Héctor Cándido Blancas Pineda
Expediente 429/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 429/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Héctor Cándido Blancas Pineda
Actuaciones
- Principal
En diez de julio de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez, con un oficio, registrado bajo el folio 8717. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, diez de julio de dos mil veintitrés. 1. Acepta competencia. Téngase por recibido el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoprimer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo, mediante el cual, se transcribe el auto de tres del mes y año en curso, por el que acusa recibo del oficio con el que se remitieron los autos originales del juicio de amparo 429/2023, de la estadística de este órgano jurisdiccional; asimismo, se informa que dicho Órgano Colegiado, aceptó la competencia declinada, por lo que se avocó al conocimiento y trámite del asunto, registrándolo con el número de amparo directo ********************/2023, de su consecutivo. 2. Archivo. En consecuencia, se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 3. Valoración. En términos del artículo 19, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES DESTRUIBLE EN UN PLAZO DE SEIS MESES. 2.2. De conformidad con el artículo 19, párrafo tercero, del referido acuerdo, una vez que cumpla seis meses de archivo, en su oportunidad, destrúyase el citado expediente; esto es, previamente a la realización de la visita de inspección que corresponda; debiendo remitir dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Iván Paredes Escobar, quien da fe.
- Principal
En veintinueve de junio de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez, con una boleta de turno, registrada bajo el folio 8306. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la boleta de turno con número de registro 202314110339********************generada por la Oficina de Correspondencia Común de Tribunales Colegiados en Materia Civil del Decimoprimer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo, de la que se advierte que, la declinatoria de competencia dictada en el presente juicio, se turnó al Segundo Tribunal Colegiado de la referida especialidad. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Iván Paredes Escobar, quien da fe.
- Principal
El suscrito Iván Paredes Escobar, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, CERTIFICO Y HAGO CONSTAR: Que ******************** cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación; no así ********************. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Uruapan, Michoacán de Ocampo, a veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Conste. En la misma fecha, se da cuenta al Juez, con una demanda de amparo, presentada en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, turnada a este órgano jurisdiccional y registrada con el folio 8126. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Recepción y registro. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Héctor Cándido Blancas Pineda, por propio derecho, contra actos del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo; fórmese expediente y regístrese con el número 429/2023. 1.2. Análisis del acto reclamado. Del estudio integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado por el promovente se hace consistir en lo siguiente: La resolución de once de abril de dos mil veintitrés, dictada dentro del juicio sumario civil 562/2022, por la que el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, decretó la caducidad de la instancia; así como la diversa del treinta y uno de mayo pasado, que resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra de aquélla. 1.3. Incompetencia. Este Juzgado de Distrito, es legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Héctor Cándido Blancas Pineda, en la vía indirecta, por las siguientes consideraciones. Los artículos 34, 47, 170 y 176, de la Ley de Amparo, establecen en lo conducente: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. [.]" "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante una jueza o un juez de distrito o ante un tribunal colegiado de apelación, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. La presidenta o el presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará a la quejosa o al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que, en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre juezas o jueces de distrito o tribunales colegiados de apelación. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta, en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control. II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." "Artículo 176. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes. La presentación de la demanda ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos que para su promoción establece esta Ley". De los preceptos transcritos, se colige que tratándose de las sentencias o resoluciones que pongan fin al juicio o que lo den por concluido, procederá el amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito. De manera que, es preciso definir los actos que delimitan la procedencia del amparo directo, a saber: 1) Se está ante una sentencia definitiva cuando la determinación resuelve el juicio en lo principal. 2) Las resoluciones que ponen fin al juicio, son aquellas que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido. 3) Los laudos son las resoluciones conclusivas dictadas en los juicios del orden laboral. Precisado lo anterior, se puede colegir que los supuestos de procedencia del juicio de amparo directo son únicamente dos: I) sentencias definitivas y laudos; así como II) resoluciones que ponen fin al juicio sin decidirlo en lo principal -supuesto éste en el que se subsume el acto reclamado-. En el caso particular, como ya se precisó la resolución del once de abril de dos mil veintitrés, dictada dentro del juicio sumario civil 562/2022, por la que el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, decretó la caducidad de la instancia; así como la diversa del treinta y uno de mayo pasado, que resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra de aquélla; indudablemente, constituye una determinación que, sin decidir en lo principal el fondo del asunto, puso fin al juicio al declarar la caducidad de la instancia, por lo que este órgano jurisdiccional, es legalmente incompetente para conocer de dicha demanda de amparo. De ahí que, al estar frente a una resolución que puso fin al juicio 562/2022, del consecutivo del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, por la que se decretó la caducidad de la instancia, y que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 679, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo, contra lo resuelto en la revocación, no habrá recurso; por tanto, en el particular, procede el amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito, tal y como lo establece el numeral 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 