Hector Enrique Esquivel Escalante
Expediente 1677/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1677/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Hector Enrique Esquivel Escalante
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por Héctor Enrique Esquivel Escalante, mediante el cual pretende desistirse del presente juicio de amparo, al efecto, dígasele que se esté a lo acordado en auto de diecisiete de octubre del año en curso, en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo y se ordenó el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan lo presentes autos y toda vez que de ellos se advierte la constancia de quince de los corrientes, levantada por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, mediante el cual informa que el directo quejoso Héctor Enrique Esquivel Escalante, no ratificó la demanda de amparo promovida a su favor por Rafael Nieto Morales; en consecuencia, con fundamento en el numeral 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida en favor del directo quejoso, para los efectos legales correspondientes; por ende, déjense sin efectos las medidas suspensionales decretadas en los presentes autos. Por otra parte, también se advierte de la lectura de la citada constancia actuarial respecto al directo quejoso no presentó lesiones. Asimismo, déjese sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y TRES MINUTOS DEL QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para los efectos legales correspondientes. Ahora bien, al existir solicitud expresa del quejoso en el sentido de no ratificar la demanda de amparo, no es necesario esperar a que transcurra el término a que alude el artículo 98 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso 2° de la Ley de Amparo, se declara que el expresado acuerdo en que se tuvo por no presentada la presente demanda de amparo, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que en virtud de que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, no se encuentra en alguno de los supuestos de relevancia documental, ni cuenta con documentos determinados como información reservada, es susceptible de destrucción, lo que se podrá realizar una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Por otro lado, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es destruible. Finalmente, agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda, el informe respecto al cumplimiento de la suspensión de plano rendido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, con anexo que adjunta; sin que haya necesidad de hacer pronunciamiento alguno en cuanto a su contenido, por las razones expuestas en párrafos anteriores. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de octubre de dos mil veintitrés. Como está ordenado en el auto de esta fecha, dictado en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión promovido por ********************, contra los actos que reclama de la Delegación Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social del Estado de Yucatán, y de otras autoridades; con fundamento en los artículos 128, 138, 140 y 142 de la Ley de Amparo, se tramita el incidente de suspensión solicitado sin necesidad de formar su duplicado de conformidad con el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales adicionado el siete de noviembre de dos mil veintidós. Asimismo, con fundamento en el numeral 138 de la citada ley, entréguese copia simple de la demanda de amparo a las autoridades responsables y pídanse sus informes previos, el que deberán rendir dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este proveído; apercibidas, que de no hacerlo dentro del término fijado, se les impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contenida en la fracción I, de los artículos 238 y 260, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Se hace del conocimiento de las autoridades requeridas que, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, el informe requerido deberá rendirlo privilegiando la modalidad electrónica a la dirección oficial 3jdo14cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, vía interconexión; en el entendido de que se tendrá por recibido una vez que éste órgano emita el acuse de recibo correspondiente. Para la celebración de la audiencia incidental se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y SIETE MINUTOS DEL VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, de conformidad con el artículo 138, fracción II, de la ley en comento; en el entendido que la misma se llevará a cabo sin la presencia de las partes, salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba con intervención de éstas; para lo cual, de estimarlo necesario, las partes deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado con la debida anticipación, para llevarla a cabo mediante el sistema de videoconferencia, ajustándose a lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, y bajo los lineamientos que establece el Acuerdo General antes referido así como el diverso 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Por otro lado, la notificación del presente acuerdo se realizará, por única ocasión, por oficio a las autoridades, ya sea vía interconexión de contar con la herramienta relativa o bien, entregado directamente o mediante correo electrónico institucional con oficio generado electrónicamente de conformidad