sus disposiciones reglamentarias. Artículo 77 bis 12.- El Gobierno Federal, conforme a lo que se establezca en el Presupuesto de Egresos de la Federación, destinará anualmente recursos para la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados cuyo monto no deberá ser inferior al del ejercicio fiscal inmediato anterior, en términos de lo que se establezca en las disposiciones reglamentarias y sujeto a la disponibilidad presupuestaria. Los recursos a que se refiere el párrafo anterior se entregarán a las entidades federativas, cuando cumplan con lo previsto en el artículo siguiente". De esta manera, podemos observar que el principio de gratuidad en la prestación de servicios de salud, con el objeto de preservar la salud en las personas, está consagrado en favor de aquéllas que no se encuentren bajo el régimen de algún mecanismo de seguridad social, a fin de que puedan obtener sin costo alguno tanto el servicio de salud, en estricto sentido, como los medicamentos y demás insumos necesarios para preservar su integridad física, sin importar su condición social. Lo cual incluye, no sólo lo que podría considerarse como una atención básica, sino también las intervenciones quirúrgicas que requiera, así como los farmacéuticos y enseres hospitalarios que necesite en congruencia con su estado actual de salud. Dependiendo así la prestación de los servicios de salud gratuita de la Secretaría de Salud Federal, como de las entidades federativas por intervención de sus correspondientes servicios estatales de salud; de ahí que, solidariamente estarán obligados a aportar las cuotas necesarias para hacer frente a dicha necesidad, que como se dijo, está constituido como prerrogativa fundamental. Por ello, incumbe al Gobierno Federal establecer anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos que destinara para tal fin; siendo así la única condicionante para el ejercicio de esa prerrogativa fundamental el límite presupuestario con que cuentan las instituciones de salud para poder proporcionar la atención médica integra. Por otro lado, teniendo como referente que toda persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, tanto física como mental, dentro del marco regulatorio internacional el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, impone el deber al Estado Mexicano, por una parte, de asegurar a las personas, al menos, un nivel esencial el derecho al acceso a los servicio de salud y, por otra, la obligación de cumplimiento progresivo de ese derecho, consistente en lograr su pleno ejercicio por todos los medios apropiados, hasta el máximo de los recursos de que disponga. Por tanto, el derecho al nivel más alto posible de salud, debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar un estado de bienestar general, que no solo abarca la atención de salud oportuna y apropiada, sino acceso al agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, el suministro adecuado de alimentos sanos, una nutrición adecuada, una vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo y el medio ambiente, y acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva; en el entendido que existen elementos esenciales que informan el desarrollo del derecho humano a la salud, a saber, la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Ello implica, entre otras cuestiones, que el Estado mexicano: I) cuente con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de la salud, cuya naturaleza dependerá particularmente de su nivel de desarrollo; II) que tales establecimientos estén al alcance de la población, en especial los grupos vulnerables o marginados; y III) que además de resultar aceptables desde el punto de vista cultural, deberán ser apropiados desde el punto de vista científico y médico, y ser de buena calidad. De ahí que la obligación de cumplir requiere que los Estados adopten medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole, para dar plena efectividad al derecho a la salud; de ahí que si el Estado mexicano aduce que la limitación de recursos imposibilita el pleno cumplimiento de las obligaciones que ha contraído en virtud del pacto, tendrá que justificar no sólo ese hecho, sino que ha realizado todo lo posible por utilizar al máximo los recursos de que dispone para satisfacer el derecho a la salud. Tales consideraciones dieron origen a las tesis 2a.CIX/2014(10a.); y, 2a.CVIII/2014(10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se enuncian: "DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. CUANDO EL ESTADO ADUCE QUE EXISTE UNA CARENCIA PRESUPUESTARIA PARA SU REALIZACIÓN, DEBE ACREDITARLO. El contenido normativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, permite concluir que la obligación estatal de proteger, respetar y promover los derechos contenidos en ese instrumento no puede desconocer la situación particular que enfrente cada país, por lo que no existirá una violación a los derechos en él tutelados, a