Hector Armando Villaseñor Juarez

Expediente 1123/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1123/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
31/10/2018

Partes del expediente

  • Hector Armando Villaseñor Juarez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de dieciocho de octubre del presente año, pronunciado en este juicio de amparo; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia en vigor, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de amparo; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que ES DESTRUIBLE; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    MESA I. Agréguese a los presentes autos el ocurso del quejoso HECTOR ARMANDO VILLASEÑOR JUAREZ, mediante el cual desahoga la prevención efectuada en proveído de diez de octubre de dos mil dieciocho; esto es, señala como acto reclamado la abstención y retardo de las diligencias para la integración de la carpeta de investigación número UNATD-G1/006272/2018, del Fiscal Investigador de la Unidad de Atención y Determinación de la Fiscalía General del Estado. Ahora bien, vista la demanda de amparo y el escrito aclaratorio de CLARA ESMERALDA VELAZQUEZ CHAN, contra actos que reclama del FISCAL INVESTIGADOR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, con residencia en esta ciudad. En consecuencia, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." En ese sentido, debe precisarse que de la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, se advierte que el quejoso en esencia impugna la omisión de la autoridad responsable, de resolver el ejercicio no de la acción penal en la carpeta de investigación UNATD-G1/006272/2018, del índice del Fiscal de Investigador de la Unidad de Atención y Determinación de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad. Sentado lo anterior, este Juzgador Federal advierte que respecto del precitado acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en Al caso, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación al artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal. Los numerales en cita señalan lo siguiente: "Art. 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Art. 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. . C. De los derechos de la víctima o del ofendido: . VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." De la primera disposición transcrita, interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la ley. En ese sentido, el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, establece que la víctima u ofendido deberá impugnar ante el Juez de Control competente, entre otras, las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos para la debida integración de la carpeta de investigación. Ello es así ya que la intención del Constituyente Permanente, dentro del nuevo esquema procesal, es que el órgano jurisdiccional de que se trata, tuviera la atribución para conocer de impugnaciones de esa índole para controlar su legalidad, y en su momento, una vez agotado el medio ordinario de impugnación, contra la resolución que se emita al respecto procederá el juicio de amparo. Es necesario destacar que por decreto de reforma y adición publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se determinó reformar los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115; y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su régimen transitorio se fijaron los plazos y condiciones para la entrada en vigor del citado decreto, de lo dispuesto en sus artículos primero y segundo, se advierte que la Federación, los Estados y la Ciudad de México (actualmente), en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir y poner en vigor las modificaciones u ordenamientos legales que sean necesarios a fin de incorporar el sistema procesal acusatorio. La Federación, los Estados y la Ciudad de México (actualmente), adoptarán el sistema penal acusatorio en la modalidad que determinen, sea regional o por tipo de delito. Ahora, respecto de las restantes reformas Constitucionales que atañen al sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero, 17, párrafos tercero, cuarto y sexto, 19, 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución Federal, el Constituyente, para su entrada en vigor, estableció dos supuestos, que son los que se contemplan en los artículos segundo y tercero transitorios del decreto de reformas. El artículo segundo transitorio establece que el sistema procesal penal acusatorio entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la publicación del decreto. En ese contexto, si la impugnación de un acto se hace con posterioridad a la declaratoria de vigencia del nuevo sistema penal acusatorio, indudablemente que su confrontación debe hacerse conforme al nuevo texto Constitucional. De ahí que se estime que la víctima u ofendido deben impugnar las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, ante el Juez facultado para tal efecto, dentro del sistema acusatorio que rige a nivel federal, en razón de que fue intención del Constituyente Permanente que dentro del nuevo esquema procesal, el órgano jurisdiccional de que se trata, tuviera la atribución para conocer de impugnaciones de esa índole para controlar su legalidad, y en contra de las omisiones en que incurran al respecto, procederá el juicio de amparo, de conformidad con el actual artículo 20, apartado C, fracción VII, Constitucional y el numeral 107, fracción VII, de la Ley de Amparo. Precisado lo anterior el quejoso