con el artículo 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale a una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=4servicios%2FlistaAcuerdos.htm, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. " Ahora bien, por lo que ve a la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa, respecto del acto que hace consistir en la suspensión de la pensión por viudez que le fue suspendida como beneficiaria de su cónyuge ******************** es necesario para poder determinar si procede conceder o no la medida cautelar solicitada, precisar en primer lugar, la naturaleza del acto reclamado (actos consumados, negativos, futuros e inciertos etcétera), esto es, si son susceptibles de ser suspendidos. Sirve de orientación la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que reza: "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, en el análisis de la suspensión deben distinguirse diversos temas de estudio escalonado como son: i) los requisitos de su procedencia que, en su conjunto, tendrán como resultado determinar si la medida cautelar debe o no concederse; ii) los efectos de dicha medida, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o abstenerse de realizar; iii) las medidas o garantías que, en su caso, se pidan al quejoso para que los efectos de la suspensión continúen; y, iv) las previsiones que el juzgador tome para que no se abuse de los efectos de la suspensión. Respecto al primer tema, fuera de los casos en que proceda de oficio o de las regulaciones especiales, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia en el orden que se señalan: 1. La petición de parte; 2. La existencia del acto reclamado, que en el caso de la suspensión provisional se presume con base en las manifestaciones o afirmaciones que el quejoso formule bajo protesta de decir verdad en su demanda, y para la definitiva requiere que se haya aceptado su existencia, o bien, prueba de ella; 3. La naturaleza del acto reclamado, esto es, que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza, análisis en el cual debe tomarse en cuenta la clasificación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha formulado respecto de los que admiten suspensión y los que no (actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etc.); 4. El quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal". Con ese marco jurídico de referencia podemos determinar, que en relación con la medida suspensional provisional solicitada, se niega la medida cautelar por tratarse de actos consumados, habida cuenta que actuar en forma contraria, por la naturaleza de los mismos, equivaldría a darles efectos restitutorios, lo cual es propio de la suspensión definitiva que se pronuncie en el presente incidente. Tiene aplicación al caso la tesis de jurisprudencia registrada bajo el rubro: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie". Por lo que respecta a los efectos y consecuencias del acto reclamado consistente en la suspensión de la pensión por viudez que venía gozando la quejosa desde el diecinueve de junio de dos mil trece, como beneficiaria de su cónyuge ******************** con motivo de que de conformidad con el artículo 130 de la Ley del Seguro Social, no le corresponde recibirla, virtud a que otra persona quien se ostentó esposa del trabajador fallecido, reclamó dicha pensión de viudez, para efectos de que se le siga pagando la misma; procede analizar si están colmadas las exigencias previstas en el artículo 128 de la Ley de Amparo cuyo texto dispone: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público". Respecto a la fracción I, se colma dicho requisito, pues la parte quejosa solicitó expresamente la suspensión de los actos reclamados; en relación con la fracción II, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, con la concesión de la medida cautelar provisional, no se contraviene ninguna disposición de orden público ni puede causar una afectación al interés social con la misma, pues el origen del acto reclamado es la pensión de viudez que le fue suspendida a la cónyuge del extinto trabajador, por lo que dicho tema no afecta ni incide en el interés social. Ahora bien, la quejosa para acreditar su interés suspensional ofreció como pruebas una copia de la resolución para el otorgamiento de pensión de viudez de fecha diecinueve de junio de dos mil trece; Solicitud de pensión del asegurado ********************con número de folio********************de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social y un acta de matrimonio de la quejosa ********************, con el asegurado ******************** por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 138 referido, procede conceder la suspensión provisional para efectos de que la autoridad responsable, continúe otorgando a la aquí quejosa ********************, la pensión de viudez que le otorgó desde el diecinueve de junio de dos mil trece, hasta en tanto se dicte la suspensión definitiva; lo anterior con fundamento en el artículo 139 de la Ley de Amparo. Lo anterior, sin que sea necesario fijar una garantía para su otorgamiento, en razón de la naturaleza del acto, esto es, que no verifica una posible afectación en contra de terceros y tampoco se trata del cobro de contribuciones y aprovechamientos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
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