pesar de que se acredite que un determinado derecho no ha sido realizado o alcanzado un nivel óptimo de eficacia, siempre y cuando el Estado haya demostrado que ha utilizado todos los recursos que están a su disposición en un esfuerzo por satisfacer las obligaciones establecidas en la propia convención. De ahí que no basta la simple afirmación del Estado Mexicano de que existe limitación presupuestaria para que se tenga por acreditado que ha adoptado todas las medidas "hasta el máximo de los recursos" de que disponga, para lograr la realización de los derechos consagrados en el referido Pacto, sino que para ello deberá aportar el material probatorio en que sustente su dicho. Por tal motivo, en todo asunto en el que se impugne la violación a los derechos constitucionales de la materia, los juzgadores nacionales deben distinguir entre la incapacidad real para cumplir con las obligaciones que el Estado ha contraído en materia de derechos humanos, frente a la renuencia a cumplirlas, pues es esa situación la que permitirá determinar las acciones u omisiones que constituyan una violación a tales derechos humanos". "SALUD. DERECHO AL NIVEL MÁS ALTO POSIBLE. ÉSTE PUEDE COMPRENDER OBLIGACIONES INMEDIATAS, COMO DE CUMPLIMIENTO PROGRESIVO. El artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé obligaciones de contenido y de resultado; aquéllas, de carácter inmediato, se refieren a que los derechos se ejerciten sin discriminación y a que el Estado adopte dentro de un plazo breve medidas deliberadas, concretas y orientadas a satisfacer las obligaciones convencionales, mientras que las de resultado o mediatas, se relacionan con el principio de progresividad, el cual debe analizarse a la luz de un dispositivo de flexibilidad que refleje las realidades del mundo y las dificultades que implica para cada país asegurar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. En esa lógica, teniendo como referente el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental contenido en el artículo 12 del citado Pacto, se impone al Estado Mexicano, por una parte, la obligación inmediata de asegurar a las personas, al menos, un nivel esencial del derecho a la salud y, por otra, una de cumplimiento progresivo, consistente en lograr su pleno ejercicio por todos los medios apropiados, hasta el máximo de los recursos de que disponga. De ahí que se configurará una violación directa a las obligaciones del Pacto cuando, entre otras cuestiones, el Estado Mexicano no adopte medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole, para dar plena efectividad al derecho indicado". En el caso, el impetrante de amparo Héctor Alejandro Avilés Núñez, fue diagnosticado con insuficiencia renal crónica y nefropatía diabética, en razón de ello, se le estableció, entre otros, un tratamiento de sesiones de hemodiálisis según relata en su escrito inicial y se corrobora con la constancia anexa al mismo, expedida por el Doctor Juan Carlos Abascal García, con cédula profesional 5757237, de donde se lee que el quejoso con motivo de su padecimiento que presenta, desde hace tres meses, comenzó con terapia de sustitución renal con diálisis extracorpórea, por lo que requiere dos sesiones por semana; asimismo, en su escrito de demanda indica los medicamentos que requiere para vivir, son: "Eritropoyetina", "Hierro" y "Multivitamínicos". Documental a la que se le otorga valor probatorio en términos de los artículos 197, 202 y 203, párrafo segundo, segunda parte, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, en razón que la primera fue emitida por un tercero a la presente contienda constitucional. Medio de convicción del que se aprecia el padecimiento de Héctor Alejandro Avilés Núñez. Ahora bien, la falta de atención médica que se reclama a las autoridades responsables, consistente en la omisión de aplicar a la parte quejosa las sesiones de hemodiálisis que necesita para la enfermedad renal crónica que padece, así como otorgarle el tratamiento y la atención médica requeridos, prevalece, puesto que en su informe con justificación las autoridades responsables, solo expusieron que con la finalidad de brindar esa atención médica al quejoso, determinaron brindar un tratamiento de manera subrogada en la clínica particular denominada "UREA, Unidad Renal Ambulatoria", con sede en esta ciudad de Uruapan, Michoacán de Ocampo, en la que se le aplicará el tratamiento dialítico Hierro y Eritropoyetina, que requiere. Ahora, aun y cuando en autos se advierte la disponibilidad de las autoridad responsable, para cumplir con su obligación de brindar la atención médica requerida por el quejoso, dicha prerrogativa no se satisface, ni garantiza, porque, a la fecha no se ha materializado el otorgamiento de la atención médica requerida, ni se propone en algún programa de salud de manera definitiva, que garantice brindarle, tratamiento médico y medicamento, de manera gratuita y cercano a su domicilio, para