acude a esta instancia constitucional reclamando en esencia, la omisión de la autoridad responsable, de resolver el ejercicio no de la acción penal en la carpeta de investigación UNATD-G1/006272/2018, del índice del Fiscal de Investigador de la Unidad de Atención y Determinación de la Fiscalía General del Estado. Bajo dicha manifestación, el suscrito considera que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia invocada, toda vez que contra el acto reclamado la parte quejosa previo a la promoción del presente juicio de amparo, se encontraba obligada a agotar el medio ordinario de impugnación innominado, en virtud de que el artículo 20 Constitucional, en su apartado C, fracción VII, establece la obligación del agraviado de Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. En efecto, el mencionado medio de impugnación encuentra su sustento legal en lo establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". De la lectura del anterior precepto legal, se desprende que en contra de las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, el legislador otorgó a los gobernados un medio de impugnación ordinario innominado el cual debe agotar previo a acudir al juicio de amparo. En ese sentido, de la interpretación de los preceptos legales, se advierte un derecho fundamental de la víctima u ofendido de impugnar las omisiones y determinaciones que el Ministerio Público emita dentro de la carpeta de investigación; dentro de ellas está precisamente el de abstenerse a investigar, que implica un acto negativo. Dicha omisión puede ser impugnada ante el Juez de Control competente, quien en una audiencia podrá estimar que la actuación ministerial es ilegal y deberá conminarlo a que practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos, si es que no se justifica la procedencia de la determinación de la representante social impugnada o alguna otra, que lo faculte para dejar de investigar. Sostener que es innecesario agotar el medio de impugnación ordinario innominado, previo a la promoción de la demanda de amparo o declararlo como optativo, propiciaría el abuso del juicio de amparo, soslayando la intención de legislador permanente, pues bastaría aducir que una omisión o abstención del fiscal investigador, durante la integración de la carpeta de investigación es violatoria de derechos humanos, para hacer procedente el juicio de amparo, obligando al Juez de Distrito que debe conocer del mismo, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso ordinario correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas. De lo hasta aquí destacado se advierte que el citado artículo 61, en su fracción XXIII, establece que el juicio de amparo es inadmisible en los casos en que su procedencia esté restringida por alguna disposición de la Constitución General de la República; incluido el numeral 20 Constitucional, apartado C, fracción VII, de donde se desprende el derecho de la víctima y ofendido de impugnar las determinaciones ahí referidas ante el Juez facultado dentro del sistema penal acusatorio instaurado. En consecuencia, si el acto reclamado consiste en la omisión por parte del Fiscal General del Estado, de resolver el ejercicio o no de la acción penal en la carpeta de investigación UNATD-G1/006272/2018, del índice del fiscal Investigador de la Unidad de atención y Determinación de la Fiscalía General del Estado; se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo indirecto, derivada de la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con el precepto constitucional antes citado. En ese contexto, es evidente que contra el acto reclamado, no es procedente el juicio de amparo indirecto, dado que en su caso, sólo será reclamable en la vía constitucional, aquella que emita el Juez de Control, de conformidad con lo establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sirve de apoyo a la anterior, la Jurisprudencia 1ª./J.27/2018 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, bajo el rubro y tesis siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos". Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por HECTOR ARMANDO VILLASEÑOR JUÁREZ, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia del juicio constitucional, precisada en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable habida cuenta de que en opinión del suscrito, no obstante se admitiera la demanda, y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudiera allegarse las partes. Viene al caso citar la siguiente jurisprudencia de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del Tomo XIV, Octubre de 2001. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del Despacho por licencia académica del titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización otorgada en sesión de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y comunicado en oficio número CCJ/ST/3765/2017, suscrito por el Secretario Técnico de la propia Comisión, asistido de Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    I. Agréguese a estos autos el escrito del quejoso HÉCTOR ARMANDO VILLASEÑOR JUÁREZ, quién pretende desahogar la prevención efectuada en proveído de tres de octubre de dos mil dieciocho, mediante el cual pretende cumplir con la prevención que se le efectuó en proveído de tres de octubre del año en curso. Así las cosas, en el auto de referencia, se previno a la quejosa para lo siguiente: Realice la Transcripción o exhiba copia del acto reclamado; Acompañe copias suficientes de su escrito