139/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 185437, Novena Época, Materias(s): Administrativa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Diciembre de 2002, página 236, que dice: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO AGRARIO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO QUE LA DECRETA, ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De la interpretación sistemática de los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se concluye que el amparo directo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito es procedente contra la resolución que declara la caducidad por inactividad procesal en términos del artículo 190 de la Ley Agraria, en virtud de que ese acto importa la emisión de una resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, dictada por un tribunal administrativo, como lo es un Tribunal Unitario Agrario, respecto de la cual, las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno por el que dicha resolución pueda ser modificada o revocada, de manera que en ese supuesto resultará improcedente el recurso de revisión en materia agraria contenido en el numeral 198 de la Ley Agraria, e inaplicable la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional relativa prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo". Así como la diversa jurisprudencia 3a./J. 30/90, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 207118, Octava Época, Materias(s): Civil, del Semanario Judicial de la Federación. Tomo VI, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1990, página 188, que dice: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO EN MATERIA CIVIL. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 fracción V, párrafo primero de la Carta Magna, el amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, no sólo cuando se trate de materia administrativa, sino también procede en materia civil, pues aun cuando en el inciso c) de dicho precepto no se haya asentado expresamente, su procedencia respecto a resoluciones que ponen fin al juicio, como se hizo en el inciso b), asentándose únicamente que procede en contra de sentencias definitivas, ello no significa que la procedencia del juicio de amparo en materia civil no haya sufrido modificación alguna pues la reforma a dicho precepto constitucional, que consistió entre otras, en agregar como actos susceptibles de ser reclamados en la vía de amparo directo las resoluciones que ponen fin al juicio, alcanza también a la citada materia, dado que el párrafo primero de la fracción V se encuentra redactado en términos generales al expresar que el amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los casos siguientes: (y enumera los incisos a), b), c) y d) dentro de los que se encuentra la materia civil), debiendo tomarse en cuenta la definición que da el artículo 46, último párrafo de la Ley de Amparo, de lo que debe entenderse por resoluciones que ponen fin al juicio, a saber aquéllas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas". Y la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, con registro digital: 227370, Octava Época, Materias(s): Común, del Semanario Judicial de la Federación. Tomo IV, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1989, página 466, que dice: "RESOLUCION QUE PONE FIN AL JUICIO. SU SIGNIFICADO CONFORME A LAS REFORMAS DE LA LEY DE AMPARO. Es verdad que con anterioridad a las reformas que fueron efectuadas a la Constitución Federal, Ley de Amparo y Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que entraron en vigor a partir del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, se establecía que sólo correspondía conocer a la Suprema Corte de Justicia o a los Tribunales Colegiados de Circuito según su respectiva competencia de los juicios de amparo promovidos contra sentencias definitivas o laudos, sea que la violación se cometiera durante el procedimiento o en la sentencia misma, sin embargo, a raíz de dichas reformas se incluyó una nueva facultad de competencia exclusiva de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer, además de las sentencias definitivas o laudos, también de resoluciones que pongan fin al juicio, ahora bien, la palabra "resolución" empleada por el legislador en la nueva figura de competencia, "resoluciones que pongan fin al juicio", no fue empleada como sinónimo de sentencia definitiva, por el contrario, se refirió a aquellas resoluciones que sin tener tal naturaleza ponen también fin al juicio, esto es, que puede tratarse de un simple auto o de una resolución interlocutoria. Lo común tanto a los autos definitivos como a las sentencias interlocutorias que ponen fin al juicio para efectos del caso que nos ocupa, estriba en que deben impedir o paralizar definitivamente la prosecución de éste, dándolo así por concluido. Tanto la doctrina como el legislador coinciden en que por resolución que pone fin al juicio debe entenderse, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por terminado y respecto de las cuales las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario en su contra por lo que pueden ser modificadas o revocadas, por tanto indispensable es la reunión de todas estas características para que puedan ser consideradas como tales. De esta forma participan así dichas resoluciones de algunas de las características que contienen también las sentencias definitivas". En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 47, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, se declara legalmente incompetente para conocer del presente asunto; por tanto, remítase de inmediato la demanda de cuenta, junto con sus anexos, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoprimer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo, en turno, para que determine lo que en derecho proceda; solicitándole atentamente, se sirva informar la determinación que al efecto emita, con base en la legal competencia planteada. Fórmese cuaderno auxiliar del presente asunto. 1.4. Domicilio y autorizados. Se le tiene señalando como domicilio para recibir las notificaciones de carácter personal que se desprendan del presente juicio, el ubicado en ********************. Asimismo, téngasele designando como autorizado en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a ******************** quien cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación, que lo acredita como licenciado en derecho; además, únicamente como autorizados para recibir notificaciones e imponerse de los autos a ********************, hasta en tanto acrediten contar con ese requisito. 2. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL JUDICIAL Y LAS PARTES. Con fundamento en los artículos aplicables del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; o bien, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueden entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. 2.1. Integración del expediente físico y publicidad. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Iván Paredes Escobar, quien da fe.
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