atender la insuficiencia renal crónica que padece. Aunado a que, las gestiones infructuosas realizadas por las autoridades en mención, surge en cumplimiento a la suspensión de plano otorgada, por lo que, es insuficiente para colmar el derecho a la protección de la salud del peticionario de amparo, dado que la restitución de ese derecho, acontecerá, cuando se verifique una orden concreta de la autoridad, con la cual se integre a éste a un programa de salud de manera continua y permanente, consolidando con ello formalmente, el tratamiento y servicios que requiere para tratar la insuficiencia renal que presenta, cuya omisión de tratamiento, inicialmente reclamó al promover esta acción de amparo; pues lo que pretende evitar es el riesgo de inseguridad en su derecho a la salud, riesgo que se evita, si las responsables le reconocen como integrante a sus programas de salud pública, en la calidad de permanente. En esas condiciones, no es dable considerar resarcido el derecho a la salud del solicitante de amparo; toda vez que la restitución a ese derecho acontecerá, cuando se constituya en su favor un derecho que formalmente consolide el tratamiento y servicios que requiere para los padecimientos que a la fecha presenta o los que resulten derivados de la evolución respecto de sus patologías. Sirve de orientación, la tesis (VIII Región) 2°16.L, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, que dice: DERECHO A LA SALUD. AL SER DE NATURALEZA PRESTACIONAL, EL ESTADO DEBE REALIZAR UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA ASISTENCIA MÉDICA OTORGADA, POR LO QUE EL TRATAMIENTO QUE SE INICIE CON MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN CONCEDIDA EN EL AMPARO, NO ES SUFICIENTE PARA SOBRESEER O NEGAR LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL QUEJOSO. Cuando el quejoso reclama una violación al derecho a la salud, previsto en el artículo 4o., cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por la omisión de que se le brinde un tratamiento médico, y en el juicio de amparo respectivo se concede la suspensión de plano y luego la definitiva, para que la autoridad responsable cumpla con su obligación de otorgar el servicio médico requerido, no puede considerarse en la sentencia que no existe violación que reparar, por la sola circunstancia de que ya se esté otorgando dicho tratamiento. Esto es así, pues debe analizarse el material probatorio que obra en autos para determinar si el cumplimiento de esa prestación como obligación por parte del Estado de garantizar a la población las condiciones adecuadas para proteger la salud física, mental, emocional y social, fue realizada en respeto a ese derecho humano en sí mismo, o únicamente en acatamiento a la suspensión decretada por el Juez Federal, ya que no debe perderse de vista que los efectos de esta medida sólo permanecen hasta que se dicte resolución en el juicio principal, por lo que no tiene un efecto definitivo. De no atenderse esta circunstancia, el sobreseimiento o la negativa de la protección constitucional solicitada dejaría sin efectos la suspensión concedida en el juicio de amparo, con el riesgo de que al no haber un pronunciamiento firme y definitivo sobre el derecho humano en cuestión, se deja a la discrecionalidad de la autoridad el continuar o no brindando el servicio médico solicitado. Lo anterior, si se considera que los Estados no sólo tienen la obligación de respetar, absteniéndose de negar el acceso o de dar el tratamiento médico solicitado, pues al tratarse de un derecho de naturaleza prestacional está sujeto a la obligación de hacer del Estado -realizar una adecuada prestación y supervisión de la asistencia médica-, ello bajo los principios de universalidad y progresividad". Luego, está claro que la omisión de las autoridades responsables, al no brindar la atención médica gratuita al quejoso, vulnera su derecho a la protección de la salud, consagrado en el artículo 4°, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no establecer una opción definitiva o permanente concreta para atender su padecimiento, con los recursos que la Ley General de Salud, impone de manera solidaría entere la Federación y la entidad federativa correspondiente, en el caso, el Estado de Michoacán de Ocampo. Asimismo, la opción definitiva de atención a la protección del derecho a la salud que también debe ser sensible a la cercanía a su domicilio, donde las autoridades responsables, están en condiciones de brindar la mejor opción. En consecuencia, al resultar fundado el concepto de violación, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Héctor Alejandro Avilés Núñez. OCTAVO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede a Héctor Alejandro Avilés Núñez, el amparo solicitado a efecto que: La autoridad responsable Secretario de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo: En el ámbito de sus atribuciones, deberá dictar un acuerdo administrativo en el