aclaratorio correspondiente. Ahora bien, toda vez que de la demanda de amparo se precisó como acto reclamado, la abstención de la autoridad responsable de resolver el memorial promovido el día dieciséis del mes de junio del año dos mil dieciocho, ante la autoridad que señaló como responsable, en la carpeta de investigación número UNATD-G1/006272/2018, del Fiscal Investigador de la Unidad de Atención y Determinación de la Fiscalía General del Estado; sin embargo, al desahogar la prevención que se le realizó en relación con el inciso a), señaló que adjuntó copia del acto reclamado, el cual consiste en la denuncia de hechos efectuada el dieciséis de junio de dos mil dieciocho, lo que a criterio de este Juzgador, se trata de acto diverso, en relación con el primigenio que señaló en la demanda; en consecuencia, en virtud de lo narrado en párrafos que anteceden, se solicita nuevamente al peticionario de amparo para que bajo formal protesta de decir verdad: Señale con claridad y precisión, el acto reclamado a la autoridad responsable. Acompañe las copias suficientes del escrito aclaratorio correspondiente; Por otra parte, en virtud de que el proveído de tres de octubre del presente año, se notificó el cinco de los corrientes, debiendo transcurrir del nueve al dieciséis de octubre del año en curso, para el debido cumplimiento, es evidente que en la especie, aún no ha vencido el término concedido, ya que el escrito de cuenta fue presentado el día nueve del actual mes y año, ante la Oficialía de partes de este juzgado; en consecuencia, subsiste la prevención formulada a la parte promovente, por auto de tres de los corrientes, para que dentro de los días restantes, la parte quejosa dé cumplimiento a la prevención que le fue hecha en estos autos y respecto de la cual no cumplió; término que desde luego, empezará a contar a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que de este acuerdo se le haga. Al caso cobra aplicación la tesis cuyo rubro y texto versan: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo." Se reitera el apercibimiento realizado en proveído de tres de octubre del año en curso, en el sentido de que de no dar cumplimiento a lo antes expuesto, dentro del plazo que para tal fin se le confiere, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata, lo anterior, con fundamento en el antepenúltimo párrafo del numeral 114 en comento. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.gfa Mérida, Yucatán, diez de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a estos autos el escrito del quejoso HÉCTOR ARMANDO VILLASEÑOR JUÁREZ, quién pretende desahogar la prevención efectuada en proveído de tres de octubre de dos mil dieciocho, mediante el cual pretende cumplir con la prevención que se le efectuó en proveído de tres de octubre del año en curso. Así las cosas, en el auto de referencia, se previno a la quejosa para lo siguiente: Realice la Transcripción o exhiba copia del acto reclamado; Acompañe copias suficientes de su escrito aclaratorio correspondiente. Ahora bien, toda vez que de la demanda de amparo se precisó como acto reclamado, la abstención de la autoridad responsable de resolver el memorial promovido el día dieciséis del mes de junio del año dos mil dieciocho, ante la autoridad que señaló como responsable, en la carpeta de investigación número UNATD-G1/006272/2018, del Fiscal Investigador de la Unidad de Atención y Determinación de la Fiscalía General del Estado; sin embargo, al desahogar la prevención que se le realizó en relación con el inciso a), señaló que adjuntó copia del acto reclamado, el cual consiste en la denuncia de hechos efectuada el dieciséis de junio de dos mil dieciocho, lo que a criterio de este Juzgador, se trata de acto diverso, en relación con el primigenio que señaló en la demanda; en consecuencia, en virtud de lo narrado en párrafos que anteceden, se solicita nuevamente al peticionario de amparo para que bajo formal protesta de decir verdad: Señale con claridad y precisión, el acto reclamado a la autoridad responsable. Acompañe las copias suficientes del escrito aclaratorio correspondiente; Por otra parte, en virtud de que el proveído de tres de octubre del presente año, se notificó el cinco de los corrientes, debiendo transcurrir del nueve al dieciséis de octubre del año en curso, para el debido cumplimiento, es evidente que en la especie, aún no ha vencido el término concedido, ya que el escrito de cuenta fue presentado el día nueve del actual mes y año, ante la Oficialía de partes de este juzgado; en consecuencia, subsiste la prevención formulada a la parte promovente, por auto de tres de los corrientes, para que dentro de los días restantes, la parte quejosa dé cumplimiento a la prevención que le fue hecha en estos autos y respecto de la cual no cumplió; término que desde luego, empezará a contar a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que de este acuerdo se le haga. Al caso cobra aplicación la tesis cuyo rubro y texto versan: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo." Se reitera el apercibimiento realizado en proveído de tres de octubre del año en curso, en el sentido de que de no dar cumplimiento a lo antes expuesto, dentro del plazo que para tal fin se le confiere, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata, lo anterior, con fundamento en el antepenúltimo párrafo del numeral 114 en comento. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

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