que ordene a quien corresponda, ejercer las medidas necesarias a efecto que al quejoso, le sea proporcionado el tratamiento médico; en específico, establezca de manera definitiva la opción que mejor garantice el derecho a la salud del solicitante de amparo, enfocada al tratamiento de insuficiencia renal crónica y nefropatía diabética que padece, para lo cual debe proporcionarle la atención médica y medicamentos requeridos; además, en forma destacada, debe atenderse a su necesidad de sustitución de la función renal, a través de la atención médica, tratamiento y la prestación de las sesiones de hemodiálisis que tiene prescritas médicamente, debiendo, para ello, tomar en cuenta: a) En la opción que se elija, por las autoridades responsables, se considere el lugar de residencia del quejoso, en el caso, en la población de Nahuatzen, Michoacán de Ocampo, a efecto que reciba el tratamiento en el lugar que sea el más cercano a su domicilio; b) Se ordene que se haga la valoración médica correspondiente al quejoso, las veces que sean necesarias, para que el médico especialista correspondiente determine si el número de hemodiálisis semanales es el correcto o si debe aumentar, según el caso, ordenando que de ser esto último, se proceda a garantizarle su derecho a la atención competente de su salud, otorgándole el número de hemodiálisis que requiera. c) Para efecto de lo anterior, será obligación de la parte quejosa para continuar gozando de la protección de amparo concedida, acudir ante el Hospital responsable, para que sea valorada medicamente, cuando lo requiera el hospital y le cite al efecto. Respecto al Director del Hospital General "Dr. Pedro Daniel Martínez", con residencia en esta ciudad de Uruapan: Ejerzan todas las acciones médicas y administrativas necesarias para salvaguardar el derecho humano al nivel más alto posible de salud del quejoso, verificando que se aplique el tratamiento médico correspondiente al solicitante de amparo, de manera particular las sesiones de hemodiálisis requeridas, incluyendo, entre otras cosas, los medicamentos y materiales para dicho tratamiento, de manera gratuita; así como para los diversos padecimientos que presente. Cobra puntual aplicación, la tesis 1a.CCCXLIII/2015(10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DERECHO A LA SALUD. ALGUNAS FORMAS EN QUE LAS AUTORIDADES DEBEN REPARAR SU VIOLACIÓN. Cuando en un caso concreto esté directamente vinculado el derecho a la salud y exista una determinación de la vulneración de aquél, el juzgador tiene que, en efecto, buscar, dentro de sus respectivas competencias y atendiendo al caso concreto, ordenar las reparaciones pertinentes. Así, la protección del derecho a la salud supone la regulación de los servicios de salud en el ámbito interno, así como la implementación de una serie de mecanismos tendientes a tutelar la efectividad de dicha regulación. Algunas de las reparaciones que se pudieran dar en estos supuestos, de conformidad con el parámetro de regularidad constitucional, son: i) establecer un marco normativo adecuado que regule la prestación de servicios de salud, estableciendo estándares de calidad para las instituciones públicas y privadas, que permita prevenir cualquier amenaza de vulneración a la integridad personal en dichas prestaciones; ii) las autoridades deben prever mecanismos de supervisión y fiscalización estatal de las instituciones de salud, así como procedimientos de tutela administrativa y judicial para la presunta víctima, cuya efectividad dependerá, en definitiva, de la puesta en práctica que la administración competente realice al respecto; iii) cuando hay una lesión clara a la integridad de la persona, como es la mala práctica médica, las autoridades políticas, administrativas y especialmente judiciales, deben asegurar e implementar la expedición razonable y prontitud en la resolución del caso; iv) tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho humano al nivel más alto posible de salud; v) otorgar servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad como que sean apropiados médica y científicamente. Cuando en un caso concreto esté directamente vinculado el derecho a la salud y exista una determinación de la vulneración de aquél, el juzgador tiene que buscar, dentro de sus respectivas competencias y atendiendo al caso concreto, ordenar las reparaciones pertinentes". NOVENO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Héctor Alejandro Avilés Núñez, contra el acto reclamado a las autoridades precisadas en el considerando segundo, por los motivos expresados en el diverso séptimo y para los efectos descritos en el correlativo octavo del presente fallo. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando noveno de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Alejandro Luna de los Santos, quien autoriza y da fe. veintiocho de febrero de dos mil veintitrés.

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